viernes, 31 de octubre de 2008

Cambiar o reformar el modelo económico, unas preguntas

Tengo el convencimiento de que los mandatarios que han promovido o han fomentado el actual desorden económico no van a reconocer que el modelo estaba equivocado, sino más bien que algo se les escapó de las manos. Mientras perseguían el crecimiento del PIB nacional a toda costa y con ello el beneficio de sus empresas y entidades financieras no tomaron las debidas precauciones.

La cumbre convocada en Washington los días 14 y 15 de noviembre por el gran impostor George Bush y en la que se reúnen los países más desarrollados - con la presencia de España o sin ella- y los países emergentes, está justificada por la necesidad - todo tripulante exige del capitán y sus oficiales que se reúnan y tomen medidas para salvar al barco del naufragio, independientemente de que el rumbo fuera o no el correcto para sus intereses.

Sin embargo, un gran problema actual tiene que ver, más allá de la crisis de confianza de los mercados, con la justificada desconfianza de una mayoría de ciudadanos y ciudadanas con sus representantes, que han promovido el desgobierno del barco, y en que los mismos sean ahora capaces de mantenerlo a flote y llevarlo a buen puerto. Este problema es el que priva a la ciudadanía de guías visibles y comprensibles de acción y genera confusión, desafección y abandono respecto de cualquier iniciativa o proyecto colectivo.

Claro que, en un mundo en el que la globalización habría de haber constituido una oportunidad que hiciera posible orientar las políticas hacia la cooperación y la paz entre países y pueblos, al desarrollo sostenible y al bienestar de las sociedades, no es solo un fracaso del sistema, sino una absoluta estulticia, una gran mentira que los promotores de este fiasco pretendan ahora ser nuestros únicos salvadores.

Es por ello que los desposeídos de bienes o de poder no podemos esperar mucho de esta cumbre en las circunstancias en la que se va a dar - con la presencia o no de España vuelvo a repetir y ese no es el tema que debería ocuparnos- y no obstante esta cumbre puede constituir una oportunidad para forjar alianzas y contrapoderes alternativos a un sistema deslegitimado y ello a nivel local y a nivel global, ambos necesarios. Los países empobrecidos, las fuerzas del trabajo y sindicales, las ONG’s solidarias y por el desarrollo, los movimientos sociales y la ciudadanía no van a estar representados en esta gran ceremonia de la confusión de la opinión pública, la Organización de Naciones Unidas como siempre no pinta nada, y es por estos entre otros motivos que esta cumbre sólo salvará a los ricos y poderosos.

Hubiera sido esta una circunstancia única para que unos “supuestos mandatarios responsables” se propusieran refundar una Organización de Naciones Unidas, actualmente convaleciente, en la que todos los países y pueblos estuvieran auténticamente representados, así como la sociedad civil, en la que no se diera el derecho a veto y que constituyera el auténtico motor del cambio hacia un nuevo orden mundial, pero como siempre los intereses de las multinacionales y países desarrollados son los que han de ser auténticamente salvaguardados, más allá de la auténtica democracia y los derechos humanos.

Bretton Woods legitimó el nuevo orden de post-guerra y las instituciones se conformaron (NN.UU., BM, FMI,…) a la medida de los vencedores, fundamentalmente EE.UU. Esta posición marcada de partida ha causado grandes problemas a la autoridad de Naciones Unidas, al mantenimiento del “New Deal”, al desarrollo del Estado de Bienestar Europeo, a los países del Tercer Mundo y a la gobernanza mundial. El estatus Imperial ha marcado el carácter y el signo de la democracia en el mundo. Uno de los efectos de esto es que los intereses de expansión de EE.UU. hayan promovido el modelo fundamentalista de mercado, colonizando primero todos los centros de decisión política y después encantando a representantes políticos e institucionales de derechas e izquierdas.

Ahora llega el gran “Crash”, el modelo Anglosajón ha hecho aguas, EE.UU. ya no es el único en el reparto de poder…. etc, pero la ciudadanía mundial, ahora más que nunca ha de interpelar a sus políticos sobre las grandes preguntas, las que tod@s guardamos dentro, es tiempo de sacarlas a la luz y al debate público:

¿Democracia significa libertad justicia e igualdad?

- Porque si esto es así como el orden democrático nacido en Bretton Woods ha podido llevar a una situación en pleno corazón del Imperio en el que las 400 mayores fortunas de EE.UU. tienen tanto capital como 40 millones de personas del mismo país EE.UU., en donde solo en New York existen en la actualidad 1600 comedores sociales para gente necesitada. Por no hablar claro está de las conocidas cifras del hambre en el mundo, de la falta de financiación para el desarrollo y de la financiación de las pérdidas de la avaricia de las entidades financieras. ¿No es hora ya de poner límites a la propiedad y redistribuirla, para cuándo?

¿Democracia quiere decir que los legítimos representantes de los ciudadanos puedan tomar decisiones más allá de la presión de los poderes económicos?

- Porque si esto es así ¿por qué no se ha procesado y castigado a los grandes banqueros delincuentes de nuestro país? ¿por qué no se acaba con los Paraísos Fiscales?

¿Democracia es jugar en el casino con el dinero de los contribuyentes?

- No y el Sr. Solbes, Ministro de Economía lo debería de haber tenido claro al igual que nuestros sindicatos mayoritarios, cuando el año pasado tuvieron la intención de aprobar que el 30% de los fondos de reserva de la Seguridad Social, alrededor de 45.000 millones de euros, se empleara en invertir en bolsa en renta variable. Menos mal que al final no se tomó la medida, ¿Quizá ATTAC contribuyó en algo a ello mediante su manifiesto? Si no este año los pensionistas españoles hubieran perdido ya más del 50% de su fondo de garantía.

Más allá de la crisis financiera y su necesaria regulación, los ciudadanos han de interpelar también a políticos y hacer que lo hagan los líderes sindicales sobre aquello que hace que el orden actual sea ineficaz, injusto y promueva activamente la desigualdad, la imposición de los poderes económicos sobre gobiernos y los ciudadanos y el desarrollo insostenible.

Barcelona 26 de octubre de 2008

Antonio Fuertes Esteban - Comisión de Justicia Fiscal de ATTAC España

miércoles, 22 de octubre de 2008

ATTAC presenta sus propuestas para superar la crisis

ATTAC ha denunciado, durante esta última década, el poder de los mercados financieros sobre la economía real y cómo este enfoque neoliberal contenía más peligros que ventajas. A la luz de los últimos acontecimientos que han llevado al actual sistema económico mundial a una crisis con precedentes históricos, ATTAC, que reúne a académicos, economistas, sociólogos, periodistas, profesionales, trabajadores y activistas de toda Europa, ha preparado una batería de acciones sistémicas para hacer frente a la actual crisis económica.

- Cooperación internacional: Los dirigentes del mundo deben sentarse juntos y diseñar una nueva arquitectura financiera y económica sobre la base de políticas democráticas que controlen los mercados financieros. La política tiene que estar de nuevo por encima de la economía y no al revés.

- Mitigar los efectos de la crisis de acuerdo con el principio "el especulador paga": Crear en cada país un fondo de crisis alimentado por una única imposición extra sobre todos los ingresos de capital por encima de 50.000 euros y un 1% de impuesto extra sobre todos los beneficios de las empresas del sector financiero.

- Control democrático sobre el Banco Central Europeo (BCE): Cambiar las políticas monetarias del BCE a favor de un crecimiento sostenible, del empleo y de la redistribución de la renta, bajo la estricta supervisión del Parlamento Europeo. El BCE debe establecer de inmediato los controles de capital en el continente con el fin de estabilizar todo el sistema económico y ayudar a establecer un ordenamiento impositivo común que evite el dumping fiscal, la evasión tributaria y la competencia existente entre los seguros de depósitos entre los diferentes países.

- Fiscalidad para evitar la especulación: Se necesitan, con carácter de urgencia, impuestos sobre todo tipo de transferencias financieras a fin de terminar con la especulación, de ralentizar la velocidad de circulación de los capitales en los mercados financieros y de poner fin al cortoplacismo. Esto incluye un marco multilateral de impuestos sobre todas las transacciones monetarias para desalentar las operaciones especulativas a corto plazo a través de las fronteras.

Asimismo, la implantación de esa tasa global sobre los movimientos de capital entre naciones, conocida como tasa Tobin, puede financiar la puesta en marcha de un New Deal ecológico a nivel mundial que dirija sus objetivos hacia el mantenimiento y la recuperación de los perecederos bienes naturales.

- Cerrar los paraísos fiscales y centros off-shore: No hay ningún argumento económico razonable en favor del mantenimiento de la situación de territorios económicos privilegiados como son los paraísos fiscales. Es por esto que su función delictiva debe ser completamente cerrada y deben someterse a impuestos globales.

- Creación de bancos públicos: Debe invertirse la tendencia de la banca pública a transformarse en bancos comerciales e intermediarios de inversión con ánimo de lucro. Los bancos públicos sin ánimo de lucro deben ser fortalecidos y quedar exentos de la actual legislación europea en materia de competencia. El Tesoro Público debería poseer, al menos, algunos de los principales bancos para proporcionar financiación estable para un desarrollo sostenible y justo.

- Paralización del proceso de ratificación del Tratado de Lisboa y reformulación de un nuevo marco constitucional para Europa, lejos del neoliberalismo, demás de convocar elecciones a un Parlamento Constituyente y la correspondiente redacción de una nueva Carta Magna, discusión y aprobación por los distintos Parlamentos Nacionales y aprobación mediante referéndum europeo.

La política tiene que estar de nuevo por encima de la economía.
El especulador es el que debe pagar la crisis, no el contribuyente.
Es necesario un control democrático sobre bancos, además de incentivar la fiscalidad para evitar la especulación.

ATTAC España. 20 octubre 2008

domingo, 19 de octubre de 2008

La idea de un tal Tobin

No sé yo si en esta casa vamos a acabar siendo magnates capitalistas, por más que bajen las bolsas y puedan comprarse holdings por cuatro chavos. Me parece que no tenemos madera para ser tiburones de las finanzas. Ojalá me equivoque y salgamos de pobres, pero no creo. Nos falla el instinto. Y eso que estudiamos, ojo, y nos leemos cada día las páginas económicas del diario. Quizá el problema es precisamente ése, la lectura.


Los activistas aprovechan para recordar que ya advirtieron de los disparates del sistema económico.


Porque leyendo, leyendo, me encontré el otro día con una cosa que llamaban la Tasa Tobin. Iba de un tipo apellidado Tobin que hace un montón de años, antes de que le dieran el Nobel de Economía, propuso que se aplicara un impuesto especial sobre las operaciones especulativas en los mercados de divisas. ¿Suena raro? Nada, muy sencillo. Supongamos que un magnate pone 100.000 millones sobre la mesa y apuesta a que una moneda se devaluará respecto a otra en un porcentaje pequeñísimo, pongamos un 1%. Basta con que todo el mercado sepa que existe todo ese dinero respaldando la apuesta, para que la moneda en cuestión, en efecto, baje un 1%. Y el magnate, sin hacer nada, puede sacarse mil kilitos en unas horas.

A lo que íbamos. Tobin pensó que podía aplicarse un mini-impuesto sobre esas operaciones. Me parece que también podría cargarse sobre otras especulaciones, en acciones, en bonos, etcétera. Tobin pensaba en una tasa máxima del 0,5%, pero se conformaba con un 0,1%. O sea, por cada mil euros, pagar uno. No es mucho, ¿no? La idea del economista consistía en hacer menos rentable la especulación a corto plazo, y evitar que algunos se lo llevaran crudo por la cara a costa de los demás. Pero la ONU calculó, hace ya casi 30 años, que con esa tasa se recaudarían anualmente, en todo el mundo, 700.000 millones de dólares. Ahora serían muchos más. Lo bastante como para garantizar agua potable a todas las personas del planeta. Y, con el paso de los años, para alfabetizar, para vacunar, para crear hospitales.

Lo raro es que ahora, cuando los bancos y los magnates están acojonados y dicen que sí a todo lo que mandan los gobiernos, sólo los movimientos contra la globalización sigan dando la matraca con la Tasa Tobin. Los gobiernos, calladitos y pendientes de que los bancos no se enfríen.

Los teóricos del capitalismo dicen que para cobrar la Tasa Tobin haría falta una burocracia tremenda (falso, bastaría con la que hay), que se frenaría el comercio (falso, sólo afectaría a los mercados financieros) y que, aunque funcionara, luego, cuando se diera dinero a los países pobres, estos países sufrirían inflación (falso, los maestros, las escuelas y las vacunas nunca han inflado nada). De verdad, que nos lo hemos estudiado. La Tasa Tobin es una buena idea.

Ya ven, en cuanto aprendemos un poquito de economía, nos pasamos al bando equivocado. Tenemos muy mal arreglo.

JOHANNES EISELE (REUTERS)



viernes, 17 de octubre de 2008

Crimen (financiero) contra la humanidad

La historia es conocida, y, en aquellos tiempos antiguos en que la escuela se proclamaba educadora perfecta, se le enseñaba a los niños como ejemplo de la modestia y la discreción que siempre deberían acompañarnos cuando el demonio nos tentara para opinar sobre lo que no conocemos o conocemos poco y mal. Apeles podía consentir que el zapatero le apuntase un error en el calzado de la figura que había pintado, por aquello de que los zapatos eran su oficio, pero que nunca se atreviera a dar su parecer sobre, por ejemplo, la anatomía de la rodilla. En suma, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A primera vista, Apeles tenía razón, el maestre era él, el pintor era él, la autoridad era él, mientras que el zapatero sería llamado cuando de ponerle medias suelas a un par de botas se tratase. Realmente, ¿hasta dónde vamos a llegar si cualquier persona, incluso la más ignorante de todas, se permite opinar sobre lo que no sabe? Si no tiene los estudios necesarios es preferible que se calle y deje a los sabedores la responsabilidad de tomar las decisiones más convenientes (¿para quién?).

Sí, a primera vista Apeles tenía razón, pero solo a primera vista. El pintor de Felipe y de Alejandro de Macedonia, considerado un genio en su época, ignoró un aspecto importante de la cuestión: el zapatero tenía rodillas, luego, por definición, era competente en estas articulaciones, aunque fuera solo para quejarse, si ese era el caso, de los dolores que sentía. A estas alturas, el lector atento ya habrá entendido que no es de Apeles ni del zapatero de lo que se trata en estas líneas. Se trata, sí, de la gravísima crisis económica y financiera que está convulsionando el mundo, hasta el punto de que no podemos escapar a la angustiosa sensación de que llegamos al final de una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que venga a continuación, tras un tiempo intermedio, imposible de predecir antes de que se levanten las ruinas y se abran nuevos caminos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Una leyenda antigua para explicar los desastres de hoy? ¿Por qué no? El zapatero somos nosotros, todos nosotros, que presenciamos, impotentes, el avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o criminales.

¿Y Apeles? Apeles son, precisamente, los banqueros, los políticos, las aseguradoras, los grandes especuladores que, con la complicidad de los medios de comunicación social, respondieron en los últimos 30 años, cuando tímidamente protestábamos, con la soberbia de quien se considera poseedor de la última sabiduría; es decir, aunque la rodilla nos doliera, no se nos permitía hablar de ella, se nos ridiculizaba, nos señalaban como reos de condena pública. Era el tiempo del imperio absoluto del Mercado, esa entidad presuntamente auto reformable y auto regulable encargada por el inmutable destino de preparar y defender para siempre jamás nuestra felicidad personal y colectiva, aunque la realidad se encargase de desmentirlo cada hora que pasaba.

¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas numeradas? ¿Será implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente delictivas, de inversiones opacas que, en muchos casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, de dinero del narcotráfico? Y ya que hablamos de delitos: ¿tendrán los ciudadanos comunes la satisfacción de ver juzgar y condenar a los responsables directos del terremoto que está sacudiendo nuestras casas, la vida de nuestras familias, o nuestro trabajo? ¿Quién resuelve el problema de los desempleados (no los he contado, pero no dudo de que ya son millones) víctimas del crash y qué desempleados seguirán, durante meses o años, malviviendo de míseros subsidios del Estado mientras los grandes ejecutivos y administradores de empresas deliberadamente conducidas a la quiebra gozan de millones y millones de dólares cubiertos por contratos blindados que las autoridades fiscales, pagadas con el dinero de los contribuyentes, fingen ignorar?

Y la complicidad activa de los gobiernos, ¿quién la demanda? Bush, ese producto maligno de la naturaleza en una de sus peores horas, dirá que su plan ha salvado (¿salvará?) la economía norteamericana, pero las preguntas a las que tendría que responder están en la mente de todos: ¿no sabía lo que pasaba en las lujosas salas de reunión en las que hasta el cine nos ha hecho entrar, y no solo entrar, sino asistir a la toma de decisiones criminales sancionadas por todos los códigos penales del mundo? ¿Para qué le sirven la CIA y el FBI, además de las decenas de otros organismos de seguridad nacional que proliferan en la mal llamada democracia norteamericana, esa donde un viajero, a su entrada en el país, tendrá que entregar a la policía de turno su ordenador para que este copie el respectivo disco duro? ¿No se ha dado cuenta el señor Bush que tenía al enemigo en casa, o, por el contrario, lo sabía y no le importó?

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y desde esta perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los foros públicos o en las conciencias. No exagero. Crímenes contra la humanidad no son solo los genocidios, los etnocidios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberadamente provocadas, las contaminaciones masivas, las humillaciones como método represivo de la identidad de las víctimas. Crimen contra la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder el dinero que les queda después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en esconderse. Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las personas honestas.

José Saramago es Premio Nóbel de Literatura

Público 17/10/2008



miércoles, 15 de octubre de 2008

Ha llegado el momento ¡Clausuremos el casino financiero!

“¡Desarmemos los mercados!”. Este eslogan se acuñó cuando se fundó Attac en 1998, con el trasfondo del derrumbe financiero en Asia Oriental. Desde entonces, hemos sido testigos de otras crisis desencadenadas por los mercados financieros: en Rusia, Brasil, Turquía, Argentina y el estallido de la burbuja de la “Nueva Economía” en 2001.

En la actualidad, el mundo rico se encuentra en medio de una crisis, la más grave desde la Gran Depresión de 1929. El desplome de septiembre de 2008 en Wall Street marca el fin de un periodo histórico: el sistema del capitalismo financiero -un sistema guiado por la sola búsqueda del máximo beneficio- se ha hundido. Se ha destruido a sí mismo como resultado de sus propias e inherentes contradicciones. Las ondas del shock financiero están llegando a la economía real. EE.UU. ha entrado en recesión y la Unión Europea (UE) le sigue. Toda la economía global se verá afectada.

La contracción de la actividad económica aumentará el desempleo y la desigualdad. Los asalariados sufrirán nuevas presiones para obtener más “flexibilidad en los mercados de trabajo”, esto es: salarios más bajos y menor protección social. La disminución de la demanda acumulada de los países ricos también alcanzará a las economías vulnerables del mundo en desarrollo y aumentará la pobreza. Los Objetivos del Milenio y los objetivos de un desarrollo mundial social y medioambientalmente sostenible quedarán completamente fuera de alcance.

El derrumbe financiero y la recesión coinciden con un fuerte incremento en los precios del petróleo y de los alimentos, lo que ha provocado una severa crisis social en algunos países en desarrollo y revueltas por hambre. Ambas cosas, tanto el aumento de los precios de las materias primas como el de los alimentos, tienen múltiples causas. Pero una vez más la especulación de los hedge funds o fondos de cobertura, y otros inversores institucionales, ha contribuido considerablemente a alcanzar máximos en los precios y a la inestabilidad.

El desencadenante de la crisis actual fue la excesiva concesión de hipotecas subprime a los propietarios norteamericanos, y los correspondientes procedimientos defectuosos de titulización con los que esos préstamos arriesgados fueron vendidos a instituciones financieras y propietarios en los EE.UU. y en todo el mundo. La subsiguiente ola de quiebras tuvo dramáticas consecuencias en instituciones financieras tales como los bancos de inversión y bancos comerciales minoristas, o los fondos de cobertura. Actualmente, el sector no financiero también está enormemente afectado. Las perspectivas económicas, sociales y medioambientales para 2009 son sombrías para buena parte del mundo.

Pero se podría haber previsto. El derrumbe desgraciadamente confirma los pronósticos de expertos heterodoxos, como el Premio Nobel Joseph Stiglitz, los de Attac, los de los movimientos sociales y los de otros críticos. Incluso los supervisores sabían que el sistema estaba en riesgo, pero no hubo voluntad de actuar debido a la creencia hegemónica en la autorregulación de los mercados.

Ahora, bajo la presión de la crisis, incluso la corriente mayoritaria de la comunidad financiera pide reformas. Sin embargo, estas propuestas no son lo bastante avanzadas desde el momento en que no abordan los problemas sistémicos que están tras la crisis. Van dirigidas principalmente al sector financiero y están orientadas hacia los problemas de estabilidad del sistema. Esto no es suficiente. El capitalismo financiero tiene también consecuencias desastrosas sobre la distribución de la riqueza y la democracia. Los banqueros piden la intervención del Estado pero esto significa socialización de las pérdidas mientras los beneficios se quedan en bolsillos privados. Las actuaciones de rescate por parte de EE.UU. con más de 700 mil millones –la mayor en la historia de la humanidad- y los paquetes de rescate en el Reino Unido, Alemania y otros países muestran claramente esta lógica. Cuando la comunidad financiera habla de reformas quiere decir, en el mejor de los casos, una puntual (re)regulación y gestión a corto plazo de la crisis, intentando mantener la deriva neoliberal y volviendo al negocio habitual pasado un breve tiempo.

Lo que se necesita en interés de la gran mayoría de la gente son cambios reales hacia otro paradigma, donde las finanzas tienen que contribuir a la justicia social, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. No podemos permitirnos volver al statu quo anterior en los años venideros.

La crisis no es el resultado de algunas circunstancias desafortunadas, ni puede reducirse a un fallo en la supervisión, en las agencias de calificación o al mal comportamiento de actores singulares. Tiene raíces sistémicas y por tanto pone en cuestión la estructura y los mecanismos del sistema en general.

Los mercados financieros constituyen el centro y la fuerza conductora de la globalización. El sector financiero ha evolucionado hasta convertirse en dominante en la economía tras la introducción del sistema de tipos de cambio flotantes entre las divisas más importantes en 1973, la abolición de los controles de capital y la subsiguiente liberalización y desregulación de los mercados financieros y del sector financiero, incluyendo la creación de supervisores llamados independientes, pero en la práctica sujetos a una fuerte y exitosa presión del lobby del sector financiero. Desde entonces, el sector y los mecanismos financieros han experimentado una fase de rápida expansión: el volumen de activos financieros, de deuda y la búsqueda mundial de beneficios financieros han crecido a la par. Es importante recordar que la aguda aceleración de este proceso ocurrió tras las secuelas del 2001, cuando la economía norteamericana se recuperaba de la crisis de las punto-com, en particular el dramático aumento tanto de la deuda privada norteamericana (especialmente la de los hogares) como del creciente déficit exterior de este país, financiado por el resto del mundo.

Estas tendencias unidas llevaron al establecimiento de un nuevo modelo económico, una nueva forma de capitalismo denominada por algunos globalización financiera, por otros capitalismo financiero y aún por otros capitalismo de accionistas. Comoquiera que se llame, una cosa está clara: mientras que antes los mercados financieros tenían un papel subordinado e instrumental respecto de la economía real, ahora esta relación se ha invertido. El poder de los “intereses financieros” sobre la economía “real” ha aumentado enormemente, subordinando todas las actividades económicas a obtener beneficios en los mercados financieros y creando instrumentos financieros para obtener beneficios sólo a través de los mercados financieros, fracasando a la vez en dar servicio a la producción y agricultura sostenibles, y al ahorro estable de los clientes “normales”. La lógica y la dinámica de la maximización del beneficio a corto plazo han penetrado en todos los poros de la vida social y económica. La perfecta movilidad del capital financiero, resultado de las políticas neoliberales, desempeña hoy día un papel crucial en el mundo económico. Crea una competición global no sólo entre empresas multinacionales, sino también entre naciones, entre sus sistemas fiscales y sociales, y entre trabajadores de distintas partes del planeta. Al crear una relación de fuerzas favorable a las grandes empresas respecto de sus trabajadores, este predominio del capital ha llevado a aumentar las desigualdades, a disminuir los niveles laborales, sociales y medioambientales, así como a la privatización de bienes y servicios públicos.

En dos palabras, la “libertad” de los agentes financieros se ha extendido a costa de la gran mayoría del pueblo y ha llevado a actividades económicas que degradan el medio ambiente. El fracaso del este modelo nunca ha sido tan obvio como hoy en la crisis alimentaria, climática y energética. Este modelo, que ha sido apoyado por los gobiernos de todo el mundo, está completamente desacreditado. Por tanto, se deben extraer las evidentes consecuencias para que los decisores políticos y económicos reconduzcan este sistema financiero insostenible e injusto hacia las necesidades de la gente, la igualdad y la sostenibilidad .

Se abre una ventana histórica de oportunidad. El que se consiga un verdadero cambio de rumbo dependerá de la presión de la opinión pública.

Otro sistema financiero es posible: estabilidad y solidaridad por delante de los beneficios

Debido a la complejidad del actual sistema financiero, es imposible resolver sus problemas con un sólo instrumento. No hay un punto de apoyo arquimediano. Hace falta un conjunto de instrumentos. Sin embargo, ante los cientos de propuestas concretas que surgirán en el futuro inmediato, todas controvertidas, podemos definir algunos requisitos básicos que deben reunir dichas propuestas concretas para que sean aceptables como reformas emancipadoras:

A. Cambios del sistema en vez de arreglos puntuales.

Está demostrado que todo el sistema financiero en su formulación neoliberal es económicamente inestable e ineficiente así como perjudicial para la igualdad, el bienestar general y la democracia. Por tanto son necesarios cambios sistémicos. Uno de nuestros objetivos principales es romper los pilares del neoliberalismo, en particular la movilidad mundial del capital. Son inaceptables: tanto algunas medidas reguladoras que, protegiendo a los ricos, están dirigidas a mantener la acumulación de capital basada en activos financieros y la mera estabilidad financiera; como las reformas superficiales dirigidas, por ejemplo, a la mera “transparencia”.

B. Un nuevo Bretton Woods en vez de “fuerzas del mercado autorreguladas”.

La crisis demuestra que dejar solos a los mercados sin regulación política ni responsabilidad democrática lleva a resultados desastrosos. Por tanto, son necesarios el control democrático y la cooperación internacional en vez de la competencia destructiva entre economías nacionales. En la toma de decisiones económicas y financieras, se debe dar prioridad al desarrollo sostenible y a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Se debe crear un conjunto apropiado de instituciones bajo los auspicios de la ONU para regular y reorientar el sistema financiero. Será necesario aplicar las precauciones debidas para que ese conjunto de instituciones sea políticamente responsable y pro-activo respecto de la igualdad y la sostenibilidad, y para que sea capaz de evitar (más que reaccionar ante) las crisis financieras. Por ejemplo, las discusiones para dar al FMI un mandato para supervisar la relación entre los mercados financieros y la economía real debería trasladarse a la ONU, y debería evaluar la relación entre los mercados financieros, la pobreza y el desarrollo sostenible. Debería apoyarse una fuerte intervención internacional para prevenir la creación de grandes superávits comerciales y de balanza de pagos en algunos países y grandes déficits comerciales, de deuda y de balanza de pagos en otros (como ocurre entre EEUU y China). Dicho órgano de la ONU podría también ser el foro para la toma de decisiones sobre hasta qué punto se deben liberalizar las empresas de servicios financieros y los productos/servicios financieros, y hasta qué punto limitar la libertad de circulación de capitales. Esto supondría que tales decisiones no se tomarían en la OMC/GATS ni en los acuerdos de libre comercio (ALC), como ocurre en la actualidad.

