La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y
verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es… la
deuda pública.
El Capital, Karl Marx (1867)Los últimos
acontecimientos económicos y políticos están sucediendo a una velocidad
de vértigo. El hundimiento del gobierno de Grecia y de Italia en escasos
diez días ha sido un golpe durísimo de los llamados mercados a las
débiles democracias parlamentarias tal y como las entendíamos hasta
ahora. El golpe de estado de los financieros iniciado el 2008 con el
plan de rescate público para el capital financiero privado ha tomado
forma literal: los tecnócratas provenientes de la banca internacional,
de Goldman Sachs como máximo exponente i del Banco Central Europeo
(BCE), ocupan las posiciones de control de los Estados griego e
italiano. Las puertas giratorias ahora giran también al revés; no sólo
las políticas retiradas ocupan los puestos de los consejos de
administración de las grandes empresas sino que también las técnicas del
capital privado ocupan las carteras públicas de unos gobiernos que de
legitimidad no les queda nada. Ya no sólo se hace cumplir la máxima del
capitalismo que reza privatizar los beneficios y socializar las pérdidas
sino que encima se dicta como hacerlo. ¿Quién dicta, si no es un
representante elegido, no es un dictador? Si fuesen militares
hablaríamos de golpe de estado militar. Todo ello es un abuso más del
poder que antes también procuraba favorecer a unos en detrimento de
otros, pero ahora se han perdido las formas.
En esta ocasión
todas las dudas señaladas por los llamados mercados se centran en la
deuda pública de los países de la periferia europea. Pero, ¿cómo han
llegado a endeudarse tanto estos Estados?
Desequilibrios comerciales, problemas para el capitalismo
En
el capitalismo global hay una serie de economías que tienen un sector
exterior competitivo que les permite ser exportadoras netas, es decir,
exportan más mercancías de las que importan. Este sería el caso de China
o de Alemania. Estas economías se han especializado en una producción
que otros países demandan ampliamente: productos tecnológicos,
maquinaria o automóviles como es el caso alemán, o manufacturas, aunque
también mucha tecnología, como es el caso chino. La configuración de
esta producción, a parte del factor tecnológico, se basa en una tasa de
explotación de su clase trabajadora muy alta, perpetuando unas
condiciones infrahumanas para millones de personas, como en el caso
chino, o con unos sueldos congelados desde hace décadas (desde 1989?)
como en el caso alemán. A pesar que los manuales de economía utilizados
en las universidades determinan que una economía sólida y competitiva es
aquella que tiene un sector exportador importante, hasta ahora
desconocemos la capacidad de exportar mercancías a la Luna, a Marte o a
cualquier otro planeta del sistema solar. La evidencia nos dice que si
una economía exporta es porque hay otras que importan. Aunque
tertulianos y economistas nos digan que de esta crisis se sale
exportando, no todos los países pueden exportar, algunos tendrán que
importar.
Hay países exportadores netos, como los mencionados, y
países importadores netos, es decir, que importan más mercancías de las
que exportan. Este es el caso de la economía española y de otras de la
periferia europea. El modelo productivo español centrado en los sectores
de la construcción, el turismo y los servicios, y en menor medida el
automóvil, es un modelo productivo caduco, con fuertes dependencias del
exterior y generador de paro y precariedad.
Las economías con
superávits comerciales como la alemana, no utilizan los fondos obtenidos
fruto de esta ventaja competitiva en mejorar el Estado de Bienestar
para su población, ni en aumentar los salarios de su clase trabajadora,
ni en jubilar antes a las trabajadoras, ni tan siquiera invierten gran
parte de esto en su sector productivo industrial. Este gran volumen de
capital se ha destinado precisamente a prestar dinero a otros países que
tienen déficit, a financiar los déficits de otras economías como la
española a través del sector financiero. La barra libre de crédito que
permitió la burbuja inmobiliaria debía de provenir de algún otro lugar
que no fuese el Estado español dado que su economía era deficitaria,
dependía del exterior. Los bancos y cajas del Estado español pudieron
prestar a constructoras, promotoras, empresas y familias gracias a que
demandaban dinero a la banca europea. La deuda española crecía, tanto
por el déficit de las compras de mercancías cómo por la deuda
financiera. El negocio era perfecto y se desarrolló un fuerte sector
bancario obteniendo rentabilidades de la intermediación entre la
financiación exterior y la economía productiva interior. Decíamos era
perfecto, hasta que golpeó la crisis.
