viernes, 20 de diciembre de 2013

Los orígenes del sistema financiero

A propósito de los cien años de la Reserva Federal que se celebran la próxima semana, hablaremos un poco de los bancos centrales, describiendo su historia, sus funciones y sus objetivos de política. Los bancos centrales emergieron en los países industrializados de occidente mucho más tardíamente que los bancos privados. Hay señas de bancos privados 2.000 años antes de Cristo, lo que indica que los bancos privados tienen una data de 4.000 años. Pero los bancos privados se potenciaron a medida que el sistema mercantilista de los siglos XV, XVI y XVII generó la necesidad de almacenar en forma segura el oro y los metales preciosos que llegaban a Europa provenientes del saqueo en los confines del mundo. La corriente mercantilista señalaba que el atesoramiento de los metales preciosos era la clave de la prosperidad de los países y la familia Médici detectó las ventajas del atesoramiento y ofreció los servicios de la custodia del oro a otras ricas familias europeas.

Los bancos centrales nacieron en el fulgor del mercantilismo y surgieron como mediadores financieros de los bancos privados. En un principio los bancos centrales se encargaban de facilitar los pagos entre los bancos privados, pero no siempre tuvieron el rol de ser prestamistas de última instancia cuando un banco carecía de liquidez. Con el tiempo se convirtieron en la autoridad responsable de las políticas que afectan la oferta de dinero y el crédito. Luego fueron incorporando herramientas para operaciones monetarias de políticas de mercado: préstamos por ventanilla a la banca privada, cambios en las exigencias de reservas que podían afectar las tasas de interés a corto plazo, y el control de la base monetaria para lograr objetivos de política económica.

En la actualidad existen tres objetivos fundamentales de política monetaria que administran los bancos centrales. El primero y más importante es la estabilidad de precios o la estabilidad en el valor del dinero. Esto significa mantener una baja tasa de inflación, con un objetivo actual del 2 por ciento. El segundo objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica para evitar las perturbaciones financieras. Esto significa que se espera que la política monetaria aplique medidas para suavizar el ciclo económico y compensar los shocks de la economía. El tercer objetivo es la estabilidad financiera y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos. Esto significa la existencia de un sistema de pagos eficiente que de credibilidad a todo el sistema.

Los primeros bancos centrales 

La historia de la banca central se remonta al menos al siglo XVII, con la fundación de la primera institución reconocida como un banco central, el Banco de Suecia. Este banco se estableció en 1668 con un fondo de acciones de los bancos privados y se destinó a prestar fondos al gobierno y actuar como centro de intercambio para el comercio. Casi tres décadas más tarde, en 1694, se creó el Banco de Inglaterra, que sería el más famoso banco central durante casi 300 años. Este banco también se fundó como una sociedad por acciones para la compra de deuda pública. Los otros bancos centrales que se establecieron más tarde en Europa tuvieron la misma concepción: eran una rama de la banca privada que se destinaba a lidiar con el desorden monetario y a prestar a los gobiernos. Por ejemplo, el Banco de Francia fue creado por Napoleón en 1800 para estabilizar la moneda después de la hiperinflación del papel moneda generado durante la Revolución Francesa y las conquistas napoleónicas, así como para ayudar en las finanzas del gobierno. Estos primeros bancos centrales emitían notas privadas que servían como moneda, y pronto adquirieron el monopolio en la emisión de esta notas de deuda.

La experiencia de Estados Unidos no fue la excepción a esta regla de bancos centrales originados desde el oligopolio de la banca privada. A principios del siglo XIX, Estados Unidos creó el Banco de los Estados Unidos (1791-1811) y luego un segundo Banco de los Estados Unidos (1816-1836) tras el cierre del primero. Ambos bancos se establecieron siguiendo el modelo del Banco de Inglaterra. Pero a diferencia de los británicos, los estadounidenses tuvieron una desconfianza profunda de cualquier concentración de poder financiero en general, y de los bancos centrales, en particular. 

Tras el fin del segundo Banco de Estados Unidos siguió un período de casi 80 años caracterizado por la inestabilidad financiera. Entre 1836 y el inicio de la guerra civil, Estados Unidos no tuvo un banco central y los bancos privados dominaban el sistema en el más absoluto desorden. La falta de regulación permitía entrar y salir del sistema financiero con gran facilidad. A lo largo de estas casi ocho décadas las quiebras bancarias eran frecuentes (hubo varios pánicos bancarios), como también el nacimiento de nuevos bancos. El sistema de pagos era notoriamente ineficiente dado que cada banco imprimía sus propios billetes y cundían las falsificaciones. 

