Análisis superficial de las vías por las que los empresarios privados roban dinero público.
[ Nota aclaratoria
: Aquellos empresarios y funcionarios que sean honrados no podrán sino
estar de acuerdo con la siguiente exposición, por lo que entenderé que
si alguien se siente molesto durante su lectura será, más que nada, por
verse retratado en ella.]
En épocas de crisis económicas
florecen y prosperan gran cantidad de estafadores y ladrones en el
caldo de cultivo de la relajación tributaria y fiscal que las Administraciones Públicas
heredan de épocas más boyantes. A continuación algunas de las vías por
las que en España un empresario puede hacerse de oro con cargo a las
cuentas públicas.
VÍA LABORAL
Cuando oímos la expresión “economía sumergida”
la máquina de estereotipos del imaginario colectivo entra en
funcionamiento y nos muestra, casi invariablemente en primer lugar, a un
trabajador sujeto a una relación laboral precaria que, a su vez, no
está sujeta a ninguna ley escrita o lo está de forma distinta a como se
da en la realidad. Esos trabajadores en precario son personas a quienes
la sociedad tan solo ofrece otra triste alternativa: la de la
marginación y la exclusión social, único futuro que la sociedad actual
es capaz de garantizar a sus miembros menos afortunados.
Además
de las relaciones laborales no reguladas por ningún contrato y por lo
tanto no sujetas a ningún tipo de gravamen fiscal o social, también
están las contrataciones fraudulentas que reflejan, por ejemplo, una jornada laboral reducida de 25 horas, cuando la realidad supera, y con creces, las 40 horas semanales. O bien que tan solo reflejan un salario mínimo
cuando la retribución total es superior. En ambos casos el resultado es
el mismo: el beneficiado único es el empresario, que obtiene la mano de
obra que necesita a un precio sensiblemente inferior al que legalmente
le corresponde; y los perjudicados son: de un lado el propio trabajador,
ya que las contraprestaciones que puede esperar de la Administración
Pública en materia de desempleo o jubilación disminuyen en medida
proporcional a como lo hagan sus cotizaciones a la Seguridad Social; y
de otro lado, la propia Administración Pública que ve disminuir en la
misma medida los recursos económicos que ha de usar para darle cuerpo al
concepto de justicia social.
Se calcula que en España, el
conjunto de estas prácticas abusivas pero legalizadas por una ineficaz
maquinaria legislativo-judicial, supera el 20% del Producto Interior
Bruto (PIB)[1].
VÍA CORRUPCIÓN
Pero el concepto de ‘economía sumergida’ no está compuesto únicamente por estas deleznables y delictivas prácticas de los empresarios,
hay otras formas en las que los éstos se benefician tan amplia como
impunemente, de los recursos públicos que le son ajenos. En este caso
concreto no son ellos los únicos actores y beneficiarios, me estoy
refiriendo a la corrupción del funcionariado[2].
Evidentemente no todos los funcionarios son corruptos,
de entrada porque no todos ellos tienen a su alcance un recurso con el
que poder corromperse, pero dentro de los que lo tienen, existe una
minoría que no tiene el menor reparo en aceptar pequeños (o grandes) sobornos
a cambio de, por ejemplo, dar carpetazo a una inspección fiscal de la
que no cabría esperar sino la imposición de una multa al empresario, que
muchas veces éste consigue evitar comprando su inocencia al precio que
al funcionario le parezca razonable. En este sentido la justicia debería
estar más vigilante de las relaciones ilícitas que mantienen ciertos
funcionarios ya con ciertos contribuyentes de historial irregular o
potencialmente irregular, ya con los representantes o asesores de estos.
Si lo hicieran descubrirían que existe un flujo unidireccional de
gratificaciones. Busquen ustedes, busquen, aunque solo sea con ánimo
preventivo, el resto de los contribuyentes se lo agradeceremos,
porque si ni siquiera buscan ustedes, será la confirmación de cuál es la
última parada de las gratificaciones que fluyen hacia los funcionarios.
VÍA SUBVENCIÓN
Otro
camino para la obtención ilegal de dinero público por parte del
empresario ladrón es el de la subvención. En este caso, los empresarios
tienen más fácil y más barato delinquir y robar dinero a los demás
contribuyente. El sistema es el siguiente: convocada una subvención de dinero público para aprovechamiento privado,
muchos empresarios no tienen ningún reparo moral en falsificar cuantas
facturas sean necesarias con tal de cumplir las condiciones que exige la
Administración para la concesión de dicha subvención. Un acuerdo entre
el empresario solicitante de la subvención y su proveedor, tendrá como
resultado una factura oficial con su correspondiente pago oficial y una
factura en “B” por el importe de la demasía necesaria para obtener de la
Administración la máxima cantidad de subvención posible, y que el
proveedor se compromete a devolver al empresario que se dispone a realizar la estafa de la falsa inversión.
