viernes, 30 de septiembre de 2011

Una vez más: una ayuda multimillonaria a los bancos sin poner condiciones para esta ayuda

Este artículo critica la ayuda de los bancos de los cinco Bancos Centrales más importantes del mundo, incluyendo el Banco Central Europeo, a los bancos europeos. Esta ayuda se está haciendo sin ningún tipo de condiciones, lo cual equivale a un regalo a la banca por parte de las autoridades públicas de las cuales los Bancos Centrales son parte. 

Los mayores bancos europeos han estado comprando deuda pública de Grecia, Portugal e Irlanda, exigiendo unos intereses claramente abusivos a los respectivos Estados, ayudados por las agencias de valoración de bonos públicos que deliberadamente presentaban la situación de tal deuda pública como problemática, a fin de conseguir unos intereses más altos, y con ello unos mayores beneficios. Es así como lo que llaman la prima de riesgo ha ido aumentando. Y hace poco comenzaron con España y con Italia.

El pago de esta deuda pública está forzando el debilitamiento e, incluso, en algunas ocasiones, el desmantelamiento del Estado del Bienestar en estos países. Donde este proceso ha avanzado más es en Grecia, donde las políticas de austeridad han alcanzado unos niveles casi incompatibles con el mantenimiento del orden social. Las movilizaciones de protesta popular están alcanzando unos niveles de conflictividad nunca vistos en aquel país durante su periodo democrático.

Tales políticas de austeridad, además de afectar muy negativamente el bienestar  de las clases populares de estos países, está reduciendo todavía más el nivel de demanda doméstica, dificultando su recuperación económica. En realidad, la situación económica en Grecia ha alcanzado un deterioro tal que casi ha colapsado la economía. Este colapso y el temor de que  contamine a otros países que están siguiendo también estas políticas de austeridad, ha creado un pánico entre los mayores bancos que tienen bonos públicos griegos, pues, de no cobrarlos, las pérdidas serían muy elevadas. Su propia avaricia, pidiendo intereses más y más altos, está matando la gallina de los huevos de oro. Y ahora les entra pánico. De ahí las llamadas de que los bancos tienen que “capitalizarse”, es decir, que tienen, una vez más, que rescatarse del colapso que ellos han contribuido a crear.

Y, como no, los bancos centrales más importantes del mundo, además del Banco Central Europeo (el Federal Reserve Board, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza y el Banco del Japón), están imprimiendo dinero y se lo dan (en realidad se lo prestan a unos intereses ridículamente bajos) para salvarlos. Y lo hacen sin ninguna condición, tal como ocurrió hace cuatro años. Nos encontramos con una situación casi idéntica a la que existía hace cuatro años cuando el sistema financiero casi colapsó. Entonces, los Estados les ayudaron sin pedir nada a cambio. Lo mismo que ahora. Podrían, por ejemplo, ayudarles con la condición de que garanticen la disponibilidad de crédito, o que eviten las prácticas especulativas, o que compren deuda pública de sus países a unos intereses razonables y no exagerados como ahora. Pues no. Nada de esto se les ha pedido. Les dan el dinero, y ya está.

Comparen ahora el comportamiento del BCE con la banca privada europea con el comportamiento del BCE con los Estados de la Eurozona. El BCE, un organismo público (controlado por la banca) no da ni presta dinero a los Estados de la Eurozona, ni compran deuda pública de tales países (sólo en situaciones excepcionales) forzándoles a que reduzcan más sus Estados del Bienestar. Los Estados tienen que conseguir el dinero, no del Banco Central Europeo, sino de los Bancos (que recibieron el dinero del BCE a un 1%) que se lo prestan entonces a unos intereses del 6%, 7%, 8%, e incluso el 12%.

Viendo esta situación creo que canalizar la indignación hacia los mercados y hacia la banca, aunque necesario como medida educativa y pedagógica (enseñando a la ciudadanía el rol que juegan los bancos y el capital financiero en la crisis actual), es insuficiente porque cada una de estas decisiones que permiten y reproducen esta situación la toman no sólo los banqueros, sino los propios políticos. Las políticas públicas que permiten estos comportamientos son diseñadas y aprobadas por las élites políticas del Estado. Los Bancos Centrales son autoridades públicas y sus gobernadores designados por nombramiento político. El nombramiento del Gobernador ultraliberal del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, que se sienta también en el Consejo del BCE, fue realizado por el Presidente del gobierno socialista español.

En lugar de proveer ayuda a los bancos, el BCE podría haber apoyado a los Estados. Esto es también una decisión política. Y como bien dijo Joseph Stiglitz en su día, con la enorme cantidad de dinero público que ha recibido la banca privada, podrían haberse establecido bancas públicas que hubieran garantizado la disponibilidad de crédito. Y cuando se ayudó a la banca hace cuatro años y ahora, podría haberse hecho tal ayuda condicionada a toda una serie de medidas que hubieran permitido la reactivación de la economía.

Enfatizar la culpabilidad en los mercados o en la banca es diluir la responsabilidad que las instituciones mal llamadas democráticas tienen en esta situación. No olvidemos que por cada decisión –por cada recorte de gasto público social -por ejemplo- podría haberse considerado una alternativa. En lugar de congelar las pensiones e intentar ahorrar 1.500 millones de euros, podría haberse mantenido el impuesto de patrimonio que recogía 2.500 millones, Y así, recorte por recorte. De ahí que es importante recuperar categorías de análisis como poder de clase y Estado, que sirvan para mostrar las enormes insuficiencias de lo que se llama democracia. Como he dicho en varias ocasiones, la petición más transformadora, incluso revolucionaria, que hoy puede hacerse es exigir que las instituciones llamadas democráticas sean auténticamente democráticas. Los establishments políticos, mediáticos, financieros y económicos no lo permitirán. Y ahí está el campo de batalla al que mi amigo Noam Chomsky, en su introducción al libro Hay alternativas que hemos escrito Juan Torres, Alberto Garzón y yo, define como la guerra de clases –class war- que, redefiniendo la que existió en épocas anteriores, es la guerra de una minoría que controla las instituciones financieras, económicas, mediáticas y políticas en contra de todos los demás, la gran mayoría de la ciudadanía.

Vicenç Navarro

Paraíso para Infamous

La evasión de impuestos a nivel mundial en paraísos fiscales supera los 200 billones (no los ‘billion’ americanos) de dólares, repartidos entre más de 3 millones de sociedades, fundaciones, o particulares, según cálculos de la ONG Tax Justice Network. Esta cantidad de dinero cubriría de forma sobrada el objetivo de la ONU de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. 

Suiza ha bloqueado las cuentas de los dictadores que depositaban en sus bancos las fortunas robadas en sus países de origen. También ha restituido parte de esos fondos a los estados de los que fueron extraídos. Es un paso adelante. El estado suizo ha tomado la iniciativa, pero en el mundo operan con total impunidad y sin ningún escrúpulo más de 70 paraísos fiscales, en los que se mueve la cuarta parte del PIB mundial. 

Gibraltar tiene una extensión de 4,5 kilómetros cuadrados y una población de 30.000 habitantes. El número de empresas y sociedades en su territorio es de más de 28.000. Casi una por persona. Sólo en Luxemburgo, las entidades bancarias manejan activos que superan el PIB de muchos Estados. Liechtenstein tiene el doble de empresas que de habitantes. Ejemplos similares se podrían encontrar en Mónaco, Jamaica, o en las Islas Salomón. 

Atendiendo a su definición académica de los paraísos fiscales son “aquellos territorios o estados caracterizados por la escasa o nula tributación a que someten a determinadas personas o entidades que, en estas jurisdicciones encuentran cobertura y amparo”. Ellos mismos se autocalifican como países de ‘baja tributación’ o de ‘tributación privilegiada’. En realidad son túneles de lavado del dinero de mafias, dictadores y /> Traficantes de armas, drogas o personas, mercenarios de guerra, políticos corruptos, o grandes multinacionales son los visitantes más frecuentes de este tipo de países. La corriente de dinero que circula por sus bancos se estima en números de diez cifras. Esto reduce el dinero ingresado por los Estados mediante impuestos y que es destinado a la educación, la sanidad o la seguridad pública. 

También las figuras públicas y los famosos eligen paraísos fiscales. Es el caso del ex campeón del mundo de automovilismo, Fernando Alonso, que asegura haberse traslado a Suiza para evitar “el acoso de la prensa”. Su predecesor Michael Shumacher y su sucesor Lewis Hamilton tampoco van muy atrasados ​​en esta faceta. Steffi Graff y Boris Becker no son ajenos a esta moda. Bono, el caritativo cantante de U2 tributa sus ingresos en un paraíso fiscal holandés. Hasta hace poco el Banco Santander ofrecía a sus clientes con grandes fortunas la posibilidad de desplazarse su dinero en estos paraísos. 

