Tras la rueda prensa ofrecida por el Sr. Trichet en el día de hoy, y ante el ataque que sufre constantemente la ciudadanía por parte de los especuladores financieros y el silencio, tanto del gobierno como de su supuesta oposición, los y las participantes del grupo de trabajo de Economía de Sol queremos manifestar que: 1.- Lamentamos, una vez más, que el Banco Central Europeo, una institución independiente de los gobiernos y, por tanto, de muy dudosa legitimidad democrática, tanto por sus mecanismos de elección de sus directivos, que siempre son personajes con estrechos vínculos con los operadores de los mercados especulativos, como por sus políticas, intente desviar la atención del cumplimiento de las autenticas responsabilidades que cualquier institución pública debería tener: el interés de la ciudadanía.
Los gobiernos democráticos no deberían tolerar que esta institución y sus ejecutivos interfieran en las políticas internas de los países exigiendo una y otra vez políticas de ajuste fiscal (políticas de recortes sociales) para las que ni el Sr. Trichet ni la institución que preside tienen legitimidad democrática alguna.
2.- Lamentamos que quienes deberían defender los intereses de la población española porque para ello reciben una remuneración procedente de nuestros impuestos y de nuestro trabajo, por incapacidad o por simple desidia a la hora de hacer lo que la ciudadanía les ha encomendado, se limiten a observar, callar y otorgar legitimidad a quienes actúan por simple avaricia, agencias de calificación y bancos internacionales fundamentalmente.
3.- Sentimos vergüenza ajena observando los juegos teatrales de retrasar vacaciones o culpar al otro por hacer lo que uno está de acuerdo en que haga. Los problemas no se resuelven observándolos con pasividad, sino actuando con firmeza contra sus causas y con contundencia contra sus responsables, y no contra quien es víctima de ellos utilizando programas de ajuste contra la población cuya ineficacia ya se ha contrasto suficientemente.
4.- Hemos exigido y seguiremos exigiendo la subordinación del poder financiero al democrático, transparencia y el control democrático de las actividades bancarias públicas y privadas: Y, por tanto,
a. La separación de actividades de inversión y especulativas.
b. La exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a gestores financieros, agencias de calificación e instituciones tales como Banco de España, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional.
5.- Ya se ha demostrado a lo largo de los últimos años, y actualmente aún en Estados Unidos, que inyectar liquidez en el sistema financiero a través de los bancos no es la solución, porque esto es mucho más profundo que una simple crisis financiera.
En este sentido, hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el Banco Central Europeo debe servir a los intereses de la ciudadanía como cualquier otra institución pública. Por tanto, debe comprar deuda DIRECTAMENTE a los estados miembros de la zona euro, bajo petición de sus gobiernos que son (o al menos deberían ser) quienes ejecutan las políticas económicas para servir a la ciudadanía y el BCE debe hacerlo, como máximo, al mismo tipo preferencial que otorga a los bancos.
La inacción del BCE da alas a la avaricia de los especuladores y contribuye al empobrecimiento de nuestras economías al regalarle a los bancos unos beneficios por el simple hecho de tomar el dinero del BCE y ponerlo en manos de los estados.
Si el Tratado de Lisboa prohíbe estas operaciones, exigimos su modificación para que sirva a la ciudadanía y no a los especuladores.
6.- Hemos manifestado anteriormente y reiteramos una vez más que el aumento de la deuda pública se debe fundamentalmente a las ayudas de cientos de millones de euros otorgadas a la banca, bien de forma directa, bien a través de préstamos privilegiados, mientras se adoptan drásticos recortes sociales. También a los crecientes tipos de interés que debe pagar el Estado por su deuda y que originan un incesante aumento de la misma. Dicho aumento es provocado por la acción combinada del Banco Central Europeo –en el que participan las autoridades del Banco de España- que, además de elevar los tipos de interés de referencia (como el Euribor), entrega dinero a la banca al 1% mientras se niega a ayudar a los gobiernos o lo hace a elevados tipos como en el caso de Grecia, ahogada por los banqueros, el FMI y el propio Banco Central Europeo.
En los niveles de usura de los tipos de interés tienen un especial papel las agencias de calificación, principalmente el oligopolio formado por Moodys, Fitch y Standard & Poor’s, auténticas agencias de especulación amparadas por las instituciones financieras internacionales.
Estas agencias:
a) Califican la solvencia con criterios oscuros, aunque siempre al servicio de las maniobras especulativas, poniendo al borde de la quiebra a los países del sur de Europa. Ellas mismas, en connivencia con sus clientes, los bancos y fondos de inversión, especulan con la deuda, con la ventaja de conocer previamente su evolución, ya que ésta depende precisamente de las calificaciones que ellas decidan y se benefician invirtiendo en deuda pública que paga el 6% con dinero público obtenido al 1%, lo que implica un expolio social del que son responsables el BCE y demás instituciones europeas.
b) Califican los productos financieros, como es el caso de la deuda pública que emite España y, al mismo tiempo, están presentando servicios de calificación a las entidades compradoras. Han puesto en duda la solvencia de las arcas públicas y la solidez del conjunto de la economía española, no así de las entidades crediticias o financieras que adquieren dicha deuda que, además, son sus clientes.
c) Relacionan, según demuestran suficientes indicios, la divulgación y publicidad de sus informes con reacciones especulativas.
d) Obtienen beneficios estimados en 3.000 millones de euros anuales, con márgenes de hasta un 50% que se producen por la alteración en el precio de los productos financieros y de la deuda estatal.- Modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos.
e) Han sido demandadas judicialmente en varios países, incluido España, en donde la fiscalía interesó la desestimación de la querella con débiles argumentos, pero poniendo de manifiesto la falta de control por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por todo ello, consideramos que estas agencias, el Banco Central Europeo y el Banco de España deben ser considerados responsables de ocasionar graves perjuicios a la ciudadanía y por ello los repudiamos y avisamos que los ciudadanos españoles no reconocemos esta deuda odiosa, contraída por especuladores privados, asumida por el Estado sin consentimiento de la población, utilizando recursos públicos para ayudar ilegítimamente a la banca privada en detrimento de las personas, que se ven sometidas a pérdida de ingresos, rentas y derechos para pagarla, y que exigiremos responsabilidades en todas las instancias posibles a esas agencias, al Banco Central Europeo, al Banco de España y demás instituciones implicadas.
Queremos terminar este comunicado advirtiendo que, a pesar del intento de las autoridades españolas de desviar nuestra atención con la prohibición de acceso a la Puerta del Sol y los continuos intentos de recortar nuestros derechos constitucionales de libertad de expresión y reunión, seguimos activos y trabajando contra los ataques económicos que estamos sufriendo las personas que habitamos en este país.
Grupo de Trabajo de Economía de Sol
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/08/04/respuesta-declaraciones-presidente-bce/
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