lunes, 26 de enero de 2009

El huevo y la gallina, los banqueros y el dinero

Las entidades financieras españolas se han lanzado a una gran campaña de intoxicación para tratar de convencer a los ciudadanos de que los problemas de financiación que paralizan a la economía productiva española no son culpa suya. Es posible que incluso alcancen su objetivo gracias a que controlan medios de comunicación y a que tienen en su nómina (de modo más o menos explícito) a numerosos académicos, periodistas y líderes de opinión. Pero no dicen la verdad. Su discurso ahora se centra en afirmar que disminuyen el crédito porque no hay demanda suficiente o solvente y no porque sean los propios bancos quienes lo estén racionando por otras razones.

Empezaré por final. Es posible efectivamente que cada vez haya menos demanda solvente para financiación de la actividad productiva pero eso ocurre justamente porque la falta de financiación que han provocado los bancos está ahogando rápida y generalizadamente a los empresarios y a los consumidores.

No se trata de un juego para determinar qué es primero si el huevo o la gallina. Es algo mucho más importante y que puede resolverse objetiva y rigurosamente.

En primer lugar hay que recordar un hecho principal: la banca privada española (y detrás de ella las cajas de ahorros que se han dedicado a copiar su lógica financiera en lugar de estar al servicio de un modelo productivo sostenible y socialmente satisfactorio) han provocado en los últimos años una burbuja financiera gigantesca que ahora mina su liquidez e incluso su solvencia.

Los datos son irrefutables

De 2002 a 2008 (¡sí, sólo seis años!), la cifra de crédito concedido por entidades financieras españolas ha pasado de 701.000 millones de euros a más de 1,838 billones de euros, lo que supone un incremento del 161%. Y lo que es aún más exagerado: el 70% de ese incremento se dedicó a financiar el ladrillo, pues el crédito inmobiliario pasó de 347.000 millones a 1,1 billones de euros creciendo, por tanto, un 219%.

El resultado de esta expansión vertiginosa del crédito no ha podido ser otro que una pérdida de solvencia del sector financiero español (además de crear una burbuja inmobiliaria y una especialización perversa de nuestra actividad productiva).

Sería realmente un milagro inexplicable que las familias y las empresas españolas pasaran de soportar una deuda de 700.000 millones de créditos a otra de 1,8 billones en seis años sin que se afectara su fortaleza económica y su capacidad para hacer frente a los pagos. Y de hecho, lo que ha sucedido es que el volumen de créditos de dudoso cobro ha pasado en este periodo de suponer 9.000 millones de euros a 47.000 millones y que la solvencia de las entidades financieras ha comenzado a disminuir sin remedio. Así lo demuestra, por ejemplo, que el patrimonio neto de las entidades financieras representara el 12,3% del total del crédito en 2002 y el 9,5% en el segundo semestre de 2008.

En consecuencia, es una evidencia clamorosa que la primera causa de la situación actual de restricción crediticia y financiera es que ha explotado la burbuja creada por las entidades. A ello hay que unir además que la banca y las cajas españolas se han contaminado, aunque no haya sido en la misma medida que las de otros países, por la difusión de la basura financiera que la banca estadounidense ha emitido por todo el planeta. No podía ser de otro modo en el entorno de globalización financiera en el que estamos. Y es algo que no se puede negar a la vista de tantas personas como están siendo las que pierden sus ahorros a causa de ello.

En conclusión, las entidades financieras españolas han sufrido y siguen sufriendo el mismo proceso de descapitalización que padece la banca internacional y que incluso puede llegar a calificarse de bancarrota en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, según reconoció en septiembre pasado el mismísimo Paul Volcker. Es por eso que han reducido su oferta de crédito; sencillamente, porque todos los fondos que logran captar los utilizan para tratar de salvar sus balances, bien tapando la pérdida de valor, bien huyendo hacia adelante adquiriendo nuevos activos. Eso es lo que explica, por ejemplo, que los bancos españoles reciban docenas de miles de millones de euros en préstamos del banco central pero que los utilicen para depositarlos allí mismo mientras los sujetos económicos claman por recibir créditos.

Hace unos días, se conocía que el multiplicador monetario de la economía norteamericana era negativo. En román paladino eso significa que los bancos han dejado de desempeñar la función a la que teóricamente está llamada: en lugar de dar combustible, prácticamente roban el que hay en la economía. Eso es lo que está pasando y lo demás es un gran engaño. Y por eso que mientras no se tomen medidas para poner fin a la causa de los males sea imposible evitar que la economía se desempeñe estrepitosamente.

Los gobiernos no pueden limitarse a dar más dinero a los bancos. El agujero que los banqueros han generado yéndose al casino con el dinero de los depositantes es gigantesco. Solo sería resoluble o a base de proporcionar a los bancos descapitalizados sumas impensables que generarían una deuda de volumen hasta ahora quizá desconocido, o imponiendo una especie de “corralito” mundial pero que de llevarse a cabo seguramente provocaría una respuesta en la calle inimaginable. O se permite que el agujero siga aumentando o los gobiernos se hacen directamente con los resortes de la financiación para ponerla al servicio de empresarios y consumidores. Pero deben hacerlo directamente, sin el intermedio de los bancos y cajas, puesto que éstos están utilizando y utilizarán los recursos multimillonarios que se ponen en sus manos para disimular el desastre global que han producido. No hay más remedio. Discutir si fue antes el huevo o la gallina es gratuito. Hay que romper éstos últimos para hacer la tortilla.

Juan Torres López - Sistema Digital

viernes, 23 de enero de 2009

A mercado revuelto, ganancia de banqueros

El Santander y el resto de los bancos españoles más solventes están aprovechando las turbulencias financieras para ampliar su dominio en el mercado, tanto nacional como internacional. Un período de rebajas que no quieren dejar escapar.

Datos, datos y más datos nos recuerdan durante estos primeros días del año 2009 la mala situación que atraviesa el mundo financiero. O mejor dicho, una parte de éste. “Las instituciones que no se encuentran muy contaminadas por los activos tóxicos ni tienen grandes deudas se encuentran ante un trampolín de cara a los próximos años”, explica Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y de la Fundación CEPS.

