martes, 30 de agosto de 2011

6 sencillas medidas para reducir el déficit aumentando los ingresos públicos

El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos. Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda. Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública… Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).

Gastos públicos

Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.

Por otro lado, ninguna de esas medidas atenta contra los intereses de las personas más acaudaladas y poderosas. Los recortes de gasto van destinados a reducir el tamaño del Estado del Bienestar, pero por ejemplo no van dirigidos a reducir el gasto que supone mantener las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. Ni tampoco a reducir el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales. Ni tampoco a disminuir el gasto destinado a la Corona Española, la cual recibe 8 millones de euros anuales del presupuesto del estado. De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas. Estas instituciones y agentes sociales tienen mucho más poder que las clases populares para poder defenderse de las actuaciones del gobierno e influir para que las medidas no afecten a sus intereses.

Ingresos públicos

Lo mismo ocurre por el lado de los ingresos. . Como vimos, aumentar los ingresos públicos sólo es eficaz si se hace aumentando los impuestos a las rentas más altas. Pero estas rentas son precisamente las que mayor poder y mayor capacidad de influir tienen sobre los círculos políticos, y por tanto, estas medidas encuentran mayores dificultades políticas para llevarse a cabo. Sin embargo, técnicamente todas ellas son factibles. Entre estas medidas destacan:

1) Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo recaudaba fondos fundamentalmente de las personas más acaudaladas ya que son las que poseen más propiedades. Las personas menos adineradas apenas se veían afectadas al disfrutar de pocas propiedades. La recuperación de este impuesto supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.

2) Reforzamiento del cuerpo de inspectores de Hacienda y aumento de las investigaciones a grandes fortunas, de las cuales sólo declara el 20% de las existentes en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, por estas vías se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año.

3) Modificación del IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos. Así se hacía hace unos pocos años en nuestro país y así se hace actualmente por ejemplo en los países nórdicos, donde los grandes ricos aportan entre el 50% y el 59% de su renta mientras en España sólo aportan el 43%.

4) Aumento de la tributación de las grandes empresas S -como Inditex- que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%.

5) Tributación por parte de la Casa Real Española, la cual recibe de los fondos presupuestarios unos 8 millones de euros, todos libres de impuestos.

6) Eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios adquiridos de los desahucios y embargos.

Viabilidad de las medidas

No es cierto –como se nos dice constantemente- que las actuaciones realizadas por el gobierno sean las únicas que se pueden tomar para reducir el déficit público. Se nos dice que los recortes son indeseables, pero a la vez inevitables porque algo hay que hacer y eso es lo único que se puede hacer. Pero es mentira. Lo que ocurre es que, de entre todas las alternativas existentes para reducir el gasto o aumentar los ingresos, no se llevan a cabo aquellas medidas que perjudican a los agentes sociales que tienen más poder para influir y presionar sobre la agenda política. Por lo tanto, finalmente los costes de las disposiciones políticas son soportados por aquellos que no tienen medios para defenderse: las clases populares.

Los continuos mensajes lanzados desde los grandes medios de comunicación y desde todos los poros de influencia y poder que tiene el sistema social, económico y político; nos hacen creer que las medidas que han sido adoptadas son las únicas que se pueden tomar. Otras actuaciones, nos dicen, son ineficientes, ineficaces, o imposibles de realizar. Y de tanto repetirlo nos lo acabamos creyendo. Pero hemos de tener muy claro que cualquier otra opción es perfectamente viable, y que si no se lleva a cabo es porque aquellos que resultarían afectados influyen y presionan mediante su poder fáctico para imponer sus intereses en la agenda política de los gobernantes.

Eduardo Garzón Espinosa

Saque de esquina

http://eduardogarzon.economiacritica.net/?p=189


lunes, 29 de agosto de 2011

Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP

El acuerdo entre el PSOE y el PP para incorporar a la Constitución española un precepto que impida que los gobiernos incurran en déficit no es fruto de la casualidad.

Responde a la ideología neoliberal dominante en los últimos años que ha tratado de justificar el principio de estabilidad presupuestaria para poder tapar las vergüenzas de unas políticas neoliberales que son incapaces de generar suficiente actividad económica y empleo y la necesaria estabilidad de las economía a medio y largo plazo.

En este texto voy a presentar las razones que se dan a favor de la estabilidad, mostraré sus inconsistencias y señalaré por q [ii] ué se defiende a pesar de su falta de fundamento científico.

Los argumentos a favor de la estabilidad presupuestaria

El principio básico que domina el diseño y la aplicación de la política económica desde que se impusieron las ideas neoliberales es que los gobiernos democráticos y los bancos centrales con preferencias representativas (es decir, sujetos a la voluntad popular) tienden a generar ineficiencia y altas tasas de inflación y, por tanto, que la política fiscal (que depende directamente de la voluntad de los gobiernos y parlamentos) debe tener cada vez un papel más reducido.

Los denominados “nuevos economistas clásicos” pusieron en cuestión incluso el efecto expansivo de la política fiscal a corto plazo que tenía que ver con el llamado “efecto multiplicador”, que hace que un aumento inicial de gasto público se traduzca en un aumento final mucho mayor de la renta nacional.

En su opinión, los agentes anticipan racionalmente los fenómenos económicos gracias a que disponen de información perfecta y gratuita sobre todo lo que ocurre en el sistema económico. Gracias a ello, dicen estos economistas, los sujetos saben perfectamente los efectos de las intervenciones del gobierno y se adelantan a sus efectos. Por tanto, como sostiene Robert Barro, cualquier déficit presupuestario ni siquiera tendría efecto alguno sobre el sistema económico porque los sujetos “sabrán” que en el futuro se establecerían impuestos para financiarlo y, llevados por su conducta racional, ahorrarían desde el principio el incremento de renta que pudiera haber producido el impulso fiscal para pagarlo en su momento.

Entonces, si ni siquiera los déficit presupuestarios, que son las actuaciones fiscales con mayor capacidad para impulsar la actividad, tienen efectos reales sobre el consumo y no generan el efecto multiplicador de la renta, lo que se deduce es que no hay razón alguna para utilizar esta forma de intervención. En opinión de estos economistas neoliberales, hay que prescindir, pues, de un tipo de política económica, la fiscal, que, además, es muy costosa en su opinión debido al aparato administrativo que requiere, que necesita impuestos que consideran muy negativos y que causa los disturbios que cualquier intervención exógena provoca en los mercados.

