Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las
políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los
convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación,
congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como
consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en
realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas
políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el
Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son
ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras
que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales
políticas.
Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del
país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas
por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de
influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son
necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados
financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda
pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a
fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado
español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con
este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados
sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo
sustentan. Veámoslos.
En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente
los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos
españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera,
término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por
considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda
pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos,
compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de
ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima
parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de
la Unión Europea).
Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras
instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término
“nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de
nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la
población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de
personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de
la población, que se benefician enormemente de que el Estado español
tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de
los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los
recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de
infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre
otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por
estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado
pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto,
nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola,
prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el
sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy
en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del
ladrillo que ellos crearon.
Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española
como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco
Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes
son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno
español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y
europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones
de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses
son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero,
especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.
El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a
la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es
cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo,
incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas
del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a
la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a
los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo
cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso
para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han
empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar
dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el
lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se
resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del
bienestar.
No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía
financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está
controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen
que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes
políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a
los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca,
repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán
pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se
presenta con el argumento de que no hay alternativas.
Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los
bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos
públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población
y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo
hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva
influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Público
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