Se acabó el 2011. El año en que la oligarquía financiera consiguió
someter a la democracia. También fue el año en el que parte de la
ciudadanía se liberó de su aburguesamiento y despertó como conciencia
social altermundista; lástima que no haya sido suficiente para evitar ni
el proceso de vampirización financiera de la política económica en
Europa ni el resurgimiento de la misoginia más reacionaria. En España,
además, estrenamos un nuevo gobierno; su elección ha sido favorecida por
el castigo electoral al anterior y también por la desporporcionalidad
de una ley electoral sesgada al bipartidismo. Así pues, entramos en el
2012 con el ‘indignómetro’ a tope por la resaca de las primas de riesgo,
el latrocinio generalizado de la banca, el huracán postelectoral y una
especie de ‘resignación social’ ante la creciente desigualdad.
La investidura del nuevo gobierno en España representó la constatación
de algunas de sus marcas ideológicas. La primera fue el desprecio total a
la paridad política y a la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 que en
su artículo 16 dice que “los poderes públicos procurarán atender al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les
correspondan”. La segunda fue el regodeo en una de las perversiones
del sistema: el lobby financiero se instaló en el gobierno con el
nombramiento del actual Ministro de Economía, completando la
reapropiación de la esfera política. Luis de Guindos, junto con Monti,
Papademos y Darghi, anteriores representantes de Lehman Brothers y
Goldman Sachs (entidades financieras causantes de la crisis) tienen ya
entre sus competencias actuales las decisiones económicas que gobierna
las vidas de la ciudadanía en Europa. Y la tercera fue el secreto
anunciado de que la política económica del nuevo gobierno (del PP) sería
aún más agresiva que la iniciada en mayo del 2010 por el anterior
gobierno (del PSOE).
Quien comió las uvas en el cambio de año,
lo hizo con el sabor amargo de un tijeretazo histórico, el del 30 de
diciembre, anunciado como “el inicio del inicio”; la intención, dicen
que, es contener el déficit público que se ha disparado de las
previsiones. Para ello se pretende reducir el gasto público en 8.900
millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de
una subida de impuestos. No dicen, aunque sí sabemos, que en esta
desviación del déficit público ha influido la integración de las cuentas
de las comunidades autónomas, en gran parte deficitarias y con
situaciones escandalosas como la de la Comunidad Valenciana (que ya ha
necesitado la ‘garantía de rescate’ desde el Tesoro público ante su
falta de liquidez). Y para la noche de reyes nos obsequiaron con un plan
de propuestas que se supone complementarán las medidas de ajuste
iniciado.
En España parece haber calado el discurso neoliberal
sobre la austeridad fiscal, a pesar de que la desregulación y ‘libre
mercado’ que propone es lo mismo que ha provocado la crisis. La
evidencia en Europa contradice las supuestas benvolencias de este
discurso y dan la razón a los avisos del riesgo de recesión económica
al que nos llevan las políticas de austeridad y de recortes de gasto
público. Pues bien, a pesar de ello, el primer paquete de medidas
aprobado por el nuevo gobierno sigue el guión de la austeridad, lo que
dificultará la salida de la crisis y nos trasladará a otro escenario: el
de mayor pobreza que definen Stiglitz, Krugman y Sampedro.
De
seguir insistiendo en los recortes de renta sobre la población habrá
menor consumo, y ya se sabe que ante menos demanda se contrae la oferta,
lo que impepinablemente provocará más despidos, más paro y menor
recaudación, con un consiguiente aumento del déficit y vuelta a empezar.
Porque por mucho que digan lo contrario, es evidente que las
medidas propuestas no se dirigen a crear empleo ni a reactivar la
actividad económica, sino que provocarán una merma de derechos sociales y
laborales así como una reducción de la capacidad adquisitiva de las
personas asalariadas y pensionistas sin tocar ni un hilo de la cartera
de los especuladores y grandes riquezas.
Veamos algunos aspectos de estas medidas.
Hay quien reprocha al gobierno que haya subido los impuestos, y que lo tacha de haber mentido durante la campaña cuando juraba y perjuraba que no lo haría . Efectivamente, la hemeroteca destapa las mentiras y cualquiera puede comprobarlo; ahora bien, ¿realmente se la creyeron?.
En mi opinión, el problema no es la subida de impuestos, sino la estructura y composición de dicha subida;
es decir, sobre quién va a recaer y en qué medida afectará al papel del
Estado en la redistribución de la riqueza. Pueden hacerse una idea
perfectamente porque, lamentablemente, el guión de las políticas
neoliberales no es nuevo.