En el período de la Guerra Civil (1861-1865), Abraham Lincoln creó el primer y único Banco Central público del país, con el objetivo de garantizar los pagos de guerra. Esto permitió mejorar la eficiencia del sistema de pagos y proporcionar una moneda uniforme basada en los billetes de los bancos estatales. Este Banco Central no tenía la facultad de ser prestamista de último recurso, pese a estar en un época plagada de graves pánicos bancarios. Pero este Banco Central público sucumbió tras el asesinato de Lincoln. Hay tesis que sostienen que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, también fue el resultado de patrocinar la idea de un Banco Central público para Estados Unidos y hacer que el Tesoro se encargara de la emisión de billetes.

El origen la Reserva Federal

La crisis financieras que se sucedieron en Estados Unidos tras el fin de la Guerra Civil tuvieron en 1907 la gota que colmó el vaso. Esto fue lo que condujo a la creación de la Reserva Federal en 1913, en una reunión de los principales banqueros del país. La Reserva Federal recibió el mandato de proporcionar una moneda uniforme y elástica que diera amplia cabida a los movimientos estacionales, cíclicos y seculares de la economía de Estados Unidos, y también para que sirviera como prestamista de último recurso a los bancos privados. Este es el origen del sistema de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos que este lunes cumple cien años.
 
El Sistema de la Reserva Federal pertenece a la última generación de bancos centrales surgida a comienzos del siglo XX. Este sistema fue creado principalmente para consolidar los distintos sistemas financieros que se estaban empleando para el uso de la moneda y para proporcionar estabilidad financiera al mercado. En sus orígenes, este banco fue creado para gestionar el estándar del oro, tal como lo establecieron la mayoría de los bancos centrales en el siglo XVIII.

El patrón oro, que prevaleció hasta 1914, significaba que cada país definía su moneda en términos de un peso fijo de oro. Los bancos centrales mantenían grandes reservas de oro para asegurarse que sus billetes de papel moneda se podrían convertir en oro. Cuando las reservas se reducían debido a un déficit de la balanza de pagos o de las circunstancias internas adversas, podían elevar sus tasas de descuento (las tasas de interés a los que les prestan dinero a los otros bancos). Esto aumentaba las tasas de interés de manera más general, lo que atraía la inversión extranjera y con ello el ingreso de más oro al país.

La estabilidad de precios

Los bancos centrales se adhirieron a la regla de oro de mantener la convertibilidad del oro por encima de cualquier otra consideración. La convertibilidad del oro sirvió como ancla nominal de la economía. Es decir, la cantidad de dinero que los bancos podían suministrar estaba limitada por el valor del oro que se mantenía en reserva, y esto a su vez determinaba el nivel de precios vigente. Debido a que el nivel de precios estaba ligado a un producto conocido, cuyo valor a largo plazo era determinado por las fuerzas del mercado, las expectativas sobre el futuro nivel de precios estaban atados a este valor. Esto indica que desde muy temprano los bancos centrales estuvieron comprometidos con la estabilidad de precios. Y como la teoría económica señalaba que el dinero era neutral en el corto y el largo plazo, no existían otras preocupaciones para la banca central relacionadas con la estabilidad de la economía real. Su objetivo se limitaba a cumplir con el estándar del oro. En 1944 se creó el sistema de Bretton Woods que estableció el valor de la onza de oro en 35 dólares. Este sistema sucumbió en 1971 originando el desorden financiero de las últimas cuatro décadas.

Préstamista de última instancia

Los bancos centrales también aprendieron a actuar como prestamistas de última instancia en tiempos de estrés financiero, cuando eventos como las malas cosechas, incumplimientos en los pagos o guerras precipitaban una lucha por la liquidez. En estas ocasiones los depositantes corrían a los bancos a retirar su dinero en efectivo y se encontraban que los bancos no tenían dinero. La norma de los bancos centrales obligaba a la banca a proteger sus reservas de oro aunque esto implicara dar la espalda al público. Esto generó situaciones de gran pánico financiero en el siglo XIX con las crisis de 1825, 1837, 1847 y 1857, que generaron grandes críticas al Banco de Inglaterra
 
A partir de ese momento el Banco de Inglaterra optó por mitigar los pánicos financieros y adoptó la “doctrina de la responsabilidad” (1873), propuesta por el escritor y periodista económico Walter Bagehot, que obligaba a los bancos a subsumir el interés privado al interés público en el sistema bancario en su conjunto. Desde entonces, los bancos centrales comenzaron a seguir la regla de Bagehot, que permitía prestar libremente, pero con una tasa de penalización (es decir, más alta que las tasas de mercado), para desincentivar las operaciones fraudulentas del sistema financiero y evitar el riesgo moral. Los bancos aprendieron la lección y durante casi 150 años (desde 1866) no hubo crisis bancarias en Inglaterra. Hasta que en agosto de 2007 estalló la crisis en curso. 

