No a la reducción del gasto público y al recorte de las pensiones

Comunicado de ATTAC España

ATTAC en el estado español lleva tiempo muy preocupado observando la lectura exclusivamente liberal del análisis de la crisis en el Reino de España por parte del Gobierno, pero también proponiendo medidas alternativas al objeto de enfocar las posibles salidas desde posiciones sociales respetuosas con el sector público y los servicios públicos, la protección social y ambiental, y la exigencia de avanzar en el terreno de la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza.

En primer lugar, ATTAC tiene muy claro que la crisis es sistémica, es decir del capitalismo, y que éste padece una grave enfermedad incurable, pero en esta agonía -que puede ser muy larga- hay que proponer medidas que avancen hacia la democracia real y no solo formal, fortaleciendo los medios del estado frente a especuladores financieros de todo tipo y condición.

En segundo lugar, denunciamos las presiones intolerables de los financieros internacionales y directivos de las grandes transnacionales, incluidas las bancarias, que a traves de sus clubes de influencia y dominación están extorsionando al Estado Español y su gobierno, con la amenaza de las agencias de calificación de “seguridad” financiera y solvencia económica, que de forma escandalosa y sin tapujos se han producido en el Foro Económico de Davos y se siguen produciendo. El brutal ataque especulativo que está sufriendo la deuda pública española por parte de los grandes jugadores del casino mundial, no hace sino reforzar las propuestas de ATTAC de controlar los mercados de capitales e implantar con urgencia un impuesto global sobre las transacciones financieras.

Estas mismas agencias y estos mismos agentes son los creadores de las burbujas inmobiliaria y financiera que ha hecho reventar la actual fase de la crisis. Estos expertos, que no fueron capaces de predecirla y con sus decisiones han arrojado al paro y el empobrecimiento a millones y millones de mujeres y hombres asalariados, pero también a millones de autónomos y pequeños empresarios y empresarias, pretenden aprovechar la coyuntura de incertidumbre para hacer que se olvide su actuación y dar otra vuelta de tuerca a su estrategia de desmontar la protección social, haciendo aparecer a las políticas sociales como las responsables del retraso de la recuperación económica, sustituyendo a los gobiernos elegidos por los ciudadanos por una cofradía de pretendidos sabios neoliberales, por encima de la gestión pública de los asuntos comunes, es decir de la política. Es decir, la romería de fracasadas y fracasados de Davos que tanto daño le han producido y producen a la humanidad, está ahora imponiendo al Gobierno de España su agenda, con la inestimable colaboración del Banco de España, la CEOE, los “expertos” y secretarios de estado neoliberales del Gobierno y la derecha política y social.

En tercer lugar, la agenda ortodoxa y neoclásica adoptada por el Gobierno de España, de cuajar, reducirá los derechos sociales de las clases populares, empeorará las condiciones de jubilación y debilitará el carácter público y universal de los sistemas de protección social. Además estas premisas están defendiéndose entre la ciudadanía mediante falacias y datos que no respetan la verdad y además introducen el miedo al futuro a personas ya angustiadas por sus empleos, ingresos familiares e hipotecas y deudas.

Ante ésto ATTAC España, gracias a los y las economistas y sociólogos ligados a su Comité Científico, hará público en breve un trabajo sobre las pensiones que contendrá análisis y propuestas científicamente contrastadas, y sobre todo socialmente avanzadas y justas.

En cuarto lugar, se está cayendo en la típica-tópica salida a las crisis cíclicas del capital, apoyando medidas puramente monetaristas y clásicas -es decir NEOLIBERALES-, haciendo caer el peso de las cargas y sacrificios personales sobre los trabajadores, asalariadas, pymes y economía social, reduciendo sus derechos, empleos, garantías y protección, mientras que se subvencionan a bancos y grandes empresas en cuantías muy importantes, y se habla de reducir una vez más el maltrecho sector público en beneficio de los grandes negocios privados.

El Gobierno cede ante la derecha española y ejecuta su programa, mientras ésta se permite pedirle aún más y encima burlarse de sus decisiones, forzando la puesta en marcha ya de su agenda oculta.

ATTAC España es consciente de la necesidad de presionar al Gobierno, pero también a los poderes financieros, gran empresariales y de los centros de poder real, mediante información, movilizaciones y protestas de las y los ciudadanos, las clases trabajadoras y los sindicatos, movimientos sociales y colectivos autoorganizados, pero también mediante experiencias alternativas y participativas.