La supervisión nacional y la cooperación internacional entre organismos reguladores y supervisores, especialmente a nivel de la UE, debe fortalecerse, democratizarse y ampliarse con un mandato para servir a las necesidades sociales. Se debe asegurar la participación en la regulación de sindicatos, consumidores y otros actores. La calificación de inversiones debe pasar a ser competencia de la supervisión pública, con un mandato para evaluar también el impacto sobre la sociedad (por ejemplo, impedir productos financieros, préstamos y empresas que destruyan el medio ambiente).

Para la gestión inmediata de la crisis es necesaria una estrecha cooperación internacional a escala europea, incluyendo a Suiza y Rusia, y a nivel trasatlántico.
Se deben poner límites al libre comercio irrestricto y a la libre circulación mundial de capitales. La “apertura” dogmática de los flujos de entrada y salida de mercancías, de servicios y financieros debe ser sustituida por un punto de vista muy distinto. Nuevos acuerdos internacionales deben poner otros objetivos -como la estabilidad financiera, la justicia fiscal o la justicia social y la sostenibilidad- por encima del libre flujo de capitales, bienes y servicios. Los derechos sociales y las conquistas históricas de los trabajadores no deben ser puestos en peligro por estos tratados; al contrario, deberían fomentar la solidaridad internacional en vez de la competencia.

C. Romper el predominio de los mercados financieros.

La orientación básica para un cambio real tiene que apuntar a la ruptura del dominio de los mercados financieros sobre la economía real. Algunos instrumentos adecuados para este propósito son:

- Tasación de todo tipo de transacciones financieras incluyendo las de divisas, a fin de reducir la especulación, desacelerar la velocidad de los mercados financieros y reducir el cortoplacismo, mientras que debería estimularse la financiación del comercio, producción y consumo justos y sostenibles. Esto incluye un impuesto multilateral sobre todas las transacciones de divisas para desalentar las transacciones especulativas a corto plazo entre países. En segundo lugar, las autoridades nacionales deberían imponer unilateralmente un impuesto apropiado a las transacciones en bolsa con el fin de detener la especulación y asegurar una fiscalidad más progresiva.

- Prohibición de crear conglomerados financieros (en todo el mundo) que sean demasiado grandes como para permitir que naufraguen o demasiado interconectados como para permitir que fallen, y demasiado complejos para poder gestionar todos sus riesgos potenciales.

- Tasación progresiva de las ganancias del capital. Un factor significativo que contribuye a la inflación de los mercados financieros es la concentración de riqueza. Así que, a fin de desacelerar y estabilizar los mercados financieros, se requiere una sustancial redistribución de las ganancias y de la riqueza de los ricos a los pobres así como una reducción de los incentivos a la realización de ganancias excesivas y de los mecanismos de evasión fiscal usados por los ricos e incluso por el mismo sector financiero.

- Antes que la redistribución, la política económica tiene que facilitar una distribución justa: los salarios no deben crecer por debajo de la productividad (excepto si se reduce el tiempo de trabajo) y el trabajo tiene que estar justamente repartido.

- Deben detenerse las privatizaciones de los sistemas sociales y de las principales infraestructuras, como las de energía y ferrocarriles, y revertirse allí donde ya se hayan producido. Debe revisarse la privatización de los fondos de pensiones en tanto ha conducido a la creación de capitales errantes por el mundo en busca de altos beneficios invirtiendo en acciones de empresas que son social y medioambientalmente irresponsables.

D. Mitigar los efectos de la crisis sobre la economía real y aplicar el “principio de que quien especula, paga”.

En tanto el actual sistema financiero y su desplome han afectado a la economía real y a la sociedad, son urgentemente necesarios programas de emergencia para mitigar sus efectos sobre la economía real y la sociedad.
Dada la profundidad de la crisis, puede que sean inevitables los paquetes de rescate para evitar el colapso total del sistema financiero. Sin embargo, esos paquetes de rescate deben estar sujetos a una estricta condicionalidad, excepto causas de fuerza mayor. En aquellos casos en los que el rescate sea exitoso sin nacionalización, sus costes deberían ser pagados por los accionistas, incluyendo los intereses. Donde esto no sea posible, el estado debe adquirir acciones o nacionalizar completamente la empresa.

El coste total de las inyecciones de liquidez y de la medidas de rescate o de mitigación debería recaer principalmente sobre quienes son responsables de la crisis y han amasado fortunas. Por lo tanto, debería crearse un fondo especial contra la crisis en cada país. El fondo se cubriría a través de una contribución extraordinaria y puntual sobre todas las ganancias de capital superior a los 50.000 euros y con un impuesto extraordinario de un 1% sobre todos los beneficios empresariales del sector financiero.
Una parte de este fondo debería utilizarse a nivel internacional para la asistencia de aquellos países pobres que sufren los efectos del derrumbe y están afectados por la crisis de precios de los alimentos y las materias primas.

Además, deberían emprenderse sustanciales inversiones públicas en la infraestructura social, educación, cultura y medioambiente, en tanto estos sectores han sufrido carencia de inversiones, crearán empleo e impulsan el desarrollo sostenible.

E. Reformar la UE, control democrático sobre el Banco Central Europeo (BCE).

Debe prestarse especial atención a la UE. Las dimensiones financieras en el Tratado de Lisboa y otros tratados se ajustan al dogma neoliberal. Se debe modificar el Artículo 63 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo art. 56 del Tratado de la CE) que prohíbe cualquier restricción sobre los flujos de capital, no sólo dentro de la UE sino también hacia todos los demás países, y por ello fija las condiciones perfectas para la abrumadora sujeción de la sociedad a las finanzas. Hay buenas razones para restringir parcialmente los movimientos de capitales: garantizar la estabilidad financiera, evitar la evasión fiscal y la competencia fiscal, desarrollar una política monetaria favorable al empleo sin riesgo de huidas de capitales. También reivindicamos la restricción de la libertad de establecimiento (art. 49), que permite al capital migrar allí donde las condiciones sean más favorables y a las instituciones financieras buscar asilo en la City de Londres o en cualquier otro lugar que prefieran.

La toma de decisiones sobre la supervisión y las regulaciones financieras a nivel de la UE y a nivel de sus países miembros debe ser completamente revisada y reorientada en un sentido alejado de apoyar principalmente el crecimiento y la competitividad del sector financiero. Debería implantarse un sistema común de regulación y supervisión que se ajuste a los estándares más altos y no a la lógica de una carrera de mínimos.

Los parlamentos deben evaluar periódicamente si son correctas las regulaciones en vigor sobre los mercados y las entidades financieras. El Parlamento Europeo debe tener derecho a introducir regulaciones. Las regulaciones de la UE deberían incluir todos los criterios necesarios para el sector financiero (préstamos, evaluación de riesgos, inversiones, emisión de activos / inversiones de actividades bancarias) de tal manera que tales medios y servicios financieros sean solamente proporcionados para actividades sostenibles y para la erradicación de la pobreza.

Más aún, es necesario alterar la política monetaria del BCE. El banco está en el mismísimo centro del neoliberalismo en Europa. Se basa por completo en la ideología monetarista, al encomendarse a sí mismo la estabilidad de precios en primer lugar, a costa del empleo, la justicia social y la estabilidad económica. En coherencia con la ideología neoliberal, se autodenomina independiente y no está sujeto en absoluto a control democrático. Reclamamos el control democrático sobre esta institución, cuyas políticas influyen drásticamente en el devenir de los ciudadanos. Estamos en desacuerdo con el objetivo del BCE de mantener la inflación de los precios al consumo por debajo del 2%: este es un pilar central de la política neoliberal. En vez de ello, queremos que el BCE se centre sobre el empleo y la distribución justa. Incluso el informe anual del Bank of International Settlements (BIS, junio 2008) aconseja que la política de tipos de interés de los bancos centrales se fije no sólo en las cifras de inflación para mantener los tipos bajos sino también en evaluar el impacto de los tipos de interés sobre los “crecimientos excesivos e imprudentes del crédito”, la creación de burbujas y los modelos de producción y gasto que sean excesivos.

El aumento del tipo de interés por el BCE como reacción al incremento de los precios del petróleo estuvo completamente en la línea del dogma neoliberal. Aunque el aumento de los precios relativos, como en el caso del petróleo, no debería confundirse con inflación (la cual es un aumento de todos los precios), Frankfurt ha estado agitando el fantasma de la inflación. Sin embargo, en la coyuntura actual la inflación no es el problema, sino la recesión y el desempleo. La política del BCE está acelerando y profundizando la crisis a la que se dirige la UE.

La toma de decisiones favorables a la sociedad en el ámbito financiero, monetario y económico mejorará con un control pleno y transparencia de los lobbies, y con la restricción y la petición de responsabilidades políticas (empezando por la plena transparencia) sobre las “consultas” al sector financiero y a otras grandes empresas.

F. Reformas en partes centrales del sistema.

A la luz de la crisis, algunos fundamentos del sistema actual requieren una atención especial, a saber:

a. Requisitos de capital y prácticas prudentes en el sector bancario. Hay que aumentar los requisitos de capital para los bancos. A ese respecto, Basilea II fue un paso en la dirección equivocada. Por ello es necesario un Basilea III que saque consecuencias del desplome. Se deben prohibir las operaciones “fuera de balance” que están en el corazón de la crisis actual.

