Ahora que estamos inmersos en un proceso deconstituyente por parte
de nuestros representantes, quienes han prostituido impunemente la
soberanía nacional al consagrar el neoliberalismo en nuestra muy
criticada (y con razón) Carta Magna y ceder ante el chantaje de los
mercados, tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar y sacar del
olvido algunos de los principios más esenciales que la propia
Constitución vejada elevó en su momento al más alto grado jurídico.
Hay un artículo en concreto que hace tiempo se ha querido olvidar
por parte de nuestros legisladores y gobernantes y, por qué no decirlo,
por parte también de las voces más críticas del ámbito académico. Es
sin duda el precepto más odiado por el capital y sus titulares, por los
neoliberales y economistas más rancios. Hablamos del artículo 31 de la
Constitución, que proclama solemnemente, pero sin ambages, que “todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.”
He aquí uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. El
deber de todos, de todos sin excepción (principio de generalidad
tributaria), a contribuir a las arcas del Estado mediante el pago de
impuestos, un pago que ha de ajustarse a la capacidad económica de cada
sujeto (persona física o jurídica) al supeditarse todo el sistema
tributario a los principios de justicia, igualdad y progresividad (paga
más quien más tiene). Estos principios constitucionales tributarios
deben imperar en toda política fiscal y su proyección alcanza a todo el
ámbito tributario, desde el IBI al Impuesto sobre el Patrimonio. Pues
bien, desde un tiempo no muy lejano (léase Aznar), este palmario
mandato constitucional (quizás el más contundente y preciso de todos)
ha sido continuamente vulnerado.
¿Dónde está la justicia tributaria, la igualdad y la capacidad
económica en el vergonzoso 1% de las SICAV? ¿Dónde aparece el artículo
31 de la Constitución en las SOCIMI? ¿Cómo se compagina la
progresividad con las humillantes deducciones, reducciones y otras
bonificaciones fiscales de las que es beneficiario el gran capital
español? ¿Por qué no entra en ese “todos contribuirán” las operaciones
financieras transnacionales o las vergonzosas actividades especulativas
de los hedge funds?….y la lista sigue y sigue. La justicia tributaria
que quería nuestra Carta Magna y que quiso, no olvidemos, un por
entonces difuso constituyente español, únicamente recae en las espaldas
de los trabajadores y asalariados, quienes son los que verdaderamente
soportan el peso de los impuestos. A pesar de que la capacidad
económica se ha ido desplazando en los últimos años desde las rentas
del trabajo a las rentas del capital, el legislador tributario ha
obviado esta evidencia y ha prolongado un régimen fiscal altamente
injusto y anacrónico, donde se sigue teniendo como eje vertebrador al
salario. Los principios constitucionales tributarios se han ido
apartando poco a poco, gobierno tras gobierno, dejándolos en un cajón
de la Moncloa… no vaya a ser que los inversores salgan corriendo hacia
mejores paraísos fiscales, que nos abandonen nuestros acreedores o que
las entidades financieras se depriman. Hasta tal punto han sido
degradados por el devenir legislativo y político que su esencia solo es
mentada, más como reliquia que como deber constitucional, en los
manuales y clases de derecho financiero. La sola lectura del precepto
nos recuerda a tiempos pasados, donde las rentas del trabajo
constituían el principal soporte de nuestra economía. Y es que nuestros
gobernantes, el Tribunal Constitucional y, lo que es peor, el conjunto
de la sociedad, siguen viendo como ejemplo paradigmático de este
artículo al trabajador asalariado. Impera todavía entre nosotros la
noción de una economía industrial de intercambio tradicional de bienes y
servicios, una noción en la que aún no hemos sido capaz de introducir
como verdadera piedra angular del sistema económico al mundo
financiero.
De aquí viene su desregulación, que, aupada a la política por el
neoliberalismo thatcheriano, es la principal causante de una crisis
económica que ahora se achaca al Estado. El movimiento de capitales
transnacionales y las actividades financieras de los grandes
conglomerados bursátiles y bancarios, que son a día de hoy los
principales actores de nuestra economía, han de arrodillarse ante lo
que la Constitución como norma suprema del ordenamiento (parece que hay
que recordarlo estos días) consagra como un claro mandato,
abiertamente infringido en su espíritu por la política fiscal de los
últimos decenios.
Pero, ¿cuál ha sido, exactamente, la justificación de esta
injusticia permanente en nuestro sistema tributario? Pues hete aquí con
nuestra querida amiga la globalización. La competencia fiscal entre
Estados y la facilidad del mundo financiero para moverse sin dilaciones
y obstáculos por encima de las fronteras de las anticuadas naciones
decimonónicas, han sumido en el olvido los principios de justicia
tributaria reconocidos en la inmensa mayoría de los sistemas
constitucionales de occidente. Y no nos podemos olvidar, claro está, de
nuestra también muy preciada Unión Europea o globalización
institucionalizada, que desde su existencia se ha preocupado más por
una unión monetaria que deja desamparados a los Estados, que en un
atender a la palmaria exigencia de una mayor justicia tributaria. Lo
que ahora Merkozy, de la mano del BCE, quiere denominar “unión fiscal”,
no es más que un remiendo chapucero de difícil base jurídica (y menos
aún económica) que, en aras de la tan manida austeridad, va a cumplir
finalmente el epitafio de Tácito que ya pesa sobre la cada vez más
cercana tumba de una Europa moribunda, sentencia que nos recordaba
también hace unos días Martín Wolf: “Ellos crean un desierto, y lo
llaman austeridad”.
Es evidente, por ello, que la actualización y materialización
efectiva del artículo 31 de la Constitución, no puede hacerse solamente
desde la débil posición del Estado-nación. Ha de venir acompañada, y
con intensidad, por una Unión Europea más social y democrática que
utilice su privilegiada situación supranacional para someter al suave
yugo de la justicia tributaria al mundo financiero. Hemos de exigir,
pues estamos en nuestro legítimo derecho, que los principios
tributarios que nuestra Constitución establece se cumplan en su
adaptación y concreción legislativa, que se creen nuevas figuras
tributarias que equilibren la balanza y redunden en una mayor
redistribución de la renta. La implementación del ITF a nivel europeo,
la elevación de los tipos impositivos a las instituciones de inversión
colectiva o una mayor imposición y progresividad a lo beneficios
derivados del capital (las eufemísticas rentas del ahorro), son algunas
de las medidas que harían efectivos unos principios olvidados por la
desidia y el pensamiento económico dominante.
No es cuestión de ideologías. Es cuestión de cumplir lo que la Constitución nos manda. A todos.
Gabriel Moreno González – ATTAC España
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