Los delincuentes de cuello blanco acumulan sus fortunas en paraísos fiscales por insignificante cobro de impuestos, y sobre todo, por el secreto bancario, que impide que se descubra a los titulares de las cuentas. El cliente tiene el anonimato y la confidencialidad, tanto de su nombre y los movimientos que realice en su cuenta bancaria, como el origen de sus caudales. En todos ellos hay una restrictiva norma que impide el levantamiento del secreto bancario. 

Las grandes multinacionales se valen de la más sofisticada ingeniería financiera para hacer su evasiones fiscales. Las principales asesorías, como Deloitte o Ernst & Young, donde llegaron a trabajar actuales figuras de la política, son una parte más del engranaje de la corrupción legal. 

¿Qué pasaría si todas las personas que pagan impuestos trasladasen sus ahorros a estos “Bancos Offshore”? El brasileño Emir Sader afirmaba que la globalización liberal requiere a los paraísos fiscales como la institución familiar tradicional a los prostíbulos, como compensación al matrimonio indisoluble, y como vía de escape de las necesidades no atendidas por la esposa. Quizás el problema no radique entonces en los paraísos fiscales, sino en el sistema económico que les permite. 

Iván González Alonso
Periodista

jueves, 29 de septiembre de 2011

Hay alternativas a los recortes

Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.

Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4052/hay-alternativas-a-los-recortes/


miércoles, 28 de septiembre de 2011

Bancos: No por su cara bonita

En diciembre de 2009 el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, compareció ante el Parlamento Europeo. Ante las acusaciones de algunos eurodiputados de que los bancos de la zona estaban usando el dinero público para especular y maquillar sus beneficios, el mensaje de Trichet, triple, fue muy rotundo: 1) es "improbable" que los contribuyentes acepten "por segunda vez" salir al rescate de entidades financieras con dinero público; 2) todo lo que se ha hecho por los bancos "no ha sido por su cara bonita", sino porque tienen un papel esencial en la economía de mercado: prestar; y 3) los que piensan que no ha pasado nada y que podemos volver a la situación de antes de la crisis (beneficios estratosféricos, bonus geométricos...) "se equivocan de plano".

A dos años escasos de las palabras del representante del BCE, 420.000 millones de euros después, utilizados en la recapi-talización de los bancos europeos (300.000 de ellos, públicos) y 170.000 millones de euros de ayudas sin las cuales un tercio de los mismos habría suspendido las pruebas de esfuerzo realizadas por la Autoridad Bancaria Europea, el sector está a punto de iniciar un segundo turno de búsqueda de capital, una parte del cual será de nuevo de dinero de los contribuyentes, y sin que el crédito haya vuelto a fluir. Las condiciones de Trichet no se han cumplido pero aquí estamos otra vez, déjà vu, en otra ronda de necesidades financieras.

La economía europea sufre una coyuntura con tres problemas concatenados: estancamiento económico de casi todos los países de la zona; posibilidad de impago de la deuda soberana de una parte de ellos, que han sobrepasado la categoría de periféricos; y problemas de liquidez y de solvencia de la banca privada, considerada el aparato sanguíneo del sistema. Si los dos primeros no se superan y se extienden en el tiempo, el tercero se agravará. Lo reconocía el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia: "Tristemente, a medida que la crisis de la deuda soberana empeora, más bancos pueden necesitar ser recapitalizados, además de los nueve que suspendieron las pruebas de esfuerzo de julio".

La situación se ha complicado de tal modo que ahora cuando se habla de tiempo hay que referirse al cortísimo plazo. Los lunes de todas las semanas comienzan con los agentes económicos conteniendo la respiración para ver cómo arrancan los mercados. Sin afán de alarmismo, se puede hablar en muchos casos de desesperación y de pánico. La economía del miedo se extiende. La asamblea del FMI y la reunión del G-20 de hace 48 horas han sido rotundas en retórica (la declaración más significativa ha sido la del secretario del Tesoro americano, Timothy Geithner, hablando de la posibilidad de una "suspensión de pagos en cascada" por toda Europa) y nulas en resultados. Es imposible comprender que las autoridades europeas hayan de esperar a octubre (¡dos semanas!) para resolver de una vez el paquete de rescate a Grecia. La política, paralizada, y el BCE actuando como único pararrayos, con todas sus contradicciones (en los últimos meses ha subido dos veces el precio del dinero, en vez de bajarlo).

Acostumbrémonos a que a pesar de no arreglar ya el rescate griego, a pesar de no autorizar todavía los eurobonos, a pesar de no aprobar aún las nuevas funciones y el monto del fondo de rescate, a pesar de no reconducir los plazos y las condiciones en las que los países deben cumplir las exigencias de déficit sin sacrificar el crecimiento económico, a pesar de todo ello la recapi-talización financiera se convertirá en el principal centro de atención de esta fase de la crisis.

Al menos, que el apoyo público sea condicionado: que las ayudas a los bancos no sean ayudas a los banqueros, y que si entra dinero público en el capital de las entidades privadas, también se sienten sus representantes en los Consejos de Administración, con capacidad política para vigilar que se ejerce lo que exigía Trichet: que se preste dinero y que la liquidez que reciban las entidades no sirva tan solo para especular con los tipos de interés entre lo que reciben y lo que compran con ello. Si no, más temprano que tarde veremos otra ronda de recapitalización. ¡Qué estafa!

Joaquín Estefanía
El País

Un banco, una pandilla de ministros y unos tratados sin valor. Una breve fábula de la eurozona

Pongamos que usted deseara construir un país nuevo, pero que ignorara todo acerca de las instituciones civiles, la burocracia o la historia. Lo que debería preocuparle sería tan solo crear un entorno que fuera bueno para los negocios, en donde el rigor presupuestario y los acuerdos comerciales fueran la ley de esta tierra.

Así que usted se gasta un montón de dinero en bombo publicitario de su Estado Idílico dirigido a políticos y al público en general, publicidad que proclama que su nueva creación será la vía rápida para la paz y la prosperidad. Para sorpresa de todos, tanto llegan a amar la idea que pasan por alto el fallo estructural que está en el corazón de este diseño, es a saber, que la confederación libre de estados carece de un gobierno central. La única cosa que mantiene a los países unidos es una moneda compartida además de restricciones presupuestarias. Eso es. Pero los peces gordos de las empresas y los magnates de la banca se encogen de hombros y no hacen caso del problema porque, bien, los gobiernos en realidad no hacen nada de todos modos, ¿no es cierto? Solamente entorpecen los grandes negocios.

Esa es la razón por la cual usted ideó un modelo totalmente diferente, un modelo que puso al Banco Central en el centro del universo, rodeado de un reguero de eurócratas (ministros de finanzas) que realizan sus dictados y cantan sus alabanzas.

Entonces, un día, un fuego surge en el perímetro y usted empieza a asustarse. Usted corre en círculos agitando las manos y rogando ayuda. Pero los otros líderes retroceden ante sus demandas porque están atados a sus distritos electorales y corren el riesgo de perder las elecciones si acceden a apagar el fuego que no empezaron. Después de todo, fueron estos “griegos haraganes” los que empezaron el incendio. ¡Que paguen por ello!

Así que ahora tenemos un serio problema. Eurotopia está siendo reducida a escombros y nadie puede ponerse de acuerdo en alguna solución. En todo momento usted sigue planteándose que “si pudiera conseguir que los ministros de finanzas apoyaran un fondo de emergencia mayor para que yo pudiera vaciarlo todo, apagaría el fuego pronto y volvería a ganar dinero.” Nunca se le pasa por el magín que su Estado-Frankenstein corporativo no dispone de precedentes históricos y está construido sobre una base de simple arena. Usted nunca piensa “quizás necesitamos un ejecutivo, un congresista, un juez, un mercado de bonos y funcionarios públicos para ejecutar nuestros planes.”

¡Quiá! No puede ser, porque el gobierno es malo. Los bancos son buenos, los gobiernos son malos, ¿no?
 Y cuando usted saborea este bocado de sabiduría, su Eldoradoeurolandia se reduce a cenizas.

Los 17 miembros de la eurozona están inmersos en una espiral irreversible. Los bancos acumulan capital, la financiación del dólar se hace más apretada, los CDS campan cada vez más por las suyas, el programa de préstamo de emergencia del Banco Central europeo se dispara, y los medidores de stress del mercado hacen saltar todas las alarmas. Se trata de todos los síntomas de un gran cataclismo crediticio.

