Es la medida más suave que podía
tomar”. La justificación del presidente del Gobierno al proponer, con el
aplauso del PP, una reforma constitucional que condicionará durante décadas la
política económica, nos deja perplejos. ¿Cuáles serían las alternativas menos
suaves?
Desde la reunión del Consejo de
Ministros de Finanzas de la UE,
celebrada el 9 de mayo de 2010, el Gobierno ha ido tomando medidas a sabiendas
de que incidirían negativamente en la crisis, que ralentizarían el crecimiento
del PIB y aumentarían el paro, bajo el argumento de que se ve obligado a
hacerlo. ¿Qué está pasando? La explicación, que parece contar con un consenso
sorprendente, es que “los mercados”, orientados por las agencias de
calificación de riesgo, castigan el déficit de las administraciones públicas
con un aumento de las primas de riesgo e, incluso, con la amenaza de provocar la
quiebra del Estado. Ante lo cual la
UE exige reducciones drásticas del gasto público.
Lo asombroso es que se puede
constatar sin dificultad que el origen del déficit no está en el incremento del
gasto sino en la reducción de los ingresos públicos y que el volumen de la
deuda pública española se mantiene en niveles muy aceptables. La parte esencial
del gasto público va dirigida a la formación, a la sanidad, a la creación de
infraestructuras, a la seguridad, a la cohesión social y territorial… son
partidas necesarias para el funcionamiento eficiente de la economía y que,
además, generan demanda efectiva en momentos en que la reducción de la demanda
privada ostenta un protagonismo evidente en el origen y en la continuidad de la
crisis.
Los gastos públicos se contabilizan
anualmente con criterios de caja, pero no se contabiliza el retorno que generan
en los ejercicios sucesivos, tanto desde la óptica de su contribución a la
mejora de la economía del país y al bienestar social, como de su contribución
al aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, gracias a las orientaciones
de las agencias de calificación de riesgos, los oferentes de financiación
actúan coordinadamente frente a la demanda de recursos financieros de los
gobiernos, lo que les proporciona un amplio poder de mercado. La agencia
empeora la calificación y los agentes financieros incrementan las primas sobre
la deuda, lo que aumenta el déficit y la deuda misma. Por cierto, las tres
hermanas: Moody’s, Standar & Poor’s y Fitch, detentan, probablemente, el
mayor grado de monopolio conocido en un mercado mundial.
Es decir, en los mercados
financieros las condiciones de competencia perfecta decaen al actuar una
inteligencia coordinadora, como también pasaría en cualquier otro mercado, el
del pan o el del acero, si existieran unas agencias que van dando indicaciones
de cuáles deben ser los precios de oferta. Y, abundando en el tema, ya nos
hubiera gustado a todos que la calificación de los activos financieros basura,
en los años previos a la crisis, hubiera estado sometida a la estricta
observancia que dicen aplicar hoy al déficit público. Es, probablemente, el
mejor ejemplo de los efectos perversos que pueden derivarse de actuaciones
incontroladas en condiciones de oligopolio.
Parecería lógico que la UE tratara de contrarrestar
estos efectos perversos con medidas que están a su alcance. Crear una agencia
de calificación dependiente del Banco Central Europeo (BCE) rompería el
monopolio de las tres hermanas. Emitir bonos del BCE estabilizaría los tipos de
interés y reduciría el servicio de la deuda pública. Son sólo ejemplos de
actuaciones contundentes. Sin embargo, las autoridades económicas de la UE se limitan a sacralizar la
operativa de los mercados y a exigir reducciones del gasto público. No parecen
entender que el primer objetivo es evitar la inactividad del sistema productivo
y que esta actividad es la mejor receta para reducir el déficit y afrontar la
deuda. ¿Cómo es posible que se insista en una política que implica cerrar
escuelas, hospitales, fábricas, pequeños negocios…? ¿No está suficientemente
probado que la realidad contradice con rigor sus argumentos?
A primera vista, el panorama
presenta amplias dosis de surrealismo. ¿Qué está pasando? La tendencia apunta a
la reducción de la capacidad del Estado para redistribuir la renta a través de
las prestaciones sociales, con la consiguiente privatización de sectores como
la sanidad, la educación o las pensiones, y al estrechamiento de los límites de
las políticas socialdemócratas y las actuaciones sindicales. Ello consolidaría
una sociedad dual. También se tiende a la pérdida de protagonismo de las
instituciones comunitarias sometidas al predominio de unos países sobre otros.
Es, en el fondo, una inmensa demostración de poder.
No debería ser necesario aclarar
que nuestro crecimiento en los años pasados llevaba consigo cuantiosas compras
a empresas alemanas y de otros países europeos, incrementando la rentabilidad
de sus inversiones en instalaciones y en investigación. Y que una parte
relevante de los recursos con que se han financiado estas compras proceden de
entidades financieras que radican en esos países, a las que se pagan
puntualmente lo intereses correspondientes. Se trata, simplemente, de crédito
al cliente, una práctica comercial generalizada y perfectamente aceptable.
La reciente declaración en boca
de mandatarios europeos, en el contexto de la crisis griega: “Quien cumpla no
será expulsado del euro” o lo que es lo mismo, se expulsará del euro al que no
cumpla, además de destilar un estilo de matón de barrio, trasluce ignorancia,
miopía e incomprensión del papel histórico de la UE y de las ventajas de todo tipo que presta a
todos y cada uno de los países que la componen.
Juan Ignacio Bartolomé Gironella
Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1984-1988)
Jorge Fabra Utray
Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1981-1983
www.economistasfrentealacrisis.com
Fuente: Público
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