El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo.
El Estado del
Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa
propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la
Unión perdería parte de su sentido. Y para poder mantener esa
propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean
necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente
oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas
estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la
obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras
y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros
maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales
de la economía nos ha enseñado.
Por esta razón, los
economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados,
desde las instancias más conservadoras, los conceptos, entre otros
muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar
que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no
pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a
diluir los derechos de los trabajadores.
Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben
saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas
reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden
la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y
la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen
poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea
imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos
dejen mudos.
Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados,
en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en
los que la información es privilegio de pocos, en los que la
concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los
ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben
intervenir para impedir que los No mercados gobiernen
por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los
mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de
la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para
evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.
Mercados y regulación
no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y
regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los
requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados
aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes,
cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores
económicos de alcance sistémico con resultados letales para el
bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el
progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus
poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo.
Economistas Frente a la Crisis
señaló, en su primer manifiesto, que el primer objetivo de toda
política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos
productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo.
Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE
más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva
Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el
crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las
instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza. Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No
estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado
por la imposición de rápidas reducciones del déficit público.
Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los
gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de
competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el
gobierno alemán, conservador y nacionalista, está logrando imponer: Deutschland über alles, über alles in der Welt. Siempre
hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza
europea común de la Unión frente al sesgo insolidario de esa
gobernanza.
Economistas Frente a la Crisis
calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad
presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios
básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de
políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los
problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la
inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer metodologías públicas para una declaración del impacto económico
de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno
económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría
justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la
inversión y no caería bajo la manipulación de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal.
Ahora, sin complejos
–como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas
estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los
mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de
la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos
llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa
del debate:
1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa. La
productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales
que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales,
sino también, y de manera determinante, de la organización del
trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las
empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se
desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los
sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán
serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores
derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los
empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de
responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad
corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio
tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que
puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi
siempre ignorada.
Considerar el factor
trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse,
sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes
pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones
de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede
conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los
empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y
la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base
de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría
de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el
acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención
salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las
economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis.
Toda reforma laboral
que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus
preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la
organización del trabajo en las empresas. El control de las
retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios
empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales
conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben
constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y
tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos
indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las
administraciones en la enseñanza y en la sanidad.
Las propuestas que se
están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones
de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado
de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la
fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que
queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en
la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el
Estado del Bienestar.
2- Del Sistema Financiero. La
dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en
pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la
banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja
inmobiliaria están los pulmones de la banca que han hinchado el globo
por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los
recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos
que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los
fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la cultura
del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las
restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias.
El interés general
exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco
malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la
banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá
restablecer su función en la economía, imprescindible porque es
sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera
imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos
contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los
que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de
las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal
cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que ha incentivado
prácticas financieras no ajenas a la generación de esta crisis.
La contabilidad debe
recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los
balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas
imprescindibles para la recuperación de la confianza en las
instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen
permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las
responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y
permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un
accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus
gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para
garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en
defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados
desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los
medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del
crédito. Pero bancos malos no. Sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que el banco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas con su conversión en deuda pública.
Esta es la reforma
estructural que necesita la banca para que el crédito fluya.
Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí
nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final.
3- Del sistema fiscal. Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible”.
Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de
estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste
para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para
acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que
encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y
sanidad, la protección a los dependientes, la defensa del
medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus
jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus
ciudadanos.
Revisar el Impuesto de
Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero
entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos;
reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes
compañías y ciertas actividades profesionales,
responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la
creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos;
restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la
presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del
trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen,
todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una
reforma estructural de nuestro sistema fiscal.
Los déficits fiscales
continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico,
son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la
catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento
científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la
presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los
individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el
mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático.
Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una
capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento
del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la
deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a
mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos
al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad,
la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta la explicación
que nos falta para comprender la trastienda de una política económica
que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos
contraria al interés general.
