Se hunde la economía internacional y al portavoz económico del Partido Popular lo único que se le ocurre decir es que España necesita reformas estructurales, aunque eso sí se cuida muy bien de especificar a qué reformas se refiere; de otro modo no le votaría nadie, excepto los empresarios. La pena es que Zapatero y su Gobierno van a agotarlas todas. Ahora plantean flexibilizar aún más los contratos a tiempo parcial. En el colmo del cinismo, lo justifican afirmando que así los jóvenes podrán trabajar por la mañana y estudiar por la tarde, cuando el efecto va a ser más bien el contrario. La medida permitirá a los empresarios que, aun pagando media jornada, puedan tener enfangado al trabajador todo el día. Hablando de ocurrencias, habrá que citar la del candidato socialista proponiendo a estas alturas un pacto de rentas. Siempre me ha costado entender el concepto, o más bien quizá sea mejor no entenderlo, porque limitar, limitar, solo se limitan las rentas de los trabajadores. Todos los pactos de rentas terminan igual, poniendo topes al aumento salarial y con la promesa de los empresarios de que ganarán poco.
Y puestos a limitar, qué decir de los consejeros y altos directivos de las empresas del Ibex 35. Causa rubor e indignación contemplar la lista de sus retribuciones y constatar que, durante el pasado año, en el que la mayoría de las familias españolas han visto reducidos sus ingresos, se han elevado por término medio un 14 por ciento, y todo ello a pesar de que en casi todos los casos los resultados de las empresas a las que pertenecen han disminuido sus beneficios. La indignación se incrementa cuando se repara en que muchas de estas sociedades son antiguas empresas públicas privatizadas y el único mérito de sus directivos consiste en haber contado con el favor del poder político de turno. Es uno de los resultados de las privatizaciones, que los sueldos de los directivos se han multiplicado por 10 o por 20.
No faltarán quienes arguyan que estas sociedades, al pertenecer al sector privado, deben gozar de total libertad para fijar las retribuciones. No esta tan claro, ya que una de las cuestiones pendientes por resolver del capitalismo actual es la falta de control de los accionistas sobre los ejecutivos. En las grandes empresas, la tecnocracia -en muchas ocasiones sin representar a nadie- se blinda, hace y deshace a su antojo y, por supuesto, fija sus propias retribuciones. Pero es que, además, esa autonomía que se pretende conceder al sector privado sería propia del Estado liberal del siglo XIX, pero en ningún caso del Estado social consagrado en nuestra Constitución, que establece los mecanismos adecuados, entre ellos la tributación directa, para corregir las desigualdades que genera el mercado.
Al Gobierno le resultaría muy fácil, mediante impuestos progresivos, reducir sustancialmente estas retribuciones. Pero, a pesar de los duros ajustes que está realizando sobre toda la población, se resiste a ello con el argumento de que tales gravámenes incidirían sobre la clase media. Los políticos tienen un raro concepto de clase media. Se refieren casi siempre a ese 10 por ciento de mayores ingresos.
El Gobierno anuncia para el próximo Consejo de Ministros una reforma del impuesto de sociedades, pero se trata simplemente de modificar el calendario de ingresos. Negativa absoluta a corregir ese escándalo que constituye el hecho de que, a pesar de que el tipo teórico del impuesto esté fijado en el 30 por ciento, el efectivo se reduzca al 10 por ciento, debido a que las múltiples bonificaciones y exenciones vacían por completo el gravamen. Esta sería una buena vía para limitar los beneficios de los empresarios. Téngase en cuenta que el impuesto de sociedades grava exclusivamente a las que tienen ganancias, no a las que están en perdidas.
Nunca he sido un firme defensor de los Pactos de la Moncloa, ya que el principal coste, como siempre, lo asumieron los trabajadores. Pero hay que reconocer que, al menos, entonces se pretendió vestir al santo, y en el paquete se introdujo la reforma fiscal: eliminación del secreto bancario, creación del delito contra la hacienda pública, introducción del impuesto de patrimonio y la promesa de reforma en profundidad del IRPF y del impuesto de sucesiones. En esta crisis, por el contrario, con la excusa de que los ricos eluden los impuestos, desde el principio se ha rechazado cualquier posibilidad de modificar los gravámenes directos; pero es que han sido precisamente los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, los que, desde hace ya bastantes años, no han hecho ningún esfuerzo para evitar la elusión e incluso el fraude. No es verdad que no exista otra alternativa a los recortes actuales, bastaría deshacer las reformas fiscales realizadas a partir de 1996. Y no se diga que tales medidas influirían negativamente en la actividad económica, efectos más perversos tienen las que se están tomando ahora.
Habrá que preguntarse si la negativa de los gobiernos, sean del partido que sean, a gravar las rentas altas no obedece acaso a que sus miembros o ya están o esperan estar algún día en esa elite económicamente satisfecha.
Juan F. Martín Seco
República
http://www.republica.com/2011/08/11/reformas-y-ocurrencias_373395/
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