“El entorno actual permite rescatar bancos en dificultades a precios atractivos, de forma que los grupos saneados crezcan a cuenta de los jugadores más débiles”, afirmaba en octubre, en pleno descalabro de la Bolsa, el director financiero del Santander, José Antonio Álvarez. Una nueva oportunidad de mercado para la banca española tras la época dorada, o más bien aladrillada, que llegó a su fin en 2007.

Desde entonces Santander, BBVA, Popular, Sabadell y Caixa Galicia han puesto en venta su patrimonio inmobiliario para obtener plusvalías y reforzar su liquidez. El próximo en hacer caja sería el BBVA, que recientemente convocaba un concurso de notarios para elegir quién escriturará los traspasos de los edificios. Resultado: 1.000 millones de plusvalías para financiar su nueva sede en Madrid. Mayores beneficios logró en 2008 por esta operación el Santander: más de 1.600 millones. “Ya sabían que el sector inmobiliario iba a caer, intentaban anticiparse al estallido de la burbuja inmobiliaria”, explica a DIAGONAL Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario.

Aunque sí previeron el crash inmobiliario, ninguna entidad lo había hecho con el desplome financiero internacional. “Ha pillado a todo el mundo por sorpresa”, exclama Montero, y corroboran el resto de especialistas consultados por este periódico.

“Los bancos, incluidos los españoles, no tenían por qué dudar de la capacidad financiera de entidades como Merrill Lynch o Lehman & Brothers”, reconoce el economista José Enrique González-Quijano. Ahora ya sí lo hacen. “Estos activos tóxicos son operaciones fuera de balance, entonces nadie sabe la posición de solvencia de sus competidores. Éste es el verdadero problema, no tanto el de liquidez, porque a las instituciones financieras se les está inyectando dinero desde la esfera pública”, explica el propio Montero.


Una crisis, más oportunidades

“Las crisis siempre significan necesidades y oportunidades para el reajuste y la concentración empresarial. Las empresas –productivas o financieras– que tienen dinero aprovechan para comprar o absorber (en este caso es posible que fueran acreedores de las empresas compradas) otras que piensan les serán rentables en el medio plazo”, explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sovereing, ABN Amro, Banco Real, Alliance & Leicester o Bradford & Bingley son algunas de las nuevas firmas que ha adquirido últimamente el grupo de Botín. Nombres para la mayoría desconocidos, pero que la sitúan, según Cotizalia, como la primera entidad en España y Brasil (donde en 2009 tendría previsto despedir a 900 trabajadores), la segunda en Europa y la sexta en EE UU. Una posición a la que también ha ayudado la compra o intercambio de activos a entidades como Fortis, RBS o General Electric. A falta de conocer los resultados de todo el año, hasta el tercer trimestre sus beneficios se elevaban hasta casi los 7.000 millones.

Aunque días después de hacerse público este dato, la entidad reconocía que la estafa de Madoff les imposibilitaría llegar a los 10.000 millones de beneficios en 2008. Además, probablemente, como su filial Banesto, seguirá las indicaciones del Banco de España de no alardear demasiado de sus beneficios. Banesto ha declarado unos beneficios de 779,8 millones, un incremento de sólo un 2% frente a 2007, ya que el ex banco de Mario Conde ha realizado una provisión voluntaria de 60 millones, lo que supone que sus beneficios podrían haberse incrementado hasta un 7%.

Pero el Santander no está solo en esta aventura. BBVA, Sabadell, Popular, Caja Madrid y La Caixa tampoco han desaprovechado las oportunidades que presta el mercado. Y no sólo en el sector financiero, el BBVA también se expande a las telecomunicaciones o al deporte (ver recuadro).

Caja Madrid, a pesar de los líos internos del PP, se ha quedado con entidades como Su Casita (México) o City National Bank (EE UU), es la segunda accionista de SOS Cuétara y la primera en Indra. Por otro lado, La Caixa se ha hecho con el negocio de banca privada en España de Morgan Stanley y con el 100% de las acciones de Port Aventura. Aunque esta última situación podría cambiar si los rumores de que La Caixa busca accionistas se confirman. Y si seguimos por el camino de los futuribles, al Sabadell le sitúan como el mejor candidato para quedarse con el Banco Pastor y, durante 2009, se podrían conocer la concentración de diferentes cajas de ahorro (ver recuadro).

“Es muy probable que el mapa pueda cambiar. Además, para aliviar la presión política sería conveniente la unión de cajas de diferentes autonomías”, apunta Rodríguez.

Donde también está cambiando el escenario es en el accionariado de algunas de las grandes empresas. “En los últimos años la concentración empresarial ha sido financiada por los créditos para tener beneficios y lograr una buena posición estratégica, pero esto también conlleva un importante riesgo”, explica Rodríguez.

Tanto el Santander, como el BBVA son dos de los grandes interesados en que Acciona venda su participación en Endesa a Enel. También es crucial la participación de La Caixa en la operación que podría llevar a la compra del 80% de Spanair por parte de Turismo de Barcelona y Catalana d’Iniciatives.


Más allá del crack financiero

“Desde este verano las instituciones occidentales están intentando sostener el sistema financiero. Se les está proporcionando toda la ayuda que pueden necesitar, rogandoles que sean buenos y den créditos a las pequeñas empresas, pero sin ningún tipo de exigencia. Lo que está pasando totalmente desapercibido es el descenso del salario real, entonces se reduce la posibilidad de compra”, denuncia Etxezarreta.

Según datos de noviembre de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio anual ha descendido en el Estado español de 19.802 euros anuales en 2002 a 19.680 en 2006. Una situación que se ve agravada por el incremento del paro, que ya supera la cifra de los tres millones.