Ahora estos problemas se podría solucionar si hubiera un gobierno trabajando para extinguir el incendio. Pero no está. En su lugar hay un banco, una camarilla de ministros de finanzas y unos tratados sin valor alguno. Y ésta es la razón por la cual la eurozona está condenada al fracaso.
Y la moraleja es… que el gobierno importa.

Mike Whitney es un analista político independiente que vive en el estado de Washington y colabora regularmente con la revista norteamericana CounterPunch.

martes, 27 de septiembre de 2011

De los emprendedores a la recesión

Uno de los grandes éxitos del neoliberalismo económico es haber manipulado el lenguaje de manera que se le ha desposeído de cualquier alcance ideológico. Así se ha sustituido la palabra empresario por emprendedor, perdiendo la connotación negativa que históricamente tiene en el imaginario popular, y adquiriendo por el contrario un significado positivo. El PP no quiere ayudar a los empresarios sino a los emprendedores. Aspira a crear un millón de ellos que a su vez generarán tres millones y medio de puestos de trabajo.

Amén de que hayan perdido la cabeza con los números, hay que decir que quienes crean empleo son los consumidores. Lo que no termina de entender el PP, y a menudo tampoco el PSOE, es que por amplias que sean las ventajas fiscales que se concedan, por mucho que bajen las cotizaciones sociales, por más ayudas que reciban, no surgirán emprendedores ni las empresas existentes ampliarán los negocios si no se incrementa la demanda. Lo único probable –y ya está pasando- es que haya sociedades que desaparezcan para volver a abrir con otro nombre y contratando a los mismos trabajadores con la finalidad de conseguir las ayudas públicas. El efecto neto sobre el empleo será cero.

Hay otro tipo de emprendedores que podemos denominar “a la fuerza”, trabajadores autónomos que lo son porque sus empresas no quieren tenerlos en plantilla y de este modo ahorrarse las cotizaciones sociales. Son la escoria de los trabajadores. Carecen de salario mínimo, de jornada laboral, de indemnización por despido y de seguro de desempleo. Nada de nada. En realidad, en muchos casos, constituyen un paro encubierto.

Canalizar los recursos públicos a beneficios fiscales en el impuesto de sociedades no va a tener ningún impacto en la actividad ni en el empleo. Conviene tener en cuenta además que el impuesto de sociedades solo grava beneficios y en la misma proporción que estos se producen. De manera que a los que se está subvencionando por este procedimiento no es a los empresarios que inician su actividad ni a los que tienen dificultades sino a aquellas empresas que obtienen cuantiosas ganancias.

No es la oferta la que hay que estimular, sino la demanda. Los escasos recursos públicos habrá que dirigirlos en esta dirección. La subida de impuestos, en contra de lo que se dice, puede ser un mecanismo apropiado para crear empleo, si a los que se grava es a los ciudadanos con rentas altas, y por lo tanto con propensión a consumir baja, y los recursos obtenidos se canalizan adecuadamente hacia aquella parte de la población de baja renta y propensión a consumir elevada.

Las políticas seguidas en Europa bajo la presión de Alemania y de las instituciones europeas están conduciendo a los países a una recesión de la que no se va a salvar la propia Alemania con un crecimiento próximo a cero en el segundo trimestre y una tasa negativa, según previsiones de la OCDE, para el cuarto. Y es que una política que base todo el crecimiento en las exportaciones está condenada al fracaso. Si todos los países deprimen la demanda ¿hacia dónde se van a dirigir las exportaciones?

La OCDE ha anunciado que existe el peligro de una nueva recesión a escala mundial, y es que, en realidad, no se ha hecho nada para corregir los desequilibrios que estaban en el origen de la primera, países con enormes déficits en sus cuentas exteriores y otros con importantes superávits. La ecuación no cuadra. Ni los primeros pueden seguir endeudándose al infinito para comprar a los segundos ni estos, por tanto, podrán exportar a los primeros. El resultado es el estancamiento económico a nivel mundial y europeo y quizá, en un plazo relativamente corto, la recesión.

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC
Artículo publicado en República de las ideas

“Los gobiernos no van a arreglar las cosas, ellos no gobiernan el mundo”

Rosa María Artal, Comité de Apoyo de Attac España, El Periscopio

Éste no es el momento de confiar en que los gobiernos van a arreglar las cosas. Ellos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. Y a Goldman Sachs no le importa este paquete de medidas de rescate, y tampoco le importa a los grandes fondos de inversión. 

Alessio Rastani
La televisión pública británica, la BBC, ha entrevistado a un Broker que habla sin tapujos. En el blog de Nacho Escolar un comentario de María Álvarez hace una traducción urgente para quienes no entiendan inglés:
Bróker: … va a haber un crash económico, y va a ser muy duro, porque los mercados están dominados ahora mismo por el miedo. Los inversores, el “gran dinero”, el “dinero inteligente”, las instituciones, no se creen este plan de rescate. Saben que el mercado está muerto, saben que el mercado de valores está finiquitado, no les preocupa en absoluto el euro, están moviendo su dinero a otras posiciones más seguras como bonos del tesoro (americano), los bonos a 30 años y el dólar americano, esto no va a funcionar.

Periodista: Seguimos escuchando que todo lo que han propuesto los políticos hasta el momento ha sido bastante impreciso, es eso cierto? ¿Podría decirnos exactamente qué haría felices a los inversores? ¿Qué les haría sentirse más seguros?
Bróker: Esa es una pregunta difícil. Personalmente, creo que da lo mismo. Yo soy un operador financiero, a mí no me preocupa la crisis. Si veo una oportunidad para hacer dinero, voy a por ella. Así que, para la mayoría de los brókeres, no se trata de eso. Nosotros no nos preocupamos de cómo arreglar la economía, o de cómo vamos a arreglar esta situación. Nuestro trabajo es hacer dinero de esto y yo personalmente he estado soñando con este momento los últimos tres años. Tengo que confesarlo, yo me voy a la cama cada noche soñando con otra recesión, con otro momento como éste. Porque hay mucha gente que no lo recuerda, pero la depresión de los años 30 no fue solamente el crash de los mercados. Había gente preparada para hacer dinero con ese derrumbe. Y yo creo que eso lo puede hacer cualquiera, no solamente una élite. Cualquier persona puede hacer dinero en esto, es una oportunidad. Cuando el mercado se derrumba, cuando el euro y las grandes bolsas se derrumban, si sabes lo que hacer, si tienes el plan correcto puesto en marcha, puedes hacer un montón de dinero: por ejemplo, con una estrategia de hedge funds o invirtiendo en deuda soberana, ese tipo de cosas.

Periodista: Si puede ver a la gente que tengo aquí conmigo, verá que se han quedado con la boca abierta escuchando lo que dice. Le agradecemos su candor pero esto no nos ayuda a nosotros, tampoco ayuda al resto de la Eurozona.
Bróker: Escuche, a todos los que nos están escuchando. Esta crisis económica es como un cáncer. Si esperan y esperan sin hacer nada este cáncer va a seguir creciendo y será demasiado tarde. Lo que deberían hacer es prepararse. Éste no es el momento de confiar en que los gobiernos van a arreglar las cosas. Ellos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. Y a Goldman Sachs no le importa este paquete de medidas de rescate, y tampoco le importa a los grandes fondos de inversión. Mire, yo quiero ayudar a la gente, la gente puede ganar dinero con esto, no sólo los brókeres, lo que tienen que aprender es cómo hacer dinero en un mercado en descenso, lo primero que deberían hacer es proteger sus inversiones, proteger lo que tienen, porque mi predicción es que en menos de 12 meses, los ahorros de millones de personas van a desaparecer, y eso será sólo el principio. Así que mi consejo es “prepárense y actúen ahora”. El mayor riesgo que tienen ahora mismo es no actuar. 

lunes, 26 de septiembre de 2011

Inmensa demostración de poder

Es la medida más suave que podía tomar”. La justificación del presidente del Gobierno al proponer, con el aplauso del PP, una reforma constitucional que condicionará durante décadas la política económica, nos deja perplejos. ¿Cuáles serían las alternativas menos suaves?

Desde la reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, celebrada el 9 de mayo de 2010, el Gobierno ha ido tomando medidas a sabiendas de que incidirían negativamente en la crisis, que ralentizarían el crecimiento del PIB y aumentarían el paro, bajo el argumento de que se ve obligado a hacerlo. ¿Qué está pasando? La explicación, que parece contar con un consenso sorprendente, es que “los mercados”, orientados por las agencias de calificación de riesgo, castigan el déficit de las administraciones públicas con un aumento de las primas de riesgo e, incluso, con la amenaza de provocar la quiebra del Estado. Ante lo cual la UE exige reducciones drásticas del gasto público.