El complemento indispensable a este planteamiento fue el de Robert Lucas al afirmar que, a diferencia de lo que ocurría con la política fiscal, la política monetaria podría tener efectos sustantivos sobre la actividad y, más concretamente, cuando se basara en reglas simples y de neutralidad, pues sólo entonces sería consistente con ellas el comportamiento de los agentes.

Los monetaristas que defienden esta idea añadirían, para criticar a la política fiscal, que una expansión presupuestaria aumentaría la demanda de dinero para transacciones (la que utilizamos para comprar bienes y servicios), lo que provocaría un aumento del tipo de interés que anularía el efecto expansivo del déficit presupuestario, ya que haría disminuir la inversión. Un argumento que niegan los economistas keynesianos porque entienden que puede darse un incremento sensible en la demanda de dinero sin necesidad de cambios bruscos en los tipos de interés, lo que evitaría el posterior efecto negativo sobre la inversión. Y que, en todo caso, podría actuarse a través de la política monetaria, expandiendo el crédito, para contener los tipos de interés.

Finalmente, la argumentación neoliberal contra la política fiscal discrecional se cerraría afirmando que el incremento de renta que ocasiona una expansión fiscal aumenta las importaciones y, por tanto, empeora el saldo corriente. En condiciones de libertad de movimientos de capital (otra situación que se da como inamovible) se hace entonces necesario atraer capital y para ello hay que aumentar los tipos de interés, lo que provocará la apreciación de la moneda nacional, la pérdida de competitividad y, finalmente, la caída en la renta. Se anularía así el inicial efecto expansivo de la política presupuestaria.

Estas consideraciones y otros desarrollos teóricos de los que no voy a ocuparme ahora terminaron por constituir una suma de proposiciones teóricas sobre las que se basó el nuevo pensamiento dominante en economía y cuyas principales hipótesis y conclusiones, en relación con la política presupuestaria, pueden resumirse en las siguientes.

1. Los déficit presupuestarios generan inflación y provocan la disminución de la inversión, lo que implica que deben reducirse al máximo o hacerse desaparecer. De ahí la política comúnmente denominada de déficit cero y la continua llamada a disminuir el montante de los gastos públicos y, en particular, los que se consideran de naturaleza improductiva o vinculados a tareas sociales que se entiende que no deben formar parte de los compromisos estatales.

2. Hay que mantener una política monetaria restrictiva y para ello también hay que evitar los déficit públicos puesto que estos ejercen siempre una presión indeseable sobre la oferta monetaria.

3. Hay que evitar al máximo los impuestos, procurando disponer de sistemas impositivos neutros, es decir, que no pongan en peligro la asignación de mercado al generar desincentivos o costes innecesarios a los propietarios del capital.

4. Debe avanzarse lo más posible en el objetivo de la privatización de los recursos y empresas públicas en la medida en que se entiende que el sector privado es estable per se y de esa manera se traslada estabilidad a todo el sistema económico.

5. La regulación, restrictiva, de la oferta monetaria debe confiarse a los bancos centrales como autoridades independientes, pues esa es la única manera de lograr neutralidad en las reglas y confianza y de evitar el despilfarro de los gobiernos.

3. Los pactos de estabilidad presupuestaria en Europa.

La estabilidad presupuestaria en Europa se instaura inicialmente como un criterio de convergencia en el Tratado de Maastricht, como un principio que debería entenderse como instrumento para lograr la convergencia entre las economía que se consideró necesario para crear las condiciones adecuadas para la instauración de la moneda única.

Sin embargo, el Tratado de Amsterdam (1997) lo asumió como un objetivo de comportamiento permanente que deberían respetar todos los estados en virtud, precisamente, del pacto para la estabilidad y el crecimiento que formalmente implicó ese Tratado.

Los gobiernos quedaban obligados a elaborar programas de estabilidad presupuestaria y convergencia en los que se fijarían los objetivos y los instrumentos para lograrlos. Al mismo tiempo, el nuevo Tratado redefinía el procedimiento ya establecido en Maastricht para actuar e incluso sancionar por déficit excesivo cuando algún país no respetase las reglas establecidas, bien porque superasen el techo del 3% del PIB en déficit anual o porque no actuaran adecuadamente para mantener el volumen de deuda pública por debajo del 60% del PIB o no hicieran lo suficiente para disminuirla si ya estaba por encima de este nivel.

Las razones que se han argumentado para el mantenimiento del principio estabilidad son básicamente dos.

En primer lugar, que la unión monetaria requiere inexcusablemente disciplina presupuestaria de los países integrantes a fin de que ninguno de ellos genere efectos negativos sobre los demás, principalmente provocando subidas en los tipos de interés o tensiones inflacionistas, como he señalado antes. Se supone que, en ausencia de otras medidas de estabilización que en la unión monetaria ya no están disponibles, si un país incurre en déficits excesivos trasladará la presión sobre los tipos de interés y sobre los precios a toda la zona, debilitando a la larga el crecimiento de todos.

En segundo lugar, se entiende que obligando a los gobiernos a obedecer reglas estrictas de estabilidad presupuestaria se logra un efecto de credibilidad que a la larga incluso las haría innecesarias y que reforzaría el crecimiento a largo plazo.

Principales efectos sobre el crecimiento y el bienestar de la estabilidad presupuestaria

A continuación resumo los principales defectos del argumentario neoliberal sobre la estabilidad presupuestario y los principales efectos que tiene su aplicación en las economías de nuestro tiempo.

Rigidez

El primer efecto negativo de los pactos de estabilidad tal y como se imponen en Europa es que establecen el principio de estabilidad como un criterio limitativo que deben cumplir por igual todos los estados.

