El fraude empresarial
catalán multiplica por seis los recortes del gobierno neoconvergente ·
Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el
propio Estado defraudado · La saga Carulla; el padre de Artur Mas;
Carceller, de DAMM S.A.; el futbolista Luis Enrique; el empresario
químico Bas Puig; el directivo de RBA Ricardo Rodrigo; el arquitecto
Alfredo Arribas; Alejandro Sanz o Emilio Botín, entre los defraudadores.
Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos
fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, sextuplica los
peores recortes antisociales aprobados por el Parlamento de Cataluña
desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000
millones de euros el fraude fiscal catalán anual, frente a los 2.700
millones de euros de la tissorada1 del primer
presupuesto de Artur Mas. La cifra, en plena obsesión electoral por el
'pacto fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que
acumularía la Hacienda pública catalana, estimado en cerca de 20.000
millones de euros según diversos estudios soberanistas. Doble moral
convergente: exigen nueva fiscalidad de puertas afuera y encubren el
fraude fiscal en su propia casa.
La comparación merece un resultado similar en el caso del Estado español. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha (http://www.gestha.es), cifra la economía sumergida en 240.000 millones de euros, no menos de cinco veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013. Esta realidad supone un fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de ingresar exactamente 25.000 millones de euros al año. Según Gestha, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras que el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.
El fraude no es nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo, los autónomos y las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero sólo 729 de ellas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
De empresarios a deportistas
Entre los casos de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto motociclista Sete Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de la saga de los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez readquiridas por dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis hermanos Carulla.
No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, por un monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a qué régimen se declara.
Los paraísos fiscales –más de 100 en todo el mundo– son pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel primordial al seguir manteniendo el secreto bancario. El principat tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000% y la Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país.
El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalidades repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique se nacionalizó fiscalmente suizo, y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondía a pagos realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.
Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro se describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama Gescartera– para que pusiera fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional, a las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de esta serie se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban un 23% mientras en el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.
De Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores descubiertos
Fraudes masivos que desaparecen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo acaban y que acaban a menudo en impunidad y corrupción, y sobre las que se fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y Suiza, en 2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial– pusieron al descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos fiscales y cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una 'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de cómo ha acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado y condescendiente". Más escandaloso aún, señalan, en un momento de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo.
En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera carta que envió –una invitación a regularizar la situación sin costes penales– no respondió ni uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del férreo silencio, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado español.
Sólo un año antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma operación también resultarían expedientados el cantautor Alejandro Sanz, paladín de la lucha contra la piratería informática, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
El despeñadero de la impunidad efectiva
Ambos casos certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de disquetes y casualidades. En el caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67 ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania facilitó sus datos. El caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso se trató de un ex trabajador que vendió los datos al Estado francés, que los transmitió a la Hacienda española.
Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad fullera estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados están en la calle.
Es el punto sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del capitalismo opaco.
David Fernández.
Setmanaridirecta
Http://www.setmanaridirecta.
Traducción por S. Seguí para Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141661&titular=silencio-se-defrauda:-16.000-millones-de-euros-anuales-
La comparación merece un resultado similar en el caso del Estado español. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha (http://www.gestha.es), cifra la economía sumergida en 240.000 millones de euros, no menos de cinco veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013. Esta realidad supone un fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de ingresar exactamente 25.000 millones de euros al año. Según Gestha, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras que el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.
El fraude no es nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo, los autónomos y las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero sólo 729 de ellas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
De empresarios a deportistas
Entre los casos de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto motociclista Sete Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de la saga de los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez readquiridas por dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis hermanos Carulla.
No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, por un monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a qué régimen se declara.
Los paraísos fiscales –más de 100 en todo el mundo– son pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel primordial al seguir manteniendo el secreto bancario. El principat tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000% y la Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país.
El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalidades repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique se nacionalizó fiscalmente suizo, y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondía a pagos realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.
Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro se describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama Gescartera– para que pusiera fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional, a las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de esta serie se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban un 23% mientras en el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.
De Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores descubiertos
Fraudes masivos que desaparecen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo acaban y que acaban a menudo en impunidad y corrupción, y sobre las que se fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y Suiza, en 2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial– pusieron al descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos fiscales y cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una 'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de cómo ha acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado y condescendiente". Más escandaloso aún, señalan, en un momento de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo.
En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera carta que envió –una invitación a regularizar la situación sin costes penales– no respondió ni uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del férreo silencio, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado español.
Sólo un año antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma operación también resultarían expedientados el cantautor Alejandro Sanz, paladín de la lucha contra la piratería informática, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
El despeñadero de la impunidad efectiva
Ambos casos certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de disquetes y casualidades. En el caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67 ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania facilitó sus datos. El caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso se trató de un ex trabajador que vendió los datos al Estado francés, que los transmitió a la Hacienda española.
Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad fullera estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados están en la calle.
Es el punto sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del capitalismo opaco.
David Fernández.
Setmanaridirecta
Http://www.setmanaridirecta.
Traducción por S. Seguí para Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141661&titular=silencio-se-defrauda:-16.000-millones-de-euros-anuales-
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