“¡Desarmemos los mercados!”. Este eslogan se acuñó cuando se fundó Attac en 1998, con el trasfondo del derrumbe financiero en Asia Oriental. Desde entonces, hemos sido testigos de otras crisis desencadenadas por los mercados financieros: en Rusia, Brasil, Turquía, Argentina y el estallido de la burbuja de la “Nueva Economía” en 2001.En la actualidad, el mundo rico se encuentra en medio de una crisis, la más grave desde la Gran Depresión de 1929. El desplome de septiembre de 2008 en Wall Street marca el fin de un periodo histórico: el sistema del capitalismo financiero -un sistema guiado por la sola búsqueda del máximo beneficio- se ha hundido. Se ha destruido a sí mismo como resultado de sus propias e inherentes contradicciones. Las ondas del shock financiero están llegando a la economía real. EE.UU. ha entrado en recesión y la Unión Europea (UE) le sigue. Toda la economía global se verá afectada.
La contracción de la actividad económica aumentará el desempleo y la desigualdad. Los asalariados sufrirán nuevas presiones para obtener más “flexibilidad en los mercados de trabajo”, esto es: salarios más bajos y menor protección social. La disminución de la demanda acumulada de los países ricos también alcanzará a las economías vulnerables del mundo en desarrollo y aumentará la pobreza. Los Objetivos del Milenio y los objetivos de un desarrollo mundial social y medioambientalmente sostenible quedarán completamente fuera de alcance.
El derrumbe financiero y la recesión coinciden con un fuerte incremento en los precios del petróleo y de los alimentos, lo que ha provocado una severa crisis social en algunos países en desarrollo y revueltas por hambre. Ambas cosas, tanto el aumento de los precios de las materias primas como el de los alimentos, tienen múltiples causas. Pero una vez más la especulación de los hedge funds o fondos de cobertura, y otros inversores institucionales, ha contribuido considerablemente a alcanzar máximos en los precios y a la inestabilidad.
El desencadenante de la crisis actual fue la excesiva concesión de hipotecas subprime a los propietarios norteamericanos, y los correspondientes procedimientos defectuosos de titulización con los que esos préstamos arriesgados fueron vendidos a instituciones financieras y propietarios en los EE.UU. y en todo el mundo. La subsiguiente ola de quiebras tuvo dramáticas consecuencias en instituciones financieras tales como los bancos de inversión y bancos comerciales minoristas, o los fondos de cobertura. Actualmente, el sector no financiero también está enormemente afectado. Las perspectivas económicas, sociales y medioambientales para 2009 son sombrías para buena parte del mundo.
Pero se podría haber previsto. El derrumbe desgraciadamente confirma los pronósticos de expertos heterodoxos, como el Premio Nobel Joseph Stiglitz, los de Attac, los de los movimientos sociales y los de otros críticos. Incluso los supervisores sabían que el sistema estaba en riesgo, pero no hubo voluntad de actuar debido a la creencia hegemónica en la autorregulación de los mercados.
Ahora, bajo la presión de la crisis, incluso la corriente mayoritaria de la comunidad financiera pide reformas. Sin embargo, estas propuestas no son lo bastante avanzadas desde el momento en que no abordan los problemas sistémicos que están tras la crisis. Van dirigidas principalmente al sector financiero y están orientadas hacia los problemas de estabilidad del sistema. Esto no es suficiente. El capitalismo financiero tiene también consecuencias desastrosas sobre la distribución de la riqueza y la democracia. Los banqueros piden la intervención del Estado pero esto significa socialización de las pérdidas mientras los beneficios se quedan en bolsillos privados. Las actuaciones de rescate por parte de EE.UU. con más de 700 mil millones –la mayor en la historia de la humanidad- y los paquetes de rescate en el Reino Unido, Alemania y otros países muestran claramente esta lógica. Cuando la comunidad financiera habla de reformas quiere decir, en el mejor de los casos, una puntual (re)regulación y gestión a corto plazo de la crisis, intentando mantener la deriva neoliberal y volviendo al negocio habitual pasado un breve tiempo.
Lo que se necesita en interés de la gran mayoría de la gente son cambios reales hacia otro paradigma, donde las finanzas tienen que contribuir a la justicia social, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. No podemos permitirnos volver al statu quo anterior en los años venideros.