ATTAC España exige el fin de las SICAV, el fraude fiscal y la economía sumergida, y el nuevo trabajo esclavo y precario; la creación de un sistema financiero público, y la no privatización de las cajas de ahorros, al revés, hacer de ellas organismos que cumplan sus funciones sociales y ligados a los territorios.

ATTAC España pide a los sindicatos que ejerzan su papel de defender y organizar a los trabajadores y trabajadoras buscando alianzas entre todos ellos, los llamados mayoritarios y los territoriales o muy asentados en sectores profesionales y laborales concretos, con espíritu de clase y presionando con decisión al Gobierno, pero también a la CEOE.

ATTAC España, ante el semestre de presidencia española, denuncia que la Unión Europea que se ha construido es únicamente un gran mercado, regido por la doctrina neoliberal y cuyas directivas y reglamentos atacan de raíz a los derechos sociales de europeas y europeos, fomentan la desigualdad y favorecen a las transnacionales, obligando a los estados miembros a privatizar en su beneficio toda la actividad económica, de servicios y cultural.

No entendemos como el acervo legislativo europeo, impuesto por una Europa mayoritariamente derechista, conservadora y neoliberal, es aceptado sin rechistar por el Gobierno Español, máxime cuando tanto el Parlamento Europeo como los gobiernos nacionales -y por ello el Colegio de Comisarios y la Presidencia- están en manos de la derecha europea, y por tanto su inspiración y espíritu legislativo es profundamente derechista. Las leyes y la economía sí tienen ideología, diremos más, en la orientación económica y del presupuesto está ahora claramente demostrada la deriva ideológica de sus inspiradores.

ATTAC España cree que sólo la movilización ciudadana y trabajadora, constituidas como sujeto político, puede cambiar esta situación.

El 69% de las empresas del Ibex operan en paraísos fiscales

El 69% de las empresas del Ibex (24 de las 35 que conforman el indicador) operan en paraísos fiscales, de las cuales seis son entidades bancarias, y la mayoría no ofrecen datos sobre sus actividades en esos países, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

El estudio indica que que la transparencia en el uso de paraísos fiscales por parte de estas empresas es "muy limitada", porque en sus memorias de RSC apenas se aportan datos e información sobre sus actividades y operaciones en el pasado ejercicio.

Cinco de los seis bancos que operan en paraísos fiscales presentan sociedades participadas en estos territorios, y sólo en el caso de Bankinter no hay evidencia de presencia alguna.

Además, las empresas del Ibex 35 mantienen una falta de transparencia "preocupante" sobre su información económica, social y medioambiental en sus memorias de RSC. Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de acuerdo con el estudio, que analiza 541 indicadores.

Según el director del estudio, Carlos Cordero, la evolución de la rendición de cuentas de las empresas analizadas "no ha cambiado mucho" y, por tanto, se constata la "necesidad" de una regulación específica", puesto que la información que estas empresas ofrecen es "voluntaria" y estos ejercicios se siguen planteando "más como acción de marketing, de forma unidireccional y no como una fórmula de rendición de cuentas".

El documento destaca que sólo una empresa del Ibex 35, concretamente Red Eléctrica Corporación, desglosa los impuestos que paga por cada país en el que opera, mientras que ninguna desglosa las subvenciones que recibe país por país, algo que, según Cordero, lleva a que no se sepa los impuestos que aporta cada empresa para que desarrollar políticas públicas de desarrollo. "Es muy difícil trabajar eficazmente en la lucha contra el fraude fiscal si las empresas no aportan información transparente", añadió.

Según datos de organizaciones internacionales, se estima que el valor de las perdidas por evasión de capitales en los centros 'Off Shore' supera los 250.000 millones de dólares, una cantidad que sobrepasa con creces lo que el Banco Mundial considera necesario para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asimismo, apunta que sólo dos de las empresas que operan en más de dos países, Telefónica y Red Eléctrica Corporación, informan sobre los gastos salariales de forma desglosada por país. De acuerdo con el estudio, "se ha convertido en una tónica general" que se informe sobre las operaciones en España, pero no se encuentre la "misma información desglosada" del resto de los países donde operan. "Esto es especialmente grave si se considera que la falta de transparencia en la información se da, sobre todo, en los países en los que los derechos de los empleados suelen ser más vulnerados", reflexionó.