En
otras ocasiones, ordenadores u otros útiles de trabajo desaparecen de
los balances contables y vuelven a aparecer en ellos tras la obtención
de la correspondiente subvención ‘para la compra de ordenadores’ u otros
útiles de trabajo. Esto ocurre cuando la inversión subvencionada con
dinero público ya la realizó el empresario con anterioridad (a veces
años) a la convocatoria de la subvención y por lo tanto sin posibilidad
alguna de cumplir con las condiciones establecidas para tal subvención.
Para ello es necesario ‘actualizar’ la fecha de los documentos, que a
veces lleva a cabo el propio empresario para evitar el 'gasto superfluo' de la comisión que le exigirá el tercero que lo podía hacer en su lugar.
El colmo, y no es ficción , es cuando este trabajo lo realiza para el empresario un empleado al que tiene de forma ilegal y por lo tanto muy beneficiosa para la empresa y muy perjudicial para el conjunto de la sociedad y para el propio empleado.
Como
no podía ser de otra manera, en el campo de las subvenciones también se
dan casos de soborno que el funcionario acepta a cambio de conceder
subvenciones al mejor postor, lo que tan solo le cuesta el esfuerzo de
no comprobar exhaustivamente todos los documentos presentados, tal y
como tienen por obligación.
VÍA FACTURACIÓN FALSA
Otro amplio campo donde la delincuencia empresarial siembra el pánico entre los ciudadanos es la gestión, la pésima gestión, de la recaudación de impuestos
por parte de las Administraciones Públicas. La exasperante laxitud,
primero de la Justicia y después de la Administración Pública, en la
articulación de las normas reguladoras y después en el control de su
cumplimiento, tienen como resultado que una gran mayoría de empresarios roben de nuevo dinero público
esta vez mediante el impago de impuestos o mediante la declaración de
desgravaciones inexistentes o no soportadas por argumento ni documento
alguno. Son, por una parte, las facturas falsas y por otra las facturas
en ‘B’. Las primeras buscan disminuir la cantidad de IVA a pagar por la
empresa que las declara a Hacienda y las segundas tienen por objetivo
eximir al pagador del pago del IVA, ya se trate de un usuario/cliente
final o de una empresa. En ambos casos es el emisor de la factura quien incumple,
no solo con la Justicia, sino con toda la sociedad, al incumplir su
función de recaudador de impuestos. Es aquí donde la ciega Justicia se
muestra especialmente ciega, permitiendo que estas prácticas continúen
siendo tan frecuentes y tan dañinas para el conjunto de la sociedad y tan baratas para los empresarios.
VÍA ‘LEGAL’
A
todas estas prácticas delictivas de las que los empresarios se
benefician con cargo a las cuentas públicas, hay que añadir los
vericuetos legales que les permiten asegurarse otros beneficios que, en
una sociedad verdaderamente avanzada, no podrían darse nunca antes de
haber alcanzado la máxima expresión de los beneficios sociales para las
personas físicas, que son la base indiscutible de todo dinero público.
Se trata de la legislación fiscal que regula la actividad empresarial y que está plagada de vías de escape para que los empresarios pasen ante Hacienda como los empleados peor retribuidos del espectro laboral[3]. La letra pequeña de todo tipo de impuestos que las empresas deberían pagar, les permiten distraer cantidades importantísimas del erario público[4].
RESPONSABILIDAD
Ninguna de estas prácticas legales o ilegales serían posibles sin el concurso de dos factores de riesgo
que en España se dan, por desgracia, de forma conjunta. De un lado,
contamos en el Estado español con una especie endémica de sinvergüenzas y
ladrones conocido muchas veces con el nombre de “empresarios”; y de
otro contamos con un aparato legislativo-judicial absolutamente incapaz
de pararles los pies a aquellos. Tal vez la Administración Pública se muestre voluntariosa, pero sin duda que es incapaz, y quien sabe si no será voluntariosamente incapaz.
CAMINO AL PARAÍSO (de los ladrones)
Por
todo ello resulta tan indignante oír a los políticos conservadores
hablar de propuestas económicas que se materializarían en una reducción, para los empresarios, de los costes de contratación o de la tributación por beneficios[5].