El estallido de la crisis
La
crisis se desencadenó en el ámbito financiero y se puede datar su
inicio en agosto de 2007, cuando el primer fondo de capital riesgo
quebró después del estallido de la crisis de las hipotecas basura en
EEUU. La crisis financiera fue la primera ola de un tsunami al que hemos
de buscar el epicentro del terremoto tierra adentro, en los propios
mecanismos de explotación y acumulación del capital que habían llegado a
sus límites. Por un lado, el modelo productivo del capitalismo en esta
fase llamada neoliberal ya no podía extraer las plusvalías esperadas
para devolver los créditos empresariales. Por otro lado, la barra libre
de créditos al consumo, que en el contexto de salarios decrecientes de
los últimos años había podido mantener el poder adquisitivo y
directamente la venta de mercancías (automóviles, pisos, etc.), no podía
perpetuarse. Unos dirán que vivimos por encima de nuestras
posibilidades, a lo que otros contestamos que el capitalismo lleva
explotándonos por encima de nuestras posibilidades durante muchos años.
Si no hubiera aparecido el crédito masivo, al fin y al cabo dinero
buscando dónde invertir, a quién prestar a cambio de un precio, de un
interés para saciar su sed de beneficios, la crisis hubiese explotado
antes y de forma diferente. El sistema de crédito aplazaba ficticiamente
la resolución del problema, que en el capitalismo siempre es a través
del único mecanismo que cumple su lógica: la crisis.
La crisis es
algo inherente al sistema, intrínseco al capitalismo e incluso necesario
para su reproducción en el tiempo; necesita esta purga de los capitales
ineficientes y de la concentración de los que sobreviven. De las crisis
una parte del capital sale reforzado mientras que una parte de las
poblaciones reciben el golpe de verse en la calle sin ninguna forma de
ingresos más allá de los subsidios públicos. La segunda gran ola del
tsunami provocó una parada generalizada de la actividad productiva en la
mayoría de sectores de la economía. En el Estado español hacia falta
sumar la explosión de la burbuja inmobiliaria, tan anunciada y advertida
que asusta la inoperancia de los gobernantes. La destrucción de
millones de puestos de trabajo a causa del cierre de empresas, haciendo
aumentar el paro hasta niveles nunca vistos antes, es el gran drama
social de la crisis.
Intervención del Estado en la crisis, el rescate de los poderosos
Durante
los primeros compases de la crisis, el gobierno español, después de
reconocer tarde y mal la magnitud de esta, implementó una serie de
medidas para intentar paliar sus efectos negativos. Las políticas más
importantes, erráticas y en ocasiones contradictorias, se centraron en
una fuerte intervención del Estado en rescatar el sector financiero, con
serios problemas por el aumento de la morosidad, especialmente en las
cajas de ahorro. Estas ayudas se han desarrollado a través del Fondo de
Adquisición de Activos Financieros (FAAF), el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) y un seguido de avales y créditos al sector
bancario. El intento de contener la crisis de la construcción con el
Plan E, dotado en más de 10.000 millones de euros, la subvención a la
compra de automóviles con el Plan 2000E y el Fondo de Economía
Sostenible que ascendía a 20.000 millones más, completaban el rescate de
los poderosos. Se ayudó a las entidades financieras, mucho menos a la
actividad de las empresas productivas y casi nada a la creación de
ocupación.
La aparición del déficit fiscal, ¿un problema sólo de los gastos?
A
estas intervenciones altamente dispendiosas para las arcas públicas
hace falta sumar el aumento del gasto por el subsidio de paro que ha
supuesto destruir casi tres millones de puestos de trabajo desde el
inicio de la crisis. Este nivel de paro, 21,52% el tercer trimestre de
2011, supone un gasto anual de más de 30.000 millones de euros.