Por contra, los máximos responsables del BBVA, Francisco González y José Ignacio Gorigolzarri, han incrementado entre 2003 y 2007, según el sindicato CGT, sus salarios un 31,8% y un 32,5% respectivamente, hasta lograr una retribución de cinco y cuatro millones de euros. Y por si tuvieran problemas para llegar a fin de mes, en diciembre de 2008, el Gobierno de Zapatero aprobaba una rebaja fiscal de 25 puntos porcentuales para los banqueros y grandes accionistas de las entidades financieras sobre los rendimientos mobiliarios obtenidos en sus propias entidades.

Y si para contrarrestar esta situación se necesita buena imagen, qué mejor que unirse al deporte. Para que la Primera y la Segunda división lleven el nombre de BBVA hasta 2011, el banco pagará 60 millones, mientras que desde 2008 y hasta 2012 la Copa Libertadores, la Champions de América Latina, está patrocinada por el Santander, a cambio de unos diez millones anuales, según el diario uruguayo La República.


Héctor Rojo Letón. Diagonal



martes, 20 de enero de 2009

¿ Cómo estimular la economía?‏

Reducir impuestos no es la vía más acertada para estimular el consumo y el crecimiento económico. Es mejor aumentar el gasto público en actividades que crean empleo, transportes, energías renovables, educación y servicios públicos.

La gente no consume porque no tiene dinero

Existe casi un consenso generalizado (en centros políticos, económicos y financieros, tanto europeos y españoles como estadounidenses) de que hay que aumentar el consumo de productos y servicios por parte de la población a fin de estimular el crecimiento económico que ha descendido de una manera muy acentuada, siendo incluso negativo en varios países de la Unión Europea, incluyendo España. Durante estas vacaciones navideñas hemos oído los consejos que gobiernos europeos y el gobierno estadounidense han dado a sus poblaciones pidiéndoles que compren y consuman más. Tales consejos parecen haber tenido, sin embargo, un impacto limitado. La población y muy en particular las clases populares ya no consumen tanto como consumían antes. ¿Por qué?

Para responder a esta pregunta hay que entender la evolución de las rentas familiares, es decir, el dinero que las familias reciben de las fuentes de ingreso que tienen, de las cuales, la más importante, son los salarios. ¿Qué ha pasado con los salarios? Los salarios horarios (es decir lo que la gente que trabaja recibe por cada hora trabajada) han descendido en los últimos treinta años en la mayoría de países desarrollados. Ni que decir tiene que estamos hablando de promedios, lo cual quiere decir que algunos trabajadores han visto subir su salario horario y otros lo han visto descender. Pero como promedio, los salarios horarios han disminuido. Ello no implica, sin embargo, que el salario promedio haya disminuido. El descenso del salario que el trabajador recibe por hora ha sido compensado con un aumento de las horas que el trabajador trabaja. España es, por cierto, uno de los países de la UE-15 en el que el trabajador trabaja más horas al año (1.655 horas al año, comparado con 1.391 horas en Holanda, 1.576 en Suecia y 1.433 en Alemania). Llegó un momento, sin embargo, que a pesar de aumentar las horas de trabajo por trabajador (bien en el mismo lugar de trabajo o trabajando en varios puestos de trabajo) las familias, a fin de mantener el nivel de vida al cual están acostumbradas, necesitaron que otros miembros de la familia, además del padre, se incorporaran al mercado de trabajo. Esta fue una de las causas de que el porcentaje de mujeres que se han integrado al mercado de trabajo haya aumentado considerablemente en los últimos treinta años (en España el 54% de las mujeres trabajan en el mercado laboral, comparado con 72% en Suecia). Esta integración de la mujer al mercado de trabajo ha sido una de las causas más importantes de que durante muchos años las rentas familiares no hubieran descendido. Pero, así y todo, llegó un momento que las familias no podían llegar a fin de mes, y solo podían hacerlo endeudándose. Endeudamiento familiar pasó a ser un indicador del descenso de la capacidad adquisitiva de las familias. Y tal endeudamiento fue beneficioso para la banca que es la que gestiona y se beneficia de tales deudas. En realidad, el gran crecimiento de las rentas del capital financiero se debe, en gran parte, al creciente endeudamiento de la población.

Tal endeudamiento familiar podía mantenerse pues la gran mayoría de familias tenían un aval, la vivienda de la cual eran propietarias, y que les permitía conseguir dinero prestado del banco. En realidad, el boom de la vivienda, con el incremento tan artificial de los precios de las viviendas, facilitó tal endeudamiento pues al crecer el valor del aval –es decir, de la vivienda- las familia podían pedir prestado el dinero a la banca más fácilmente. De esta manera, tanto los bancos como los propietarios de las viviendas se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, todas las burbujas explotan y la burbuja inmobiliaria no fue una excepción. El desplome del precio de la vivienda (que se calcula que estaba inflado en un 30%) ha creado un problema enorme no solo para las compañías inmobiliarias, sino para la banca y para las familias pues las que tienen hipotecas se enfrentan con una situación en la que el valor de las hipotecas es mucho mayor que el precio real de la vivienda (que debería bajar un 30%). Y las que no tienen hipotecas también salen perjudicadas pues el valor del aval es mucho menor. A partir de ahora, las familias pueden pedir prestada una cantidad mucho menor que antes, y muchas de ellas no pueden conseguir ningún crédito. Ello quiere decir que están profundamente endeudadas y tienen más y más dificultades en pagar el préstamo. Por mucho que las autoridades gubernamentales les pidan a las familias que consuman más, no lo harán. La razón es muy sencilla. No tienen dinero.

¿Cómo, en estas condiciones, se puede estimular el consumo?