La crisis no es el resultado de algunas circunstancias desafortunadas, ni puede reducirse a un fallo en la supervisión, en las agencias de calificación o al mal comportamiento de actores singulares. Tiene raíces sistémicas y por tanto pone en cuestión la estructura y los mecanismos del sistema en general.
Los mercados financieros constituyen el centro y la fuerza conductora de la globalización. El sector financiero ha evolucionado hasta convertirse en dominante en la economía tras la introducción del sistema de tipos de cambio flotantes entre las divisas más importantes en 1973, la abolición de los controles de capital y la subsiguiente liberalización y desregulación de los mercados financieros y del sector financiero, incluyendo la creación de supervisores llamados independientes, pero en la práctica sujetos a una fuerte y exitosa presión del lobby del sector financiero. Desde entonces, el sector y los mecanismos financieros han experimentado una fase de rápida expansión: el volumen de activos financieros, de deuda y la búsqueda mundial de beneficios financieros han crecido a la par. Es importante recordar que la aguda aceleración de este proceso ocurrió tras las secuelas del 2001, cuando la economía norteamericana se recuperaba de la crisis de las punto-com, en particular el dramático aumento tanto de la deuda privada norteamericana (especialmente la de los hogares) como del creciente déficit exterior de este país, financiado por el resto del mundo.
Estas tendencias unidas llevaron al establecimiento de un nuevo modelo económico, una nueva forma de capitalismo denominada por algunos globalización financiera, por otros capitalismo financiero y aún por otros capitalismo de accionistas. Comoquiera que se llame, una cosa está clara: mientras que antes los mercados financieros tenían un papel subordinado e instrumental respecto de la economía real, ahora esta relación se ha invertido. El poder de los “intereses financieros” sobre la economía “real” ha aumentado enormemente, subordinando todas las actividades económicas a obtener beneficios en los mercados financieros y creando instrumentos financieros para obtener beneficios sólo a través de los mercados financieros, fracasando a la vez en dar servicio a la producción y agricultura sostenibles, y al ahorro estable de los clientes “normales”. La lógica y la dinámica de la maximización del beneficio a corto plazo han penetrado en todos los poros de la vida social y económica. La perfecta movilidad del capital financiero, resultado de las políticas neoliberales, desempeña hoy día un papel crucial en el mundo económico. Crea una competición global no sólo entre empresas multinacionales, sino también entre naciones, entre sus sistemas fiscales y sociales, y entre trabajadores de distintas partes del planeta. Al crear una relación de fuerzas favorable a las grandes empresas respecto de sus trabajadores, este predominio del capital ha llevado a aumentar las desigualdades, a disminuir los niveles laborales, sociales y medioambientales, así como a la privatización de bienes y servicios públicos.
En dos palabras, la “libertad” de los agentes financieros se ha extendido a costa de la gran mayoría del pueblo y ha llevado a actividades económicas que degradan el medio ambiente. El fracaso del este modelo nunca ha sido tan obvio como hoy en la crisis alimentaria, climática y energética. Este modelo, que ha sido apoyado por los gobiernos de todo el mundo, está completamente desacreditado. Por tanto, se deben extraer las evidentes consecuencias para que los decisores políticos y económicos reconduzcan este sistema financiero insostenible e injusto hacia las necesidades de la gente, la igualdad y la sostenibilidad .
Se abre una ventana histórica de oportunidad. El que se consiga un verdadero cambio de rumbo dependerá de la presión de la opinión pública.
Otro sistema financiero es posible: estabilidad y solidaridad por delante de los beneficios
Debido a la complejidad del actual sistema financiero, es imposible resolver sus problemas con un sólo instrumento. No hay un punto de apoyo arquimediano. Hace falta un conjunto de instrumentos. Sin embargo, ante los cientos de propuestas concretas que surgirán en el futuro inmediato, todas controvertidas, podemos definir algunos requisitos básicos que deben reunir dichas propuestas concretas para que sean aceptables como reformas emancipadoras:
A. Cambios del sistema en vez de arreglos puntuales.
Está demostrado que todo el sistema financiero en su formulación neoliberal es económicamente inestable e ineficiente así como perjudicial para la igualdad, el bienestar general y la democracia. Por tanto son necesarios cambios sistémicos. Uno de nuestros objetivos principales es romper los pilares del neoliberalismo, en particular la movilidad mundial del capital. Son inaceptables: tanto algunas medidas reguladoras que, protegiendo a los ricos, están dirigidas a mantener la acumulación de capital basada en activos financieros y la mera estabilidad financiera; como las reformas superficiales dirigidas, por ejemplo, a la mera “transparencia”.
