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La cúpula de CAM usó el ERE para lograr indemnizaciones millonarias
La caja impulsó los despidos incentivados con el visto bueno de Trabajo.
Las millonarias indemnizaciones
por prejubilación de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM)
-12,8 millones sólo para cinco excargos- tiene su origen en el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) de bajas incentivadas impulsado por la entidad,
intervenida tras el fracaso de la fusión fría. La CAM siguió adelante con su
parte proporcional del ERE del Banco Base, 973 trabajadores.
El ERE fue autorizado por el
Ministerio de Trabajo el 2 de junio. El monto global del coste de los despidos
para la Caja,
según fuentes sindicales, ronda los 320 millones. La entidad consignó para este
programa 147 millones en su presupuesto de 2010 y otros 57,9 en el primer
semestre de este año. Hasta el 30 de junio, la caja había extinguido 266
contratos.
Entre los trabajadores que ya se
han desvinculado de la CAM
a través del ERE están el ex director general de la caja, Roberto López Abad
(5,8 millones de indemnización); Agustín Llorca, ex director general adjunto
(dos millones); Joaquín Meseguer, director general de participaciones
empresariales (dos millones); Vicente Soriano, ex director de recursos (1,5
millones), y Gabriel Sagristá, ex director territorial de la zona norte (1,5
millones).
¿Por qué pudieron entrar estos
exaltos cargos de la CAM
al ERE? A este plan de bajas incentivadas podían acogerse los empleados con más
de 55 años y una antigüedad mínima de 10 años. Los cinco exdirectivos cumplían
esos requisitos mínimos, dado que todos habían accedido al cargo mediante la
fórmula de la promoción interna. Y sus suculentas indemnizaciones son fruto de
aplicar los parámetros recogidos en el ERE a su salario.
Otra exdirectiva que aspiraba a
esas jugosas indemnizaciones era María Dolores Amorós, sucesora de López en la
dirección general. Esta, por edad, no pudo acogerse al ERE, pero se subió el
sueldo hasta los 600.000 euros y se asignó una pensión vitalicia de 370.000
euros, todo ello de espaldas a los órganos de control de la caja. El Banco de
España frustró esos planes con su despido sin indemnización el pasado 26 de
septiembre.
Está por ver el papel que jugaron
el supervisor nacional y el autonómico en este proceso. Tras conocer estas
millonarias indemnizaciones, el Gobierno y Generalitat Valenciana se han
cruzado reproches mutuos. El Banco de España ha anunciado que estudia si puede
exigir la devolución de las indemnizaciones. El Ejecutivo valenciano se ha
desmarcado del desastre de la CAM,
al menos hasta ahora. La Ley
de Cajas valencianas le atribuye competencias de control a través del
supervisor autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este órgano
tiene un representante con voz pero sin voto en la comisión de control de la CAM. Fuentes
oficiales aseguran que el miembro del IVF solo va a las reuniones en vísperas
electorales.
Santiago Navarro. El País
Imagen: Roberto López Abad. Ex-director General de la CAM
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