Una de ellas es que el Estado dé dinero directamente a la población y muy en especial a las clases populares, que son las que consumen más. Una manera fácil y rápida de hacerlo es reduciendo los impuestos. Esto es lo que hicieron el Presidente Bush en EEUU y el Presidente Zapatero en España. Redujeron 400€ por declarante en Hacienda. De esta manera, casi el 1% del PIB se distribuyó a la población para que aumentara su consumo. Esta es, por cierto, la vía preferida por el partido conservador-liberal, el Partido Popular (así como por el Partido Republicano de EEUU) para estimular la economía. El impacto estimulante de este recorte de impuestos a la economía estadounidense o española fue, sin embargo, muy menor. ¿Por qué? En parte ello se debió a que un elevado porcentaje de las familias gastaron este dinero en pagar sus deudas más que en consumir productos y servicios. En EEUU el 70% de las familias lo utilizó para pagar sus créditos, y el 30% lo utilizó para aumentar su consumo. Existió el problema añadido de que más del 50% de este 30% dedicado al consumo, se gastó en productos fabricados fuera del país, con lo cual tal consumo estimuló el crecimiento económico de los países productores de tales sustancias consumidas pero no necesariamente el de EEUU Es probable que una situación semejante haya ocurrido en España.

De tales datos se deduce que la vía de reducir los impuestos no sea necesariamente la vía más acertada para estimular el consumo y el crecimiento económico. Una vía mucho mejor es aumentar el gasto público en actividades que crean empleo, tales como infraestructuras físicas y humanas (transportes, energías renovables y educación) y en servicios públicos (como sanidad, escuelas de infancia y servicios de dependencia) que utilizan mucha mano de obra y facilitan la integración de las mujeres al mercado de trabajo. Tal integración crea, a su vez, la demanda para nuevos puestos de trabajo en aquellas áreas que la mujer hacía como ama de casa antes de integrarse al mercado de trabajo (creándose una demanda de personal en restaurantes, servicios de limpieza, lavandería y otros servicios). De ahí que deban aplaudirse las medidas propuestas por el gobierno Zapatero en su reciente acuerdo de financiación autonómica de transferir un mayor gasto público en estos servicios públicos gestionados por las CC.AAs. Están equivocadas aquellas voces tanto del PP como de algunos barones socialistas, que pedían un retraso en la resolución de esta financiación autonómica hasta que se resolviera la crisis financiera. En realidad, tales medidas (junto con la reciente aprobación por las Cortes Españolas de la propuesta del Gobierno Zapatero de destinar 8.000 millones de euros a las autoridades locales para infraestructuras y servicios sociales) contribuirán a resolver la crisis, causada en parte por una falta de demanda y consumo interno. Tales medidas, contribuirán también a resolver el enorme déficit de gasto público social de España, todavía uno de los más bajos en la UE-15. La magnitud de tal déficit social (cerca de 52.000 millones de euros) hace estas transferencias insuficientes para resolver tal déficit. Pero al menos representan un paso en la dirección correcta.

¿Cómo pagar este gasto?

El aumento del gasto público puede proceder de varias fuentes. Una es del aumento del porcentaje de la población que pague impuestos mediante el aumento de la población activa, tal como ha ocurrido en los últimos veinte años. Otra fuente es el aumento de la carga fiscal por contribuyente, área en la que hay mucho por hacer no solo en la corrección de las reformas fiscales regresivas realizadas primordialmente por el gobierno conservador anterior (que han mermado los ingresos al estado), sino también a base de reducir el escandalosamente alto fraude fiscal que representa, según la propia agencia tributaria del estado español, un 10% del PIB. Pero otra fuente también importante de ingresos al Estado es permitir que el Estado pida préstamos, aumentando el déficit y por lo tanto la deuda del Estado, medida que adquiere importancia en países como el nuestro, con una carga fiscal baja; una de las más bajas en la UE. Los países escandinavos, de clara tradición socialdemócrata, con elevados impuestos, necesitan recurrir menos al déficit público (como medida estimulante del crecimiento económico) que el resto de la UE-15. Ahora bien, la confluencia de tener unos impuestos (como porcentaje del PIB) bajos y un déficit escaso no es una receta para estimular el crecimiento económico de un país en recesión. Desde este punto de vista, las restricciones del gasto público (determinadas por el Pacto de Estabilidad de la UE) son un impedimento para estimular el crecimiento económico. La Unión Europea, podría haberse construido de una manera diferente y a no ser que se hagan cambios en el Pacto de Estabilidad y en la política monetaria del Banco Central Europeo, los gobiernos europeos, y muy en especial el gobierno español tendrán grandes dificultades en resolver la crisis actual.

Una última nota

La prensa escrita española, cuyas páginas económicas tienen –con notables excepciones- un sesgo conservador liberal muy marcado, ha dado gran visibilidad a la reducción de los impuestos en la propuesta de recuperación económica hecha por Obama, sin aclarar o citar que la mayoría de medidas estimulantes (el 60% de ellas) no están basadas en recortar impuestos sino en invertir en áreas sociales y ecológicas para crear empleo (Ver Navarro, V., "Políticas Públicas para resolver la crisis". Sistema Digital. Enero 10-17,09). Los recortes a los impuestos fue el compromiso que tuvo que hacer para conseguir el apoyo del Partido Republicano. (Por Vicenç Navarro-Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra, España, y Profesor de Políticas Públicas de la The Johns Hopkins University, EEUU/Attac)

lunes, 19 de enero de 2009

La insoportable levedad del IPREM

El Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 aprobada en el Congreso de los Diputados, ha decidido actualizar la cuantía del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) con un incremento del 2% equivalente al objetivo de inflación para 2009 y no con la evolución del IPC al mes de noviembre, 2,4%, como reclamaban los sindicatos UGT y CC.OO.

Según indica UGT en un comunicado en el que protesta por la escasa subida del SMI: “El sindicato tampoco comparte la decisión de aumentar el 2% el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), cuando ambos sindicatos habían solicitado un aumento del 2,4%, correspondiente a la evolución de la inflación de noviembre”.

Hablando en plata es una expresión que significa “hablando claro”, aunque parece un contrasentido al referirse a la irrisoria cantidad de 1,66 euros al mes que es la que le habría parecido adecuada a los sindicatos mayoritarios. A tenor de lo manifestado por éstos, sería más propio decir que hablan en calderilla a la hora de cifrar sus reivindicaciones del subsidio por desempleo (413 euros mensuales en 2008) que pasará a ser de 421,26 euros, en lugar de los 422,91 euros que querían los sindicatos. Esas cuatro perras de diferencia poco aumentarán la capacidad adquisitiva del subsidio, único ingreso con el que habrán de sobrevivir los desempleados de larga duración una vez que agoten el tiempo de percepción del seguro contributivo.