Sin datos de remuneración de consejeros

Por otro lado, el 60 por ciento de las corporaciones analizadas no proporciona datos sobre las remuneraciones de los consejeros de administración, y sólo el 37 por ciento informa de forma desglosada sobre la remuneración individual y los conceptos retributivos de los consejeros. En ese aspecto, se muestra un "retroceso" con respecto a 2008, cuando un 43 por ciento de las empresas informaba de forma desglosada.

Tras la presentación del informe, las organizaciones Greenpeace, Intermón Oxfam, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Fundación Economistas sin Fronteras, y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa lanzaron un manifiesto en el que exigen un "marco legal para promover la transparencia en la información empresarial".

La directora de la campaña de conflictos y Medio Ambiente de Greenpeace, Mabel González, incidió en que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea, instan al gobierno español a que ponga en marcha un marco regulador que fomente la transparencia de la información que aportan las multinacionales españolas sobre sus actividades en los países donde operan y sobre cómo gestionan los riesgos e impactos en materia social y medioambiental.

"Pedimos un marco legal que garantice el acceso social a los datos y a la información de las empresas que tiene un inmenso poder frente a Estados, que a veces no tienen tanto", manifestó, al tiempo que celebró que el ejecutivo español haya puesto por escrito en su agenda política de la UE la lucha contra los paraísos fiscales.

El manifiesto considera que con una información transparente sería posible garantizar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente; luchar contra la corrupción; tomar decisiones en materia de derechos laborales; combatir la evasión fiscal; generar confianza entre inversores y sociedad y que el consumidor conozca las externalidades e impactos asociados al bien o servicio que adquiera.

Agencias.
Fuente: Rebelión

Los Bancos Centrales como problema

Este artículo critica la independencia que los Bancos Centrales en la UE, incluido el Banco Central Europeo, tienen del poder político, lo cual explica que antepongan los intereses de los sistemas bancarios por encima de los intereses generales de la sociedad.

Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos Centrales en Europa (tanto los nacionales como el Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos centrales están gobernados por profesionales apolíticos motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa para la economía productiva y para el bienestar de la población. La gran mayoría de sus directores tienen los intereses del sistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central Europeo así lo confirman.

De ahí que haya sido un error haberles dado plena independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central, muestran la veracidad de esta observación.

Esta independencia de instituciones públicas (como son los bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático de nuestras sociedades, sino también es una medida muy equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales debieran estar supervisados por representantes elegidos por la población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de EE.UU.), al cual rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los Bancos Centrales en Europa, incluyendo el Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos, siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha significado un coste elevado, pues han predominado los intereses del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico productivo, del crecimiento económico y de la creación de empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en los últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de creación de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este hecho. El Banco Central Europeo ha liderado las políticas favorables al sistema bancario, promoviendo como principal objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados intereses bancarios, mucho más elevados que en EE.UU.) y a base de dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3% del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al permitido en la UE.

Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE) se les hubiera permitido tener políticas crediticias más favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público. Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales (incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran denunciar este enorme dominio del capital financiero en los países de la UE, que se basa en la independencia por parte de los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por parte de los representantes de la población.

Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo, atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado español, por parte de la agencia Standard & Poor’s, penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver Sala i Martín, Enterrar a Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica, pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han tenido en causar la crisis actual, están acentuando su intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora extraordinariamente limitado, está causando una gran preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el Washington Post han publicado artículos pidiendo la nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos Centrales que supervisan la banca como agentes independientes, sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se esté considerando la pérdida de tal independencia es un indicador más de la excesiva influencia del capital financiero sobre el poder político.

Vicenç Navarro

Fuente: Sistema Digital

La lenta recuperación económica

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.

Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.

En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.

Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1748/la-lenta-recuperacion-economica/

La economía sostenible

La presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en la política económica del ejecutivo y deja una vez más en entredicho a la oposición de derecha, empeñada por boca de Rajoy en decirle a los ciudadanos que el gobierno no está haciendo nada.

A pesar de lo que se ha dicho, me parece que la ley es necesaria para tratar de corregir el rumbo de la economía española porque, si bien es cierto que esto solo se consigue finalmente cuando los sujetos económicos actuamos de otro modo, para que eso pueda llegar a producirse es necesario que los poderes públicos establezcan al mismo tiempo, y a ser posible con antelación, incentivos y desincentivos adecuados, que proporcionen recursos colectivos suficientes y, en general, un marco normativo de actuación que permita que la actividad se lleve a cabo de un modo o de otro.

