El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta
ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero
público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en
su propiedad.
Pero, ¿qué son exactamente estos activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:
1) El banco presenta pérdidas. Por ejemplo, si un banco
obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30 euros a Hacienda en
concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo impositivo es del
30%). En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros, no pagará
impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por valor
de 30 euros. Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene
beneficios de 100 euros. Sabemos que tendría que pagar 30 euros en
concepto de impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de 30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero a Hacienda.
2) El banco guarda parte de sus beneficios y los deja inmovilizados. Por
ejemplo, el banco puede apartar una porción de los beneficios y
destinarlos a un plan de pensión privado. Como este dinero proviene de
los beneficios, tiene que pagar impuestos por él. Pero como en realidad
el banco no puede beneficiarse de ese dinero porque está reservado para
los propietarios del fondo de pensión, entonces el Estado le entrega un bono-comodín para
que en el futuro el banco no pague esos impuestos que ahora está
pagando injustamente. Otro ejemplo, el banco puede apartar una parte de
los beneficios y dejarlos inmovilizados con la intención de utilizar ese
dinero en caso de que lo necesite en una situación de urgencia (son las
llamadas “provisiones”). De nuevo, el banco pagará impuestos por
beneficios aunque no saque tajada de ellos y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese contratiempo.
Hasta el momento, estos activos tóxicos no presentaban ningún
problema. Las legislaciones española e internacional reconocían
plenamente esta herramienta sin ningún problema. Lo que ocurre ahora es
que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados financieros (atendiendo
a las normas bancarias internacionales recientemente acordadas)
considerarán esos bonos-descuento como activos de mala calidad,
y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido. La razón es
que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten
utilizar dinero para solucionarlo, estosbonos-descuento no son
nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven
para no pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante. Y
puesto que los inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean
una cantidad determinada de activos de buena calidad, el hecho de que
ahora de buenas a primeras no puedan contar con losbonos-descuento entre
esos activos de alto rango supone un revés bastante importante para
estas entidades bancarias. Por lo tanto, los bancos necesitan aumentar
la calidad de estos activos como sea antes de que acabe el año.
Pero, ¿cómo se puede aumentar la calidad de los activos tóxicos?
Básicamente existen tres formas: 1) respaldar con beneficios esos
activos tóxicos, lo que quiere decir que los bancos apartarían parte de
sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer esos bonos-descuento,
2) pedir dinero (capital) en el mercado de capitales, y 3) que el
Estado garantice con dinero público la solidez de los activos tóxicos.
Como se puede intuir, la tercera posibilidad es la que recoge el
citado Real Decreto. El gobierno ha decidido que se reserve dinero
público para aumentar la calidad de los activos tóxicos que poseen los
bancos españoles. Sin embargo, el Estado sólo garantizará los activos tóxicos originados mediante la segunda situación comentada arriba.
Los activos tóxicos que se hayan generado como consecuencia de que los
bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación) no van a ser
respaldados con dinero público.
Por eso, aunque la cantidad total de activos tóxicos en manos de
bancos españoles alcanza aproximadamente los 50.000 millones de euros,
el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que han sido originados
como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los beneficios:
planes de pensiones, provisiones, etc). El resto tendrán que ser
garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a
beneficios o recurrir a capital en el mercado accionario.
De esta forma, esos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro
Público no serán entregados inmediatamente a la banca. De momento, sólo
están reservados para aumentar la calidad de los activos fiscales (por
lo tanto, y de momento, el déficit estatal no aumentará). Ahora bien, si
los bancos presentan en el futuro pérdidas o se declaran insolventes,
entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca parte del
dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de euros.
En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total
equivale a un 3% del PIB).
Pero aquí no acaba la gracia. La Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros. Por
lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los
activos tóxicos de los bancos sino también los del resto de empresas
privadas. Esto quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el
Estado ha entregado a empresas no financieras (sobre todo, grandes
empresas como Telefónica o Endesa) por haber inmovilizado parte de sus
beneficios (pagos por prejubilaciones, planes de pensiones para sus
empleados, provisiones por morosidad, etc) serán respaldados con dinero
del contribuyente. Si estas empresas presentan pérdidas o quiebran, el
Estado les entregará dinero público.
En definitiva, nos encontramos con una nueva cuantiosa ayuda a la
banca que se extenderá por ley a las empresas no financieras (y entre
ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin ninguna duda
mermará todavía más las arcas del Estado.
Eduardo Garzón
Saque de Esquina
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