Se están haciendo en España
recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las
transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias)
y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de
ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios
sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del
bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos
recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de
gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que
hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba
anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los
están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales
que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo
recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto
por el establishment político como por el mediático, como inevitables y
necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de
los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales
recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión
popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de
información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han
estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión
presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más
españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de
impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo
tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad,
sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está
también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan
intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La
lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores
centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones
expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en
otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de
crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales
instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es
mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la
mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así,
en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200
millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros
manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado
las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera
revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000
euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos
que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes
recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían
haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que
facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12%
de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de
recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales
(logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el
fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas
(que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es
decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los
servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600
millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para
impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar
la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y
otros armamentos.
El hecho de que se escogiera
hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no
tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados
financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado
revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado
primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000
euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España
estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría
de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales
recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle
a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado
del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin
aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si,
en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento
de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las
rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y
que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a
la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la
centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe
a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más
poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están
más afectadas por los recortes.
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4052/hay-alternativas-a-los-recortes/
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