El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo,
las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más
capacidad de influencia y poder.
Actualmente, las
500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y
la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de
muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que
supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los
ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y
Chile. Del mismo modo, si nos fijamos en las multinacionales que tienen
su sede central en el Estado español, podemos comprobar que los ingresos
anuales de Repsol y del BBVA son mayores que el PIB de Ecuador y de
Guatemala, respectivamente.
Después de todo, las compañías
multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del
proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo
socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres
del planeta se encuentran sometidos a la lógica de un mercado dominado
por las corporaciones transnacionales. Por eso, puede afirmarse que,
como dijo Salvador Allende hace cuatro décadas en una reflexión que hoy
tiene plena vigencia, «estamos ante un conflicto frontal entre las
grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen
interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por
organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están
fiscalizadas por ningún parlamento».
En este contexto, resulta
oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo
causados por la expansión de las empresas multinacionales: daños
medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y
deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los
derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a
las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de
situaciones de abuso y de violación de los derechos humanos. Y, junto a
ello, se hace patente la profunda asimetría que existe entre los
derechos de las corporaciones transnacionales, que se protegen mediante
los múltiples acuerdos que forman la nueva lex mercatoria -ésta
se concreta en toda una serie de normas y acuerdos bilaterales,
multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional-, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social,
que en buena medida se dejan en manos de los códigos de conducta
voluntarios y la Responsabilidad Social Corporativa.
OMAL/Ahotsa
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