Los procedimientos de titulización deben limitarse a instituciones bajo estricto control de los Gobiernos. Hay que prohibir los procedimientos arriesgados de titulización, como son las “Obligaciones de Deuda Colateralizada” (Collateralized Debt Obligations), cuyo propósito era la reventa masiva de hipotecas subprime.
Deberían prohibirse los productos financieros especulativos, especialmente sobre alimentos, y allí donde tengan un efecto desestabilizador. Cómo mínimo, cuánto más grande sea el conglomerado financiero, menos productos especulativos debería poder vender o negociar.

Todos los nuevos productos financieros deben ponerse a prueba por parte de los supervisores para medir su impacto sobre la estabilidad financiera y la sociedad.
La banca de inversión debe reducirse hasta un punto en el que su volumen no constituya un riesgo sistémico. Lo que queda de la banca de inversión debe someterse por completo a regulación y supervisión, y debe separarse de otros servicios financieros. Todas las actividades de la banca de inversión deberían incluir criterios que promuevan el desarrollo sostenible de las sociedades, por ejemplo, promover las acciones de aquellas empresas que produzcan productos respetuosos con el medio ambiente.

Todos los conglomerados financieros, desde la banca de inversiones y al por menor a los que comercian con títulos y las compañías de seguros deben reestructurarse o separarse, y la supervisión debe adaptarse a las estructuras de los conglomerados resultantes.

El sistema de elevadas gratificaciones complementarias [bonus] de los directivos debería prohibirse en tanto que incita al comportamiento arriesgado hasta en la alta dirección, sin posibilidad de pedir responsabilidades cuando se provocan cuantiosas pérdidas a la empresa financiera o a sus (pobres) clientes.

b. Fortalecimiento del sector bancario público y sin ánimo de lucro. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, el sector de la banca pública y sin ánimo de lucro cumplió una buena función. En las últimas dos décadas, estos bancos se fueron fusionando y se transformaron en bancos comerciales cuyas acciones cotizaron en los mercados de valores, evolucionando hacia el sistema financiero de inspiración anglosajona. Debe invertirse esta tendencia, debe fortalecerse la banca pública y sin ánimo de lucro y eximirla de las normas sobre competencia de la UE. El sector público debería poseer al menos algunos de los bancos para proporcionar financiación estable al desarrollo sostenible y justo.

Los bancos renacionalizados y aquellos en los que el estado ha adquirido acciones como consecuencia de actuaciones de rescate deberían reestructurarse para servir a las necesidades de la sociedad, incluyendo créditos asequibles para proyectos sostenibles y empresas, acceso universal a buenos servicios financieros básicos, etc.

c. Agencias de calificación bajo control público. Las agencias de calificación (que fallaron gravemente en la crisis actual, así como en casi todas las crisis de las últimas décadas) deberían estar bajo control público. No deberían seguir cobrando de las firmas que califican, sino ser financiadas por un fondo pagado por todos los usuarios de las calificaciones y por los emisores de productos financieros. No deberían calificar sólo los aspectos financieros, sino también tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales.

Los contables han fallado en revelar la debilidad de los sistemas de control de riesgos de las instituciones financieras. Los contables permitieron que quedaran fuera de los balances algunas actividades en el mercado de hipotecas subprime, de derivados y de otros activos. La determinación de las reglas de contabilidad debe convertirse de nuevo en un asunto (inter) gubernamental.

d. Regulación de los fondos, especialmente los fondos de cobertura (“hedge funds”) y los fiondos de alto riesgo (“private equity funds”). ¿Quién necesita fondos de cobertura y qué beneficio aportan a la economía? Cuando en la Cumbre del G-8 de 2007 los alemanes pidieron más transparencia para los fondos de cobertura, les replicaron que esos fondos tienen una función útil, ya que asumen los riesgos que otros no están dispuestos a asumir. En realidad, estos riesgos son los riesgos de la especulación sólo al servicio del máximo beneficio. No hay beneficio para la economía derivado de esas operaciones, al contrario, desestabilizan el sistema. El riesgo se transfiere a los bancos a través de las prácticas de apalancamiento. Por ello no deberían practicarse bajo ningún concepto y la prohibición actual de las operaciones con posiciones cortas es insuficiente. Decir que los fondos de cobertura son un instrumento de prevención de riesgos es lo mismo que hacer bombero a un pirómano. Los fondos de cobertura deberían prohibirse. Los reguladores y supervisores tienen que impedir que los bancos operen con fondos de cobertura ubicados en paraísos fiscales. Nadie necesita fondos de cobertura, salvo los ricos y las instituciones de inversión que buscan el máximo beneficio con alto riesgo.

Los fondos de alto riesgo también se han revelado como un riesgo, valga la redundancia, para la estabilidad y han servido como correa de transmisión del capitalismo de accionistas a la economía real. Hay que detener este modelo empresarial opaco. Como alternativa deberían crearse incentivos para involucrar mucho más a los bancos en la financiación de empresas y en la provisión de capital riesgo, en particular para pequeñas y medianas empresas. Los bancos públicos deben jugar un papel clave en la financiación de las empresas.

Más en general, la UE debería regular todo tipo de fondos con una directiva. Todos los fondos deben publicar sus estrategias de inversión y sus tablas de incentivos para los directivos. Algunas estrategias de inversión deberían prohibirse (por ejemplo, ventas al descubierto), deben limitarse las tomas de crédito (efecto apalancamiento) y debe fijarse un techo a los activos bajo control. Los beneficios de los fondos deben tributar más que los ingresos por trabajo. Los fondos que no tengan residencia legal en la UE (por ejemplo, en centros extraterritoriales) o que no cumplan con los estándares de la UE no deben tener acceso al mercado de la UE.

e. Limitar severamente los productos derivados. Los derivados deberían negociarse solamente en bolsa, normalizados y autorizados por un organismo supervisor, de la misma manera que se evalúan los impactos negativos (a largo plazo) de los productos farmacéuticos. Los derivados de naturaleza puramente especulativa deberían prohibirse. Las operaciones extraoficiales (Over The Counter, OTC) deberían prohibirse.

f. Centros extraterritoriales (“Offshore”). ¿Quién necesita Centros Bancarios Extraterritoriales (OFCs, por sus siglas en inglés) y paraísos fiscales? Sólo los ricos y las instituciones de inversión que quieren ocultar sus activos a las autoridades tributarias, la mafia, los terroristas, los traficantes de armas y otras fuerzas criminales que quieren blanquear su dinero. No hay un argumento económico razonable a favor de mantener el status económico de esos territorios. Por lo tanto, su función económica debería ser totalmente clausurada.

En la medida de que esto no sea posible, ya que algunos grandes países ricos funcionan ellos mismos como OFCs y protegen a otros, puede recurrirse a un conjunto de medidas unilaterales, que van desde levantar el secreto bancario de los bancos bajo su soberanía, obligando a los bancos a cerrar las sucursales situadas en paraísos fiscales, hasta imponer una tasación elevada a las transacciones con los OFCs.

La “Directiva sobre los Ahorros” de la UE tiene que extenderse a todos los ingresos del capital (actualmente, sólo al pago de intereses), a las personas jurídicas (actualmente sólo a personas físicas) y al sistema de intercambio automático de información a Austria, Bélgica y Luxemburgo (actualmente a 24 países). La cobertura de estas lagunas es una condición para ejercer una presión creíble sobre otros paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein, para que levanten el secreto bancario y cooperen en un intercambio internacional de información.

g. Medidas contra las políticas de valor a corto plazo para los accionistas. John Maynard Keynes recomendaba “casar a los inversores con sus activos” para animarles a que invirtieran a largo plazo e impedir las perjudiciales especulaciones a corto plazo. El poder de los accionistas cortoplacistas podría limitarse vinculando los derechos de voto accionarial a un período mínimo de posesión de la acción (5 – 10 años) y a través de la prohibición de las “stock options” (que incitan a los directivos a cuidarse sólo del precio de las acciones).

En su lugar, las gratificaciones a los directivos deberían tener un tope y estar parcialmente vinculadas a un indicador de bienestar general. Más aún, los sindicatos, consumidores y otras partes interesadas deberían tener derechos de participación efectiva en la toma de decisiones de las empresas.

f. Regulación del endeudamiento de las familias. En cada país se deben establecer límites regulatorios al endeudamiento, en primer lugar el de las familias, a través de un techo a la proporción de amortización más intereses respecto de los ingresos. La vivienda de las capas sociales con peor poder adquisitivo es un componente de los programas sociales de los Gobiernos. No debe convertirse en el privilegio de los peores segmentos de las instituciones financieras privadas. Apoyamos enérgicamente las propuestas para crear un nuevo procedimiento de ejecución hipotecaria que permita a los propietarios de viviendas sobreendeudados convertirse en arrendatarios. Sin embargo, el acceso a la propiedad de la vivienda no debería ser el objetivo de los programas sociales. Demandamos una auténtica política de vivienda pública social, con gran diversidad social y estándares ecológicos.

FIRMANTES DE ESTE COMUNICADO: Attac Austria, Attac Dinamarca, Attac Finlandia, Attac Flandes, Attac Francia, Attac Alemania, Attac Hungría, Attac Italia, Attac Marruecos, Attac Noruega, Attac Polonia, Attac España, Attac Suecia, Attac Suiza.

ATTAC DE EUROPA

sábado, 11 de octubre de 2008

Bomberos pirómanos / 2

Las múltiples intervenciones estatales para apuntalar a los bancos más averiados y envilecidos y a los sistemas bancarios que los albergan, pueden considerarse como premios a la trampa y al chanchullo. Pero además esas intervenciones no conseguirán detener la desbandada, si no van acompañadas de un conjunto de medidas rigurosas y radicales que impidan, más allá de la mano salvífica de los mercados que evidentemente no funciona, primero, el mantenimiento de las prácticas actuales y luego, una transformación total del orden capitalista actual.