Por si usted no sabe, y nunca se atrevió a preguntar, que es el IPREM, aclaremos que esas siglas de la jerigonza administrativa tienen que ver con la decisión del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero de emprender subidas progresivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en los 600 euros mensuales que alcanzó en 2008. Cifra que, sin ser como para tirar cohetes, elevaba algo el bajísimo nivel en que se hallaba en aquel momento. El Real Decreto-Ley 3/2004, que ordenó la subida del SMI, incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones sociales hasta entonces referenciadas a este indicador, creando una base distinta, al que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es menor que el SMI.

Una de las prestaciones afectadas por esa reforma fue el subsidio por desempleo, prestación que constituye la última red de protección social a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema.

Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. De manera que cuando el salario mínimo alcanzó el modesto nivel de 600 euros, a diciembre de 2008, el subsidio era de 413 euros. Con el agravante de que este subsidio se percibe en 12 pagas, no en 14 como el SMI.

Queda para los investigadores de la historia de la protección social averiguar qué extraña paranoia miserabilista invadió la mente de los redactores de ese decreto creador del IPREM. Pues mientras que, por un lado, se desvincula el subsidio del SMI, por otro lado, se estipula que, entre las severas condiciones impuestas al perceptor, una de ellas será la de no obtener por otras fuentes ingresos superiores al 75% del SMI, excluidas las pagas extras. Es decir, se paga en función del IPREM y, sin embargo, se condiciona en función del SMI. Algo falla en esa lógica, seguramente debido a la tremenda disonancia cognitiva a la que debieron verse sometidos sus redactores al meterse en camisa de once varas para precarizar una prestación que ya era paupérrima

Y es que, aunque resulte sorprendente, fue la cúpula de uno de los principales sindicatos “de clase” del país la que se opuso a que los subsidios por desempleo se beneficiaran de la subida del SMI iniciada por el Gobierno a partir de 2004. En el curso de una reunión mantenida en Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el entonces secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, pidió esa desvinculación del subsidio por desempleo de las subidas futuras del SMI. Según el secretario de CC OO, mantener la indización de los subsidios por desempleo al SMI puede elevar excesivamente el coste de la protección. (”Fidalgo pide a Zapatero que no suba el SMI del desempleo” Cinco Días, 21-05-2004).

UGT no defendió esa posición, pero tampoco se opuso a ella, de manera que la objeción tomó cuerpo en el decreto. Esa frivolidad del señor Fidalgo en su asesoría al Gobierno le está costando muy cara a millares de personas, especialmente a los desempleados de larga duración, muchos de ellos situados en edades que rebasan la cincuentena y, por tanto, en situación de difícil empleabilidad. Han sido condenados a vivir por debajo del umbral de pobreza para siempre. Pues cuando les llegue el momento de cobrar pensión, ésta también se calculará tomando como base el SMI. Es decir, que serán pobres ahora y en la hora de su jubilación. Amén.

José Antonio Pérez - Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía - ATTAC Madrid

jueves, 15 de enero de 2009

Attac: diez años contra el neoliberalismo

Han transcurrido once años desde que apareciese en Le Monde Diplomatique el artículo de su director, Ignacio Ramonet, Desarmar los mercados financieros, y que sin duda fue premonitorio entonces.

Las bolsas de medio hemisferio habían padecido el tifón provocado por la profunda crisis financiera que azotó por aquellos años las economías asiáticas. «La mundialización -decía Ramonet-, cuyo principal motor es la optimización a escala planetaria del capital financiero, está ponien­do a los pueblos en estado de insegu­ridad generalizada». No se equi­vocaba. La avidez especulativa y la desregulación de las transacciones financieras, actuando al margen del poder democrático de los estados, se han encargado de hacer cierto aquel presagio. Una dejación que ha permitido que el capital financiero haya crea­do su propio estado supranacional, «que dispone de sus aparatos, de sus redes de influencia y de sus propios medios de acción». Ahí están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y la Organización Mundial del Comercio.

Su discurso de la exaltación de las «virtudes del mercado» y de su presunta capacidad de «autorregularse», convertidos en la regla de oro de la economía, han conseguido sumirla en la profunda crisis que ahora padecemos. Los incontestables hechos recientes han triturado en mil pedazos tanta palabrería interesada.

La avidez especulativa, que ha transformado en moneda de cambio cualquier activo intercambiable en los mercados financieros -detrayendo recursos de la economía real-, es la responsable del hambre y de la pobreza que padecen millones y millones de seres de nuestro planeta.

Ramonet tenía razón: «El desar­me del poder financiero debe convertirse en un objetivo de interés cívico de primera magnitud», y en ese sentido proponía tres medidas para conseguirlo: «Supresión de los paraísos fiscales; aumento de la fiscalidad en las rentas del capital; aplicación de tasas sobre las transacciones financieras.»

Aquel famoso editorial dio su fruto. Un año después se creaba en Francia la organización altermundista Attac (Asociación por una Tasa de las Transacciones Financieras Especulativas y Ayuda al Ciudadano). La idea de Attac se esparció rápidamente por todo el mundo, fundándose los distintos Attac en Europa, América Latina, Norte de África.

Durante esta década, Attac ha participado en los foros sociales mundiales que se han organizado; en plataformas de la lucha contra la pobreza en el mundo; en la defensa de los Objetivos del Milenio establecidos por Naciones Unidas, cuya consecución parece cada día más imposible dada la insuficiencia de recursos que actualmente se destinan como ayuda al desarrollo -ridículos en comparación a los miles de millones de dólares, libras y euros dedicados a salvar al sistema bancario internacional-; ha publicado documentos en contra de la actual deriva neoliberal por la que transcurre el proceso de construc­ción europea, así como emitido análisis sobre la actual crisis sistémica que padecemos (financiera, económica, alimentaria y medioambiental); organizado mul­titud de seminarios por toda España difundiendo sus objetivos y propuestas, etc.