B. Un nuevo Bretton Woods en vez de “fuerzas del mercado autorreguladas”.
La crisis demuestra que dejar solos a los mercados sin regulación política ni responsabilidad democrática lleva a resultados desastrosos. Por tanto, son necesarios el control democrático y la cooperación internacional en vez de la competencia destructiva entre economías nacionales. En la toma de decisiones económicas y financieras, se debe dar prioridad al desarrollo sostenible y a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.
Se debe crear un conjunto apropiado de instituciones bajo los auspicios de la ONU para regular y reorientar el sistema financiero. Será necesario aplicar las precauciones debidas para que ese conjunto de instituciones sea políticamente responsable y pro-activo respecto de la igualdad y la sostenibilidad, y para que sea capaz de evitar (más que reaccionar ante) las crisis financieras. Por ejemplo, las discusiones para dar al FMI un mandato para supervisar la relación entre los mercados financieros y la economía real debería trasladarse a la ONU, y debería evaluar la relación entre los mercados financieros, la pobreza y el desarrollo sostenible. Debería apoyarse una fuerte intervención internacional para prevenir la creación de grandes superávits comerciales y de balanza de pagos en algunos países y grandes déficits comerciales, de deuda y de balanza de pagos en otros (como ocurre entre EEUU y China). Dicho órgano de la ONU podría también ser el foro para la toma de decisiones sobre hasta qué punto se deben liberalizar las empresas de servicios financieros y los productos/servicios financieros, y hasta qué punto limitar la libertad de circulación de capitales. Esto supondría que tales decisiones no se tomarían en la OMC/GATS ni en los acuerdos de libre comercio (ALC), como ocurre en la actualidad.
La supervisión nacional y la cooperación internacional entre organismos reguladores y supervisores, especialmente a nivel de la UE, debe fortalecerse, democratizarse y ampliarse con un mandato para servir a las necesidades sociales. Se debe asegurar la participación en la regulación de sindicatos, consumidores y otros actores. La calificación de inversiones debe pasar a ser competencia de la supervisión pública, con un mandato para evaluar también el impacto sobre la sociedad (por ejemplo, impedir productos financieros, préstamos y empresas que destruyan el medio ambiente).
Para la gestión inmediata de la crisis es necesaria una estrecha cooperación internacional a escala europea, incluyendo a Suiza y Rusia, y a nivel trasatlántico.
Se deben poner límites al libre comercio irrestricto y a la libre circulación mundial de capitales. La “apertura” dogmática de los flujos de entrada y salida de mercancías, de servicios y financieros debe ser sustituida por un punto de vista muy distinto. Nuevos acuerdos internacionales deben poner otros objetivos -como la estabilidad financiera, la justicia fiscal o la justicia social y la sostenibilidad- por encima del libre flujo de capitales, bienes y servicios. Los derechos sociales y las conquistas históricas de los trabajadores no deben ser puestos en peligro por estos tratados; al contrario, deberían fomentar la solidaridad internacional en vez de la competencia.
C. Romper el predominio de los mercados financieros.
La orientación básica para un cambio real tiene que apuntar a la ruptura del dominio de los mercados financieros sobre la economía real. Algunos instrumentos adecuados para este propósito son:
- Tasación de todo tipo de transacciones financieras incluyendo las de divisas, a fin de reducir la especulación, desacelerar la velocidad de los mercados financieros y reducir el cortoplacismo, mientras que debería estimularse la financiación del comercio, producción y consumo justos y sostenibles. Esto incluye un impuesto multilateral sobre todas las transacciones de divisas para desalentar las transacciones especulativas a corto plazo entre países. En segundo lugar, las autoridades nacionales deberían imponer unilateralmente un impuesto apropiado a las transacciones en bolsa con el fin de detener la especulación y asegurar una fiscalidad más progresiva.