Entre los empresarios que tienen como forma de vida y fuente de
financiación no hacer frente al pago de los costes sociales o
tributarios de su actividad, y los que con un gobierno del PP se
beneficiarían de las insultantes políticas derechistas que aún gravarán más las cuentas públicas, el estado español se convertirá en un auténtico paraíso para el empresario falto de escrúpulos y sobrado de ambición y gusto por el dinero ajeno.
OTRAS VÍAS
Con
todo, el concepto de economía sumergida no debe restringirse a los
puntos señalados, no conviene olvidar otros que traspasan los límites
cuantitativos, cualitativos y hasta geográficos señalados, como son el
tráfico de armas, el tráfico de drogas o simplemente el blanqueo de
capitales que los empresarios han conseguido distraer de la escasa
vigilancia de la Justicia. Entre estos últimos ladrones, verdaderas amenazas de la justicia social, cabe destacar como los de más «éxito» a las denominadas grandes empresas agrupadas en el índice bursátil IBEX35, y de las cuáles el 80% tienen cuentas en paraísos fiscales[6], donde mantienen el dinero robado al erario público lejos de sus verdaderos beneficiarios, que somos los ciudadanos.
A pesar de todo, y por difícil que resulte al sentido común, la Justicia y las Administraciones Públicas se muestran mucho menos condescendientes con las personas físicas que con las personas jurídicas, que tanto y tanto roban de las cuentas públicas.
En este sentido, alguien tiene que decirle al portavoz del Partido Popular español, Esteban González Pons
que el estado español, como cualquier otro estado, necesita uno, dos o
tres millones de empresarios, pero no de empresarios al uso tradicional,
sino empresarios que cumplan con sus obligaciones tributarias y que
formalicen con sus empleados contratos de trabajo dignos y fieles a la
realidad, de tal manera que su aparición en el mercado laboral no
solo se advierta en el aumento de contrataciones precarias y en el
aumento masivo del fraude fiscal a que tan acostumbrados nos tiene
esa clase social. En este sentido cabe calificar a González Pons de
ridículo timorato, ya que si después de retractarse y ‘ya no prometer’ crear 3,5 millones de empleos[7], se conforma con ‘aspirar a crear’, podía aspirar a crear los 5 millones de puestos que hacen falta en España,
y no solo los 3,5 que ahora dice que no prometió. Lo dicho, de un
ridículo espantoso e insuperable. Los ciudadanos, por nuestra parte,
aspiramos a ocupar los puestos políticos con personas radicalmente
distintas a usted, es decir, preparadas, capaces y dispuestas a trabajar
para los ciudadanos y no contra ellos.
Pero más allá de los millones de empresarios (honrados)
y de los millones de empleos que pueda necesitar un país, lo que por
encima de todo necesita es una justicia mejor. Una justicia que rompa el
círculo viciosísimo de la economía sumergida. Una justicia que pare los pies a los estafadores en más ocasiones[8], una justicia que tenga muy en cuenta las advertencias de los expertos[9], una justicia, en fin, que esté más del lado de las personas físicas que del lado de las personas jurídicas.
Durante esta larga pre-campaña electoral que nos espera hasta el apocalíptico 20 de noviembre, los candidatos de los partidos mayoritarios (PSOE y PP), quienes se supone que debían apagar el incendio de la crisis económica, se enzarzan en una estúpida pelea para determinar quién tiene más larga la manguera, mientras el bosque de la economía española arde sin remisión.
Puede que solo sean impresiones mías ,
pero creo que si la situación actual es fruto de la relajación que las
Administraciones Públicas demuestran en épocas más boyantes, no parece
que una mayor relajación y laxitud fiscal en favor de los empresarios,
como apuntan las arengas retrógradas de la derecha o las amenazas incumplidas del PSOE a los ricos
[10], vaya a ser el camino más adecuado para sacar a un país de la
crisis, todo lo más que se puede esperar de medidas así es que
únicamente salgan de la crisis los empresarios que la estén sufriendo,
lo que siempre será con cargo a las cuentas públicas y, por ende,
a cargo de la justicia social que se vuelve inestable y amenaza con
diluirse por completo en el horizonte del corto plazo.
[1] http://www.nuevatribuna.es/
[2] http://www.eldia.es/2011-07-
[3] http://www.tercerainformacion.
[4] http://www.tercerainformacion.
[5] http://www.publico.es/dinero/
[6] http://www.elpais.com/
[7] http://www.eladelantado.com/
[8] http://www.elpais.com/
[9] http://www.gestha.es/index.
Impresiones mías/Rebelión
Fuente: http://
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