Marco Antonio Moreno
El Blog Salmón

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Aseveración a comprobar: “Los mercados somos todos”

Cuando uno señala como culpables parciales a los mercados financieros de que el gobierno se vea empujado a realizar recortes y a aumentar impuestos regresivos (a través de la presión que ejercen sobre las condiciones de financiación del Estado español –la famosa prima de riesgo), nos encontramos con que muchas veces nos responden que nuestra acusación es absurda porque “los mercados somos todos”.

Planteamiento
Este discurso se basa en que cualquier persona, ya sea a título individual u organizándose con otras personas a través de empresas financieras o de fondos de capital, puede  financiar –y de hecho lo hace– al Estado español (o invertir en cualquier otro activo financiero). Así las cosas, el término los mercados financieros designa a un sujeto abstracto que aglutina a una proporción importante y relativamente aleatoria de la población, sin que existan diferencias de renta, poder o clase. Culpar a los mercados financieros no tiene sentido porque los mercados somos todos, y caeríamos en el contrasentido de culparnos a nosotros mismos.

Verificación
Los datos (1) dejan muy claro que “los mercados financieros” no somos todos, ni mucho menos.
-Sólo el 10,4% de los españoles invierte en bolsa.
-Sólo el 5,6% de los españoles participa en fondos de inversión.
-Sólo el 1,4% de los españoles invierte en valores de renta fija (bonos, Letras del Tesoro, etc).
-Sólo el 25,7% de los españoles participa en planes de pensiones.
-Sólo el 6,8% de los españoles posee activos financieros diferentes de los mencionados.

Además, las personas que invierten en estos activos financieros no son sólo una minoría de la población española, sino que son fundamentalmente las que disfrutan de mayor renta. Por ejemplo, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles utiliza este vehículo de inversión (2).

En conclusión, “los mercados financieros” no somos todos sino que se trata de una pequeña parte de la población, que además es sobre todo la más acaudalada.

Desarrollo de los argumentos
No todo el mundo puede invertir en activos financieros. Para hacerlo es necesario tener dinero (y en algunos casos mucho dinero). Por mucho que la legislación permita a cualquier persona comprar este tipo de activos, si no disponen de dinero suficiente no podrán hacerlo. Existen muchas familias españolas que no pueden ni plantearse una opción así, al vivir con problemas para llegar a fin de mes. Otras familias, aún disponiendo de suficiente dinero, no conocen esa posibilidad por falta de información (no saben ni en qué consiste invertir en esos activos financieros, ni cómo hacerlo). Otras muchas sí saben de su existencia, pero no están interesadas en esas fórmulas de inversión, ya sea por pereza o por indiferencia. Recordemos que la costumbre española en los últimos años ha sido depositar los ahorros en depósitos bancarios de uno u otro tipo, y en algunos casos invertir en activos reales como inmuebles. Como consecuencia, las personas que efectivamente invierten en activos financieros (diferentes de los depósitos) son una minoría en la sociedad española.

Normalmente se habla de “los mercados” haciendo referencia al mercado de deuda pública española, debido a la importancia que ha tenido y está teniendo sobre las políticas fiscales del gobierno español. En este caso se trata de una serie de agentes económicos (particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver quiénes son estos agentes económicos que poseen estos títulos.

Tenedores deuda pública española

Como se puede apreciar en el gráfico (3), una buena parte de estos agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una auténtica estafa, como vimos en otro post.culo. El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes no residentes en territorio español, es decir, particulares, administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos de inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido peso, tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares (0,86%).

Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo. El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que, gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.

Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).

Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos, los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).

Participantes en fondos de inversión

Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20% más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.

Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública en mayor medida que los fondos de inversión).

Participantes en planes de pensiones

Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.

Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto (no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.

propietarios de acciones en bolsa

De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del 20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso es del 34,9% para el 10% más rico de la población española. Son las familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas (especialmente en el caso del 10% más rico de la población).
En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a los impedimentos metodológicos señalados, que los principales beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de acciones de empresas financieras y participación en activos financieros es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo dinero que no hace mucho tiempo antes recaudaba fácilmente por impuestos a los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan rentable.

Notas:
(1) Datos extraídos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, año 2008. Disponible en http://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/eff/eff2008_be1210.pdf
(2) Ibíd.
(3) Datos extraídos de las estadísticas del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Competitividad. Disponible en http://www.tesoro.es/doc/SP/home/estadistica/07.pdf

Eduardo Garzón
Saque de Esquina

viernes, 6 de diciembre de 2013

Las claves de la nueva ayuda de 30.000 millones a la banca

El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en su propiedad.