Lo asombroso es que se puede constatar sin dificultad que el origen del déficit no está en el incremento del gasto sino en la reducción de los ingresos públicos y que el volumen de la deuda pública española se mantiene en niveles muy aceptables. La parte esencial del gasto público va dirigida a la formación, a la sanidad, a la creación de infraestructuras, a la seguridad, a la cohesión social y territorial… son partidas necesarias para el funcionamiento eficiente de la economía y que, además, generan demanda efectiva en momentos en que la reducción de la demanda privada ostenta un protagonismo evidente en el origen y en la continuidad de la crisis.

Los gastos públicos se contabilizan anualmente con criterios de caja, pero no se contabiliza el retorno que generan en los ejercicios sucesivos, tanto desde la óptica de su contribución a la mejora de la economía del país y al bienestar social, como de su contribución al aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, gracias a las orientaciones de las agencias de calificación de riesgos, los oferentes de financiación actúan coordinadamente frente a la demanda de recursos financieros de los gobiernos, lo que les proporciona un amplio poder de mercado. La agencia empeora la calificación y los agentes financieros incrementan las primas sobre la deuda, lo que aumenta el déficit y la deuda misma. Por cierto, las tres hermanas: Moody’s, Standar & Poor’s y Fitch, detentan, probablemente, el mayor grado de monopolio conocido en un mercado mundial.

Es decir, en los mercados financieros las condiciones de competencia perfecta decaen al actuar una inteligencia coordinadora, como también pasaría en cualquier otro mercado, el del pan o el del acero, si existieran unas agencias que van dando indicaciones de cuáles deben ser los precios de oferta. Y, abundando en el tema, ya nos hubiera gustado a todos que la calificación de los activos financieros basura, en los años previos a la crisis, hubiera estado sometida a la estricta observancia que dicen aplicar hoy al déficit público. Es, probablemente, el mejor ejemplo de los efectos perversos que pueden derivarse de actuaciones incontroladas en condiciones de oligopolio.

Parecería lógico que la UE tratara de contrarrestar estos efectos perversos con medidas que están a su alcance. Crear una agencia de calificación dependiente del Banco Central Europeo (BCE) rompería el monopolio de las tres hermanas. Emitir bonos del BCE estabilizaría los tipos de interés y reduciría el servicio de la deuda pública. Son sólo ejemplos de actuaciones contundentes. Sin embargo, las autoridades económicas de la UE se limitan a sacralizar la operativa de los mercados y a exigir reducciones del gasto público. No parecen entender que el primer objetivo es evitar la inactividad del sistema productivo y que esta actividad es la mejor receta para reducir el déficit y afrontar la deuda. ¿Cómo es posible que se insista en una política que implica cerrar escuelas, hospitales, fábricas, pequeños negocios…? ¿No está suficientemente probado que la realidad contradice con rigor sus argumentos?

A primera vista, el panorama presenta amplias dosis de surrealismo. ¿Qué está pasando? La tendencia apunta a la reducción de la capacidad del Estado para redistribuir la renta a través de las prestaciones sociales, con la consiguiente privatización de sectores como la sanidad, la educación o las pensiones, y al estrechamiento de los límites de las políticas socialdemócratas y las actuaciones sindicales. Ello consolidaría una sociedad dual. También se tiende a la pérdida de protagonismo de las instituciones comunitarias sometidas al predominio de unos países sobre otros. Es, en el fondo, una inmensa demostración de poder.

No debería ser necesario aclarar que nuestro crecimiento en los años pasados llevaba consigo cuantiosas compras a empresas alemanas y de otros países europeos, incrementando la rentabilidad de sus inversiones en instalaciones y en investigación. Y que una parte relevante de los recursos con que se han financiado estas compras proceden de entidades financieras que radican en esos países, a las que se pagan puntualmente lo intereses correspondientes. Se trata, simplemente, de crédito al cliente, una práctica comercial generalizada y perfectamente aceptable.

La reciente declaración en boca de mandatarios europeos, en el contexto de la crisis griega: “Quien cumpla no será expulsado del euro” o lo que es lo mismo, se expulsará del euro al que no cumpla, además de destilar un estilo de matón de barrio, trasluce ignorancia, miopía e incomprensión del papel histórico de la UE y de las ventajas de todo tipo que presta a todos y cada uno de los países que la componen.

Juan Ignacio Bartolomé Gironella
Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1984-1988)
Jorge Fabra Utray
Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1981-1983

www.economistasfrentealacrisis.com
Fuente: Público

domingo, 25 de septiembre de 2011

¿Por qué se persigue al déficit público?

Desde la década de los años ochenta del siglo XX se comenzó a condenar el déficit público, al que se consideraba que era algo realmente perverso que había que combatir. Las políticas de ajuste que se obligaron a hacer a los países menos desarrollados, sobre todo en América Latina, insistían en ello. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial lo convirtieron en un principio fundamental de la política económica que, por diferentes mecanismos, imponían a estos países y esto se convirtió en un dogma de fe.

El Consenso de Washington acordado en 1989 sancionaba también este principio de disciplina fiscal, y se consideraba que los déficits presupuestarios, medidos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central, deben ser suficientemente pequeños para no tener que financiarse con el impuesto de la inflación. El Consenso de Washington se convirtió en la única receta de política económica que los países endeudados, fundamentalmente los menos desarrollados, tenían que llevar a cabo.

El principio de que el déficit tiene que ser suficientemente pequeño también se incorporó en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea(UE) como uno de los requisitos indispensables para que los países pudieran acceder a la moneda única cuando se pusiera en funcionamiento. El pacto de estabilidad presupuestario se ha mantenido una vez que el euro quedó implantado. La ortodoxia económica que se empezó a imponer como dominante en esta década impuso este principio como si fuera una ley inexorable del funcionamiento de la economía, al igual que si se tratara de la ley de la gravedad.

Ahora bien, mientras los países menos desarrollados se sometían a estas políticas de ajuste y restricciones, así como los miembros de la UE que querían acceder a la moneda única, los Estados Unidos, a pesar de ser los adalides de este pensamiento económico neoliberal, tenían un gran déficit público, no cumpliendo en absoluto lo que ellos recomendaban al resto. Este importante déficit era debido fundamentalmente a la considerable expansión de los gastos militares. La práctica de este keynesianismo militar, además de procurar reforzar la hegemonía imperialista, que se había deteriorado un tanto en el decenio anterior, sirvió para que su economía saliera antes que los países europeos de la recesión que se inició en 1979.

Otro tanto sucedió en la recesión de comienzo de los noventa, pues los elevados déficits públicos de Estados Unidos continuaban, mientras la UE seguía con políticas de estabilidad presupuestaria. El déficit público estadounidense se comenzó a corregir en la época del gobierno de Clinton, esto es a partir de 1993. No deja de ser una paradoja de que fueran las presidencias republicanas de Reagan y Bush padre las que tuvieron elevados déficit, mientras que la presidencia demócrata de Clinton consiguiera disminuirlos, e incluso lograr un superávit.

Las épocas republicanas también coincidieron con la disminución de los impuestos a los más ricos con lo que la distribución de la renta y riqueza en Estados Unidos empeoró, y la concentración de riqueza en unos pocos adquirió cotas históricas. Estas proposiciones se dieron también en la mayor parte de los países europeos, aunque con grados diferentes, lo que supuso a su vez tendencias crecientes hacia una mayor desigualdad. Este cambio en las políticas fiscales que supuso una ruptura con el modelo de posguerra, también vino acompañado de una oleada de privatizaciones de empresas y servicios públicos.

De lo que sucedió en los años finales del siglo XX, se deduce que identificar al déficit público con la izquierda, y al equilibrio presupuestario con la derecha, es una enorme simplificación, pues han sido los gobiernos más reaccionarios que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos, Reagan y los dos Bush, los que han expandido más el déficit público. Por el contrario, fue un Gobierno demócrata el que lo combatió, además con éxito. En Europa los partidos socialdemócratas han asumido, a veces con el entusiasmo de los conversos, la estabilidad presupuestaria impuesta por Maastricht. Si bien es cierto que es el pensamiento más neoliberal en economía y más conservador el que defiende con más ardor el equilibrio presupuestario, y que trata de imponer a todos los países del mundo como la única política económica posible.