Sus planteamientos han sido tan coherentes para tratar de com­batir este neoliberalismo depredador, que se han sumado a su causa, como miembros de su comité de apoyo, intelectuales co­mo Federico Mayor Zaragoza, José Luis Sampedro, José Saramago, José Vidal Beneyto, Víctor Erice, Carlos Berzosa, Caballero Bonald, entre otros -imposible citar a todos en tan breve espacio-, respaldando con su presencia este combate cotidiano por una justicia fiscal global.

Attac, que no opta por alcanzar poder político alguno ni trata de establecer una determinada forma de organización de la sociedad -cree que deben ser los ciudadanos y ciudadanas quienes elijan aquello que prefieran-, sí está comprometida en difundir su discurso altermundista para que la ciudadanía decida poner fin al enloquecido modo en el que se está gobernando esta infernal globalización neoliberal, diciendo basta a tanta injusticia planetaria.

Es por ello que Attac defiende con firmeza:
- La desaparición, ya, de los paraísos fiscales, refugio de capitales de procedencia criminal, del fraude y de la evasión fiscal.
- La democratización de los organismos internacionales (FMI, BM, OMC), ampliando la participación de países en su gobierno y toma de decisiones.
- La implantación de un impuesto o tasa sobre las transacciones financieras internacionales (el 0,1%) para combatir la pobreza en el mundo, administrado por un nuevo FMI.
- La implantación de sistemas fiscales progresivos que eviten la competencia fiscal desleal entre países, con potentes sistemas de inspección que castiguen la evasión y el fraude.
- La construcción de una Europa de los ciudadanos en la que sean los principios democráticos y representativos los que inspiren el funcionamiento de sus instituciones.

Y ello nos exige un permanen­te diálogo con las distintas organizaciones progresistas de la sociedad civil. Porque es evidente que cuantas más ciudadanas y ciudadanos tomemos conciencia de estos problemas y unamos nuestros esfuerzos, antes los poderes públicos se verán obligados a rectificar. Un diálogo también con los partidos políticos, que dejando clara nuestra absoluta autonomía respecto a ellos, en absoluto nos molesta -todo lo contrario-, que incorporen en sus discursos nuestras reivindicaciones y propuestas, como parece ser el caso de algunos partidos progresistas, aunque mucho mejor sería las trasladasen a sus decisiones de gobierno.

Afortunadamente, en fin, el mensaje de Ramonet no cayó en el vacío. Hoy, miles y miles de ciudadanas y ciudadanos de todo el planeta, en nombre de Attac, están junto a otros muchos, combatiendo esta globalización neoliberal tan destructiva, con la ilusionada fuerza que proporciona la convicción de que otro mundo es posible.
Manuel Moret. Presidente de Attac-PV.

miércoles, 14 de enero de 2009

Confusión entre renta y riqueza

Es corriente oír hablar de la riqueza como si de la renta o el producto se tratara. Por ejemplo, he leído hace poco en este mismo periódico que “nuestro país produce aproximadamente el 2,5% de la riqueza total del mundo…”, cuando tal comparación sólo cobra sentido si se refiere a las estimaciones de la renta o producto español respecto al agregado mundial. Esta confusión del flujo de renta con el stock de riqueza, tan habitual en los medios, no sería preocupante si no manifestara la aceptación de ideas que encarrilan la reflexión económica por los enfoques más convencionales y mistificadores.

Pues esta confusión divulga –tal vez sin tener clara conciencia de ello– una versión extremada del reduccionismo monetario imperante que, al expresar todas las riquezas singulares en dinero, llega a confundirlas con él y presenta al dinero como forma suprema de riqueza. El triunfo de esta visión virtual y pecuniaria de la riqueza confunde la riqueza misma con su medida monetaria e induce a considerarla productible y acumulable, al tratarla como un simple stock de dinero que se puede someter a crecimientos exponenciales inviables en el mundo físico.

Estos esquemas simplistas ignoran aspectos esenciales del mundo que nos rodea y de las clasificaciones contables habituales. La propia riqueza monetaria se descompone usualmente en activos reales y financieros. Entre los primeros figuran activos “no reproductibles”, como el territorio con sus recursos naturales, que no se producen, sino que se utilizan, extraen y/o deterioran, originando el problema ecológico-ambiental de fondo propio de la sociedad industrial. Pese a que las cuentas de patrimonio disponibles acostumbran a soslayar este problema diluyendo el valor del patrimonio natural entre los activos inmobiliarios, aportan informaciones que desmienten la idea del mundo económico que ofrece el reduccionismo antes mencionado. Pues muestran que el valor monetario de los activos y del patrimonio neto que componen la riqueza nacional, depende más de sus precios que de su hipotética producción. En el caso de la economía española, según mis estimaciones, las revalorizaciones explicaron el 67 % del aumento del valor del Patrimonio Neto Nacional y el 77 % del Patrimonio Neto de los Hogares registrados entre 1994 y 2007.

Por otra parte, los activos inmobiliarios (tierras e inmuebles) suponen actualmente el 85% de los activos reales del país, correspondiendo solo el 15% restante al inmovilizado material compuesto sobre todo por instalaciones y equipos industriales o de servicios. Si a esto añadimos que en los países ricos los servicios aportan el grueso del producto nacional (el 77% en los EEUU, el 71% en España…) y que sus tasas de ahorro son inferiores a las de los países pobres o “emergentes”, vemos que su riqueza tiene poco que ver con la épica de la producción material y del ahorro.

