El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre
Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más
influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen
inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en
Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es
propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de
su familia, así como su enorme influencia política y mediática en
España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre
esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los
más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran
artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales
reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por
parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas
establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto,
en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se
habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero,
un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por
tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban
su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios
países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a
Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y
empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la
Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes
familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en
estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española,
el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y
los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la
cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de
la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España
debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación,
escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por
el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el
Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan
es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados
en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no
se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones
de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y
profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los
técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del
fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para
proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia
Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex
Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para
interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el
único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta,
presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de
estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal
desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había
pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su
presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español,
el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los
ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper
ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan
impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El
Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado
que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un
valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de
tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de
frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la
propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde
las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del
Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan
de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes
recortes de gasto público social que el Estado español está hoy
realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude
fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información
sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un
periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco
Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el
Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la
banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los
medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también
proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de
enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están
en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que
agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos
como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil
publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
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