El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos. Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda. Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública… Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).
Gastos públicos
Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.
Por otro lado, ninguna de esas medidas atenta contra los intereses de las personas más acaudaladas y poderosas. Los recortes de gasto van destinados a reducir el tamaño del Estado del Bienestar, pero por ejemplo no van dirigidos a reducir el gasto que supone mantener las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. Ni tampoco a reducir el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales. Ni tampoco a disminuir el gasto destinado a la Corona Española, la cual recibe 8 millones de euros anuales del presupuesto del estado. De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas. Estas instituciones y agentes sociales tienen mucho más poder que las clases populares para poder defenderse de las actuaciones del gobierno e influir para que las medidas no afecten a sus intereses.
Ingresos públicos
Lo mismo ocurre por el lado de los ingresos. . Como vimos, aumentar los ingresos públicos sólo es eficaz si se hace aumentando los impuestos a las rentas más altas. Pero estas rentas son precisamente las que mayor poder y mayor capacidad de influir tienen sobre los círculos políticos, y por tanto, estas medidas encuentran mayores dificultades políticas para llevarse a cabo. Sin embargo, técnicamente todas ellas son factibles. Entre estas medidas destacan:
1) Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo recaudaba fondos fundamentalmente de las personas más acaudaladas ya que son las que poseen más propiedades. Las personas menos adineradas apenas se veían afectadas al disfrutar de pocas propiedades. La recuperación de este impuesto supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.
2) Reforzamiento del cuerpo de inspectores de Hacienda y aumento de las investigaciones a grandes fortunas, de las cuales sólo declara el 20% de las existentes en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, por estas vías se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año.
3) Modificación del IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos. Así se hacía hace unos pocos años en nuestro país y así se hace actualmente por ejemplo en los países nórdicos, donde los grandes ricos aportan entre el 50% y el 59% de su renta mientras en España sólo aportan el 43%.
4) Aumento de la tributación de las grandes empresas S -como Inditex- que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%.
5) Tributación por parte de la Casa Real Española, la cual recibe de los fondos presupuestarios unos 8 millones de euros, todos libres de impuestos.
6) Eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios adquiridos de los desahucios y embargos.
Viabilidad de las medidas
No es cierto –como se nos dice constantemente- que las actuaciones realizadas por el gobierno sean las únicas que se pueden tomar para reducir el déficit público. Se nos dice que los recortes son indeseables, pero a la vez inevitables porque algo hay que hacer y eso es lo único que se puede hacer. Pero es mentira. Lo que ocurre es que, de entre todas las alternativas existentes para reducir el gasto o aumentar los ingresos, no se llevan a cabo aquellas medidas que perjudican a los agentes sociales que tienen más poder para influir y presionar sobre la agenda política. Por lo tanto, finalmente los costes de las disposiciones políticas son soportados por aquellos que no tienen medios para defenderse: las clases populares.
Los continuos mensajes lanzados desde los grandes medios de comunicación y desde todos los poros de influencia y poder que tiene el sistema social, económico y político; nos hacen creer que las medidas que han sido adoptadas son las únicas que se pueden tomar. Otras actuaciones, nos dicen, son ineficientes, ineficaces, o imposibles de realizar. Y de tanto repetirlo nos lo acabamos creyendo. Pero hemos de tener muy claro que cualquier otra opción es perfectamente viable, y que si no se lleva a cabo es porque aquellos que resultarían afectados influyen y presionan mediante su poder fáctico para imponer sus intereses en la agenda política de los gobernantes.
Eduardo Garzón Espinosa
http://eduardogarzon.economiacritica.net/?p=189
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