Las indemnizaciones millonarias a exdirectivos de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo y la pensión atribuida a su ex directora general rematan el
escándalo de la gestión de esta entidad.
Cuando presidía la CAM, Modesto Crespo estaba más
atento a urgencias de Francisco Camps que al Banco de España
El Banco de España estudia si
puede exigir que se devuelvan las indemnizaciones y abrir expediente
sancionador
Dos días antes de ser intervenida,
la CAM compró
pagarés de la
Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%
Esta es la historia de un fiasco,
afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el
Gobierno de la
Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra
Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin
escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de
la CAM, el
centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante,
comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y
Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue
intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la
intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un
dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total).
La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos
y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000.
Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con
el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado
en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los
requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de
miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y
tragando la información que recibían. La
CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
Las irregularidades descubiertas
en la CAM, con
unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el
paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de
la reestructuración de las cajas. "Uno entiende que la gente se
escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden
quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en
manos serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha
estado. Esa es la cuestión.
El regulador comenzó a mirarlo
con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con
otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid,
que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo
integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró
poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en
5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido
desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de
aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000
millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba
produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB,
convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus
primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables
del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de
administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y,
empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su
despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943)
había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la
cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el
apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana,
y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras
vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas
(seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de
sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho,
el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del
Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta:
fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia
de la CAM sin
sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través
de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y
religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de
los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los
consejeros. Entre 2004 y 2010, la
CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos
casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo,
apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la
mañana del pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según
definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día
siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la
autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la
intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana
por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.
Los administradores del FROB no
pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por
Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de
2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias
prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión.
A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la
indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que
percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín
Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente
Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección
de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el ex
director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se
trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a
todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad
recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que
llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad,
que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la
dirección general de la CAM
desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la
caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom
inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a
sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en
16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está
fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos
vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según
exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar
rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como
consecuencia de la especulación y la recalificación.
El artífice de la ficticia
escalada de la CAM
hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más
mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta
por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en
Económicas por la UNED,
tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en
el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias
hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más
próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a
mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su
papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas
fuentes.
Amorós asumió el reto de conducir
la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se
aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la
equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse
al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la
comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La
nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio
privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva;
eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia
(empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los
ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.
Los interventores del FROB
mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue
destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en
el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución
provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de
fiscales (la
Asociación Internacional contra la Prevaricación)
anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía
en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora
general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por
mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel
Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito
inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura
masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un
canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.
El primer dato que levantó la
sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer
trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance
no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El
informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había
perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su
contrato millonario con la CAM
y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado
martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la
directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la
jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta,
con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación
fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir
la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los
gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja
Castilla La Mancha
(CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es
inevitable.
También la Fiscalía Anticorrupción,
en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de
corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más
de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los
interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención,
la Fiscalía
ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos,
que el ministerio público mantiene congeladas.
Fuentes del FROB aseguran,
además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo
de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de
España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes
señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los
meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo
solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en
vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo
leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España",
asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.
La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la
sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria.
Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso
Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.
Joaquín Meseguer (eX director
general de Participaciones)
El ex director general de
Participaciones Empresariales de la
CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más
tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en
México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos
cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación
anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de
Recursos Humanos)
El exdirector de Recursos Humanos
de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general,
Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General
de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una
indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director
general adjunto)
Asumió el cargo de director
general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós,
cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto
fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en
la CAM, se apuntó
al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos
millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de
la zona norte de la CAM
en la provincia de Alicante)
Ocupaba el cargo de director de
la zona norte de la CAM
en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja.
También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de
marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el
trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del
Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La
propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP
hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos
blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director
general de la CAM)
El ex director general de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE
impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una
indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha
dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la
intervención del FROB.
SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
El Pais
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes
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