Los hechos, sin embargo, como hemos visto, difieren de lo que los planteamientos teóricos dominantes han formulado en estos últimos tiempos. Aunque en el caso de Estados Unidos la política fiscal expansiva ha tenido un claro objetivo geoestratégico y ha beneficiado fundamentalmente al complejo militar-industrial, mientras que se reducían escandalosamente impuestos a los ricos y se recortaban gastos sociales. También este país ha podido tener elevados déficit públicos sustentados en la hegemonía que tiene su moneda el dólar en la economía mundial. Tanto la expansión internacional de sus empresas, como los gastos militares en el exterior, han sido posibles por el papel que desempeña el dólar en el sistema monetario internacional.

El debate sobre el déficit o el superávit en abstracto no tiene sentido si no lo encuadramos en el papel que el sector público debe desempeñar en la economía contemplado desde una posición de izquierdas. Así, es importante, en primer lugar señalar lo fundamental que resulta la dimensión de este sector público y el porcentaje que representa en el Producto Interior Bruto. La izquierda debe apostar por un sector público con una importancia grande en la actividad económica. Esto es una condición necesaria para que se puedan llevar a cabo las prioridades que, las formaciones que representan este ideario, deberían tener: corregir los innumerables fallos del mercado y crear las condiciones para fomentar modelos socialmente deseables, esto es, avanzar en el desarrollo sostenible, en mejoras en la distribución de la renta y la riqueza, así como en la igualdad de género y en los derechos y oportunidades.

Todas estas prioridades suponen la existencia de un sistema fiscal progresivo sobre la renta, y la riqueza, así como el combate decidido en la lucha contra el fraude fiscal. Pero también es importante el gasto, cuales son los fines que se pretenden conseguir, pues no es lo mismo que se destinen cuantiosos recursos a los gastos militares que a las políticas sociales. Por esto es por lo que más allá de debatir las excelencias del déficit o superávit, lo importante es saber qué es lo que se encuentra detrás de esas cifras, tanto si se refiere a los ingresos como los gastos.

En todo caso, hay que señalar que si bien no resulta conveniente tener un déficit público elevado y prolongado en el tiempo, pues ello tiene sus costes, hay momentos en que la existencia de un déficit se encuentra más que justificado. Esos momentos son precisamente los que estamos pasando de recesión económica. El déficit es un instrumento básico de la política económica para reanimar a una economía enferma y sobre todo para mantener gastos sociales, cuyo fin primordial consista en evitar que los costes que toda crisis trae consigo recaigan de una manera muy fuerte sobre los grupos más vulnerables, o los que han sido golpeados por la baja de la actividad económica. Al tiempo que resulta indispensable mantener los gastos en educación e investigación.

En suma, que hay que cuestionar las ideas que pretenden dejar a los gobiernos sin armas con las que luchar contra la crisis y a favor de los más desfavorecidos. La política fiscal y el manejo del déficit es una de ellas. Conviene recordar que economistas prestigiosos defienden la necesidad del déficit público en fases de recesión, como es el caso de Krugman Y Stiglitz. El argumento que mantienen para defender sus tesis es muy evidente: el problema principal no es el déficit público, sino el desempleo y la baja actividad económica. Resulta curioso, pero si desempolvamos la hemeroteca, podemos encontrar un artículo en “ Le Monde” en los años noventa de Olivier Blanchard, actualmente economista jefe del FMI, y profesor en el MIT, que venía a decir lo mismo aproximadamente, que estos dos Nobel de la economía: en épocas de recesión de lo que hay que preocuparse no es del déficit, sino del empleo. El déficit se irá corrigiendo con el paso del tiempo y cuando venga la recuperación.

Carlos Berzosa – Consejo Científico de Attac
Sistema Digital

Desigualdades como causa de la crisis

Este artículo analiza las causas de la crisis económica y financiera existente en la mayoría de países de la OCDE incluyendo España, subrayando que el descenso muy marcado de las rentas del trabajo y el crecimiento muy acentuado de las rentas del capital han sido factores determinantes de tal crisis. 

Desde hace años, algunos pocos hemos estado señalando que una de las causas más importantes de la Gran Recesión actual es el enorme crecimiento de las desigualdades sociales, con una gran concentración de las rentas en los sectores más adinerados de la población (cuyas rentas proceden primordialmente de las rentas del capital) a costa de las rentas de la mayoría de la ciudadanía (cuyas rentas proceden primordialmente del trabajo). Ello ha determinado un descenso muy notable de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, forzándola a endeudarse. Ni que decir tiene que el sector que se ha beneficiado más de esta necesidad de endeudarse ha sido el capital financiero y muy en especial la banca. Éste es el origen del enorme endeudamiento de las familias.

Por otra parte, el descenso de la capacidad adquisitiva de la población ha determinado un problema de escasa demanda de bienes y consumos, responsable de la ralentización de la actividad económica. La gente no compra como compraba antes y, además, está profundamente endeudada. Ello conlleva una baja rentabilidad de lo que se llama capital productivo. Y el capital deja de invertirse en la economía productiva para pasar a invertir en actividades especulativas, siendo la penúltima la burbuja inmobiliaria, y ahora la burbuja de la deuda pública.

De este análisis se deriva la necesidad de revertir este crecimiento de las desigualdades, siguiendo políticas casi opuestas a las que se están desarrollando por la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, tales como reformas fiscales progresivas, aumento de los salarios y del gasto público social (que tiene un efecto redistributivo), y reducción del sector financiero, gravando las actividades especulativas, cuando no eliminándolas, tal como se hizo, por cierto, para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX. El hecho de que no se esté desarrollando ninguna de estas políticas muestra el grado de dominio que las tesis neoliberales continúan teniendo en los establishments políticos de los países desarrollados. Y a los autores que continuamos subrayando que la raíz del problema es el crecimiento de las desigualdades se nos margina, cuando no se nos ignora.

Pero mira por donde, se ha publicado un informe por el Gabinete de estudios de nada menos que uno de los Vaticanos del pensamiento neoliberal, el Fondo Monetario Internacional, que nos viene a dar la razón. El Informe, titulado “Inequality, Leverage and Crises”, escrito por Michael Kumhof y Romain Rancière, no es un documento oficial del FMI (como el informe rápida y claramente puntualiza), y es más que probable que nunca se convierta en política oficial del FMI. En realidad, a pesar de la enorme importancia del estudio, sus contenidos apenas se han distribuido. Por cierto, sorprende agradablemente el rigor del estudio que contrasta con la chapuza del último informe del FMI sobre España (“Spain. July 2011, IMF County Report. No. 11/215”). Este último informe, incluso por los bajos estándares del staff del FMI, es un insulto al intelecto. Repiten machaconamente las mismas recetas neoliberales, sin haberse tomado la molestia de mirar los datos. Por ejemplo, recomiendan la disminución del gasto público que cubre los salarios de los empleados públicos, indicando que España se gasta demasiado en empleo público, cuando los datos muestran precisamente lo contrario. España es uno de los países con menor porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos (véase “El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la Administración, de la EAE Business School”, de Vicenç Navarro, Marta Tur, Miquel Campa y Carlos Carrasco, en www.vnavarro.org)

Pero el Centro de Estudios del FMI tiene un mayor nivel intelectual, y el informe sobre las desigualdades es excelente. Es un placer ver documentos cuyas propuestas están avaladas, no por dogma, sino por datos creíbles tal como hace este estudio. Aunque se centra en EEUU, el informe podría haber incluido también a los países de la Unión Europea (incluyendo España). En parte, su focalización en EEUU se debe a la centralidad de la economía estadounidense a nivel mundial pero también a la disponibilidad de datos, un elemento de gran importancia, pues en España, por ejemplo, es dificilísimo encontrar datos creíbles sobre la distribución de la renta.

El informe muestra la evolución de las rentas desde 1970 a 2005 en EEUU, señalando el enorme crecimiento de las rentas de la decila superior y el descenso de todas las demás. Muestra también como esta concentración de las rentas ha causado un gran crecimiento del endeudamiento de la mayoría de la población, la cual, al sufrir una disminución de su renta, tuvo que endeudarse para mantener el nivel de vida al cual estaba acostumbrada, y con ello mantener también la demanda doméstica. Los autores muestran que a mayor crecimiento de la concentración de las rentas en la decila superior, mayor endeudamiento del resto de la población, y mayor tamaño del sector financiero en EEUU, una relación de una enorme importancia. El artículo también señala como este endeudamiento, clave para continuar el nivel de demanda, fue facilitado por la bajada de intereses. Y de ahí, la génesis de la burbuja inmobiliaria tal como documentan los autores. Éstos muestran también que el incremento de la financialización (es decir, del sector financiero en la economía) significó una caída de las inversiones en sus sectores productivos.