- Prohibición de crear conglomerados financieros (en todo el mundo) que sean demasiado grandes como para permitir que naufraguen o demasiado interconectados como para permitir que fallen, y demasiado complejos para poder gestionar todos sus riesgos potenciales.
- Tasación progresiva de las ganancias del capital. Un factor significativo que contribuye a la inflación de los mercados financieros es la concentración de riqueza. Así que, a fin de desacelerar y estabilizar los mercados financieros, se requiere una sustancial redistribución de las ganancias y de la riqueza de los ricos a los pobres así como una reducción de los incentivos a la realización de ganancias excesivas y de los mecanismos de evasión fiscal usados por los ricos e incluso por el mismo sector financiero.
- Antes que la redistribución, la política económica tiene que facilitar una distribución justa: los salarios no deben crecer por debajo de la productividad (excepto si se reduce el tiempo de trabajo) y el trabajo tiene que estar justamente repartido.
- Deben detenerse las privatizaciones de los sistemas sociales y de las principales infraestructuras, como las de energía y ferrocarriles, y revertirse allí donde ya se hayan producido. Debe revisarse la privatización de los fondos de pensiones en tanto ha conducido a la creación de capitales errantes por el mundo en busca de altos beneficios invirtiendo en acciones de empresas que son social y medioambientalmente irresponsables.
D. Mitigar los efectos de la crisis sobre la economía real y aplicar el “principio de que quien especula, paga”.
En tanto el actual sistema financiero y su desplome han afectado a la economía real y a la sociedad, son urgentemente necesarios programas de emergencia para mitigar sus efectos sobre la economía real y la sociedad.
Dada la profundidad de la crisis, puede que sean inevitables los paquetes de rescate para evitar el colapso total del sistema financiero. Sin embargo, esos paquetes de rescate deben estar sujetos a una estricta condicionalidad, excepto causas de fuerza mayor. En aquellos casos en los que el rescate sea exitoso sin nacionalización, sus costes deberían ser pagados por los accionistas, incluyendo los intereses. Donde esto no sea posible, el estado debe adquirir acciones o nacionalizar completamente la empresa.
El coste total de las inyecciones de liquidez y de la medidas de rescate o de mitigación debería recaer principalmente sobre quienes son responsables de la crisis y han amasado fortunas. Por lo tanto, debería crearse un fondo especial contra la crisis en cada país. El fondo se cubriría a través de una contribución extraordinaria y puntual sobre todas las ganancias de capital superior a los 50.000 euros y con un impuesto extraordinario de un 1% sobre todos los beneficios empresariales del sector financiero.
Una parte de este fondo debería utilizarse a nivel internacional para la asistencia de aquellos países pobres que sufren los efectos del derrumbe y están afectados por la crisis de precios de los alimentos y las materias primas.
Además, deberían emprenderse sustanciales inversiones públicas en la infraestructura social, educación, cultura y medioambiente, en tanto estos sectores han sufrido carencia de inversiones, crearán empleo e impulsan el desarrollo sostenible.
E. Reformar la UE, control democrático sobre el Banco Central Europeo (BCE).
Debe prestarse especial atención a la UE. Las dimensiones financieras en el Tratado de Lisboa y otros tratados se ajustan al dogma neoliberal. Se debe modificar el Artículo 63 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo art. 56 del Tratado de la CE) que prohíbe cualquier restricción sobre los flujos de capital, no sólo dentro de la UE sino también hacia todos los demás países, y por ello fija las condiciones perfectas para la abrumadora sujeción de la sociedad a las finanzas. Hay buenas razones para restringir parcialmente los movimientos de capitales: garantizar la estabilidad financiera, evitar la evasión fiscal y la competencia fiscal, desarrollar una política monetaria favorable al empleo sin riesgo de huidas de capitales. También reivindicamos la restricción de la libertad de establecimiento (art. 49), que permite al capital migrar allí donde las condiciones sean más favorables y a las instituciones financieras buscar asilo en la City de Londres o en cualquier otro lugar que prefieran.