Este
aumento importante de los gastos contribuyó a que se pasase de una
situación de superávit fiscal del 1,9% del PIB el 2007 a un déficit del
11,1% a finales de 2009. Delante de esto y presionados con fuerza por la
UE, las gobernantes han establecido un duro régimen de disminución del
gasto público. La necesidad de contener los gastos para frenar el
déficit creciente, provocado –hace falta recordar- por el rescate de los
poderosos, acontece una tarea importante. Apoyados por los medios de
comunicación convencionales, han lanzado un bombardeo mediático centrado
en la idea de reducir los gastos que se plantean como excesivos.
Convergència i Unio, partido a la cabeza de la Generalitat de Catalunya
ha resultado ser la punta de lanza de una política de recortes que se
acabará imponiendo en todo el Estado. Este programa está centrado en el
recorte del gasto social, en el desmantelamiento del raquítico Estado de
Bienestar, abriendo la sanidad y la educación públicas al capital
privado.
El déficit fiscal tiene dos vertientes: por un lado los
gastos, que ya hemos visto de dónde proviene su aumento de los últimos
años, y por otro lado los ingresos. Los ingresos del sector público se
obtienen sobretodo de la recaudación de impuestos. El sistema fiscal del
Estado español es claramente regresivo e insuficiente, la presión
fiscal está alrededor del 32% del PIB, muy por debajo de la media
europea. Las reformas de los últimos años han ido reduciendo los
impuestos a las rentas altas y al capital y aumentando la presión fiscal
de las rentas salariales y los impuestos indirectos, como es el caso
del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Alrededor del 45% de la
recaudación del Estado proviene precisamente de este impuesto,
totalmente injusto, dado que grava el consumo independientemente de los
ingresos de las personas. La última modificación de este impuesto, ya en
plena crisis, para obtener más ingresos públicos, consistió en
aumentarlo del 7% al 8% y del 16% al 18%, mientras la promesa de subir
los impuestos a los ricos quedaba en una simple declaración
propagandística.
Otro impuesto importante es el IRPF (Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas). A finales de los años 70, la
fiscalidad “que había de permitir la democracia” imponía un tipo de
gravamen a las rentas más altas de más del 63% (en los EEUU y otros
países de Europa era bastante superior). Actualmente los más ricos pagan
un 43%. La reducción de impuestos a los ahorradores (¿quién puede
ahorrar ahora mismo?) que ha supuesto el establecimiento de un tipo
impositivo fijo del 19%-21% a las rentas del capital, las múltiples
modalidades de exenciones fiscales a los fondos de pensiones, a las
hipotecas, a las inversiones empresariales, juntamente con las últimas
eliminaciones de los impuestos de patrimonio y de sucesiones son algunas
de las modificación que se han llevado a cabo beneficiando la parte más
bien estante de la población. La existencia de formas societarias como
las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que utilizan las
grandes fortunas y que sólo tributan un 1%, son un insulto en tiempos de
crisis. En lo referente al Impuesto de Sociedades (IS), este tributa en
teoría un 30% sobre los beneficios de las empresas (un 25% para las
PYMES). Las grandes empresas españolas (las que cotizan en el IBEX-35)
tienen un tipo efectivo medio del 17%. Es decir, lo que acaban pagando
realmente, después de encontrar todas las vías posibles de exenciones
que les permite la legalidad y, a veces, la frontera con esta, como
podrían ser los paraísos fiscales, es un porcentaje muy inferior al IS.
Quien
paga más impuestos en este país son las trabajadoras a través de las
rentas salariales. Esto es especialmente grave para las clases populares
porqué en los últimos años la participación de los salarios en la
riqueza generada por el conjunto de la economía se ha reducido
beneficiando las rentas del capital. Al mismo tiempo, un sistema fiscal
centrado fuertemente en las rentas salariales explica que cuando se
produce una destrucción de la ocupación como la de la actual crisis por
un lado aumenta el gasto de paro y por el otro se hunden los ingresos
públicos.