En realidad, si hubiera datos creíbles podríamos ver que la situación es casi idéntica en España. Es un indicador del enorme poder de las clases más adineradas que esta realidad es ignorada en los mayores fórums mediáticos y políticos del país.

Vicenç Navarro
Sistema Digital

jueves, 22 de septiembre de 2011

¿Existe lucha de clases?

Warren Buffet es uno de los ricos más superricos de EEUU y del mundo. Se caracteriza por ser inteligente, por conocer muy bien la realidad que le rodea y por hablar muy claro, frecuentemente en contra de la clase social a la que pertenece. Es, como The Wall Street Journal lo define, un “traidor a su clase”. Entre sus declaraciones, la más citada por los no ricos es aquella en la que indicó que, en contra de aquellos que creen que ya no hay clases sociales en EEUU (y que, por lo tanto, asumen que el concepto de lucha de clases es anticuado e irrelevante), la realidad que él conoce es que sí que hay clases sociales y que también existe una lucha entre ellas en la que su clase –los superricos– gana cada día a costa de los intereses de la mayoría de la población, que consigue sus rentas a partir del trabajo en lugar del capital.

Tal señor escribió recientemente un artículo en The New York Times, Stop Coddling the Super-Rich (Basta de mimar a los superricos, 15-08-11), en el que explicaba los impuestos que él paga comparándolos con los que pagan los empleados de su compañía (él es un inversor financiero). Señala que pagó este año en impuestos 6.938.744 dólares, lo cual, señala, es una cifra más que respetable. Pero tal cantidad es menos del 17% de sus ingresos anuales, un porcentaje mucho menor que el de sus empleados, cuyo porcentaje varía desde el 33% al 41%, con un promedio (de los empleados de su despacho) de un 36%. Considera, con razón, que ello no es justo. Y subraya que los superricos no están contribuyendo al sacrificio general que el Gobierno federal de EEUU está pidiendo de todos los ciudadanos para salir de la crisis. A ninguno de los superricos se le ha pedido hasta recientemente que haga ningún sacrificio, y ello a pesar de que –tal como señala Buffet– la crisis les ha ido muy bien a los superricos.

¿Y cómo puede ser que paguen mucho menos en impuestos que la clase trabajadora y que las clases medias? Buffet lo dice claramente. La mayoría de su renta deriva de los beneficios que consigue de sus inversiones (la mayoría inversiones financieras). Es decir, es dinero de lo que antes se llamaba el capital financiero. Subraya Buffet que los impuestos sobre las rentas del capital (como el Impuesto de Sociedades) gravan mucho menos que las rentas del trabajo, lo cual le parece una profunda injusticia. Según él, todas las rentas, tanto las derivadas del capital como las derivadas del trabajo, deberían gravarse por igual, sin privilegios (como ocurre ahora) a las rentas del capital, que se gravan mucho menos. En realidad, no sólo gravan menos, sino que incluso han ido descendiendo más y más, bajo el argumento de que disminuir tales impuestos al capital facilita la creación de puestos de trabajo. La sabiduría convencional en el conocimiento económico –que, en general, está sesgado a favor de las rentas del capital– promueve políticas que favorecen estas últimas a costa de las rentas del trabajo, argumentando que es necesario incentivarlas para conseguir más inversión y más empleo. Pero, como Buffet señala en su artículo en The New York Times, los ingresos derivados del capital han crecido astronómicamente para los superricos, a la vez que los impuestos sobre tales rentas han ido disminuyendo y, sin embargo, la creación de puestos de trabajo en EEUU ha sido menor que antes (de 1950 a 1980) cuando las rentas del capital se gravaban mucho más que ahora.

En realidad, las políticas fiscales que definen quién paga impuestos y en qué cantidad no vienen definidas por factores económicos, sino por factores políticos, lo cual quiere decir por el poder e influencia que distintos colectivos de personas tienen en nuestras sociedades sobre las instituciones políticas (y mediáticas). Y de estos colectivos, los ricos y superricos (lo que solía llamarse la clase capitalista o burguesa, términos hoy abandonados por considerárseles anticuados) son los más influyentes. El hecho de que no se hable de clases sociales y lucha de clases en España se debe precisamente a su enorme poder sobre las instituciones políticas y mediáticas. Como consecuencia, la versión convencional de la estructura social de nuestros países afirma que las clases sociales básicamente han desaparecido, puesto que la mayoría de ciudadanos pertenece a la clase media, aceptando que por encima están los ricos –la clase alta– y por debajo los pobres –la clase baja–. Por lo demás, hablar de clase capitalista o burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora (la mayoría de la población) se considera ser muy anticuado. Las ciencias sociales, sin embargo, son ciencias. Y la clase social es una categoría científica. Y en ciencia no debe confundirse antiguo con anticuado. La ley de la gravedad es muy antigua, pero no es anticuada. Si lo duda, salte de un cuarto piso y lo verá. Y esto es lo que está ocurriendo a gran parte de las izquierdas gobernantes. Están saltando del cuarto piso y están cayendo en picado.

El famoso dicho del presidente Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”, continuando unas políticas iniciadas en España por el Partido Popular, ha favorecido enormemente a la clase capitalista (es decir, aquel colectivo que deriva sus rentas del capital), que como bien dice Buffet, existe. Y los datos de la Agencia Tributaria española así lo documentan. Mientras que los ingresos al Estado derivados de la gravación a las rentas del trabajo han ido aumentando desde 2006 (pasando de representar 430.428 millones de euros en 2006 a 494.431 millones de euros en 2010), las derivadas del capital han descendido considerablemente, pasando de 75.027 millones de euros a 53.455 millones de euros, y ello en gran parte, como consecuencia de las bajadas de impuestos, sobre todo a las rentas superiores y del Impuesto de Sociedades. ¿Dónde está la versión española de Buffet?

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4024/%C2%BFexiste-lucha-de-clases/

miércoles, 21 de septiembre de 2011

El impuesto a las finanzas tan temido

PARÍS, 16 sep (IPS) - Si los gobiernos pudieron encontrar billones de dólares para salvar al sistema financiero global en 2009 ¿por qué no pueden hacer lo mismo para erradicar la extrema pobreza?, se preguntan impulsores del impuesto a las transacciones financieras en Francia.

El reclamo se enmarca en el debate que mantienen legisladores sobre la introducción de un gravamen de ese tipo para ayudar a financiar el desarrollo local y extranjero.

"Si fuimos solidarios con el sistema financiero, no puedo creer que no podamos encontrar los medios para reunir el dinero suficiente para luchar contra la extrema pobreza", señaló Arielle de Rothschild, banquera y presidenta de la organización humanitaria CARE France.

"Las restricciones presupuestales en Europa y Estados Unidos probablemente dificulten la búsqueda de fondos para los países pobres, que enfrentan una situación muy difícil, como vemos en partes de África o Haití", dijo a IPS. "La principal solidaridad debe ser la de salvar vidas", apuntó.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizó esta semana una conferencia sobre "Impuesto a las transacciones financieras para un mundo más justo: aquí y ahora".

El encuentro reunió a funcionarios de gobierno y miembros de organizaciones no gubernamentales para debatir atención sobre la necesidad de crear una forma innovadora de recaudar fondos para la asistencia al desarrollo.

Los ministros de Finanzas François Baroin, de Francia, y Wolfgang Schaueble, de Alemania, expresaron en una carta enviada a la Comisión Europea la semana pasada su apoyo al impuesto a las transacciones financieras (ITF).

El gobierno francés se mostró a favor de ese tipo de mecanismo y el parlamento adoptó en junio una resolución que llama a implementar el ITF. Las autoridades tienen esperanza de que la medida obtenga el apoyo de otros países del G-20. El Grupo, que reúne a países ricos y a las grandes economías emergentes, se encontrarán en el balneario de Cannes, en el sur de Francia, en noviembre.

"Tenemos que sumar, se trata de justicia y solidaridad", señaló la ministra de Ecología, Desarrollo sustentable, Transporte y Vivienda, Nathalie Kosciusko-Morizet.

"Las finanzas innovadoras le dan sentido y credibilidad a la política", dijo a IPS. "Sabemos que necesitamos dinero para que Norte y Sur se desarrollen juntos. Es un problema de credibilidad no saber cómo reunir fondos en un contexto en que no hay más presupuesto", añadió.

Con el ITF, Francia puede ganar unos 16.500 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Europa se pueden reunir más de 55.000 millones de dólares y si todos los países del G-20 lo aplicaran, el monto ascendería a más de 358.000 millones, calculó el organismo.

El ITF y otras formas de financiación para el desarrollo deben concentrar la atención de la reunión de Cannes, sostuvo Francia, que detenta la presidencia rotativa del G-8 y G-20.