Y me parece también, como acabo de señalar, que casi todo lo que está en el anteproyecto es necesario para cambiar de rumbo, aunque entiendo que hay algunas cuestiones que creo que son contradictorias con el objetivo que se pretende (como elevar obligatoriamente la edad de jubilación), otras insuficientes (como los compromisos en materia ambiental) y algunas muy importantes que se han soslayado.

Una observación previa importantes es que, en general, el Anteproyecto está dirigido a reorientar la actividad económica hacia otros sectores productivos, cuando la sostenibilidad tiene bastante más que ver con el cómo se produce que con el qué producir. No basta con que la actividad se reconduzca hacia nuevos sectores sino que, incluso en los que ahora forman la base del modelo productivo, se llevase a cabo de otro modo.

Y, además, eso no tiene que ver solamente con la dimensión material de la producción, que es fundamental, sino también con su inseparable dimensión distributiva (además de la ambiental).

También creo que, aunque no se haga explícito, el Anteproyecto es siervo de un modo de pensar que tiende a concebir, a mi juicio equivocadamente, que la base de la sostenibilidad es el crecimiento, cuando en realidad es más bien al contrario: el crecimiento entendido como un proceso ilimitado es lo verdaderamente insostenible. Digo esto porque de no prevalecer esta creencia, quizá se hubiera puesto más énfasis en las infraestructurales sociales que en las materiales, en el desarrollo de mercados internos más que en la internacionalización de la economía, en la vertebración más que en la competitividad, o más en el bienestar que en el crecimiento. Es decir, que se propondrían construir más escuelas de infancia, por ejemplo, que kilómetros de carreteras o de Aves.

Por otro lado, el Anteproyecto y en general la estrategia de economía sostenible del gobierno apenas si tiene recorrido sobre cuestiones que son centrales y de las que verdaderamente depende que se puedan consolidar un modo diferente de crear riqueza y de distribuirla. Para lograr incrementos de productividad que no lesionen el empleo, para reequilibrar nuestras cuentas exteriores, cuyo déficit volverá a ser insostenible una vez que la actividad se recupere si no se cambia de modelo y de pauta de reparto, para generalizar la innovación en el tejido productivo, para lograr que la economía española sea competitiva a través de vías distintas a la moderación salarial constante (la vía cutre de desarrollo que promueven la patronal, el Banco de España y los académicos que ambos promocionan), para disminuir nuestra dependencia energética o para disponer de los recursos públicos suficientes para favorecer todo ello, hacen falta más medidas y desgraciadamente más contundentes que contiene el Anteproyecto. Aunque cabe desear y esperar que en el iter que le llevará a convertirse definitivamente en ley se amplíen algunos de sus contenidos y compromisos en esos campos.

En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrenta el Anteproyecto es que resultará imposible que la economía española avance hacia una mayor sosteniblidad si no afronta los factores que verdaderamente la limitan hoy día.

Es cierto que la insostenibilidad tiene que ver con un modo de producir que despilfarra y destroza recursos humanos, materiales y medioambientales, que genera residuos que ni siquiera contabiliza y que no repone todos los recursos ni el capital que consume. Pero no solo con eso. Un modelo económico como el actual de España es así mismo insostenible cuando se basa en la polarización de rentas más alta de Europa, cuando su sector financiero sigue una lógica que nada tiene que ver con la financiación de la creación de riqueza productiva y el empleo sostenibles en nuestro interior, cuando solo se propone competir bajando salarios y precarizando el empleo, cuando se jibariza constantemente al Estado y se reduce el gasto público que se necesita para crear el capital colectivo que satisface las necesidades sociales y alimenta y apoya a la iniciativa privada, cuando se deja que su inserción con el exterior sea sumamente dependiente y esclava de las grandes transnacionales o incluso de otros estados, cuando apenas si se hace nada para evitar que casi una quinta parte de la actividad económica sea “en negro” o que las rentas más altas hagan mutis por el foro a la hora de contribuir a la hacienda pública.