Esto implica una gran rigidez porque es evidente que no todos los países se encuentran en iguales condiciones, sobre todo, en las que tienen que ver más directamente con el bienestar social, como pueden ser las expresivas de la inversión social realizada o de las infraestructuras de todo tipo. Ni siquiera se toman en consideración variables que son elementalmente determinantes de la relación entre el gasto público y el crecimiento y el bienestar como la población, su estructura de edad, los niveles de empleo y desempleo, la población inactiva, etc.

De esta forma, la rigidez del principio de estabilidad se convierte en un instrumento que incapacita a los gobiernos y al conjunto de la unión europea para avanzar en un tipo de convergencia que no sea más que la que se expresa en los términos puramente nominales de la balanza fiscal.

Su simplismo es quizá la mejor expresión de que simplemente se trata de un postulado puramente ideológico sin fundamento científico riguroso.

Inadecuado cómputo de los retornos e ingresos que genera el gasto

El segundo efecto perturbador es que al fijar plazos anuales para cumplir el pacto de estabilidad se deja fuera cualquier tipo de consideración acerca de los efectos intertemporales de la inversión y el gasto público.

Es obvio que el gasto público (como le ocurre a la inversión privada) generalmente muestra sus resultados e incluso genera ingresos en periodos superiores al año. En esos casos, si el gasto público se computara a más largo plazo, presentarían un saldo neto lógicamente diferente y menos deficitario.

El problema es que esta dimensión intertemporal del gasto público afecta fundamentalmente a la inversión social que no suele generar retornos inmediatos sino a lo largo del tiempo y, muchas veces, a muy largo plazo.

Lo que se dificulta entonces con la estabilidad presupuestaria es que los gobiernos lleven a cabo este tipo de inversiones, lo que obviamente debilita las estructuras del bienestar de una manera especial y no sólo el alcance potencial del crecimiento.

Freno para reformas estructurales

Un tercer efecto negativo de los pactos de estabilidad europeos es paradójico: son tan inadecuados que incluso pueden impedir que se lleven a cabo las políticas que propugnan quienes los defienden. Me refiero a que la estabilidad presupuestaria puede implicar serias restricciones a la posibilidad de que los gobiernos afronten reformas estructurales profundas (incluso como las que propone los enfoques más ortodoxos) pues estas suelen requerir normalmente inversiones extraordinarias o iniciales importantes, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las reformas liberales de los sistemas de pensiones.

Por otro lado, el principio de estabilidad tan rígidamente aplicado impide considerar algo igualmente elemental: el gasto público se computa como la partida negativa del saldo presupuestario pero a la hora de contabilizar este último se debería tener en cuenta que una gran parte de los ingresos correlativos que genera no van a parar al estado sino a las empresas o familias.

Dudoso efecto sobre el crecimiento

Un efecto más controvertido es si la estabilidad presupuestaria contribuye positivamente al crecimiento de la actividad o si, por el contrario, la limita y frena la creación de empleo.

El escaso tiempo transcurrido hace que las evidencias empíricas sean todavía discutibles y que no puedan considerarse definitivas.

La tesis más conservadoras se fundamentan en el modelo de Barro que establecía que entre el crecimiento y el gasto hay una relación en forma de "U" invertida, de manera que, a partir de un determinado momento, más gasto público no estimula sino que disminuye el crecimiento.

La razón que tradicionalmente se ha dado para justificar esta idea es que el gasto público termina financiándose por impuestos y que si estos aumentan considerablemente se frena la actividad económica además de provocar más ineficiencias y despilfarro.

Naturalmente, el problema al que se enfrentan estas tesis es determinar en qué punto se produce la inflexión de la "U" de Barro en cada país, lo que no se ha podido descubrir, ni seguramente sea posible hacerlo.

Algunos autores han tratado de señalar indicios de que la estabilidad no haya sido retardataria del crecimiento, pero se trata de análisis que no pueden considerarse definitivos ni completamente aceptados, bien porque se puede mostrar que otros criterios son más positivos desde este punto de vista bien porque su evaluación global como "norma social" es francamente negativa como han señalado Jean Paul Fitoussi y Franceso Saraceno.

En cualquier caso, ni siquiera si se pudiera establecer que la estabilidad incentiva y favorece el crecimiento económico medido a través del PIB no estaríamos ni mucho menos ante una prueba definitiva de la bondad de la estabilidad presupuestaria porque es evidente que el crecimiento por sí mismo ni garantiza la creación de empleo, y mucho menos el de calidad, ni eso equivale a que haya más ingresos para todos los sujetos económicos ni, por supuesto, más bienestar.

Por el contrario, más bien cabría considerar que un tipo de crecimiento impulsado sin suficientes inversiones sociales (o con un nivel de estas por debajo del potencial o necesario en un momento dado) sería un modelo de acumulación bastante insatisfactorio desde el punto de vista de las necesidades colectivas y del bienestar. Como dice acertadamente Fitoussi (1996) el crecimiento económico es una cuestión filosófica antes que económica.

Fomento de los comportamientos procíclicos que provocan crisis

Otra característica relevante del principio de estabilidad es que implica comportamientos procíclicos de las finanzas públicas, es decir, que en lugar de corregir sus malos momentos los agrava. Incluso aunque el pacto se pudiera interpretar con algo más de flexibilidad, implicaría siempre una constricción constante de la capacidad de maniobra de los gobiernos.

Este es un efecto buscado, que se asume como deseado por los neoliberales porque, como señalé, parten del prejuicio ideológico de que cualquier intervención pública es indeseada.

Sin embargo, la historia económica ha demostrado y está demostrando en estos tres últimos años, que el mantenimiento de los criterios de estabilidad suponen un corsé muy negativo en momentos en que las economías sufren etapas de recesión. Y que en las etapas de bonanza este comportamiento procíclico también hace que los gobiernos no actúen adecuadamente aumentando su propio rendimiento fiscal en las etapas de bonanza económica.

Ni en fase de recesión ni de expansión es buena por principio la estabilidad presupuestaria.