Las rentas de trabajo financian una
parte importante de los ajustes acordados y experimentarán una fuerte
pérdida de capacidad adquisitiva, tanto por la congelación de salarios
públicos como por la subida del IRPF (el 85% de las rentas declaradas en
este impuesto son procedentes del trabajo). Los datos que ofrece GESTHA
son demoledores: 2.065 millones de euros anuales aportarán quienes
perciben menos ingresos, hasta 33.000 euros, siendo el grueso inferior a
17.700 euros anuales. Y al mismo tiempo quienes perciben más de 300.000
euros anuales aportarán en conjunto apenas unos 465 millones de euros.
El desequilibrio es evidente. Y aún más teniendo en cuenta que las
mujeres asalariadas se encuentran en mayor medida en los tramos
inferiores de renta; es decir, que esta subida del IRPF tiene un sesgo de género pronunciado y aumentará la brecha ya existente.
Ya que le han metido mano al IRPF, podrían haber optado por algo que
está previsto en la exposición de motivos de la ley: eliminar la
tributación conjunta y con ella la desgravación por cónyuge a cargo; de
haberlo hecho, además de incidir de manera favorable en el objetivo de
igualdad de género, se podrían recaudar los más de 2.000 millones de
euros que el Estado deja de ingresar por ese concepto. ¿Será que tampoco
este gobierno se ha leido la ley?
Así pues, lo realmente
cuestionable de la subida de impuestos aprobada es que se olvida, una
vez más, de que hay otros posibles sujetos contribuyentes además de
quienes todavía conservan su empleo con una nómina. Por ejemplo, las
grandes empresas, a las que se les podría haber aplicado una subida del
Impuesto de sociedades, por ejemplo del 30% al 35%, sobre los beneficios
superiores a una determinada cantidad, por ejemplo un millón de euros
anuales; esto podría generar unos ingresos de más de 13.000 millones de
euros, según las estimaciones realizadas por técnicxs de hacienda.
También se podría haber creado un impuesto sobre la riqueza, que es la
que en este país se ha escaqueado tradicionalmente de contribuir al
sostenimiento del estado de bienestar embrionario que hemos tenido y que
ha utilizado refugios como las SICAV, que sólo tributan al 1% o
directamente la evasión a paraísos fiscales. Y por supuestísimo, se
podría haber creado un impuesto sobre las transacciones finacieras (como
propone ATTAC ), otro sobre los
beneficios de la banca y otro más sobre los ‘bonus’ que siguen cobrando
los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay alternativas
suficientes para conseguir una mayor recaudación vía impuestos de una
manera más eficiente y equitativa. ¿Por qué se renuncia a este
incremento de ingresos?
En el segundo paquete de medidas
intencionales aprobado el 5 de enero, el gobierno se compromete a
intensificar un plan de lucha contra el fraude fiscal, un cometido muy
necesario de abordar, y que según el personal de hacienda se podría
cuantificar en un cuarto de billón de euros (es decir, 250.000 millones
de euros) lo que podría ‘emerger’ hacia las arcas del Estado. Sin
embargo, lo aprobado parece ser más un guiño de ‘como si’ en vez de una
apuesta real para hacer efectiva esta vía de recaudación fiscal. De
hecho la propuesta de un nuevo Plan Nacional contra el fraude
pretende recaudar aún menos de lo que actualmente se está consiguiendo
(previsión de 8.100 millones frente a los casi 10.400 millones obtenidos
en el 2011). En mi opinión, si se aprueba este nuevo Plan en las
condiciones anunciadas será un acto de negligencia claramente
denunciable.
Entiendo que todas estas posibilidades – y muchas
otras – deberían formar parte de una propuesta de política fiscal
progresiva – y progresista – basada en el principio horizontal de
equidad. ¿Es creible pensar que el gobierno actual vaya a ponerlas en marcha cuando el gobierno socialdemócrata anterior no lo hizo?
Se trata de una duda razonable, sin embargo, ni siquiera la existencia
de esta duda sería motivo suficiente para dejar de exigir una política
fiscal progresiva en estos momentos. Hace falta, más que nunca,
coordinar el criterio de equidad con el de eficiencia económica y exigir
que la salida a la crisis no la paguen exclusivamente quienes perciben
un recibo salarial.