Pero, ¿qué son exactamente estos activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

1) El banco presenta pérdidas. Por ejemplo, si un banco obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30 euros a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo impositivo es del 30%). En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros, no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por valor de 30 euros. Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene beneficios de 100 euros. Sabemos que tendría que pagar 30 euros en concepto de impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de 30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero a Hacienda.

2) El banco guarda parte de sus beneficios y los deja inmovilizados. Por ejemplo, el banco puede apartar una porción de los beneficios y destinarlos a un plan de pensión privado. Como este dinero proviene de los beneficios, tiene que pagar impuestos por él. Pero como en realidad el banco no puede beneficiarse de ese dinero porque está reservado para los propietarios del fondo de pensión, entonces el Estado le entrega un bono-comodín para que en el futuro el banco no pague esos impuestos que ahora está pagando injustamente. Otro ejemplo, el banco puede apartar una parte de los beneficios y dejarlos inmovilizados con la intención de utilizar ese dinero en caso de que lo necesite en una situación de urgencia (son las llamadas “provisiones”). De nuevo, el banco pagará impuestos por beneficios aunque no saque tajada de ellos y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese contratiempo.

Hasta el momento, estos activos tóxicos no presentaban ningún problema. Las legislaciones española e internacional reconocían plenamente esta herramienta sin ningún problema. Lo que ocurre ahora es que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados financieros (atendiendo a las normas bancarias internacionales recientemente acordadas) considerarán esos bonos-descuento como activos de mala calidad, y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido. La razón es que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten utilizar dinero para solucionarlo, estosbonos-descuento no son nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven para no pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante. Y puesto que los inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean una cantidad determinada de activos de buena calidad, el hecho de que ahora de buenas a primeras no puedan contar con losbonos-descuento entre esos activos de alto rango supone un revés bastante importante para estas entidades bancarias. Por lo tanto, los bancos necesitan aumentar la calidad de estos activos como sea antes de que acabe el año.

Pero, ¿cómo se puede aumentar la calidad de los activos tóxicos? Básicamente existen tres formas: 1) respaldar con beneficios esos activos tóxicos, lo que quiere decir que los bancos apartarían parte de sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer esos bonos-descuento, 2) pedir dinero (capital) en el mercado de capitales, y 3) que el Estado garantice con dinero público la solidez de los activos tóxicos.

Como se puede intuir, la tercera posibilidad es la que recoge el citado Real Decreto. El gobierno ha decidido que se reserve dinero público para aumentar la calidad de los activos tóxicos que poseen los bancos españoles. Sin embargo, el Estado sólo garantizará los activos tóxicos originados mediante la segunda situación comentada arriba. Los activos tóxicos que se hayan generado como consecuencia de que los bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación) no van a ser respaldados con dinero público.
Por eso, aunque la cantidad total de activos tóxicos en manos de bancos españoles alcanza aproximadamente los 50.000 millones de euros, el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que han sido originados como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los beneficios: planes de pensiones, provisiones, etc). El resto tendrán que ser garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a beneficios o recurrir a capital en el mercado accionario.

De esta forma, esos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro Público no serán entregados inmediatamente a la banca. De momento, sólo están reservados para aumentar la calidad de los activos fiscales (por lo tanto, y de momento, el déficit estatal no aumentará). Ahora bien, si los bancos presentan en el futuro pérdidas o se declaran insolventes, entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca parte del dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de euros. En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total equivale a un 3% del PIB).

Pero aquí no acaba la gracia. La Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros. Por lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los activos tóxicos de los bancos sino también los del resto de empresas privadas. Esto quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el Estado ha entregado a empresas no financieras (sobre todo, grandes empresas como Telefónica o Endesa) por haber inmovilizado parte de sus beneficios (pagos por prejubilaciones, planes de pensiones para sus empleados, provisiones por morosidad, etc) serán respaldados con dinero del contribuyente. Si estas empresas presentan pérdidas o quiebran, el Estado les entregará dinero público.

En definitiva, nos encontramos con una nueva cuantiosa ayuda a la banca que se extenderá por ley a las empresas no financieras (y entre ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin ninguna duda mermará todavía más las arcas del Estado.

Eduardo Garzón
Saque de Esquina

domingo, 1 de diciembre de 2013

Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático


El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.

Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.

Subcontratas

La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).

Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.

Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).

La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del tema).

Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.

Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.


Fondos financieros

Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.

Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.

Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?

Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.

Autoritarismo tecnocrático

La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.

Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.

Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del sistema.

El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).

El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto
  http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/capitalismo-etereo-de-subcontratas-fondos-financieros-y-autoritarismo-tecnocratico


El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.
Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.
Subcontratas
La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del tema).
Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.
Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.
Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del sistema.
El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).
El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.
- See more at: http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/capitalismo-etereo-de-subcontratas-fondos-financieros-y-autoritarismo-tecnocratico#sthash.ggXaf0JC.dpuf