"Definitivamente formará parte de la agenda", dijo a IPS el ministro de Cooperación, Henri de Raincourt.

"El gobierno y los parlamentarios franceses están totalmente de acuerdo en encontrar formas innovadoras de financiación y están dispuestos a considerar que se debe lograr la contribución del sector financiero, uno de los que se beneficia de la globalización", añadió.

Medidas como la del impuesto a los pasajes de avión ya dio resultados; el dinero se destina a la salud en países en desarrollo, indicaron organizaciones. El "gravamen solidario" de la aviación dio fondos a Unitaid, por ejemplo, iniciativa internacional para mejorar el tratamiento contra el VIH/sida, malaria (paludismo) y tuberculosis, principalmente en estados de bajos ingresos.

Todavía no está claro qué porcentaje del ITF francés irá para la asistencia al desarrollo. Algunas organizaciones pretenden que se destine todo a ese fin, en tanto otras creen que eso sería inaceptable para ciertos sectores de la población.

"Creo que la población apoya el impuesto", dijo De Rothschild a IPS. "Pero como vivimos tiempos difíciles, algunos políticos pueden reclamar que se use para ayudar a los franceses", apuntó.

"Estaría a favor de destinarlo a los países en desarrollo porque en los ricos todavía tenemos seguridad social. En el Cuerno de África, los niños que se mueren de hambre no la tienen", añadió.

"Creo que tenemos que encontrar otras formas de generar grandes cantidades de dinero para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un impuesto a las transacciones financieras probablemente sea una forma de obtener fondos", apuntó De Rothschild.

El sector financiero, según Oxfam y otras organizaciones, siguen obteniendo ganancias mientras la crisis económica empujó a millones de personas en una profunda pobreza.

Un impuesto de 0,5 por ciento a las transacciones como la venta de bonos y acciones, puede reunir unos 409.000 millones de dólares al año, según el Leading Group on Innovative Financing for Development, plataforma que reúne a 63 países, organizaciones internacionales y no gubernamentales.

Hay 40 países que ya crearon un gravamen a las transacciones financieras, aunque el dinero recaudado se destina principalmente a usos locales, señaló la coalición.

Detractores del ITF arguyen que puede dañar la economía, pero el presidente de la Autoridad de Mercados Financieros, Jean-Pierre Jouyet, descartó esa posibilidad.

"Es un impuesto justificado", sostuvo. "La riqueza financiera tiene una distribución desigual y hay que gravarla. No hay ningún riesgo de que eso vaya a dañar la economía", añadió.

"Es como si hace 40 años se hubiera dicho que un impuesto al consumo atentaba contra este", explicó Jouyet. "En la actualidad, el IVA (impuesto al valor agregado) sigue siendo uno de los gravámenes más importantes", apuntó.

"El impuesto a los pasajes aéreos generó el mismo temor, pero nunca hubo tantos viajes como ahora. Estoy totalmente a favor de este gravamen. Tenemos los medios para crearlo", aseguró. 

Análisis de A.D.McKenzie
IPS

lunes, 19 de septiembre de 2011

Por la desaparición real de los paraísos fiscales

En todo 2005, hubo en España apenas cien actuaciones contra blanqueo de dinero. Las acciones policiales contra ese delito aumentaron año tras año y, este 2011, antes de acabar el año, ya son 175, en solo mueve meses. Se dispara el blanqueo que oculta miles de millones. Para no pagar siquiera los disminuidos impuestos que hoy gravan beneficios de grandes empresas (o no tan grandes), corporaciones, banca y grandes fortunas.

Pero ese blanqueo no sería posible sin paraísos fiscales donde se ocultan esos miles de millones.Paraísos fiscales como Caimán, Bahamas, Barbados, Aruba, Bahrein, Panamá, Brunei, Singapur..., pero también Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Gibraltar, Mónaco... En Europa. Paraísos fiscales que garantizan anonimato total de capitales y de movimientos de capital, que aseguran el más implacable secreto bancario, la más negra opacidad financiera, así como la impunidad de espectrales sociedades instrumentales (para cuya constitución solo se precisa una dirección postal).

Y sin impuestos (o ridículamente bajos) sobre beneficios. ¿Cuantas canalladas se pueden perpetrar con tanto secreto?Por culpa de los paraísos fiscales, en los “países en desarrollo” deja de pagarse entre un 30 y 40% de impuestos. Según Xavier Harel (La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux), anualmente se evade un billón de dólares. América Latina y Caribe dejan de cobrar anualmente 50.000 millones de dólares por evasión de impuestos de empresas transnacionales en la región.

Y, según el cálculo más optimista, la evasión de impuestos supone cuanto menos un 15% de pérdida de ingresos fiscales en los países desarrollados. En Francia, solo 4 de las 40 mayores empresas pagan impuesto de beneficios; en Reino Unido, 470 de las 700 grandes corporaciones del país aportaron menos de 15 millones de  dólares por beneficios entre 2005 y 2006 y las 230 restantes, ni una libra.

Según Harel, la Unión Europea deja de cobrar 200.000 millones de euros por impuestos y, el gobierno de Estados Unidos, unos 100.000 millones de dólares. No sería posible sin paraísos fiscales.Y, para empeorar las cosas, analistas e investigadores de todo el mundo aseguran que la financiación del terrorismo y del crimen organizado son inseparables de los paraísos fiscales. Según Loretta Napoleoni de la London School of Economics, el terrorismo mueve en los paraísos fiscales 500.000 millones de dólares anuales.

 Y, según informes del FMI, ya en 1993 la economía criminal global (como designó Manuel Castells acertadamente a los movimientos económicos y financieros de las organizaciones criminales), movía un billón de dólares (5% del PIB mundial entonces). Gracias a los paraísos fiscales.

“El sistema financiero actual y la criminalidad organizada se refuerzan mutuamente”, denunció hace años Jean de Maillard.Pero pese al carácter destructor de toda estabilidad económica de los paraísos fiscales, FMI, Banco Mundial, OCDE, Unión Europea, G20 y G7 no tienen ninguna intención de hacerlos desaparecer.En febrero de 2009, en pleno pánico de crisis financiera, los gobernantes europeos se conjuraron en Berlín para erradicar los paraísos fiscales. Angela Merkel aseguró que habría una implacable lista negra de paraísos y Sarkozy anunció severas sanciones.

Zapatero osó decir que era el principio del fin de los paraísos fiscales. Mentira.Los paraísos fiscales que quisieran dejar de aparecer como tales solo tenían que suscribir un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de información fiscal y financiera con otros tantos países. Muchos “paraísos” simularon cumplir tal condición. Con trampa. De los 35 paraísos fiscales que reconocía la cicatera OCDE (cuando eran y son más de 60) hoy solo figuran 4.

Porque los acuerdos de transparencia suscritos para no estar en la lista de paraísos lo fueron torticeramente por auténticos paraísos fiscales con países de escasa relevancia económica o financiera o, en el colmo de la caradura, entre paraísos fiscales.

Un timo. Porque el secreto bancario sigue contra viento y marea.Sigue habiendo muchos paraísos fiscales. Financieramente opacos, económicamente oscuros, defensores a ultranza del secreto bancario, con ninguno o muy bajos impuestos, muy accesibles a no residentes, con facilidad pasmosa para constituir entidades y sucursales financieras así como empresas pantalla por quien sea...

Y es así aunque las instituciones económicas internacionales y los gobiernos de países ricos ya no los consideren paraísos fiscales.El movimiento global ciudadano, sobre todo en Europa, ha de incorporar otro objetivo a su lucha de recuperación de la democracia: la desaparición real de los paraísos fiscales. Imprescindible para una fiscalidad justa. Porque una fiscalidad justa es indispensable para una mínima justicia social.

Xavier Caño Tamayo. Periodista y escritor
Analítica.com

domingo, 18 de septiembre de 2011

Vías de escape para que los ricos no paguen impuestos


Las grandes fortunas encuentran fórmulas dentro del propio sistema fiscal para dejar casi a cero su factura con Hacienda. Sicav, sociedades patrimoniales o fundaciones son algunos de los instrumentos que emplean

El mundo que se consideraba más desarrollado decidió un día dejar circular libremente el capital. Sin puertas que lo aten, llamar al dinero se ha convertido en la obsesión de los gobiernos (en un mundo donde enviarlo a un paraíso fiscal equivale a un clic en el ordenador), en lugar de ponerse de acuerdo para domesticar al capital. Así, compiten entre sí bajando impuestos.

