Cuando uno señala como culpables parciales a los mercados financieros
de que el gobierno se vea empujado a realizar recortes y a aumentar
impuestos regresivos (a través de la presión que ejercen sobre las
condiciones de financiación del Estado español –la famosa prima de
riesgo), nos encontramos con que muchas veces nos responden que nuestra
acusación es absurda porque “los mercados somos todos”.
Planteamiento
Este discurso se basa en que cualquier persona, ya sea a título
individual u organizándose con otras personas a través de empresas
financieras o de fondos de capital, puede financiar –y de hecho lo
hace– al Estado español (o invertir en cualquier otro activo
financiero). Así las cosas, el término los mercados financieros
designa a un sujeto abstracto que aglutina a una proporción importante y
relativamente aleatoria de la población, sin que existan diferencias de
renta, poder o clase. Culpar a los mercados financieros no tiene
sentido porque los mercados somos todos, y caeríamos en el contrasentido
de culparnos a nosotros mismos.
Verificación
Los datos (1) dejan muy claro que “los mercados financieros” no somos todos, ni mucho menos.
-Sólo el 10,4% de los españoles invierte en bolsa.
-Sólo el 5,6% de los españoles participa en fondos de inversión.
-Sólo el 1,4% de los españoles invierte en valores de renta fija (bonos, Letras del Tesoro, etc).
-Sólo el 25,7% de los españoles participa en planes de pensiones.
-Sólo el 6,8% de los españoles posee activos financieros diferentes de los mencionados.
Además, las personas que invierten en estos activos financieros no
son sólo una minoría de la población española, sino que son
fundamentalmente las que disfrutan de mayor renta. Por ejemplo,
solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean
fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares
españoles utiliza este vehículo de inversión (2).
En conclusión, “los mercados financieros” no somos todos sino que
se trata de una pequeña parte de la población, que además es sobre todo
la más acaudalada.
Desarrollo de los argumentos
No todo el mundo puede invertir en activos financieros. Para hacerlo
es necesario tener dinero (y en algunos casos mucho dinero). Por mucho
que la legislación permita a cualquier persona comprar este tipo de
activos, si no disponen de dinero suficiente no podrán hacerlo. Existen
muchas familias españolas que no pueden ni plantearse una opción así, al
vivir con problemas para llegar a fin de mes. Otras familias, aún
disponiendo de suficiente dinero, no conocen esa posibilidad por falta
de información (no saben ni en qué consiste invertir en esos activos
financieros, ni cómo hacerlo). Otras muchas sí saben de su existencia,
pero no están interesadas en esas fórmulas de inversión, ya sea por
pereza o por indiferencia. Recordemos que la costumbre española en los
últimos años ha sido depositar los ahorros en depósitos bancarios de uno
u otro tipo, y en algunos casos invertir en activos reales como
inmuebles. Como consecuencia, las personas que efectivamente invierten
en activos financieros (diferentes de los depósitos) son una minoría en
la sociedad española.
Normalmente se habla de “los mercados” haciendo referencia al mercado
de deuda pública española, debido a la importancia que ha tenido y está
teniendo sobre las políticas fiscales del gobierno español. En este
caso se trata de una serie de agentes económicos (particulares, empresas
y administraciones públicas) que han prestado dinero al Estado español
mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver quiénes son
estos agentes económicos que poseen estos títulos.
Como se puede apreciar en el gráfico (3), una buena parte de estos
agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece
la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido
ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver
que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo
tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una
auténtica estafa, como vimos en otro post.culo.
El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes
no residentes en territorio español, es decir, particulares,
administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras
extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las
propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social
(la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos
de inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido
peso, tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares
(0,86%).
Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos
encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente
los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre
otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en
determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos
acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de
compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo.
El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de
conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos
títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que
si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes
están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado
financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables
de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los
administradores del Banco de España es que conocer esa información
carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un
mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo
tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que,
gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.
Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de
aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí
podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas
operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la
sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).
Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos,
los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en
activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un
operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto
del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la
posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos
vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona
superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).
Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan
de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos
financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias
españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más
rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En
realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20%
más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.
Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de
inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos
arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública
en mayor medida que los fondos de inversión).
Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los
anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento
financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes
al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.
Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician
de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública
española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de
todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto
(no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no
analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en
qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las
empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación
analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son
los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.
De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del
20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso
es del 34,9% para el 10% más rico de la población española. Son las
familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las
que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas
(especialmente en el caso del 10% más rico de la población).
En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a
los impedimentos metodológicos señalados, que los principales
beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias
más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto
podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de
acciones de empresas financieras y participación en activos financieros
es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que
cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos
para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su
mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un
perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar
que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que
menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más
acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas
precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy
día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo
dinero que no hace mucho tiempo antes recaudaba fácilmente por impuestos
a los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio
tan rentable.
Notas:
(1) Datos extraídos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, año 2008. Disponible en http://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/eff/eff2008_be1210.pdf
(1) Datos extraídos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, año 2008. Disponible en http://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/eff/eff2008_be1210.pdf
(2) Ibíd.
(3) Datos extraídos de las estadísticas del Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Competitividad. Disponible en
http://www.tesoro.es/doc/SP/home/estadistica/07.pdf
Eduardo Garzón
Saque de Esquina
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