La toma de decisiones sobre la supervisión y las regulaciones financieras a nivel de la UE y a nivel de sus países miembros debe ser completamente revisada y reorientada en un sentido alejado de apoyar principalmente el crecimiento y la competitividad del sector financiero. Debería implantarse un sistema común de regulación y supervisión que se ajuste a los estándares más altos y no a la lógica de una carrera de mínimos.
Los parlamentos deben evaluar periódicamente si son correctas las regulaciones en vigor sobre los mercados y las entidades financieras. El Parlamento Europeo debe tener derecho a introducir regulaciones. Las regulaciones de la UE deberían incluir todos los criterios necesarios para el sector financiero (préstamos, evaluación de riesgos, inversiones, emisión de activos / inversiones de actividades bancarias) de tal manera que tales medios y servicios financieros sean solamente proporcionados para actividades sostenibles y para la erradicación de la pobreza.
Más aún, es necesario alterar la política monetaria del BCE. El banco está en el mismísimo centro del neoliberalismo en Europa. Se basa por completo en la ideología monetarista, al encomendarse a sí mismo la estabilidad de precios en primer lugar, a costa del empleo, la justicia social y la estabilidad económica. En coherencia con la ideología neoliberal, se autodenomina independiente y no está sujeto en absoluto a control democrático. Reclamamos el control democrático sobre esta institución, cuyas políticas influyen drásticamente en el devenir de los ciudadanos. Estamos en desacuerdo con el objetivo del BCE de mantener la inflación de los precios al consumo por debajo del 2%: este es un pilar central de la política neoliberal. En vez de ello, queremos que el BCE se centre sobre el empleo y la distribución justa. Incluso el informe anual del Bank of International Settlements (BIS, junio 2008) aconseja que la política de tipos de interés de los bancos centrales se fije no sólo en las cifras de inflación para mantener los tipos bajos sino también en evaluar el impacto de los tipos de interés sobre los “crecimientos excesivos e imprudentes del crédito”, la creación de burbujas y los modelos de producción y gasto que sean excesivos.
El aumento del tipo de interés por el BCE como reacción al incremento de los precios del petróleo estuvo completamente en la línea del dogma neoliberal. Aunque el aumento de los precios relativos, como en el caso del petróleo, no debería confundirse con inflación (la cual es un aumento de todos los precios), Frankfurt ha estado agitando el fantasma de la inflación. Sin embargo, en la coyuntura actual la inflación no es el problema, sino la recesión y el desempleo. La política del BCE está acelerando y profundizando la crisis a la que se dirige la UE.
La toma de decisiones favorables a la sociedad en el ámbito financiero, monetario y económico mejorará con un control pleno y transparencia de los lobbies, y con la restricción y la petición de responsabilidades políticas (empezando por la plena transparencia) sobre las “consultas” al sector financiero y a otras grandes empresas.
F. Reformas en partes centrales del sistema.
A la luz de la crisis, algunos fundamentos del sistema actual requieren una atención especial, a saber:
a. Requisitos de capital y prácticas prudentes en el sector bancario. Hay que aumentar los requisitos de capital para los bancos. A ese respecto, Basilea II fue un paso en la dirección equivocada. Por ello es necesario un Basilea III que saque consecuencias del desplome. Se deben prohibir las operaciones “fuera de balance” que están en el corazón de la crisis actual.
Los procedimientos de titulización deben limitarse a instituciones bajo estricto control de los Gobiernos. Hay que prohibir los procedimientos arriesgados de titulización, como son las “Obligaciones de Deuda Colateralizada” (Collateralized Debt Obligations), cuyo propósito era la reventa masiva de hipotecas subprime.
Deberían prohibirse los productos financieros especulativos, especialmente sobre alimentos, y allí donde tengan un efecto desestabilizador. Cómo mínimo, cuánto más grande sea el conglomerado financiero, menos productos especulativos debería poder vender o negociar.
Todos los nuevos productos financieros deben ponerse a prueba por parte de los supervisores para medir su impacto sobre la estabilidad financiera y la sociedad.
La banca de inversión debe reducirse hasta un punto en el que su volumen no constituya un riesgo sistémico. Lo que queda de la banca de inversión debe someterse por completo a regulación y supervisión, y debe separarse de otros servicios financieros. Todas las actividades de la banca de inversión deberían incluir criterios que promuevan el desarrollo sostenible de las sociedades, por ejemplo, promover las acciones de aquellas empresas que produzcan productos respetuosos con el medio ambiente.