Como he apuntado antes, el mayor obstáculo para lograr que nuestra economía sea sostenible material, medioambiental y socialmente son las políticas económicas que vienen prevaleciendo en los últimos años de la mano del fundamentalismo liberal. Ni siquiera las ya de por sí tímidas medidas que se propone llevar a cabo el Gobierno (como está ocurriendo con la emblemática Ley de Dependencia) darán sus frutos sin reorientar la política económica general, sin reforzar las bases del Estado de Bienestar, sin combatir la desigualdad y sin frenar el poder de los grupos industriales y financieros que en definitiva son los que imponen el modelo en el que estamos.

Para avanzar hacia la sosteniblidad de la economía española hay que partir de la aplicación de políticas económicas distintas a las que se han impuesto en la Unión Europa y que aquí defiende la patronal y el Banco de España. Si nuestra economía está en la situación en la que está y por eso se desea cambiar su rumbo y su modelo productivo es un completo absurdo tratar de hacerlo aplicando las mismas políticas que han llevado a la situación en la que estamos y que han fortalecido el modelo que se quiere modificar.

Los grandes centros de poder se esfuerzan por sacar adelante sus propuestas y no debe ser fácil ni grato enfrentarse a ellos pero si el gobierno español desea verdaderamente hacer frente a la situación y no dejar empantanada a la economía española no tiene más remedio que articular un discurso y una práctica política diferente a la que con insistencia proclaman el Banco de España y la patronal. Claro que no lo podrá hacer solo. Precisa del apoyo de su propio partido y de otros de izquierdas, de los sindicatos y, sobre todo, de los ciudadanos.

Publicado en Sistema Digital
www.juantorreslopez.com

Recuperación global

"En la historia sólo hay una certeza: el hombre nunca aprende", dijo una vez el gran Winston Churchill. Esta aguda observación parece confirmarse una vez más con la actitud de los dirigentes de las grandes economías. Todo transcurre como si la salida actual de la crisis debiera hacernos olvidar que no se ha propuesto ninguna gran reforma estructural de la economía mundial. El sistema sigue siendo frágil, y nada nos garantiza que, en un futuro muy próximo, no sufriremos una nueva explosión. De momento, se imponen dos constataciones. Por un lado, la recuperación sólo ha sido posible gracias a una enorme inyección de fondos públicos en el sector privado, es decir, gracias a una contribución masiva del ahorro colectivo para único beneficio de los grandes bancos; por el otro, el retorno de un ligero crecimiento en los países ricos no crea prácticamente empleos, lo que significa que el desempleo sigue estancado o que crecerá aún más. Pero la recuperación global pone también en evidencia las contradicciones que están en el origen de la crisis. Estamos asistiendo en estos momentos a una verdadera guerra monetaria dentro del triángulo Estados Unidos, Europa, China. Estados Unidos sólo ha sido capaz de detener la crisis gracias a dos condiciones: porque los chinos han contribuido ampliamente a ayudarles, al mantener e incluso incrementar sus compras de bonos del Tesoro americano, y porque el monopolio de un dólar muy débil los pone relativamente a salvo de la competencia internacional. El reciente viaje de Barack Obama a China ha confirmado esta complicidad al ratificar de facto la paridad del dólar con el yuan.

La única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas conjuntas

Los europeos han hecho otra elección. El BCE quiere mantener un euro fuerte (cuyo valor de media es de uno y medio con respecto al dólar) y se dispone incluso a subir los tipos. Es en este contexto en el que se ha celebrado la reunión de Nankín, el 30 de noviembre, entre la UE y China. En esta ocasión, los europeos han querido ejercer presiones para que China revalorice el yuan, el cual, debido a su debilidad, proporciona a las mercancías chinas una ventaja comparativa invencible. Desplegamos aquí todos los argumentos: "competencia desleal", ya que los asalariados chinos no disponen prácticamente de derechos sociales ni de seguridad social, "deterioro del medio ambiente", "proteccionismo" del mercado chino, etcétera.

Es un espectáculo divertido ver a los dignatarios de Bruselas, acostumbrados generalmente a proponer rebajas de los derechos de los asalariados europeos en nombre de la flexibilidad del mercado de trabajo y de la competencia internacional, convertirse de golpe en paladines de la justicia social. Pero bueno, les daremos la razón... Sin embargo, la pregunta que queda en suspenso es la siguiente: ¿a santo de qué debiera aceptar China estas conminaciones, ya que lo único que hace es alinearse con el dólar, la moneda mundial dominante? Dicho de otro modo, ¿por qué los europeos no piden lo mismo a los estadounidenses?