Lo anterior muestra que el desarrollo, más que una cuestión de producción, es hoy una cuestión de poder y posición que otorga a los países ricos una capacidad de compra sin precedentes sobre el mundo, permitiéndoles ejercer como atrayentes de capitales, recursos y población del resto del mundo. Más que aportar riquezas reales al mundo, los países ricos tienden hoy a succionarlas, produciendo como contrapartida riquezas virtuales en forma de productos financieros o baratijas de la sociedad de consumo, actualizando ese intercambio desigual de oro y esmeraldas por espejitos y cuentas de vidrio que, en su día, mantuvieron los colonizadores con los aborígenes americanos.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico

Diario Público



viernes, 2 de enero de 2009

El gobierno español frente a la crisis financiera

Cuando lleguen las elecciones generales de 2012, aun se estará discutiendo si hemos salido o no de la crisis económica, pronosticaba un periodista muy solvente, argumentando sobre la profundidad de la burbuja inmobiliaria española que ha estallado y sobre las consecuencias derivadas del modelo económico gestado en la última década, apoyado en la opacidad financiera y en políticas gubernamentales neoliberales.

“Lo que golpeó a España fue una combinación de sus propios excesos y los efectos de los activos financieros tóxicos foráneos”, afirmaba el semanario británico The Economist en su reportaje especial de Noviembre pasado. Y nos recordaba que cuando estalló la crisis crediticia en agosto de 2007 España bullía frenética levantando edificios con un número anual de viviendas superior al de Francia, Alemania e Italia; y a ese frenesí constructor contribuían las políticas de dinero barato tras la adopción del euro. A lo que hemos de añadir la expansión del crédito y de la banca incentivada por la globalización financiera, que ha conducido al dominio de la economía real por las finanzas en un grado próximo al de Alemania, con el desmesurado endeudamiento de empresas y particulares; un rasgo acusado de la economía española y elemento clave de la actual crisis económica.

La apertura financiera a los centros offshore

Uno de los elementos que han llevado a la crisis de las bolsas, según los análisis críticos más solventes (Roubini) ha sido el llamado “sistema bancario en la sombra” (the Shadow Banking System) que comprende fondos especulativos o de alto riesgo (hedge funds) y “finanzas estructuradas” (conduits, CDS, SIVs ) con sus instrumentos artificiosos de nombres raros para la conversión de las deudas en activos financieros, pero excluidos de la contabilidad oficial de los bancos. Toda una banca paralela ligada a la gran banca que mediante el endeudamiento desmesurado (apalancamiento) disemina riesgos creando una superabundancia de crédito, sin control ni supervisión de las autoridades, y apoyándose en filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en los centros financieros offshore conocidos como paraísos fiscales, como revelan los rescates del Bear Stearns, Northen Rock Bank, Dexia, Fortis o los landebanken alemanes. Una creación artificial del crédito para la especulación financiera e inmobiliaria descontrolada en detrimento de las empresas productivas y de los ciudadanos.

Y esos mecanismos de la “banca en la sombra” han sido utilizados por la banca española globalizada vía filiales y sociedades en las Caimán, Jersey u otros centros offshore. Aunque, el 9 de Julio último, aprovechando las jornadas del VIII Encuentro Financiero Internacional organizadas por Caja Madrid, el Secretario General de la Asociación Española de Banca, Pedro Pablo Villasante, negaba que los bancos españoles hubieran utilizado las ventajas de la “banca en la sombra” argumentando que “el sistema bancario español era fuerte u resistente frente a un entorno económico difícil” porque carecía de ” inversiones en instrumentos tóxicos” y no tenía ” vehículos fuera del balance supervisado”; sosteniendo que en general era ajena al problema de las hipotecas subprimes generadas en los EEUU por ser una banca minorista de clientes (no de productos financieros) con una gestión eficiente.

Sin embargo, es un hecho que los valores llamados tóxicos, ligados a esas hipotecas estadounidenses sin garantías, también han llegado a España; aunque no hayan dado lugar a rescates bancarios con dinero de los contribuyentes como en el Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y desde luego, nadie discute que nos han traído una recesión económica al pincharse la burbuja inmobiliaria generada por el dinero barato y por ese exceso de crédito de un sistema financiero globalizado e insuficientemente controlado.

Para muestra, la liquidación de la sucursal en Madrid del quebrado banco de inversiones Lehman Brothers, con el despido de sus empleados incluido su máximo ejecutivo, Luis de Guindos ex Secretario de Estado del gobierno Aznar. Otro afectado por esa misma bancarrota ha sido Bankinter del Grupo Santander, que colocó “bonos estructurados” a 980 clientes con inversiones superiores a los 50,000 euros y que no se enteraron que en el contrato se les advertía que podían perder el 100% de la inversión y ahora reclaman a Bankinter un arreglo, según la prensa (Cinco días, Madrid 23/10/2008) .

El hecho, por tanto, es que España ha estado sometida al riesgo de las hipotecas subprimes porque estamos en el “espacio financiero europeo”; que es como se define oficialmente la Unión, sin fronteras para el capital que entra y sale libremente y sin supervisión comunitaria para las operaciones bancarias y de bolsa que van más allá de las fronteras de cada Estado miembro. De ahí que en lugar de ofrecerles protección frente a la globalización, la UE crea serias vulnerabilidades para cada Estado miembro en materia financiera, tributaria y frente a la delincuencia económica, como hemos documentado en La Europa opaca de las finanzas (Icaria, 2008).

Más aún, respetando el paradigma neoliberal aún vigente, los planes europeos para el rescate y/o ayuda a los bancos no les requieren que eliminen las estructuras de “banca en la sombra” basadas en centros offshore que se mantienen intactas. Por lo que esas intervenciones de los gobiernos no han logrado restablecer la confianza en el funcionamiento del sistema bancario que era su propósito político declarado. Por tanto, son ocasiones perdidas para demostrar que es cierto que el combate contra los paraísos fiscales que a menudo proclama Nicolás Sarkozy y Fillon su primer ministro.

De la misma manera que el documento denunciando los paraísos fiscales que, según algunos medios de comunicación, llevaba el gobierno español a la cumbre de Washington, habría podido ir acompañado de alguna medida concreta, como la que le solicitó en 2005 Attac-España para que no sean reconocidas en nuestro país las sociedades registradas en paraísos fiscales donde carecen de actividad mercantil local. Y los recientes decretos y reglamentos que regulan el nuevo fondo multimillonario de apoyo y de avales a los bancos españoles tampoco incluyen ninguna disposición que exija, a quienes se beneficien de esa financiación pública extraordinaria, que supriman sus filiales en paraísos fiscales, donde la opacidad del offshore está garantizada.