Se hace para atraer empresas, pero también rentas altas y grandes fortunas, que esgrimen la amenaza de irse a un territorio donde las mimen más si les tocan los privilegios. Llega la crisis y los ajustes, las imposiciones de reducción de los déficits, los recortes sociales, las subidas de impuestos indirectos. ¿Todo cambia? No. Los más favorecidos siguen con sus instrumentos para aportar lo menos posible al fondo común. Público ha consultado con expertos en fiscalidad para conocer los más utilizados.

01. capital o trabajo: Un IRPF dual

La primera clave de cómo se benefician las rentas altas del sistema fiscal español está en el IRPF, un impuesto que ya demuestra "que todo está diseñado para favorecer el negocio financiero", según José María Mollinedo, secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda, Gestha. Por la "dualidad del impuesto, que existe en todos los países de la OCDE", trabajar está más penalizado fiscalmente que, por ejemplo, especular en Bolsa.

Las rentas del trabajo tributan hasta un máximo del 45% (49% en algunas CCAA por la aplicación del tramo autonómico). Pero la del capital (dividendos, plusvalías, intereses...) lo hacen al 19%, o al 21% si superan los 6.000 euros.

"Si tengo el control de mi empresa puedo manejar esa dualidad a mi antojo", comenta Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). "Puedo decidir tener rentas de capital (mediante dividendos, por ejemplo) en lugar de un salario", añade.

02. Sicav: Lo más criticado

Las sociedades de inversión de capital variable, conocidas comúnmente por su acrónimo sicav, son el más criticado privilegio impositivo. Una sociedad anónima que sólo aporta a las arcas públicas el 1% de su ganancia de valor frente al 30% (25% las pymes) que pagan las demás por sus beneficios. Para ser constituida obliga a una inversión mínima de 2,4 millones de euros, es decir, no apta para la mayoría de los bolsillos. Pero, además, han falseado sus condiciones y requisitos, lo que es un hecho no sólo generalizado sino conocido y permitido.

Primero: para constituir una sicav es necesario tener, al menos, cien partícipes (socios). El propietario de una gran fortuna acude a una gestora (banco de inversión, etc.) que le aporta los datos, firmas, etc. de 99 personas para que llegue al mínimo de titulares exigido. A esos 99 partícipes, que no se apellidan Koplowitz ni Almodóvar pero aparecen junto a ellos como socios de una sicav, se les llama los mariachis.

Segundo: los fondos en los que pueden invertir ciudadanos de a pie los lleva un gestor y los partícipes que ponen dinero no intervienen en las decisiones de inversión. En las sicav el propietario de la gran fortuna puede tener el 99,99% de la sociedad y los demás, el 0,01%. El primero decide.

Tercero: se dice que una sicav es un instrumento para diferir impuestos (retrasar en el tiempo su pago) porque sólo se paga IRPF cuando se deshace parte de la inversión, es decir, se venden títulos en los que se había invertido y se obtiene una ganancia (plusvalía). En ese caso, tributaría como renta de capital, es decir, al 19% o 21% (aunque lo normal es reinvertir y así no pagar). Hasta hace un año, los propietarios de las sicav tenían un truco más para no pagar ni siquiera cuando convertían en efectivo sus inversiones: reducían capital en la sociedad, en lugar de efectuar una operación de reparto de beneficio, pues es una operación generalmente exenta, con lo que esquivaban el pago en el IRPF. En septiembre de 2010, el Gobierno modificó la normativa para cerrar esa vía de escape.

Las rentas del capital tributan a un tipo inferior que las del trabajo

Cuarto: las sicav sólo pueden invertir en activos financieros (acciones, deuda, etc). Expertos fiscalistas comentan que, en la práctica, un millonario que quiere una mansión, un yate, un avión privado, no lo compra directamente, sino mediante una sociedad, que aparece como propietaria. Luego la sicav adquiere las acciones de esa sociedad, ahorrándose el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el IVA.

Además, la normativa admite que las sicav tengan "departamentos, que pueden ser hasta cinco en cada una", explica José María Mollinedo. Cinco fortunas diferentes constituyen una sicav, comparten mariachis, etc y sólo está obligada cada una a un mínimo de 480.000 euros de inversión.

Estos instrumentos son los únicos que no pueden ser controlados por la Inspección de Hacienda. Así lo decidió el Ministerio de Economía, siendo titular Pedro Solbes, que otorgó la competencia a la CNMV después de que los inspectores les había levantado centenares de actas de inspección. El cambio tuvo carácter retroactivo, y las actas se anularon.

03. Fundaciones: Fuente de opacidad

Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de los Inspectores de Hacienda, explica que las fundaciones tenían más interés cuando se aplicaba el Impuesto sobre Sucesiones, que ahora está bonificado entre el 96% y el 99% en la mayoría de las autonomías. Para eludir el pago del impuesto en las herencias, se transferían a estas sociedades los bienes familiares sin afrontar un pago que podía llegar a equivaler al 82% del valor del activo.

La sicav es el instrumento más utilizado por las grandes fortunas

Ahora, las fundaciones se utilizan, según los expertos, para evitar que se conozca quién está detrás de una fortuna. Se pueden constituir en paraísos fiscales como Liechtenstein. No puede realizar actividad con ánimo de lucro, pero no paga impuestos por las aportaciones que le hacen.

04. Patrimoniales: Refugio de inmuebles

Son, como su nombre indica, sociedades tenedoras de activos, generalmente inmuebles. Con el Impuesto de Patrimonio ahora restituido, cobran más relevancia estos instrumentos para esquivar al fisco.

Al ser Patrimonio un impuesto personal (lo pagan personas por los bienes de los que son titulares), se puede crear una sociedad y hacer una aportación no dineraria de varios inmuebles, por ejemplo, a la misma. "Aunque en Patrimonio haya que informar de la titularidad de las acciones, al propietario no le afectará la revalorización de los valores catastrales", explica Mollinedo. "Las plusvalías quedan latentes hasta que se vendan los activos". Esta fórmula no sólo sirve para esquivar el pago del impuesto, "además deja a salvo el patrimonio familiar de responsabilidades frente a reclamaciones judiciales por gestión de otras empresas, etc.", añade.

La fórmula, ya de por sí fraudulenta porque se crean estructuras con una aparente actividad económica, va más allá cuando la sociedad tiene sede, por ejemplo, en Gibraltar, que no tiene convenio de doble imposición con España. "El cambio de manos de las acciones no se ve", explica Mollinedo, y "quien compra no paga el Impuesto de Transmisiones a la CCAA" y quien vende "no paga por la plusvalía".

05. Empresas: El origen

Cuando se consulta a los expertos sobre qué fórmulas utilizan las grandes fortunas para minimizar su aportación al fisco, recuerdan que muchas grandes fortunas proceden de los reducidos impuestos que pagaron las empresas que gestionaban o de las que eran propietarios (en España, el tipo efectivo para las grandes compañías es de apenas el 10%).

Cuanto más crece una empresa, más se beneficia de "la competencia fiscal entre estados", comenta De la Torre. "Que una gran empresa se instale en un país con una tributación baja es perfectamente legal; y es la causa del llamado milagro irlandés", añade. Irlanda tiene un Impuesto de Sociedades del 12,5%.

06. Paraísos fiscales: Ni pagan ni informan

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor dijo: "Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana". Se refería a cómo grandes bancos, cuyas sedes están en la columna vertebral de Madrid, ofrecen a sus clientes de rentas más altas cauces para enviar su dinero a lugares que no saben de impuestos y, lo más grave, ocultan al resto de países la información sobre los capitales que albergan.

"Cuando pides información sobre estos movimientos, la banca te deriva a sus filiales en paraísos, que no te la da. Una de las cosas que hemos pedido siempre es que o se prohíba el uso de paraísos o se obligue a la banca a dar la misma información sobre esas filiales que la que da de sus negocios en España", comenta De la Torre.

Un conocido uso de paraísos fiscales se estructura a través de Holanda. Allí se constituyen holdings cuyos dividendos, gracias a los convenios de doble imposición de este país con territorios como Aruba, Antillas Holandesas y Barbados, llegan al paraíso sin pagar impuestos. A esto lo llaman el sandwich holandés.

07. Deslocalizados: Fingir otra residencia

Otra manera de no pagar impuestos en España es aparentar que no se vive aquí. La Agencia Tributaria incluye en sus actuaciones anuales un Plan de Deslocalizados: una vía de investigación para detectar personas que dicen tener su residencia en países con tributación baja, como Andorra, cuando en realidad viven la mayor parte del año en España y tienen aquí su centro económico. Algunos deportistas están entre los primeros detectados por el plan, pero también hay empresarios.

Ana Flores
Público