Dificultad para la convergencia social

Por otro lado, la aplicación del principio de estabilidad en un marco como el de la Unión Europea da lugar a que los países que parten de una situación más atrasada o débil en el proceso de convergencia, como España, hayan tenido dificultades adicionales para alcanzarla en los aspectos más relevantes del bienestar social: empleo, protección social o infraestruturas y bienes públicos en general. Es una evidencia, por ejemplo, que el gasto social en España ha ido disminuyendo en relación con el PIB de forma paralela a la búsqueda de la estabilidad presupuestaria, originando así pérdidas netas de bienestar claramente perceptibles como ha demostrado entre otros Vicenç Navarro.

La naturaleza procíclica de los pactos de estabilidad debilita a las economías y las expone más crudamente a los efectos negativos de los ciclo sobre el empleo y el bienestar, hace que éstos sean más recurrentes y, en general, se convierte en uno de los factores decisivos que disminuyen la capacidad de maniobra de los gobiernos cuyos efectos también son, como vamos a ver enseguida, muy negativos no sólo desde el punto de vista económico.

Errónea concepción de la naturaleza del sector público y de su función económica

El pacto de estabilidad presupuestaria se basa también en una traslación mecánica y equivocada de las bondades de la competencia empresarial al ámbito del Estado.

Se considera que, así como las empresas privadas deben descargarse en la mayor medida de lo posible de costes para poder ser más competitivas, los estados deben de actuar de igual manera, de modo que es deseable que eliminen el máximo de cargas para ser eficaz y también competitivo.

Se trata de una idea que se aplica cada vez en mayor medida a los servicios públicos de todo tipo y que está provocando su debilitamiento, su deterioro y una progresiva pérdida de cobertura, además de constantes problemas de financiación que padecen, principalmente, los sectores y clases sociales de menor renta.

Se trata de una idea equivocada en la medida en que el papel del estado no es equivalente al de las empresas y que a la postre generará efectos muy lesivos sobre el bienestar y sobre el rendimiento de las empresas (sobre todo de las pequeñas y medianas que tiene más dificultades para proveerse por sus propios medios del capital social y formar el capital humano que necesitan) puesto que disminuye la capitalización de las economías y las fuentes del crecimiento más estable y duradero -el capital social en todas sus manifestaciones- y que, al aumentar la población que va a carecer de bienes esenciales, incrementa la desigualdad y las bolsas de pobreza.

La defensa de la estabilidad presupuestaria se basa igualmente en considerar que la protección social o las normas costosas de regulación laboral son la causa de las ineficiencias y, en particular, del desempleo. Se trata de otra idea errada puesto que, en realidad, son su consecuencia y podrían efectivamente eliminarse o disminuirse pero justo en la medida en que no se estuvieran aplicando políticas que implican un freno efectivo al empleo y a la creación de riqueza.

Abrir la puerta al sector privado

La contención del gasto público en aras de la estabilidad presupuestaria cuando al mismo tiempo, como hacen los neoliberales, se reniega de los impuestos, simplemente lleva a una consecuencia inevitable, que los estados puedan proporcionar menor cantidad de bienes y servicios públicos, de modo que así se abren de par en par las puertas al negocio que supone su provisión privada. Y el efecto de esto último es bien sabido: menor cantidad ofrecida, precios más elevados y menos personas con posibilidad de satisfacer sus necesidades accediendo a ellos.

Prácticamente la totalidad de los trabajos científicos que han evaluado el efecto de las privatizaciones españolas han mostrado que prácticamente en ningún caso se ha mejorado el rendimiento económico y financiero de las antiguas empresas públicas.

Y teniendo en cuenta que la estabilidad presupuestaria llevará consigo esta sustitución de la provisión pública por la privada (que también necesitará financiación) y que rebaja el nivel de vida de las personas de ingresos más bajos pero que las obligará a tener que realizar más gasto de mercado, resulta que en realidad no reduce la deuda total de la economía sino, en todo caso, la pública. La privada seguirá aumentando y de esa forma el negocio de la banca privada que, en definitiva, es lo que se trata de favorecer.

Una preferencia ideológica revestida de falsos argumentos científicos

En definitiva, es bastante claro que la aplicación de políticas de estabilidad presupuestaria tienen consecuencias muy negativas sobre la marcha de la economía y sobre el bienestar mientras que está por demostrar que los pretendidos efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo que postulan sus defensores sean una realidad. Algo que será muy difícil que pueda conseguirse si se tiene en cuenta que para llegar a esa conclusión se parte de hipótesis completamente irrealistas y sin más base que la ideología: la existencia de mercados de competencia perfecta, la disposición información perfecta y gratuita por todos los sujetos económicos o que los mercados son estables por sí mismos, sin necesidad de ningún tipo de intervención pública (una hipótesis ésta última que debería dar vergüenza sostener cuando ha pasado lo que acaba de pasar en los mercados financieros de todo el mundo.

Si estos postulados se rechazan, porque no pueden darse en la realidad salvo en circunstancias verdaderamente excepcionales, es imposible llegar a las conclusiones liberales sobre las bondades del equilibrio presupuestario.

Pactos de estabilidad, pactos contra la democracia y el bienestar social

Además de las consecuencias puramente económicas que acabo de señalar, el principio de estabilidad presupuestaria (y más concretamente su imposición a través de mandatos constitucionales) significa en la práctica impedir que la ciudadanía pueda elegir libremente a la hora de enfrentarse a los problemas económicos de nuestra época.

Al imponerlo en cualquier momento y condición, como ahora han acordado en España el PSOE y el PP, se impide que los gobiernos puedan suscribir pactos con sus electores si no es en los términos prescritos por la ortodoxia económica dominante. Se obliga de esta forma a que las única política posibles sean las neoliberales.

Es decir, la imposición del principio de estabilidad implica que no puedan darse soluciones negociadas y, por lo tanto democráticas, al conflicto social inevitable que es consustancial con la generación y distribución de la renta y la riqueza.

La estabilidad presupuestaria se ha concebido y se está aplicando como un dogma que hace desaparecer la capacidad de maniobra mínima sobre la que se basa el gobierno democrático de la economía e impone una única opción como si fuese la única solución óptima.

Detrás de todo ello subyace una idea fundamental cuya asunción ha perfilado la política económica de nuestros días y que, entre otros, ha sido criticada recientemente por Stglitz.