Y digo transformar y no sustituir, porque los que como yo estamos frontalmente contra la explotación capitalista y defendemos la igualdad en y desde la libertad, sabemos que, hoy por hoy, no tenemos una propuesta cabal, ni siquiera una hipótesis válida que poner en su lugar. Esa incapacidad es nuestra mayor frustración, nuestra más lacerante impotencia, que no nos obliga, sin embargo, a aceptar las prácticas generales de latrocinio en que ha derivado hoy. ¿Cómo ha sucedido esto?

Decir capitalismo es constituir al capital en piedra angular del edificio económico, cuyo propósito esencial es obviamente generar beneficios, pero respetando una serie de reglas y cumpliendo la función social de satisfacer las necesidades, expresadas técnicamente en demandas, de los miembros de la comunidad. Satisfacción que comporta la producción de las mercancías y servicios que estas necesitan para su subsistencia y desarrollo y que se inscriben en la esfera que se califica como economía real. Esta a su vez reclama la cooperación auxiliar de una estructura que la dote de los mecanismos de financiación que reclama su ejercicio. Ahora bien, esta economía financiera, en posición subordinada ha abandonado su función instrumental y se ha erigido en matriz privilegiada de la riqueza, autonomizándose de los riesgos y servidumbres de los procesos de producción y consumo y suplantando, mediante la manipulación de las cifras y las finanzas, la rigidez fáctica de lo real por la flexibilidad de lo virtual y abstracto.

Entre los obreros y las máquinas por un lado y los apuntes contables por otro, no cabe duda de que la búsqueda del beneficio se inclinará siempre por lo segundo. Pero el triunfo de lo financiero ha sido tan total, que ha perdido el sentido de los límites y ha provocado, por sus excesos y abusos, su propia hecatombe. Intentar salir de ella mediante una apelación al sentido de responsabilidad de los actores económicos, en una situación de desmoralización tan completa de nuestras sociedades, no tiene sentido alguno, cuando han desaparecido principios y valores y hoy sólo priman el enriquecimiento y el éxito, el disfrute. De ahí que el remedio que se ha puesto en marcha, que pretende apagar la hoguera echándole más leña al fuego, digo, inyectando más dinero en el circuito que lo ha malversado y entregándolo además a los propios malversadores confiando en su súbita conversión a la decencia, es un desatino. Más cuando cabría venir directamente en ayuda de los depositarios y cuentacorrentistas a quienes se priva de sus ahorros, mediante un dispositivo general de garantías personalizadas.

De igual manera es insensato pretender que, sin un marco rígido de disposiciones compulsivas, el mundo de las finanzas renunciara a sus tan rentables prácticas. Pues como apuntaba el sábado pasado si los mecanismos de titrización, mercados a término, técnicas del LBD se ponen difíciles, pronto surgirán otras. O mejor ya han surgido, dado que las Credit-Default Swap o seguros de impago, mediante los cuales uno se asegura por los riesgos de un tercero, permiten una desmultiplicación casi ilimitada de dichos riesgos y de su operatividad, y representan ya un volumen de 62. 000 millardos de dólares.

Si los Estados quieren de verdad adecentar el mundo financiero en vez de recapitalizar a las entidades fulleras, ¿por qué no crean un Servicio financiero público y se dejan de nacionalizaciones parciales e interesadas? ¿Por qué no acaban con las cuentas número y ponen fin definitivamente al secreto bancario que cubre tantas ignominias y hace posibles tantas impunidades? ¿Por qué no se establece una Autoridad Mundial de Control que asegure el cumplimiento de las normas y, entre otras cosas, designe unos expertos públicos responsables del rating de los mercados financieros? Y sobre todo ¿por qué no se clausuran los 37 paraísos fiscales más conocidos, lugares para el confortable acomodo del botín de la criminalidad organizada sin los cuales las mafias de la droga y las armas y las bandas especializadas en la evasión fiscal y el blanqueo tendrían la vida mucho más difícil? Esa clausura sólo depende de los Estados. ¿Por qué no lo hacen? Y para terminar, ¿por qué no volvemos a la propuesta del Premio Nobel de Economía James Tobin en 1983, de crear una tasa del 0,5% sobre todas las transacciones financieras para limitar la atractividad de lo financiero y con su producto alimentamos un Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio?

viernes, 10 de octubre de 2008

ATTAC reclama al Gobierno medidas efectivas para afrontar la crisis sistémica internacional

Comunicado de ATTAC España.
No vamos a extendernos ahora en comentar todas y cada una de las ocasiones en que desde ATTAC nos hemos dirigido al Gobierno de España, para apuntarle determinados mecanismos y reglas del juego del actual orden económico-financiero que, desde nuestro punto de vista, atentan contra los principios de Justicia Económica y Fiscal Global.

Realidades consentidas y alentadas desde instancias políticas nacionales y supranacionales, como es el caso de los paraísos fiscales, la privatización de empresas y servicios públicos, la liberalización y desregulación a ultranza de los movimientos de capital y el comercio de alimentos y materias primas, la constitución de grandes conglomerados empresariales de carácter transnacional, etc., están en la base del actual desorden.

No obstante, ahora que hay acuerdo absoluto en la necesidad de intervención por parte del Estado, tanto de los responsables que han llevado a esta debacle (el gran capital transnacional y las autoridades políticas y económicas, en una combinación variable de acción y omisión), como de la gran mayoría de la ciudadanía que sufre las principales consecuencias negativas de las crisis alimentaria, energética, ambiental, migratoria y económico-financiera, AHORA, repetimos, es el momento de abrir espacios para el encuentro de diferentes sensibilidades con el fin de consensuar cómo salir de esta CRISIS SISTÉMICA, QUE NO COYUNTURAL.

Por el momento, apenas se atisban y definen las primeras medidas contra la crisis financiera que se están tomando en Estados Unidos y la Unión Europea, se observa una condescendencia e incluso connivencia con quienes han abocado el sistema al precipicio, llegando hasta el extremo de pagar con recursos públicos del conjunto de la ciudadanía los multimillonarios quebrantos financieros de una minoría acostumbrada a ganar a cualquier precio. Las medidas buscan salvar el barco del sistema capitalista a toda costa, aunque se quieran presentar y disfrazar con algunas propuestas engañosas de controles o incluso "nacionalizaciones". Cuando pase la coyuntura y las cosas vayan mejor se volverán a aflojar las riendas del control y a privatizar las instituciones semipúblicas. Tenemos experiencia del funcionamiento del sistema neoliberal en todos los países, y cuando las expectativas de altos beneficios vuelvan a aflorar, se presionará para retomar las privatizaciones al mejor postor.

La mayor parte de las medidas que se han tomado implican un proceso más o menos encubierto de socialización de pérdidas que está en el origen del pensamiento capitalista neoliberal, y que entiende perfectamente todo el mundo: ahora que hay pérdidas las pagamos entre todos (vía impuestos, reducción del gasto público, de los gastos sociales, aumentando la deuda pública,…). Pero cuando había beneficios (y todavía los hay), ¿dónde van a parar? ¿Alguien ha visto un duro de esos beneficios extraordinarios de los que se sigue pavoneando la banca y los banqueros españoles? Sirvan como ejemplo los siguientes datos: a) 20.000 millones de euros de beneficios de la banca española en 2007 (aumento del 20% respecto a 2006), b) los 10.000 millones de euros de beneficios previstos sólo por el Banco de Santander en 2008.

A continuación se señalan los anuncios y actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España y las propuestas alternativas de ATTAC-España:

1) ¿MENTIRAS PIADOSAS O TOMAR DECISIONES IRRELEVANTES PARA QUE PAREZCA QUE SE ESTÁ HACIENDO ALGO FRENTE A LA CRISIS? En los últimos días, tanto la Vicepresidenta como el Ministro de Economía han lanzado mensajes tranquilizadores a quienes poseen depósitos bancarios, minimizando las posibilidades de que las quiebras de entidades financieras puedan producirse en España. Se trata en todo caso de afirmaciones gratuitas, pues no existe información de acceso público, fiable y contrastable respecto a la solvencia de las entidades financieras españolas. Basta recordar a este respecto, que algunos de los bonos emitidos por entidades que han quebrado recientemente estaban muy bien calificados por las empresas de “rating” que se dedican a evaluar la rentabilidad y riesgo de los activos financieros.

En la reunión del Presidente del Gobierno de España con los Presidentes de los grandes bancos y cajas de ahorro españoles, el Gobierno decidió aumentar el importe de los depósitos mínimos garantizados en caso de quiebra bancaria, a pesar de que las entidades financieras no veían conveniente esta medida. Y ello es en buena parte una medida de cara a la galería, pues en el caso de colapso del sistema (que es la situación a la que realmente nos estamos enfrentando) ningún Fondo de Garantía de Depósitos podría hacer frente a sus compromisos, pues su alcance está pensado sólo para quiebras puntuales y concretas. Es decir, sólo se vende humo, con la esperanza de que la mayor parte de la ciudadanía, desinformada en asuntos tan complejos como el que nos ocupa, crea que la medida aumenta la seguridad de su riqueza monetaria depositada en los bancos, pues una retirada masiva de depósitos como consecuencia del desplome de la confianza, sí que supondría la quiebra inmediata e irreversible del conjunto del sistema financiero.