El endeudamiento público como mecanismo de desposesión de las clases populares
Este
déficit se debe financiar de alguna manera. Las emisiones de deuda
pública son el mecanismo que utilizan los Estados para encontrar el gran
volumen de financiación que necesitan para los gastos que no pueden
cubrir con los ingresos obtenidos de la recaudación. Los bonos del
tesoro dan derecho a las financiadoras a cobrar un interés por el dinero
prestado, y al final del periodo establecido se les devuelve el
principal, el importe prestado. El tipo de interés, el precio al que se
presta este dinero, lo determinan los llamados mercados, según sus
consideraciones sobre el riesgo que asumen y la solvencia de los Estados
deudores. Las presiones especulativas para aumentar la prima de riesgo y
exigir intereses más altos están al orden del día, especialmente
durante las colocaciones importantes de bonos como la de la última
semana, en la cual el Estado español pidió 3.500 millones de euros que
le acabaron concediendo a un 7% de interés.
Los llamados mercados
no son más que el entramado de empresas del sector financiero: bancos y
cajas, gestoras de los grandes fondos de inversión y fondos de
pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, fondos de capital riesgo,
etc. Empresas que centran su negocio en conseguir beneficios invirtiendo
el dinero de estos grandes capitales y ahorradores del mundo, buscando
rentabilidades en el negocio financiero de dejar dinero a cambio de un
interés, de financiar proyectos empresariales o en el caso de la deuda
pública de financiar Estados.
Al crecer la deuda pública y ser
financiada por estas empresas, es a ellas a las que se destina una parte
cada vez mayor de los ingresos públicos, que como hemos indicado,
recaen sobre las rentas salariales y los impuestos que pagan las
poblaciones. La partida presupuestaria referente al coste de
financiación está creciendo fuertemente mientras que el gasto social
sufre el recorte. La deuda pública es un mecanismo más de desposesión
que utiliza el capital para redistribuir la riqueza generada por el
trabajo de las clases populares hacia los ahorradores y capitales
internacionales.
Esto ha resultado ser un negocio perfecto gracias
a la influencia política de las financieras que han conseguido imponer,
a través de organismos como el FMI, el BCE y la UE, las políticas de
ajuste necesarias, no para salir de la crisis, ni para garantizar el
pago de la deuda pública, sino para aumentar sus beneficios a cualquier
precio. No importa si esto es a costa del sufrimiento de las
poblaciones, de la reducción de los salarios y de las condiciones de
trabajo, de la destrucción del Estado de Bienestar y la llamada clase
media, de convertir el elevado paro en algo crónico que después pasaran a
etiquetar como estructural, y de aumentar el número de familias en el
lindar de la pobreza. El problema es que estas medidas, por su
naturaleza, tampoco permitirán retornar la deuda, ni resolver ninguno de
los problemas graves de las economías endeudadas, entre ellas, la del
Estado español. De hecho esto ya se está demostrando viendo la gestión
de la quita del 50% de la deuda pública griega contraída con la banca
alemana y francesa y el aumento del fondo de rescate de las
instituciones europeas.
Detrás de estos movimientos se encuentra
la necesidad del capital de gestionar esta crisis sin que se pueda
plantear una salida alternativa. Y la crisis ya dura mucho. La última
secuela de esta película de terror se titula la crisis de la deuda, o de
cómo las financieras se espabilaron para trasladar su burbuja
financiera a los balances del sector público. El nivel de endeudamiento
del conjunto de la economía es un peso demasiado grande, especialmente
cuando las gobernantes están dispuestas a salir al paso con recursos
públicos para cubrir cualquier problema que tenga el sector financiero.
En un contexto donde la economía productiva no aparece –ni se la espera-
y al contrario de intentar resucitarla aquello que se conseguirá es
hundirla a través de los planes de ajuste, parece difícil creer que la
generación de riqueza, necesaria ya no para salir de la crisis sino para
retornar las deudas, sea una posibilidad.
Frente a esta
coyuntura exigir no pagar la deuda resulta uno de los ejes sobre los que
plantear las luchas. Exigir que las clases populares no paguen las
consecuencias de una crisis de la que no son responsables pasa por
exigir que no se hagan cargo de una deuda ilegítima que ha servido para
rescatar a las financieras y beneficiar al capital.
Ivan Gordillo es miembro del Seminari d’Economia Crítica Taifa (http://seminaritaifa.org/)
Artículo publicado originalmente en catalán por el Setmanari La Directa (http://www.setmanaridirecta.info/): http://www.setmanaridirecta.info/noticia/deute-public-un-mecanisme-redistribucio-riquesa-pobres-rics-0
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