Se establece que hay sólo una respuesta al problema social y que no existen ya alternativas políticas sino soluciones técnicas que no requieren negociación ni pacto, sino una adecuada implementación por parte de autoridades, como por antonomasia los bancos centrales, independientes, creíbles y que se reputan neutrales; o por la Unión Europea como una institución superior a cualquier tipo de preferencia social.

La democracia y las políticas de bienestar se basan en la posibilidad de negociación frente al conflicto social y en una idea claramente expuesta por Stiglitz (2002:16): "no existe una única política Pareto-dominante (óptima) en la que puedan estar de acuerdo todas las personas ´razonables´".

Llevar a la constitución el principio de estabilidad presupuestaria es imponer de facto una dictadura económica porque para evitar el déficit público se impone un gigantesco déficit democrático que impide que todos las personas se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de decidir sobre los problemas económicos. Por eso podemos decir que la imposición de un principio de estabilidad presupuestaria en las condiciones en que se impone es algo radicalmente contrario al sentido más elemental de la democracia.

¿Se puede actuar de otra forma?

La historia económica demuestra que cuando los gobiernos han actuado poniendo en marcha políticas fiscales y monetarias discrecionales y combinadas han logrado mejores resultados que en los últimos años de rechazo neoliberal a la fiscalidad discrecional y progresiva.

Y el sentido común indica que afirmar que la estabilidad presupuestaria es buena por principio, en cualquier caso, es una soberana tontería. Como lo sería afirmar que una economía puede endeudarse ilimitadamente sin problema ninguno.

¿Qué adelantaría un país con tener estabilidad presupuestaria si al mismo tiempo carece del capital social y de las estructuras –físicas, educativas, sanitarias, sociales, culturales, relacionales o empresariales…- que son imprescindibles para que sus empresarios puedan crear riqueza y sus ciudadanos adquirir el imprescindible capital humano y el bienestar adecuado?

Lo importante no es garantizar en todo caso que no haya déficit.

Lo razonable y lo que proporciona progreso a una nación es disponer de la dotación de capital social necesario para satisfacer las necesidades sociales. Esta debe ser la variable de partida y no el saldo cero del presupuesto público.

Y lo que sabemos, porque la historia es indiscutible en este aspecto, es que eso no se puede conseguir sin una suficiente dotación de gasto público. Por tanto, lo primero es asegurar este y luego encontrar las vías adecuadas de financiación.

El problema que tienen las políticas neoliberales y quienes las defienden es que son incapaces de generar esa financiación por tres razones. Primero, porque quieren evitar que las clases de mayor renta paguen impuestos. Segundo, porque provocan una gran desigualdad y eso deprime a las economías y hace que puedan generar muchos menos ingresos para las arcas del estado. Y tercero porque incentivan que el ahorro vaya a los mercados financieros en lugar de a financiar la actividad productiva. Y como son incapaces de generar ingresos no tienen más alternativa que imponer la reducción del gasto con las consecuencias que he señalado.

De hecho, el problema que está padeciendo una economía como la española en relación con la deuda (dejando al margen el inadecuado modelo de crecimiento de los últimos años) no es su cuantía sino que su financiación está a expensas de los especuladores.

La alternativa, como argumentamos Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en el libro HAY ALTERNATIVAS que saldrá publicado por Aguilar próximamente, es poner en marcha otro tipo de políticas que frenen la desigualdad, que promocionen un nuevo tipo de actividad económica y se basen en una mayor justicia fiscal y social y que así procuren nuevos y mayores ingresos para no tener que reducir la dotación de los bienes y servicios de bienestar que necesita la inmensa mayoría de la población. Es muy posible que eso requiera cierto nivel de endeudamiento, que ni siquiera tiene por qué ser muy elevado, aunque desde luego mayor al déficit cero que se impone. Pero si se aplican políticas generadoras de ingresos productivos, si se fomenta el uso razonable del ahorro y si se acaba con la especulación financiera no tiene por qué ser un escollo para alcanzar los mayores niveles de rendimiento empresarial, de bienestar social y de progreso que España necesita.

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Patnaik, P. "On Some Common Macroeconomic Fallacies". http://www.networkideas.org , marzo 2002.

Saraceno, F. y Monperrus-Veroni, P. (2004), "A Simple Proposal for a Debt-Sensitive Stability Pact", Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung - Quarterly Journal of Economic Research, 73(3), pp. 471-80.

Stglitz, J.E. “Empleo, justicia social y bienestar de la sociedad”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 121 (2002) num. 1 y 2.

Timmins, N. (2001). "Los cinco gigantes. Una biografía del Estado de Bienestar" . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

Torres, J. (2000). "Desigualdad y crisis económica". Editorial Sistema, Madrid.

Torres, J. (2004). " Regulación macroeconómica y democracia ¿Justifica la economía que los gobiernos renuncien a gobernar?". En Alfonso Guerra, José Félix Tezanos (eds.) , Políticas económicas para el siglo XXI. Editorial Sistema, Madrid.

Walsh, C.E (1998). " Monetary Theory and Policy" . MIT Press. Cambridge, Ma.



[i] Este escrito resume ideas de mi artículo Pactos de estabilidad y Estado de Bienestar: Una nota sobre su dudosa compatibilidad. Quaderns de Política Económica. Revista electrónica - 2ª época. Nº 9, Enero- Abril 2005 . Para comodidad de los lectores de este texto, no he incorporado en él las referencias bibliográficas, que pueden encontrarse en la versión de Quaderns, pero sí la bibliografía.

Juan Torres López
Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134793

viernes, 26 de agosto de 2011

Lo que no te han contado de la reforma constitucional: ¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis?. Comunicado DRY

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL TECHO DE LA DEUDA

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Sin embargo parece que nuestra Constitución la deciden ahora Merkel y Sarkozy de espaldas a la ciudadanía, y con formas anti-democráticas que contradicen a la propia Constitución.

Se ha publicado ya en distintos medios artículos sobre la modificación del artículo 135 de la Carta Magna, pero en casi todos ellos la discusión se está centrando en el tope del déficit del 0,4% y no en las consecuencias reales que se derivan de esa reforma.