El verdadero problema es que el conjunto del sistema monetario está infectado. Actúa sin ninguna lógica. El cuadro es edificante: un dólar más débil que nunca, con una tasa cero, y que sigue chupando del ahorro mundial; un euro fuerte, que permite principalmente a Alemania exportar en condiciones muy ventajosas sus mercancías dentro del mercado único; un yen japonés en alza, que penaliza las exportaciones de este país y, finalmente, un yuan chino imperial, la única moneda que en estos momentos puede competir con el dólar. Si las cosas siguen así, China se convertirá en unos 15 años en la primera potencia comercial del mundo, según la mayoría de los especialistas monetarios. La consecuencia de esta mutación es mecánica: comportará efectos sociales comparables a los engendrados por la dominación del dólar en el contexto de una economía mundial enteramente abierta, es decir, el alineamiento con los modelos sociales más precarios.

En verdad, si queremos establecer una buena gobernanza de la competencia internacional, la única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas fijadas conjuntamente. Durante la cumbre de Londres, se pensó en ello por unos momentos. Viendo que la reunión podía transformarse en un tribunal contra el yuan, el gobernador del Banco de Shanghai sugirió la creación de un patrón común en sustitución del dólar. Respuesta: Obama mandó de urgencia a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, a Pekín para defender el dólar como moneda mundial. Moral de la historia: si los europeos quieren que Pekín les tome en serio, que empiecen primero por barrer delante de su casa, exigiendo a Estados Unidos, como hacen con China, un comportamiento monetario más responsable.

Traducción de M. Sampons.

Sami Nair.

Fuente: El País

La dictadura de los banqueros

El poder político real es ejercido a nivel mundial por un pequeño grupo de individuos sin escrúpulos que se encuentra en EE.UU., un país gobernado por dirigentes de sociedades secretas, que coincide que son los dueños de los seis principales bancos. Este pequeño grupo dirigente constituye el cerebro que domina el mundo”.

Louis de Brouwer, consultor de la ONU-UNESCO.

En las manifestaciones con motivo de la huelga general del pasado 19 de marzo en Francia, la pancarta de cabecera rezaba: “El pueblo antes que los banqueros”. En EE.UU. la furia popular se ha desatado hasta el punto de que se aconseja a los dirigentes de bancos y de AIG que no salgan a la calle con nada que les pueda identificar. En Inglaterra tambien se ha desatado la caza del banquero: Fred Goodwin, consejero delegado del Royal Bank of Scotland, se halla en paradero desconocido despues de recibir amenazas. El pueblo, empobrecido y airado, empieza a identificar al enemigo.

Los ciudadanos asisten estupefactos al espectáculo de unos gobernantes que esquilman las arcas públicas para salvar a una banca que no responde ante ellos, ni ante nadie, sobre el destino del dinero que reciben; unos gobernantes que parecen impotentes o resignados ante ella. La razon de esa parálisis-sumisión es porque, en su inmensa mayoría, están puestos ahí por ella, que los coopta o financia sus campañas electorales (Sarkozy y Gordon Brown son protegidos de la banca Rostchild; y Obama está virtualmente secuestrado por Wall Street); los pocos restantes están estrechamente “vigilados”. Son los gobiernos, pues, los que responden ante la banca y no al revés. Por otra parte, los bancos centrales, supuestamente independientes, son, en realidad, tentáculos del clan banquero para consolidar su poder mundial, y tampoco responden ante nadie ni son elegidos democráticamente (el analista mexicano Alfredo Jalife Rhame se refiere a ellos como “la dictadura centralbanquista”).

No existe en las constituciones ni en los programas electorales de los países con economía de mercado ninguna ley o principio que diga que cualquier empresa privada puede quebrar excepto los grandes bancos, ya que -hayan hecho lo que hayan hecho- “son demasiado importantes para dejarlos caer”. Una declaración semejante supondría una arbitrariedad y una vulneración de las reglas de dicha economía de mercado, salvo que se considerase a los bancos rescatados como empresas semipúblicas, bajo control, por tanto, del Estado; pero en el neoliberalismo la nacionalización de la banca está, por principio, excluída. Y sin embargo el lema -no declarado- “la banca primero” ha estado como una regla de oro detrás del comportamiento de todos los gobiernos occidentales, que saquean sin pudor los fondos publicos (¿no deberían ser procesados por malversarlos?) como si el reflotamiento de la banca privada constituyese una prioridad sobre cualquier otro problema económico o social. Las reticencias para salvar a la General Motors, empresa emblemática de la industria estadounidense, contrastan con la ayuda inmediata e incondicional recibida por el Citibank, ejemplo perfecto de banster (banco ganster). Este inicuo salvamento de los victimarios con dinero de las víctimas, dejando a éstas en el más completo desamparo, no tiene precedentes en la historia de las modernas democracias y desvela que los gobiernos neoliberales son meros instrumentos de una, hasta ahora camuflada, dictadura de Los Banqueros (con mayúscula, para referirnos a la gran banca, pues la pequeña está siendo absorbida por ésta).