Todos los conglomerados financieros, desde la banca de inversiones y al por menor a los que comercian con títulos y las compañías de seguros deben reestructurarse o separarse, y la supervisión debe adaptarse a las estructuras de los conglomerados resultantes.
El sistema de elevadas gratificaciones complementarias [bonus] de los directivos debería prohibirse en tanto que incita al comportamiento arriesgado hasta en la alta dirección, sin posibilidad de pedir responsabilidades cuando se provocan cuantiosas pérdidas a la empresa financiera o a sus (pobres) clientes.
b. Fortalecimiento del sector bancario público y sin ánimo de lucro. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, el sector de la banca pública y sin ánimo de lucro cumplió una buena función. En las últimas dos décadas, estos bancos se fueron fusionando y se transformaron en bancos comerciales cuyas acciones cotizaron en los mercados de valores, evolucionando hacia el sistema financiero de inspiración anglosajona. Debe invertirse esta tendencia, debe fortalecerse la banca pública y sin ánimo de lucro y eximirla de las normas sobre competencia de la UE. El sector público debería poseer al menos algunos de los bancos para proporcionar financiación estable al desarrollo sostenible y justo.
Los bancos renacionalizados y aquellos en los que el estado ha adquirido acciones como consecuencia de actuaciones de rescate deberían reestructurarse para servir a las necesidades de la sociedad, incluyendo créditos asequibles para proyectos sostenibles y empresas, acceso universal a buenos servicios financieros básicos, etc.
c. Agencias de calificación bajo control público. Las agencias de calificación (que fallaron gravemente en la crisis actual, así como en casi todas las crisis de las últimas décadas) deberían estar bajo control público. No deberían seguir cobrando de las firmas que califican, sino ser financiadas por un fondo pagado por todos los usuarios de las calificaciones y por los emisores de productos financieros. No deberían calificar sólo los aspectos financieros, sino también tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales.
Los contables han fallado en revelar la debilidad de los sistemas de control de riesgos de las instituciones financieras. Los contables permitieron que quedaran fuera de los balances algunas actividades en el mercado de hipotecas subprime, de derivados y de otros activos. La determinación de las reglas de contabilidad debe convertirse de nuevo en un asunto (inter) gubernamental.
d. Regulación de los fondos, especialmente los fondos de cobertura (“hedge funds”) y los fiondos de alto riesgo (“private equity funds”). ¿Quién necesita fondos de cobertura y qué beneficio aportan a la economía? Cuando en la Cumbre del G-8 de 2007 los alemanes pidieron más transparencia para los fondos de cobertura, les replicaron que esos fondos tienen una función útil, ya que asumen los riesgos que otros no están dispuestos a asumir. En realidad, estos riesgos son los riesgos de la especulación sólo al servicio del máximo beneficio. No hay beneficio para la economía derivado de esas operaciones, al contrario, desestabilizan el sistema. El riesgo se transfiere a los bancos a través de las prácticas de apalancamiento. Por ello no deberían practicarse bajo ningún concepto y la prohibición actual de las operaciones con posiciones cortas es insuficiente. Decir que los fondos de cobertura son un instrumento de prevención de riesgos es lo mismo que hacer bombero a un pirómano. Los fondos de cobertura deberían prohibirse. Los reguladores y supervisores tienen que impedir que los bancos operen con fondos de cobertura ubicados en paraísos fiscales. Nadie necesita fondos de cobertura, salvo los ricos y las instituciones de inversión que buscan el máximo beneficio con alto riesgo.
Los fondos de alto riesgo también se han revelado como un riesgo, valga la redundancia, para la estabilidad y han servido como correa de transmisión del capitalismo de accionistas a la economía real. Hay que detener este modelo empresarial opaco. Como alternativa deberían crearse incentivos para involucrar mucho más a los bancos en la financiación de empresas y en la provisión de capital riesgo, en particular para pequeñas y medianas empresas. Los bancos públicos deben jugar un papel clave en la financiación de las empresas.
