El nuevo presidente del gobierno anunció en su discurso de
investidura el ahorro presupuestario de 16.500 millones de euros. En
estos días, la vicepresidenta del gobierno y los responsables de los
ministerios de hacienda, economía y empleo, han anunciado de improviso
la necesidad de generar otros 20.000 millones con medidas
“extraordinarias” de recortes de derechos sociales y elevación de
impuestos. Una de las medidas que más comentarios ha suscitado ha sido
la subida de la tarifa del IRPF.
Es un hecho evidente que en
campaña electoral se anunció que no iba a haber subidas de impuestos y
aquí las tenemos a las primeras de cambio. Según palabras de la
vicepresidenta del gobierno esta es una “subida temporal de determinados
impuestos que se cifra en los principios de justicia y equidad”. En
realidad se trata de hacernos creer que la medida es progresiva al
establecer una recarga de la tarifa desde el 0,75% para las rentas hasta
17.707,20 euros hasta un 7% en el último tramo (escalón de más de
300.000 euros).
En este sentido, hay que hacer las siguientes precisiones:
-
La progresividad fiscal no puede entenderse como una cuestión aislada,
hay que partir de la situación actual del sistema impositivo español en
el que influyen las reducciones de la progresividad de la tarifa de los
últimos 12 años, los fallos recaudatorios y el fraude fiscal, la
eliminación de impuestos directos que dotaban de progresividad al
sistema como el impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones, el
nivel del impuesto de sociedades, los paraísos fiscales, etc. Todo este
conjunto de hechos ha reducido la progresividad de un sistema que no se
ha caracterizado por su elevado nivel histórico de equidad.
- A
pesar de que la subida es formalmente progresiva hay que tener en cuenta
los elementos cualitativos, debido en primer lugar a que la capacidad
recaudatoria del impuesto se basa en las rentas del trabajo (lo que
produce una inequidad de partida) y a que el impacto del aumento del
impuesto es mucho mayor para los niveles bajos y medios de renta en los
que podemos encontrar situaciones previas de desempleo y bajadas o
congelaciones salariales que junto con el aumento del impuesto suponen
un ataque a la renta familiar disponible. Mientras que en el caso de las
rentas altas (más del 100.000€) el impacto será de una pequeña
disminución del ahorro puesto que las necesidades están cubiertas (y muy
por encima de las rentas bajas).
- El Impuesto de Sociedades no
parece formar parte de la agenda de reformas y debería ser un elemento
importante desde el punto de vista recaudatorio y para dotar de
progresividad al sistema. Actualmente no cumple ninguna de las dos
condiciones. Recaudatoriamente es aproximadamente un 10% del total en
2010 y favorece claramente a las grandes empresas en contra de las
pequeñas (según datos de la liquidación de 2008 el tipo efectivo de las
grandes empresas es el 20,2% frente al 22,9% de las pymes) gracias a las
exenciones, deducciones y demás beneficios fiscales que están
legalmente establecidos en el impuesto.
- En concreto,
en el caso de las grandes empresas, si analizamos los datos de las 10
mayores empresas del IBEX y tomamos como base de cálculo el beneficio
antes de impuestos y el pago del impuesto que declaran en sus memorias
anuales tenemos que en 2010 el pago del IS ha sido tan sólo un 16% en
términos medios. Si efectivamente hubieran pagado el 30% de impuesto, el
aumento de recaudación hubiera sido aproximadamente 5.000 millones de
euros. Si se exige un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía lo mínimo
sería aproximar el tipo efectivo a pagar por las empresas y al tipo
legal del impuesto.
- No hay ninguna modificación del los
impuestos sobre el patrimonio ni sobre sucesiones que son parte de la
articulación de la progresividad del sistema y de la igualdad de
oportunidades.
- Por otra parte, la recuperación de la
deducción por vivienda no es coherente con la subida del IBI, puesto que
une un incentivo a la compra con un desincentivo sobre la renta
disponible. Además, aunque se aduzca que se pretende recaudar para
viviendas que se sitúen por encima del valor medio, el reparto poco
tendrá que ver con la capacidad económica del contribuyente.
En
definitiva, una subida de impuestos puede considerarse progresiva si:
afecta más a las rentas más altas; no existen fugas del impuesto por la
economía sumergida de las empresas, la existencia de paraísos fiscales y
el traslado de rentas a lugares con menos o nula tributación,
exenciones legales y beneficios fiscales como en el impuesto de
sociedades, etc.; y sobre todo, cuando el mayor esfuerzo recaudatorio se
aplica a un mayor gasto social.
Además de las medidas
impositivas que afectarán a la capacidad de gasto de las personas con
menor nivel renta, nos encontramos con las medidas de reducción del
gasto público, que nuevamente afectan a los más débiles económicamente:
como la congelación del salario mínimo, la paralización de la Ley de
Dependencia o la supresión de las ayudas para que los jóvenes alquilen
una vivienda. La pérdida de poder adquisitivo del salario de los
trabajadores del sector público y de los pensionistas implica
adicionalmente una nueva merma a la capacidad adquisitiva de una parte
importante de la población, ya que sobre los recortes o congelaciones
que se han producido hay que añadir el aumento de la inflación. Si esto
le añadimos la previsible subida del IVA y la repercusión en IPC, se
producirá un deterioro aún mayor de la "revalorización" del 1% de las
pensiones y del poder adquisitivo en general de los asalariados.
El
argumento esgrimido por el gobierno de la inesperada noticia de la
elevación del déficit esperado en 2011 del 6% al 8% es realmente pobre
(y sorprendente con la información que manejan de las CCAA, en su
mayoría gobernadas por su partido) ya que con las medidas de corte
contractivo como las que se proponen el círculo vicioso hará necesarios
nuevos recortes futuros. Si como ha anunciado el nuevo Ministro de
economía vamos a entrar en recesión, estas medidas prociclícas actuarán
de freno para la recuperación económica. La recaudación prevista con la
subida del IRPF por ejemplo no está asegurada, dependerá de cuál sea la
base imposible total en el sistema en el futuro que a su vez depende del
nivel de renta. En todo caso, el potencial aumento de la recaudación
fruto de la elevación de impuestos va a financiar el rescate de las
entidades financieras (banco malo).
También se ha manejado la
hipótesis de que las medidas se han hecho para “anticiparse a los
mercados”, para evitar que la prima de riesgo suba al conocerse la
noticia de la desviación del déficit del 6% al 8%. Este tipo de
razonamiento olvida que la denominada prima de riesgo no sólo depende
del comportamiento de los bonos españoles sino también de lo que hagan
los bonos alemanes, en definitiva lo que es relevante es el nivel de los
tipos de interés de la deuda pública española y, sobre todo, oculta la
dependencia jerárquica que tiene el gobierno español del BCE y de la
Sra. Merkel.
Nuria Alonso
Econonuestra
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