Hay ciertos puntos sobre los que Democracia Real Ya! considera que debe centrarse el análisis del artículo 135 por su especial gravedad:

¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis?

  • 1: TECHO DE GASTO

El superávit o déficit presupuestario de un país es la diferencia entre los ingresos y gastos en un año. El importe del déficit/superávit mide lo que nos endeudamos o ahorramos colectivamente al final del año. Limitar el déficit limita la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales, desde las pensiones, sanidad, educación,… hasta los transportes, cuerpo de bomberos, salario de funcionarios, etc…

El problema en España no es el déficit, sino la caída de ingresos, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria. El déficit que define la UE, no es el déficit real. Es decir, no incluye ciertos gastos como gastos, sino en otras partidas. El déficit real de países como Alemania es mucho más elevado que el de España, sin embargo se escuda en su definición contable que no incluye las enormes cantidades monetarias que ha gastado en rescatar a sus bancos.

Así pues se acusa a ciertos gastos, especialmente los sociales, de ser los causantes del incremento de la deuda simplemente porque aparecen contabilizados de esa manera. Pero en el caso de Alemania, Luxemburgo o Reino Unido, los causantes del incremento de la deuda son los gastos financieros destinados a “parchear” unos bancos que han jugado a la ruleta de la fortuna con los ahorros de sus ciudadanos.

Forzar el equilibrio de la balanza fiscal española para garantizar el pago de la deuda a Europa implica una pérdida total de soberanía económica. Los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozarán de prioridad absoluta, por encima de cualquier gasto social. Buena parte de la nueva deuda que emitamos se destinará a pagar la deuda ya existente, llevándonos a una espiral de deuda que jamás podremos terminar de pagar. Un gran negocio para nuestros acreedores, que principalmente son la banca francesa y alemana.

  • 2: PRIORIDAD ABSOLUTA DE BANCA:

Con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, diputación, comunidad o el estado central esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones,… ni ningún tipo de gasto hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe.

En la liquidación de las empresas, cuando quiebran, lo primero que pagan son los salarios y después al resto de proveedores, porque se considera que los asalariados son la parte débil que no debe pagar los riesgos que supone un negocio, ya que no se beneficia cuando aumentan los beneficios. La gran diferencia es que en este caso se prioriza y beneficia a los bancos, que evidentemente no son la parte débil, pero sí son quienes realmente redactan nuestra leyes.

  • 3: NO SE PODRÁ NEGOCIAR

Este punto es de vital importancia porque entra en vigor en pocos días y supone, además, que en el caso de un ataque especulativo o un cierre de mercados, ni pensionistas, ni trabajadores podrán cobrar.

En determinados momentos nos encontramos con que los intereses de la deuda pública se disparan; por ejemplo ahora Grecia tiene los intereses por encima del 10%. En estos casos, normalmente acaba con una suspensión de pagos y negociación con los bancos con quien tienen la deuda.

Lo normal es que en una suspensión de pagos, se suspendan los pagos de deuda pública, porque son los que han asumido un riesgo, precisamente porque obtienen muchos beneficios a través de la prima de riesgo, pero que se sigan pagando nóminas, prestaciones, servicios públicos y todo lo demás para que el estado siga funcionando.

La reforma constitucional lo que quiere implantar es que no se pueda hacer esto. Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Incluso en el caso de tener superávit, en un momento de falta de liquidez, no se permitiría pagar nada hasta no haber liquidado la deuda.

La conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación significa LA ABOLICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Si el estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, TODOS los demás artículos de la constitución quedan en NADA.

Desde Democracia Real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros y por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas. La reforma constitucional propuesta por PP y PSOE al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, supone un golpe de estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que son la base de nuestra actual Constitución.

Democracia Real Ya

http://www.democraciarealya.es/blog/2011/08/26/3365/


Economía y delirio

La atención a la salud en los países desarrollados se está transformando radicalmente, y generalmente para peor, en los últimos años. La mayor parte de las decisiones que han guiado esta transformación han emanado no de los departamentos de sanidad, sino de los de política económica.

Los “economistas” – utilizaremos este término para referirnos a los generadores del discurso económico que impregna nuestros medios de comunicación - se han ocupado sin complejos en función de los conocimientos de la disciplina que les es propia, de la vida de los ciudadanos y de la actividad de profesionales de otras áreas de conocimiento. Sin embargo la actividad de los “economistas” y de los responsables de las políticas económicas ha sido rara vez objeto de la atención de otras disciplinas.

Hoy son los propios profesionales de la economía los que, para dar cuenta de lo que sucede en su campo, utilizan continuamente términos que hacen referencia a las emociones y a la actividad mental (miedo, desconfianza, tranquilidad…). Y basan sus actuaciones en su apreciación de una realidad que es perceptible por ellos pero no por el común de los mortales (que utiliza sus órganos de los sentidos y no las agencias de calificación como base para acceder a ella). Los psiquiatras nos dedicamos profesionalmente al trabajo con la actividad mental y las emociones. Y atendemos precisamente a personas que guían sus acciones por la percepción de realidades que no son compartidas por sus congéneres. No me parece disparatado que intentemos utilizar nuestros conocimientos en estas materias para comprender el comportamiento de los oficiantes de la Economía y predecir sus efectos sobre nuestra actividad y nuestras vidas.

Los psiquiatras llamamos delirio a una creencia que cobra importancia central en el modo en el que un sujeto se relaciona con el mundo y que, aunque para él se corresponde innegablemente con la verdad, no es compartida por el común de sus semejantes, e impide, por tanto, la colaboración con éstos necesaria para la vida en sociedad. Se trata de un intento que los delirantes hacen por dar sentido a una experiencia de la realidad que les resulta dolorosa porque amenaza de modo grave su identidad.

El discurso delirante tiene una estructura característica que hace que la creencia central no se vea modificada por la experiencia ni por el razonamiento, aunque para preservarla sea preciso atribuir a tal experiencia significados que a quien no delira le parecerán disparatados. Intentaré hacer ver que el discurso económico dominante comparte con el delirante esta característica.

Ello será más fácil de entender si nos detenemos en la función del delirio. La función que el delirio cumple para el delirante es preservar una visión aceptable de uno mismo que podría estar amenazada por la experiencia cotidiana.