4- De la Gobernanza Europea. La
crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los
últimos meses debido a la política contractiva impuesta desde la
mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea,
el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la
austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en
plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras
de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la
situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España,
comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían
necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado.
Las posiciones
mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la
mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania
mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en
tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que
asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora
limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del
mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la
mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones,
constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran
ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la
zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas.
El problema de la
deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el
volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los
mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida
consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto
público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados
para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus
compromisos financieros. Por consiguiente, de la
mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los
servicios esenciales que configuran el estado del bienestar. Sufre la
economía en su conjunto, las empresas y el empleo.
La reciente
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que
dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla
automática, carece de argumentos económicos consistentes y su
explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política
relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la
“hemorragia” de nuestra deuda, la gibarización de nuestro Estado. Es la
imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de
los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia.
Una reforma
estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento
Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones
europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que
emanen de la Unión Europea.
5- De la energía. La
energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros,
es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los
individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su
coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por
consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad
contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy
lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe
conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y
justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro.
Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo
alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre
la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia,
tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales
nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es
el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables,
cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita
sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para
alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad
de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética,
innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos,
contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento
económico, y disminución de costes para las familias y las empresas.
Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural
necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero.
Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la
confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los
ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.
______________________________
Las reformas que se
acometan deben poner las bases para garantizar la corrección de la
creciente desigualdad que se está imponiendo en los Estados de la Unión
Europea. Europa es su Estado del Bienestar. Su retroceso, pondría en
cuestión el propio proyecto de la integración europea.
Los abajo firmantes,
porque consideramos que los economistas tenemos la obligación de
devolver a la sociedad los conocimientos que la sociedad nos ha
permitido adquirir, hacemos un llamamiento a los economistas para que
contribuyan, desde el debate, a una salida progresista a la crisis.
Necesitamos más mercado y más reformas estructurales, pero no las que
están imponiendose. Esas son las de siempre, las que nos trajeron hasta
esta crisis. Por ello, Economistas Frente a la Crisis, abierto a todos los economistas y ciudadanos que compartan nuestra preocupación,
seguirá estando presente aportando sus análisis y sus propuestas. En
juego está el Estado del Bienestar, es decir, la Europa del progreso.
16 de diciembre de 2011
Economistas Frente a la Crisis
Primeros firmantes:
| Jorge Fabra Utray |
Economista y Doctor en Derecho |
| Juan I. Bartolomé Gironella |
Economista |
| Concha Toquero |
Economista y Tec. de la Admón Civil |
| Mariano Nava Calvo |
Economista |
| Francisco Fernandez Montes |
Economista |
| Carlos San Juan Mesonada |
Economista. Catedrático J. Monet UCIIIM |
| Julio Rodriguéz Lopéz |
Economista. Doct. en Economía. Estadist. INE |
| Jorge Fabra Portela |
Economista. Economista del Estado |
| Jose Luis Jimenez |
Economista |
| Juan I. Palacio Morena |
Economista. Catedrat. Economia Aplicada UCLM |
| Lola Grandal |
Economista. Prof. Titular Economía UCM |
| Eduardo Moreno |
Economista |
| Mauro Lozano |
Economista |
| José Moisés Martin |
Economista |
| Francisco Linde Castro |
Economista |
| Antonio Gutierrez Vegara |
Economista |
| Juan José Azcona |
Economista |
| Alfonso Prieto |
Economista |
| Ricardo Lovelace |
Economista |
| Alejandro Inurrieta |
Economista |
| Mercedes Puelles |
Economista |
| Natalia Fabra |
Economista. Prof. Titular Economía UCIIIM |
| Gerardo Novales |
Ingeniero Industrial y Economista |
| Bruno Estrada |
Economista |
| Eduardo Gutierrez Benito |
Economista |
| Alfonso Alarcón |
Economista |
| Isabel Figuerola-Ferreti |
Economista. Prof. Titular Economía UCIIIM |
| Antonio González González |
Economista |
| Enrique Benedicto |
Economista | | |