El crédito bancario asequible es fundamental para el funcionamiento de la economía productiva capitalista. Su corte brusco y prolongado –y la inoperancia de los gobiernos- está dejando miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y millones de trabajadores en paro. Cuando, tras un largo rescate -el Banco de Inglaterra prevé una década de resaca bancaria- vuelva a fluir habrán desaparecido muchos de los que lo necesitaban y los daños económicos y sociales serán cuantiosos e irreversibles. La reciente reunión del G20 que, presidida por los que crearon la crisis (¡la zorra al cuidado de las gallinas!), se autoarroga la representación del planeta, mantiene el principio de “la banca primero” entre otras medidas para, previo maquillaje, reflotar el sistema y empobrecer más aún a la gente. Como dice Lyndon Larouche, las recetas del G20 “acabarán con el paciente”. Todo ello justifica el calificativo de Juan Torres López de “crimen contra la humanidad” aplicado a esta política.

Un poco de historia

La cita que encabeza este artículo corresponde a unas declaraciones hechas hace más de una década. Sin embargo, pese a la caída de Lheman Brothers (mas bién una estratégica “demolición controlada”) y la absorción de Merrill Lynch, no ha perdido actualidad: el clan de los grandes banqueros sigue siendo, básicamente, el mismo; y a la siniestra secta Bildelberg, presidida por ellos, se la señala como “gobierno mundial en la sombra”. Recientemente, Daniel Kaufman y Simón Johnson, ex economistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional respectivamente, denunciaban un “golpe de Estado” de la banca estadounidense, que en la última década corrompió a los políticos para que evitasen cualquier regulación o control de su actividad, propiciando la aparición de burbujas especulativas. Pero la historia de ese “golpe” viene de mucho más atrás.

Hay que remontarse al nacimiento de la FED (Reserva Federal Estadounidense) en 1913, una asociación de bancos privados que consigue asumir en régimen de monopolio importantes prerrogativas del Estado. Previamente, en el siglo XIX , la familia europea de los Rostchild había desembarcado en EE.UU. para asociarse con John Rockefeller I y formar un poderoso lobby de grandes banqueros e industriales en aquel país. A principios del siglo XX este clan ya había instalado allí diversas sucursales de lo que llamaron Federal Reserve Banks (conocida como la FED), una asociación de bancos privados con tal capacidad de presión que en aquel año consiguió del presidente Woodrow Wilson la autorización para emitir en exclusiva papel moneda con garantía del Estado y manejar los tipos de interés. Se dice que algún presidente que trató de revertir esta insólita situación murió en el intento. Cuando, después de la segunda guerra mundial el dólar sustituye al oro y deviene moneda-patrón, el poder económico-financiero de ese grupo de banqueros privados se expande internacionalmente. Este poder se multiplica hasta convertirse en la cúpula del poder capitalista mundial cuando, a partir de la crisis de los años setenta, la economía se financieriza y liberaliza (consenso de Washington) y el capital financiero pasa a dominar toda la economía productiva.

Como decíamos en otro trabajo, todo poder económico acaba convirtiendose en un poder político. En estrecha alianza con el poderoso complejo industrial-militar, la FED, en efecto, ha acabado controlando la política interior y exterior de la potencia mas grande del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo predecía en el siglo XIX, con profética lucidez, uno de los padres de la patria norteamericana, Thomas Jefferson, cuando, a la vista de las intrigas de los banqueros, avisaba: “Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron”. En esas estamos: millones de estadounidenses duermen en carpas o en automóviles en las afueras de las grandes ciudades.