Algunos delirantes, por ejemplo, se defienden del sentimiento de incapacidad atribuyendo a supuestos perseguidores la no consecución de sus propósitos. Como los directivos de unas entidades financieras, que han mantenido sus beneficios durante la crisis que ellos han provocado, pretenden responsabilizar de ésta a las pretendidas dificultades para despedir a los trabajadores que han producido la riqueza de que ellos se apropian. A veces por partida cuádruple: primero en forma de beneficios empresariales, luego en forma intereses de las hipotecas de los trabajadores, después en forma de “rescates” pagados por los gobiernos con los impuestos de los trabajadores y por fin en forma de inmuebles que son expropiados, además, sin que ello salde la deuda.

Otros delirantes pueden justificar su animadversión a algunos congéneres atribuyéndoles malas intenciones hacia ellos que éstos no tienen y liberándose, así, de la culpa que de otro modo les produciría su propia actitud hostil hacia ellos. Como las entidades que utilizan los fondos procedentes de los impuestos de los países de la Unión Europea , que ésta les presta a bajo interés, para comprar la deuda de algunos de estos países, después de haber hecho subir sus intereses por la mala calificación que les ha sido otorgada por unas agencias vinculadas estas entidades

Otro grupo de delirantes hace frente a este mismo sentimiento de impotencia proclamándose Mesías y empeñándose en salvar a la Humanidad de problemas que ésta no cree tener o de los que los delirantes carecen de medios para resolver. Como esas entidades financieras internacionales que siguen empeñándose en recomendar a países en dificultades las mismas estrategias que han llevado a los que lo precedieron a la ruina.

También hay delirantes que se defienden del sentimiento de impotencia atribuyéndose a sí mismos la culpa de acontecimientos que, para los demás, no ha provocado. Pero no se me ocurren ejemplos de esto entre los “economistas”. En todo caso los habría en la política donde el déficit de capacidad delirante de los gobiernos puede ser suplido por la oposición (puede que el bipartidismo sea precisamente eso, un sistema en el que los ciudadanos eligen qué partido ejerce la impotencia y cuál delira atribuyendo a la otra mitad de la clase política los desastres causados por la acción de los “economistas”).

El problema que enfrentan los delirantes es que, cuando actúan guiados por sus delirios, lejos de resolver sus problemas lo que logran es colisionar con la comunidad en la que se desenvuelven. Por ello las primeras – e inhumanas – reacciones de tales comunidades hacia ellos consistieron en excluirlos de las mismas y confinarlos en lugares desde los que tales fricciones fueran imposibles. Este y no otro es el origen del manicomio y de lo que Foucault designó “el gran encierro” al que se les sometió para que no interfirieran en los primeros – y fallidos – intentos de construir una sociedad basada en la Razón. Hoy, por fortuna, los psiquiatras pretendemos tratarlos de modo que la exclusión no sea necesaria y se haga posible la integración en la sociedad, porque creemos que contamos con remedios para lograrlo.

Puede que, hasta que encontremos remedios para erradicar el discurso de los “economistas” no nos quede más alternativa que excluir a quienes lo producen de nuestra vida social y confinarlos donde no puedan hacer daño.

No quisiera que se me entendiera mal: no pretendo decir que los “economistas” estén locos. Al revés creo que son responsables de sus actos y que, por tanto, habría que pedirles responsabilidades del mal que causan. Lo que me parece es que si queremos salir de la situación en la que su discurso nos ha metido, tendremos que partir de la base de que, dada la estructura del mismo, no es posible ni siquiera discutirlo: hay que detectarlo, para aislarlo, evitar que tenga efectos prácticos y a ser posible restablecer el discurso de la Razón.

Alberto Fernández Liria. Psiquiatra

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134650&titular=econom%EDa-y-delirio-



miércoles, 24 de agosto de 2011

Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España

La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.

Los ingresos y gastos de un Estado

Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.

Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.

Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.

Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero estos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.

Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.

Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.

Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares, y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.

Cómo pagar el déficit

Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.

En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.

Las políticas de austeridad no funcionan

El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.

La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).

Se necesita más gasto público, pero más eficiente

En realidad, y aunque sea contraintuitivo, lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma, lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.

Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les de a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.

Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.

Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.

Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).

La recaudación de los ingresos

Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.

Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel para los mismos tienen que existir.

En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de shock.

Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.

Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica

Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.

Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.

Y en economía como la española que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado sino también para las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.

¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?

Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.

Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.

Obstáculos importantes

Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerzas muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.

En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el refortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores y en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.

Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro de que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.

Bibliografía complementaria:

En Octubre la editorial Aguilar publicará un libro titulado “¡Hay Alternativas!” en el que Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón explican de forma pedagógica las causas últimas de la crisis y las medidas necesarias para salir de una forma justa y social.

Debe tenerse en cuenta que la medida en este artículo analizada fue una recomendación incluida en el llamado Pacto por el Euro, que dio lugar a las movilizaciones del 19 de junio promovidas por la plataforma Democracia Real Ya y los sindicatos. Por eso es recomendable leer el artículo de Juan Torres y Alberto Garzón (19-J. Contra el Pacto del Euro. ¡Democracia real en Europa ya!) en el que criticaban con detalle los argumentos esgrimidos por los economistas neoliberales. De una forma más genérica merece la pena leer los artículos de Juan Torres titulados ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre el déficit y la deuda, de 2010, y Pacto de Estabilidad y Estado del Bienestar: una nota sobre su dudosa credibilidad, de 2005.

En lo que se refiere al comportamiento de los mercados financieros es interesante leer la descripción que hace Alberto Garzón en ¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera? y las propuestas que existen para solucionar el problema de deuda pública y desactivar el chantaje de los mercados financieros en ¿Por qué debemos reestructurar la deuda pública y cómo hacerlo?. De forma paralela el papel de la desigualdad en el crecimiento económico queda explicado en “La importancia económica de la desigualdad” que se suma al estudio de la “Evolución de los Salarios en España (1978-2011)“, donde se puede comprobar que la desigualdad es la causa principal de la crisis que padecemos. De forma más general la página personal del profesor Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org) contiene gran cantidad de artículos que analizan la situación actual y en particular la importancia clave de la desigualdad.