Precisamente, la gestión de la información económica y financiera de los Gobiernos en tiempos de crisis nunca se ha caracterizado por la transparencia ni por el realismo, sino que ha buscado en todo caso ocultar o minimizar ante la opinión pública el verdadero calado de la crisis para frenar en lo posible la rapidez y la intensidad de su propagación.

Al final, todo consiste en acomodarse día a día a los nuevos datos económicos sin que parezca que ocurre nada grave. Hace unas semanas, horas después de que la Comisión Europea augurará recesión en España desde ya, el Vicepresidente Económico del Gobierno se despachaba diciendo que "Si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene la mayor importancia". Con ello se refería a que lo único bueno de la crisis podría ser que aquellos sectores que han abocado a la misma (el de la construcción y el financiero) fueran saneados de raíz, lo que difícilmente va a ocurrir precisamente porque el Gobierno de España y todos los de los países enriquecidos están poniendo paños calientes para que quienes han jugado en el casino de la especulación durante los últimos años sigan jugando en el futuro.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Poner freno al proceso de creación de dinero bancario mediante mecanismos que aumenten sustancialmente el coeficiente de caja que deben mantener las entidades financieras en el Banco Central, así como regular muy restrictivamente sus inversiones en activos financieros muchos de los cuales se han revelado carentes de respaldo alguno de una actividad productiva real. Constituir y potenciar una banca pública con auténtica responsabilidad social.

2) EN EL ÁMBITO FINANCIERO, LA MAYOR DIMENSIÓN DE LAS ENTIDADES IMPLICA MAYORES RIESGOS Y RESTRICCIÓN DE LIBERTAD PARA EL CONJUNTO DEL SISTEMA. El propio Presidente del Gobierno, en una reciente comparecencia en el Senado, como ejemplo de buen estado de salud del sistema financiero español, señalaba que el mayor banco de este país estaba acudiendo al rescate y compra de entidades financieras con problemas de otros países de Europa. Mucho nos tememos que esa actividad, más que denotar buena salud indicaría que en el actual río revuelto de las finanzas internacionales, todavía sigue siendo buen momento para apostar por la vieja fórmula de buscar beneficios a corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo.

En los últimos años hemos asistido a una bacanal de fusiones, participaciones, OPAs amistosas y hostiles, alianzas “estratégicas”, privatizaciones, internacionalizaciones, etc. donde mayor dimensión era sinónimo de mejor, a pesar de que estas estrategias nos han mostrado su lado más salvaje en asuntos como la deslocalización, el urbanismo apisonador, el desmantelamiento interesado de filiales, el saqueo de recursos naturales, la privatización de servicios públicos esenciales como el suministro de agua, electricidad y telefonía. Los bancos y cajas de ahorro, junto a las constructoras y empresas de energía, han estado directamente implicadas en este escenario de especulación financiera que ha sido nefasto para el bienestar de la inmensa mayoría de la población.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Establecer una regulación pública estricta sobre la dimensión de las entidades financieras y sus grupos empresariales, ya que permitir que aumente más y más su tamaño pone en peligro principios como los de la competencia y la independencia del poder político del poder del capital y los medios de comunicación.

3) CUANDO EXISTE LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR EL RUMBO, SE SIGUE APOSTANDO POR UN MODELO DE DESARROLLO AGOTADO. En los últimos meses, el Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas de política fiscal, social, de apoyo al sector de la construcción, de inversión en infraestructuras públicas, etc., que en ningún caso suponen reformas estructurales de calado frente a la crisis sistémica que nos desborda, cuya manifestación última es de carácter financiero, y que se extiende como una mancha de aceite al sector real de la economía.

La medida anunciada por el Presidente del Gobierno de España de apoyar al sector de la construcción de viviendas con préstamos por importe de 3.000 millones de euros es un ejemplo de libro de cómo la intervención pública en la economía es aplaudida sin rubor cuando beneficia al gran capital especulador que juega en bolsa. ¿Tendrá esta medida algo que ver con que el actual Presidente de la patronal de la construcción (SEOPAN) fuera hasta hace sólo unos meses el Jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, o se trata sólo de una inocente coincidencia?.

Mientras tanto, industrias amables con el medio ambiente y básicas para la reconversión energética que pide a gritos el actual estilo de vida, generadoras de empleo en un entorno de crisis y paro como el que nos rodea, corren peligro de quedarse raquíticas en el camino o de venirse abajo cuando apenas han echado a volar. Valgan como ejemplo, las diferentes industrias ligadas a la energía solar fotovoltaica, porque los responsables del Ministerio de Industria y Energía no paran de hacer guiños al lobby nuclear y porque con la nueva regulación que proponen para el sector fotovoltaico van a rebajar significativamente el apoyo público a la generación de este tipo de energía. En los tiempos que corren, los recortes presupuestarios que se avecinan estarían detrás de la negativa a seguir apoyándolas como hasta ahora. Pero por otro lado, paradójicamente, el Gobierno de España y muchos autonómicos no paran de renunciar graciosamente a ingresos impositivos vía reducción y/o eliminación de impuestos directos que favorecen principalmente a las rentas altas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).

PROPUESTA ALTERNATIVA: Revisar y reforzar los mecanismos de regulación y control público de las entidades y los mercados financieros. Cambiar la tendencia y apostar por un sistema fiscal progresivo basado fundamentalmente en la imposición directa tanto de las rentas del trabajo como las del capital, pues éstas últimas tienen actualmente una fiscalidad preferente respecto a las primeras. Frenar de una vez la inercia del ladrillo en España, que apelando al empleo insostenible que ha generado (no a la destrucción ambiental, no al colapso de la economía de multitud de familias hipotecadas, no a los pelotazos y corrupciones que le han allanado el camino) pretende salvar el pellejo ahora como mejor pueda y mantener una buena posición en la parrilla de salida para cuando amaine el temporal. En su lugar, potenciar la vivienda pública protegida, haciendo especial hincapié en la rehabilitación de las existentes y en la fórmula del alquiler.

4) COEXISTENCIA DE DOS VÍAS DE FINANCIACIÓN: UNA ABUNDANTE Y PREFERENTE PARA LOS BANCOS Y OTRA RESTRICTIVA Y CARA PARA FAMILIAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Un tema donde se percibe a las claras el sesgo con el que el Gobierno está actuando ante esta crisis es la ausencia total de medidas que ayuden a paliar la grave situación por la que están pasando muchísimas familias hipotecadas para adquirir su primera vivienda como consecuencia de la subida de los tipos de interés de referencia y el aumento vertiginoso del desempleo. Desde hace un año, los principales Bancos Centrales del mundo están inyectando liquidez en forma de préstamos a las entidades financieras para paliar el primer estadio de la crisis que se manifestó como una “crisis de crédito” (desconfianza entre las entidades de crédito para efectuarse préstamos entre ellas). Sin embargo, esa ayuda recibida por las entidades financieras no ha sido prestada a su vez por éstas a sus clientes en forma de concesión de créditos en cantidad o de mejora cualitativa de las condiciones de los mismos, de manera que a pesar de que el tipo al que prestan los Bancos Centrales a los bancos permanece estable desde hace un año, el que cobran los bancos a sus clientes ha subido un punto en el mismo período de tiempo, al ir de la mano de la evolución del Euribor.

Estas mismas dudas nos asaltan ante el anuncio del Presidente del Gobierno de crear un Fondo con cargo al Tesoro para apoyar la financiación del sistema financiero con una aportación de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros. Aunque se afirma que “se adquirirá de las entidades financieras activos españoles de máxima calidad, para garantizar que, a través de ellas, y con un horizonte temporal suficiente, la financiación llegue a empresas y ciudadanos”, por el momento nada se sabe sobre cómo se piensan deslindar los activos sanos de los contaminados, qué plazo de tiempo nos damos para visualizar buenos resultados y cómo se piensa hacer para que EFECTIVAMENTE, la financiación llegue a familias y empresas y no se desvíe a “tapar” otros agujeros más o menos ocultos de las entidades financieras.

PROPUESTA ALTERNATIVA: Impulsar la utilización de instrumentos tradicionales de política económica como el déficit público y la política monetaria, que ahora están autolimitados por reglas autoimpuestas (caso del déficit por el Pacto de Estabilidad de la UE) o secuestrados en manos de organismos supuestamente independientes (el Banco Central Europeo y la política monetaria). Tras el empacho de desregulación pública y de hipotecas privadas en los últimos años, seguir guardando en una urna estos instrumentos de política económica anticíclica es antisocial: por los límites que se ponen a mejorar los servicios públicos y las políticas sociales (en el caso del déficit) y por la brutal erosión de las rentas de tantas familias con hipotecas ante un Euribor al alza alentado por la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo, que lógicamente, tiene su contrapartida en el crecimiento continuado de los beneficios de ciertas entidades financieras, generando así una redistribución de renta desde las familias a los bancos bendecida legalmente por la regulación “estrictamente técnica” que la Unión Europea tiene establecida sobre el Banco Central.

En definitiva, las medidas de política que se están tomando al calor de los frenéticos acontecimientos de los últimos días, en nada están ayudando a reducir el riesgo de un colapso financiero total, y tampoco se está aprovechando esta situación para rearmar al Estado y reforzarlo ante el nuevo papel protagonista que le toca asumir en un nuevo orden internacional basado en relaciones de cooperación, paz y respeto por la naturaleza. Una verdadera pena. Un tiempo precioso que podemos volver a perder, sino hacemos algo para evitarlo.

Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC-España - 09 octubre 2008

miércoles, 8 de octubre de 2008

La banca pública, más necesaria que nunca

Sin que esté ni mucho menos resuelta, la actual crisis está proporcionando ya algunas enseñanzas. Una de ellas está siendo casi generalmente admitida, incluso por los más fervientes defensores del sistema capitalista: la necesidad de establecer mucha más transparencia, más seguridad, más rigor y menos favoritismos en la regulación de las finanzas internacionales.

Efectivamente, les guste o no a los defensores a ultranza del mercado, lo que está ocurriendo desde hace meses va a obligar a que haya de hablarse de nuevo de controles y de "represión financiera", por utilizar la expresión que utiliza el catedrático Antonio Torrero Mañas en su último y una vez más magnífico libro ("Revolución en las finanzas. Los grandes cambios en las ideas. represión y liberalización financiera". Marcial Pons 2008).

Por muy cuantiosos que sean los planes de rescate, por muy generosas que sean las inyecciones de liquidez de los bancos centrales (y al mismo tiempo que generosas, inmorales cuando se comparan con las cifras mucho más modestas que se necesitaría movilizar para acabar con la pobreza o el hambre), va a ser completamente imposible terminar con la crisis si no se modifica la regulación hoy día existente del mundo financiero.

Y el cambio tendrá que venir necesariamente por otra vía del control y la represión de las finanzas especulativas, de los movimiento erráticos y volátiles que solo crean beneficios para pocos e inestabilidad para todos. Todo lo que no sea empezar por ahí será en vano.

Pero de otra enseñanza de la crisis se habla mucho menos, porque a los culpables de la crisis (que también controlan el sistema de comunicación social) no les interesa que se hable de ello. Me refiero a que se ha demostrado una vez más que el mercado, en este caso el financiero y bancario, se ha mostrado incapaz de proporcionar por sí mismo los flujos de financiación que necesita cualquier economía. Y esa es precisamente la razón por la que una crisis inicialmente financiera ha terminado por afectar al conjunto de la actividad productiva en los términos tan graves que estamos viendo.

Esa incapacidad del mercado financiero está hundiendo a las economías por falta de la financiación suficiente para que los empresarios y consumidores alimenten la actividad económica creando riqueza y empleo. Y es por tanto ahora cuando se echa gravemente en falta la existencia de una banca pública potente, dedicada a garantizar el flujo de financiación a la actividad productiva y no a la especulación y a hacer beneficios fáciles pero muy arriesgados.

La banca comercial que tradicionalmente estaba orientada a llevar a cabo esa tarea se ha convertido en banca de inversión, pero de una inversión financiera muy arriesgada y volátil y que no tiene apenas nada que ver con la actividad productiva, haciendo así una dejación fatal de su función como prestamista para que los sujetos económicos puedan emprender nuevas actividades y negocios.

Mientras que los bancos españoles como el Santander se dedican a comprar entidades en medio mundo o a acumular fondos en mercados secundarios, las asociaciones de jóvenes empresarios denuncian que casi el 70% de los emprendedores reciben una negativa cuando solicitan préstamos para abrir negocios y miles de operaciones comerciales se frustran, hundiendo así la actividad económica, por falta de financiación.

Es evidente, pues, que la desaparición de la banca pública fue un error, una renuncia solo justificada para que la banca privada dejara de tener competencia. Y, por supuesto, un error que ahora estamos pagando caro.

Es imprescindible volver a disponer de una potente banca pública pero no de cualquier tipo de ella, como también nos está enseñando la crisis.

Nuestras cajas de ahorro, que podrían y deberían haber desempeñado ese papel, se han convertido en un clon de la banca privada, y ahora reproducen sus carencias y limitaciones. Lo que demuestra que lo que se necesita no es cualquier tipo de banca pública, sino un nuevo tipo de intermediación bancaria obligada a estar al servicio de la creación de riqueza y de actividad productiva, no a financiar pelotazos o burbujas especulativas, como ha estado ocurriendo.

A los que en estos últimos años hemos defendido el control social de las finanzas, la represión de la actividad especulativa y, sobre todo, la nacionalización de la banca nos han llamado extremistas, radicales, utópicos y anclados en el pasado. ¡De todo!

Ahora que los negocios se paralizan porque los banqueros han dilapidado los depósitos de sus clientes se puede comprobar quién tenía razón y quién estaba en lo cierto. No será fácil que se le de la vuelta a la situación porque el poder de los banqueros es inmenso pero hagan lo que hagan no podrán cambiar la realidad: saldrán de la crisis y evitarán tenerlas de este tipo en el futuro los países que aprovechen la oportunidad para crear y consolidar un nuevo tipo de banca pública.

ATTAC considera imprescindible la creación de un sector bancario público ante la crisis financiera

Declaración de ATTAC España ante la reunión de Zapatero con los representantes de la Banca

Attac viene afirmando desde hace meses que la actual crisis económica es algo más que una simple crisis financiera. En el caso español, es el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales -y de la especulación que ésta ha desatado- en los mercados financieros, pero sobre todo en el territorio y en la vivienda.

La desregulación ha promovido el egoísmo y el ansia de mayor enriquecimiento de los poderosos y de los Bancos y Entidades Financieras. Lo que unido a la fuerte crisis energética, alimentaría y ecológica, han generado la actual situación.

La Banca y otras entidades de crédito similares, han sido el vehículo de transmisión más efectivo y letal de esta tormenta económica y social. Las medidas consistentes en inyectar dinero en los mercados, es decir en los bancos en dificultades, por parte de Gobiernos y Bancos Centrales, se ha traducido en un traspaso de rentas sociales, pero no a las y los ciudadanos que las aportan, sino a los causantes de la crisis financiera, es decir, a los bancos. Se argumenta para justificarlo que con ello los entes financieros generarán inversión, gracias a una concesión de créditos que pueden acabar incrementando el consumo y por tanto el empleo. Esto es, mediante las transferencias de capital público a los bancos, pretendidamente se buscaría favorecer la colocación de los trabajadores en tiempo de crisis y desempleo.

Pero a los que inyectando liquidez tratan de salvar a la banca privada para convertirla en el motor económico de la salida de la crisis -en lugar de utilizar más sabiamente los fondos del Estado, incrementando el gasto público social directo y sin intermediarios, por ejemplo- habría que citarles a Stiglitz cuando afirma, ante los intentos de rescate seguidos por EEUU y algunos países de la UE, que se trata de una estrategia tan desatinada como realizar continuas transfusiones de sangre a un enfermo que padece una hemorragia interna, sin corregirla previamente. Resulta por ello indignante que la derecha española, proponga la reducción del gasto público y paralelamente que el dinero del Estado sea transferido a bancos y grandes patronales. Pero igual de trágico resulta que la izquierda institucional gobernante permita que esa derecha le imponga su agenda política o que los inspiradores de la acción gubernamental sean la banca y los que defienden las políticas neoliberales.

¿Qué papel está jugando la Banca Española en esta coyuntura? La Banca española, sólida en apariencia -pero sólo en apariencia pues debido a la gran opacidad de su gestión se desconoce su situación real-, sigue gestionando su negocio de una forma más que reprobable y extremamente conservadora. Sin querer reconocer que es la propia desconfianza interbancaria la que está poniendo en apuros sus balances, continúa castigando al pequeño demandante de créditos que se acerca a sus oficinas. Se vuelve a ver cómo bancos y cajas sólo consideran clientes dignos de crédito a los que poseen nóminas fijas y altas, y cómo se centran de nuevo en las operaciones de rutina, esto es, créditos a clientes preferentes y captación de ahorro.

Porque los Bancos y Cajas de Ahorro españoles están actualmente negando muchos créditos hipotecarios incluso a mileuristas que deseen adquirir una vivienda de VPO, o a pequeñas empresas, que son como se sabe las principales creadoras de empleo. Por imperativo de quienes gobiernan el mercado, la banca está marginando a multitud de pequeños empresarios y autónomos, que necesitan de los créditos para poder cumplir sus compromisos y seguir trabajando. Todos estos sectores son maltratados por la banca e ignoradas sus demandas, Y las Cajas de Ahorro, que pese a su comportamiento no son entidades privadas, hace años que emulan el proceder bancario, de manera que la principal inversión de las Cajas haya sido y sigue siendo el ladrillo y no el I+D+I o la pequeña industria.

Este análisis, breve pero real, conduce a plantear que en España hace falta un Sistema de Banca Pública, al objeto de cumplir los objetivos de apoyo crediticio a pequeñas empresas y a ciudadanas y ciudadanos de rentas medio-bajas y bajas. Lo que supondría volver a crear Entes Financieros Públicos como los que ya hubo hace años. En este sentido hay que hacer constar que las Comunidades Autónomas tienen un gran papel que cubrir, sin que por el momento estén siendo llamadas a participar en las soluciones a la crisis. Gran parte del gasto público español, depende de ellas así como de las Cajas de Ahorro sometidas a su control.

Attac quiere descalificar de forma explícita a la gran Banca como la que puede solventar una situación que ha contribuido a crear en gran parte. Baste recordar que todos los grandes bancos españoles poseen filiales en paraísos fiscales, hecho que les deslegitima para cualquier actuación ejemplarizante o de asesoramiento al Gobierno.

Attac reclama que a la hora de tomar soluciones no se opte por las fracasadas, es decir las recetas neoliberales, y que un Gobierno democrático ha de escuchar a más personas y actores políticos. No solo a Banqueros o al Partido de la derecha, en una búsqueda de la Gran Coalición.