Para desarmar la dictadura

Como si de un anti Robin Hood se tratara, el G20 busca, con sus recetas, perpetuar la criminal succión de riqueza de abajo hacia arriba; es decir, robar a los pobres para ayudar a los ricos. Ello nos acabaría abocando, como avisan algunos analistas, a una situación neofeudal: todos los derechos y todo el poder económico concentrado en unos pocos que someten a la servidumbre a la inmensa mayoría de la humanidad. Creen poder ahogar su previsible rebelión con sofisticadas técnicas de control social y eliminando a una buena parte de ella con un “caos controlado”. Antes de que estos nuevos señores feudales -que, como los de la Edad Media, son tambien “señores de la guerra”- lleven a cabo sus criminales propósitos y consoliden su dictadura, tenemos que derribar los pilares en que asientan su poder. Esos pilares son cinco: la erradicación de la banca pública, la red de bancos centrales seudoindependientes, los paraísos fiscales, el patrón-dólar y, en última instancia, el poder militar.

Empecemos por los más problemáticos: los paraísos fiscales fueron objeto de una condena formal en la última reunión del G20, pero, en la práctica, seguirán funcionando en los centro del poder financiero, Estados Unidos e Inglaterra. No obstante, la conciencia de su carácter criminal se extiende por el mundo y, si persistimos en su denuncia, cada vez será mas difícil seguir operando con ellos. En cuanto al dólar, atraviesa también una profunda crisis (China, alarmada, pidió sustituirlo por “derechos especiales de giro” del FMI en el G20) y, a la larga, su papel es insostenible por su falta de respaldo y la proliferación de monedas regionales u otros medios de intercambio. Algunos analistas -como el citado Jalife Rhame- piensan que la banca “anglosajona-israelí” desencadenaría una tercera guerra mundial si viese la hegemonía del dólar directamente amenazada. No obstante, ésta sería inevitable con la deshumanizada mentalidad de estos banqueros-guerreros. Como dice Danielle Bleitrach, comentando un trabajo de Rémy Herrera en la revista Afrique-Asie, “las dimensiones económicas y militares de la crisis están estrechamente relacionadas: la guerra agrava los desequilibrios de la economía estadounidense que las altas finanzas tratan de resarcir por medio del saqueo y la guerra perpetua..”.

Mas viable, de forma inmediata, sería una ofensiva contra los otros dos pilares, empezando por la reivindicación de una banca pública sin ánimo de lucro y democráticamente controlada. Como decíamos al principio, la conciencia de la responsabilidad de la banca privada respecto a la grave crisis que padecemos se extiende por todos los países occidentales. La indignación no se circunscribe a las clases populares, sino que abarca también a pequeños y medianos empresarios, víctimas directas del recorte del crédito. Pese a que, previsiblemente, los gobernantes lacayos presentarán una resistencia numantina, no podrían mantenerla por mucho tiempo, pues, a medida que avance la penuria, la presión social les desbordaría: se trata simplemente de exigir que el dinero de nuestros impuestos venga en nuestra ayuda y no en la de la odiada banca. Se trata, como dice Michel Husson, de reivindicar el crédito como un servicio público. La consecución de este objetivo -para el que habría que desplegar y combinar todas las formas de movilización ciudadana- supondría un torpedo en la línea de flotación de la dictadura de Los Banqueros. Facilitaría, además, la ofensiva contra los bancos centrales “independientes”, con los cuales una banca nacionalizada devendría incompatible; y, posteriormente, contra los paraísos fiscales y los gastos militares. En la UE esta movilización debería hacerse en dos frentes, el nacional, el europeo; para intentar coordinarse después con EU, donde la indignación ciudadana es aún mayor.

Decía recientemente el ex congresista y ex candidato presidencial Ron Paul, uno de los pocos políticos estadounidenses que se ha pronunciado por el cierre de la FED, afirmando que es una organización secreta insconstitucional: “Nos acercamos no a un fascismo al estilo Hitler, sino a otro de apariencia más suave, que se manifiesta en la pérdida gradual de libertades civiles, en el que las corporaciones lo dirigen todo... y el gobierno está en la misma cama con el gran dinero”. Le faltó señalar una similitud con el hitleriano: con una confianza ciega en su siniestra “agenda oculta”, este neofascismo sueña también con un imperio que dure mil años. Pero como aquél -y como todos los imperios- nos llevará, si no lo desarmamos, a un escenario de barbarie y destrucción.

Luis Alsó. Attac Canarias