Dado que este debate no está solo limitado a España, y ni siquiera a Europa, conviene leer también los documentos académicos escritos sobre la situación de Estados Unidos. Por eso recomendamos leer el artículo de Robert Pollin “U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows“, el de James Crotty “The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix It?“ y otro de Robert Pollin “Fighting Austerity and Reclaiming a Future for State and Local Governments“.

Alberto Garzón Espinosa

http://www.agarzon.net/?p=1070



"No hay coraje político para enfrentarse a los mercados". Entrevista a Bernard Cassen, fundador de Attac

Hace una década que Bernard Cassen (París, 1937), uno de los líderes mundiales del altermundismo, ex director de Le Monde Diplomatique y fundador de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) en Francia, acuñó el lema Otro mundo es posible. Todavía lo sigue pensando, pero insiste en la necesidad de tener políticos "con coraje" que se planten ante los mercados. Cassen, que asiste estos días al Rototom de Benicàssim, cree en la necesidad de cancelar parte de la deuda de los países y prevé que los jóvenes pasarán de la indignación a la rebelión.

Pregunta. ¿En qué momento perdieron los gobiernos su capacidad de decisión frente a los mercados?

Respuesta. Fueron los gobiernos los que organizaron la globalización y fijaron las reglas: la liberalización de capital, la libertad de inversiones y el libre comercio de mercancías y servicios. El viraje se produjo hace 30 años, en la época de Margaret Thatcher en Inglaterra; pero el mayor cambio se dio con el Acta Única Europea de 1986. Entonces capitularon y ahora han perdido todas las herramientas de control. Es como un avión en el que la tripulación ha perdido el control.

P. ¿Se puede revertir la situación?

R. Se necesita una ruptura real, no pequeños ajustes. Hay que establecer un control sobre la economía y las finanzas. Pero ningún gobierno está dispuesto a llevar a cabo una para la que se necesita coraje político porque abre un periodo de confrontación sin que el éxito esté garantizado. Pero con las normas actuales lo único que está garantizado es la catástrofe.

P. Es poco optimista...

R. Soy un optimista natural. En la actualidad, incluso gobiernos de derecha y la Comisión Europea están dispuestos a proponer, que no a imponer, una tasa sobre las transacciones financieras. El hecho de que se levante esta bandera es al menos un síntoma de que se debe hacer algo.

P. ¿Qué opina del Gobierno español?

R. Ha capitulado. No hay ninguna diferencia entre las medidas que ha tomado Zapatero y las que tomaría el PP. Pero hay que entender que es difícil para una potencia media como España estar en la vanguardia. Pero si un país abre el camino, detrás tendrá mucho apoyo.

P. ¿La compra de deuda por parte del Banco Central Europeo puede tranquilizar a los mercados?

R. De ninguna manera. Los mercados financieros siempre exigen más, tienen hambre todo el tiempo. La compra de deuda española es una solución a muy corto plazo. España no está en una situación tan complicada de deuda pública, pero la privada es tremenda y se convertirá rápidamente en pública. Esas deudas son insostenibles. El Banco Central Europeo debe prestar dinero al mismo interés que pide a los bancos privados. Es escandaloso que lo reciban al 1% y hagan préstamos al 5%. Es una estafa y un escándalo. El problema es saber quién va a pagar las consecuencias: los bancos o los ciudadanos. Y parece claro que serán estos últimos porque las entidades financieras no aceptan ninguna reestructuración. Y sin cancelación parcial de la deuda pública no habrá ninguna solución.

P. ¿Apoya las medidas de austeridad aprobadas en España?

R. Claro que no. Es lo que hizo el gobierno inglés con los resultados que se han visto. Existe, en parte, un sentimiento de injusticia en todo el país y todo eso puede estallar sin que se pueda saber dónde y cuándo, pero ya hay condiciones prerrevolucionarias y de eso tienen miedo los gobiernos. No hay garantía de nada, es un futuro abierto.

P. ¿Qué pasará si los gobiernos no pueden pagar sus deudas?

R. Hay varios escenarios. La reestructuración puede ser organizada por los propios bancos en su propio beneficio. O pueden ser los gobiernos progresistas (que ahora no hay) los que organicen la salida en detrimento de los mercados financieros con medidas como la supresión de los flujos con paraísos fiscales o la lucha contra fraude fiscal. Y hay que optar entre bajar gastos o aumentar los recursos. Ahora se se reducen gastos en detrimento de los servicios públicos. Pero hay otro camino: Aumentar los recursos vía tributaria y hacer pagar a los que tienen dinero. El dinero existe y hay que sacarlo de donde está, el problema es simple pero la solución más complicada.

P. ¿No llega un poco tarde el despertar del movimiento social?

R. No. Llega cuando puede llegar. Pero es interesante que la gente se pregunte porqué votar cuando se enfrenta a un sistema bipartidista en el que PSOE y PP son iguales. El problema del movimiento social es que, en un momento dado, debe desembocar en una traducción política que, en la actualidad, acaba dentro de un sistema bipartidista. Ése es el desafío y no tengo la solución.

P. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes? ¿Otro mundo sigue siendo posible?

R. Creo que van a pasar de la indignación a la revuelta. El futuro a corto plazo es imposible de prever. Antes del 16 de diciembre nadie hubiera pensado en Túnez que la inmolación de un joven iba a conducir a la caída de Ben Alí, y ocurrió antes con la caída del muro de Berlín. Hay que estar preparado ante cualquier eventualidad.

P. Alemania y Francia han retomado la idea de implantar la tasa Tobin en la zona Euro pero no han tardado en salir voces en contra.

R. Eso es la excusa para no hacerlo. Te dicen que es una buena idea pero que debe generalizarse a todo el mundo. Si se hace en un país, claro que habrá fuga de capitales, pero hay métodos de control para evitarlo. Si hay voluntad habrá solución política.

Lorena Ortega

El País. Comunidad Valenciana

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/hay/coraje/politico/enfrentarse/mercados/elpepiespval/20110824elpval_8/Tes