Más en general, la UE debería regular todo tipo de fondos con una directiva. Todos los fondos deben publicar sus estrategias de inversión y sus tablas de incentivos para los directivos. Algunas estrategias de inversión deberían prohibirse (por ejemplo, ventas al descubierto), deben limitarse las tomas de crédito (efecto apalancamiento) y debe fijarse un techo a los activos bajo control. Los beneficios de los fondos deben tributar más que los ingresos por trabajo. Los fondos que no tengan residencia legal en la UE (por ejemplo, en centros extraterritoriales) o que no cumplan con los estándares de la UE no deben tener acceso al mercado de la UE.
e. Limitar severamente los productos derivados. Los derivados deberían negociarse solamente en bolsa, normalizados y autorizados por un organismo supervisor, de la misma manera que se evalúan los impactos negativos (a largo plazo) de los productos farmacéuticos. Los derivados de naturaleza puramente especulativa deberían prohibirse. Las operaciones extraoficiales (Over The Counter, OTC) deberían prohibirse.
f. Centros extraterritoriales (“Offshore”). ¿Quién necesita Centros Bancarios Extraterritoriales (OFCs, por sus siglas en inglés) y paraísos fiscales? Sólo los ricos y las instituciones de inversión que quieren ocultar sus activos a las autoridades tributarias, la mafia, los terroristas, los traficantes de armas y otras fuerzas criminales que quieren blanquear su dinero. No hay un argumento económico razonable a favor de mantener el status económico de esos territorios. Por lo tanto, su función económica debería ser totalmente clausurada.
En la medida de que esto no sea posible, ya que algunos grandes países ricos funcionan ellos mismos como OFCs y protegen a otros, puede recurrirse a un conjunto de medidas unilaterales, que van desde levantar el secreto bancario de los bancos bajo su soberanía, obligando a los bancos a cerrar las sucursales situadas en paraísos fiscales, hasta imponer una tasación elevada a las transacciones con los OFCs.
La “Directiva sobre los Ahorros” de la UE tiene que extenderse a todos los ingresos del capital (actualmente, sólo al pago de intereses), a las personas jurídicas (actualmente sólo a personas físicas) y al sistema de intercambio automático de información a Austria, Bélgica y Luxemburgo (actualmente a 24 países). La cobertura de estas lagunas es una condición para ejercer una presión creíble sobre otros paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein, para que levanten el secreto bancario y cooperen en un intercambio internacional de información.
g. Medidas contra las políticas de valor a corto plazo para los accionistas. John Maynard Keynes recomendaba “casar a los inversores con sus activos” para animarles a que invirtieran a largo plazo e impedir las perjudiciales especulaciones a corto plazo. El poder de los accionistas cortoplacistas podría limitarse vinculando los derechos de voto accionarial a un período mínimo de posesión de la acción (5 – 10 años) y a través de la prohibición de las “stock options” (que incitan a los directivos a cuidarse sólo del precio de las acciones).
En su lugar, las gratificaciones a los directivos deberían tener un tope y estar parcialmente vinculadas a un indicador de bienestar general. Más aún, los sindicatos, consumidores y otras partes interesadas deberían tener derechos de participación efectiva en la toma de decisiones de las empresas.
f. Regulación del endeudamiento de las familias. En cada país se deben establecer límites regulatorios al endeudamiento, en primer lugar el de las familias, a través de un techo a la proporción de amortización más intereses respecto de los ingresos. La vivienda de las capas sociales con peor poder adquisitivo es un componente de los programas sociales de los Gobiernos. No debe convertirse en el privilegio de los peores segmentos de las instituciones financieras privadas. Apoyamos enérgicamente las propuestas para crear un nuevo procedimiento de ejecución hipotecaria que permita a los propietarios de viviendas sobreendeudados convertirse en arrendatarios. Sin embargo, el acceso a la propiedad de la vivienda no debería ser el objetivo de los programas sociales. Demandamos una auténtica política de vivienda pública social, con gran diversidad social y estándares ecológicos.
FIRMANTES DE ESTE COMUNICADO: Attac Austria, Attac Dinamarca, Attac Finlandia, Attac Flandes, Attac Francia, Attac Alemania, Attac Hungría, Attac Italia, Attac Marruecos, Attac Noruega, Attac Polonia, Attac España, Attac Suecia, Attac Suiza.
ATTAC DE EUROPA
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