Otra de las medidas aprobadas ha sido
la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012, en
los actuales 641,40 euros mensuales que vulnera la normativa existente
con premeditación y alevosía y crea un referente peligroso en la
tendencia a la precariedad laboral, afectando a quienes tienen peores
empleos. Desde el Ministerio de Trabajo se ha intentado minimizar su
alcance diciendo que sólo va a afectar a unas 134.000 personas. Habría
que preguntarle al gobierno qué sentido tiene pues su aprobación. La
primera entidad que ha corregido al ministerio ha sido la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia recordando que “según
los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 hay en la población
activa 686.100 personas dedicadas al empleo doméstico, de las cuales
618.300 son mujeres a quienes la normativa lo único que les garantiza
por una jornada completa es la cuantía anual del salario mínimo
interprofesional”. Otro sesgo de género claramente pronunciado en la primera tanda de ajustes aprobados.
La moratoria hasta el 2013 tanto de la Ley de dependencia como de la
ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad (que ya había sido aplazado por el gobierno anterior hasta el 2012 )
constituye uno de los ejemplos más representativos del recorte de
derechos que conllevan el tijeretazo de este nuevo gobierno. Es más que
evidente que tendrán un efecto pernicioso sobre las condiciones de vida
de mujeres y hombres y seguirán actuando como lastre al avance en
igualdad. El supuesto ahorro de ambas moratorias es, en total, de 250
millones, por lo que su aprobación obedece más a razones ideológicas y
posiciones politicas que a cuestiones de índole económico.
A
las mismas razones responde el adelgazamiento del sector público, otra
de las marcas ideológicas de ‘la casa’. La decisión de congelar el
empleo público, de establecer la tasa de reposición cero de las
plantillas o la de eliminar gran parte de las empresas públicas
existentes (aunque aún no se conozca cuáles) obedece más al interés de
minimizar el papel del Estado que al de eliminar duplicidades en el
gasto público. Porque si al gobierno le interesase ahorrar gastos
innecesarios podría redimensionar las diputaciones provinciales e
incluso optar por plantrear al parlamento la supresión del senado. Tras
la cumbre europea del 9 de diciembre, conocimos de manera velada el
anuncio de lo que será la eliminación del ‘estado-nación’, su
sustitución por la tendencia al federalismo europeo y la toma del poder
político de los lobbys financieros y empresariales; cabría esperar pues
un reajuste de las cámaras de representación política vacías de
contenido, salvo que haya un plan para dotarlar de cometido hoy en día.
En definitiva, el inicio del nuevo gobierno no augura un devenir
favorable para la economia española, más bien lo contrario y tampoco un
planteamiento coherente con el cambio de modelo productivo que es obvio
que necesitamos.
Entre las medidas del 30 de diciembre, se ha
decidido prorrogar el tratamiento fiscal favorable de la compra de
vivienda (ya no sólo la habitual), y con ello se ha reactivado el
fantasma de la vuelta al ladrillo y la posibilidad de alimentar a medio
plazo una nueva burbuja inmobiliaria. Paradojas del capitalismo: la
‘mano invisible’ del sector financiero ha clamado por la intervención
del Estado para contener la caída en el mercado del precio de sus
inmuebles y evitar un fuerte descalabro en sus balances. Y al mismo
tiempo que se decide acudir a resolver las necesidades de los lobbys
inmobiliarios y financieros se decide también echar el freno a la
inversión pública en la sociedad del conocimiento con un nuevo recorte
de 600 millones de euros en I+D+I. ¿Es este el modelo de desarrollo con el que España pretende salir de la crisis?
Simultáneamente a todos estos ajustes, para la contención del déficit
público, llaman la atención dos movimientos respecto al gasto aprobado:
por una parte el mantenimiento de la financiación pública que recibe la
iglesia católica (cerca de 10.000 millones de euros) y por otra parte,
la inversión de un millón de euros por el Ministerio del Interior para
comprar ‘artificios lacrimógenos’ a la guardia civil; algo que sería
anecdótico si no fuese por el deterioro de la democracia y la merma de
derechos a la que asistimos hoy en día.
Estos ajustes y
aparentes contradicciones responden al modelo de Estado y al modelo de
sociedad que representa el gobierno. Y con el tiempo la gente ilusa
descubrirá que el ‘milagro’ anunciado no ocurre y que aunque la
oligarquía financiera lo proclame en polifonía, cada vez más personas
saben que hay alternativas al modelo neoliberal. Todo ello augura que el
2012 será un año de movimientos, de reacción ciudadana y también de
articulación de redes de solidaridad fuera de la economía de mercado.
Carmen Castro
Libro de Notas
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