El peso de los paraísos fiscales en las finanzas españolas

Las cifras oficiales de los flujos de fondos de España hacia los paraísos fiscales son significativas aunque incompletas y se registran como inversión bruta en el exterior en la información ofrecida por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, como hemos analizado en el citado libro; destacando las islas Caimán, Panamá, las isla Vírgenes británicas y demás jurisdicciones offshore catalogadas así por la legislación española.

Y más de la mitad de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades o empresas participadas en países y territorios considerados paraísos fiscales, según registra El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una entidad que agrupa ONGs españolas y confederaciones sindicales. En un documento de 2008 titulado La responsabilidad social corporativa, que analiza las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, se relacionan aquellas que disponen de filiales y sociedades en centros offshore; como Ferrovial, Repsol-YPF, Telefónica, Inditex o el Grupo Prisa; y los bancos BBVA, Popular, Banesto, Sabadell o Banco Santander. Y ya sabemos que el secretismo del offshore permite a esas sociedades instrumentales efectuar transacciones financieras opacas exentas de impuestos.

¿A cuanto alcanza la evasión y el fraude fiscal vía paraísos fiscales? Pues se ignora. Nunca la Comisión europea ha publicado un informe; ni el gobierno español parece interesado en conocer su alcance real. El dato de referencia ocasional es que la economía sumergida gira en torno al 20 % del PIB (1.1 billones $) que como se ha aireado sitúa a la economía española en el octavo lugar del mundo. Por lo que sí multiplicamos las dos cifras, tendremos como estimación que la economía oculta, la que no paga impuestos, gira en torno a los 220,000 millones de dólares anuales; casi toda esa cifra relacionada con la actividad de los países y territorios catalogados como paraísos fiscales.

Y es sabido que el descontrol de esas finanzas paralelas reduce seriamente los ingresos públicos, como reiteradamente ha denunciado la Asociación profesional de inspectores de Hacienda en sus documentos, porque los planes antifraude fiscal se centran exclusivamente en las rentas declaradas. Y las carencias de la política gubernamental limitan la actuación de inspectores y juzgados frente a la evasión fiscal y la delincuencia financiera. Así tenemos que el Banco de España, según informa el FMI, no ha conseguido alcanzar acuerdos de supervisión con el INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances) “debido a las restricciones para el acceso de los supervisores de los bancos extranjeros a la información nominativa de los clientes de esos bancos”

(IMF Country Report Nº 07/69 Febrero 2007. Andorra: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation) Y Andorra, con la anuencia española, tiene suscritos acuerdos bilaterales con la UE que le permiten usar el euro y la entrada y salida libre de fondos más otros beneficios del Eurogrupo, a pesar de su negativa a ingresar en la Unión.

Otro ejemplo de la carencia de política gubernamental contra las finanzas opacas, se relaciona con la aplicación de la directiva europea de 2003 sobre la fiscalidad del ahorro particular. Ninguna información ha sido publicada sobre los resultados de los acuerdos bilaterales que España suscribió en Julio de 2005 con el Reino Unido, referidos a las islas Caimán, Anguila, Montserrat, Turcas y Caicos y Vírgenes Británicas; con Holanda, sobre las Antillas Holandesas y Aruba; y directamente con los gobiernos insulares de Man, Guernesey y Jersey. Estos convenios obligan al intercambio de información tributaria con España o a la aplicación de una retención fiscal local sobre los pagos de intereses por depósitos bancarios, que se abonen a personas físicas titulares residentes en España. Aunque esa directiva excluye las sociedades instrumentales offshore y otras entidades ficticias inventadas en los centros offshore para la evasión fiscal en los demás países y el blanqueo de capitales.

La deficiente política antiblanqueo y contra la corrupción inmobiliaria

Actualmente, las noticias sobre la crisis están tapando la ausencia de una política gubernamental seria contra esa lacra de la corrupción municipal inmobiliaria y el blanqueo de capitales que llenan las páginas de los diarios. Porque España desconoce la tercera directiva antiblanqueo, igual que algunos otros socios europeos. Precisamente por los reiterados escándalos financieros en los últimos años, en 2005 la Unión aprobó la nueva directiva europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, aplicable en el Espacio Económico Europeo (por tanto, en Liechtenstein) y que apunta contra la disponibilidad de los paraísos fiscales extraterritoriales europeos, sin mencionarlos expresamente. Pero esta tercera directiva antiblanqueo ha sido ignorada por los gobernantes que no han cumplido la obligación de su transposición a las legislaciones nacionales, que tendría que haberse producido antes del 15 de diciembre de 2007. Pero no se ha hecho; todo un escándalo europeo silenciado por los medios de comunicación, en particular los españoles.

Hasta el punto que, aunque con notable retraso, el pasado 5 de Junio, la Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción contra España, Alemania, Francia y Portugal y hasta quince Estados miembros por no haber convertido en leyes esa tercera directiva. Y se trata de medidas para coartar la actividad de los centros offshore, como la obligatoriedad del intercambio comunitario de información sobre los paraísos fiscales offshore; la extensión de la normativa comunitaria a las filiales y sucursales extracomunitarias; la banca corresponsal; y las operaciones financieras sin la presencia física del cliente y con los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos. Para su aplicación tanto al sector financiero como al profesional, que deberían identificar y comprobar la identidad de su cliente, entre otras medidas.

Pero la presión soterrada de la banca y los operadores financieros, que se oponen entre bastidores a cualquier medida que implique un control sobre sus actividades, han empleado a fondo sus contactos con gobiernos, incluido el español, para retrasar su aplicación. Mientras la izquierda parlamentaria sigue sin enterarse que estas son hoy las cuestiones de gobierno que significan avanzar en el control político del poder financiero.

Juan Hdez. Vigueras - Comité Científico de ATTAC España