Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la
humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o
atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil”. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este
concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es
posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los
culpables.
Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho
que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El
concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y
premio Nobel Gary Becker introdujo su “teoría del
crimen” a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo
cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible
botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó
en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante
los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la
población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de
1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos
organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las
diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy
desprestigiado tras la crisis asiática.
En la actualidad son los países occidentales los que sufren los
costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de
austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos
fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones
de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los
costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza
están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables?
Los mercados, leemos y oímos cada día.
En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título “Wall Street’s economic crimes against humanity”, Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School,
sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las
consecuencias de sus acciones demuestra “la banalidad del mal” y el
“narcisismo institucionalizado” en nuestras sociedades. Es una muestra
de la falta de responsabilidad y de la “distancia emocional” con que han
acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con
el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba
Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las
ideas, y no a quienes los cometieron.
Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema.
Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes
defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros;
los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado
durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes
les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero
público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs,
bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras
que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como
Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal
norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a
ultranza a la regulación de los mercados financieros.
La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la
crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama
en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la
industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe,
hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido
evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión
financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y
auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó
el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en
el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de
las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los
distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero
no es admisible la sensación de impunidad sin “responsables”.
En
cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de
desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico
y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído
que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones
hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la
mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual
implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos
del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro
millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio
están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de “riqueza
familiar” han “desaparecido” al desvalorizarse sus patrimonios,
incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es
su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas
básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus
capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún
mayor de la pobreza.
En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff,
el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa
porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han
provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino
que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni
sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los
persigue.
Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si
existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran
podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía.
Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los
banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una
investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero
tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado.
Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos
países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables
fueran castigados y que sus bancos se hundieran.
De la misma forma que se crearon instituciones y
procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la
humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este
es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente
que la noción de “crimen económico” se incorpore al discurso ciudadano y
se entienda su importancia para construir la democracia económica y
política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados
para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Punts de vista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario