Dogmas y desigualdad versus debate y justicia fiscal y social. Comunicado de Attac España.
Los nuevos recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy
dificultarán aún más la salida de la crisis en España. Se trata de
medidas que lejos de favorecer la reactivación de la actividad
económica, incrementarán las desigualdades aún más al reducir la
capacidad adquisitiva de los asalariados y pensionistas sin afectar a
los especuladores y grandes magnates del sistema financiero. La tímida
reforma fiscal planteada es manifiestamente insuficiente para superar de
una manera socialmente justa y equitativa la crisis que estamos
padeciendo.
El Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado el pasado
30 de diciembre de 2011 aprobó un conjunto de “Medidas urgentes de orden
económico y social y de corrección del déficit público” que reduce los
gastos públicos en casi 9.000 millones de euros y aumenta los ingresos
en casi 6.300 millones de euros. En su conjunto se trata de políticas
que abrirán todavía más la brecha social, deprimirán aún más la economía y no van a contribuir a crear empleo digno.
ATTAC España saca a la luz el presente comunicado sobre el calado de
algunas de las medidas aprobadas, señalando sus limitaciones y
proponiendo alternativas.
- Lo primero de todo, es abordar una cuestión de fondo nada
despreciable en el caso que nos ocupa. Desde ATTAC venimos denunciando
la nula voluntad del gobierno anterior y del actual para avanzar hacia
un sistema de financiación pública que permita liberar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados financieros especulativos.
Como el Banco Central Europeo no es sensible a las necesidades de la
gente, el gran capital hace su agosto exprimiendo las arcas públicas de
los estados prestándoles a tipos de interés de usura. Los intereses de
la deuda pública se convierten en un pesado lastre de prioritario pago
(según la última reforma constitucional), que se anteponen a los
derechos individuales y sociales de las personas. La “pelota” de la
deuda y sus intereses sirven de justificación para desmontar y vender lo
público, y sobre este asunto no se plantean medidas radicales, sino más
sumisión a los mercados especulativos.
- En su comunicado, el Gobierno cita textualmente: “(…) estas
medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de
España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos
financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide”.
Se trata, desde nuestro punto de vista, de un planteamiento
absolutamente erróneo. Que las familias y las PYMES no tengan
financiación no tiene casi nada que ver con el déficit público, y mucho
que ver con unas entidades financieras que dedican las multimillonarias
ayudas de los Gobiernos a seguir especulando en vez de financiar la
economía real. Attac considera escandaloso en este sentido el aval de
100,000 millones de euros ofrecido por el gobierno a los bancos, sin
contrapartida o garantía de que se utilicen para promover el crédito a
familias y empresas. Ello está relacionado con la negativa de los
gobiernos de crear una banca pública que de verdad vele por el interés
general y haga llegar la financiación directamente a quien más la
necesita, sin intermediarios. Mientras no se recupere una potente banca pública España seguirá sufriendo problemas de financiación en la actividad económica y en el desarrollo de los servicios públicos y en consecuencia el desempleo no remitirá.
- El Gobierno ha aprobado el incremento en un 1 por 100 de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012,
lo que sigue siendo absolutamente insuficiente para evitar una mayor
pérdida de poder adquisitivo, tras la congelación de 2011 y una tasa de
inflación en 2011 que rondará el 2,5%.
- Se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de
vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de
diciembre de 2010, se establece un IVA superreducido del 4 por 100 para
la adquisición de primera vivienda a partir de 2012 y se aumentan los
tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza
urbana cuando su valor se sitúe por encima de la media.
Con las dos primeras medidas se mantiene viva la esperanza de una recuperación del mercado inmobiliario,
cuya burbuja llevó de cabeza a la actual situación de profunda crisis.
Las grandes constructoras, inmobiliarias y entidades financieras están
detrás de esta medida, que sigue apostando por animar a un mayor
endeudamiento privado de las familias. En su lugar, se olvida la
posibilidad de impulsar un amplio parque de vivienda pública y en
arrendamiento, absolutamente subdesarrollado en España respecto a otros
países de la Unión Europea-15. Además, la medida de aumentar el IBI de
Urbana no discrimina entre quienes tienen una única vivienda que
constituye su residencia habitual y quienes han especulado en el mercado
de la vivienda y acumulado varias de ellas con la finalidad de obtener
grandes beneficios en breve plazo. Los impuestos, además de para
recaudar, también deberían utilizarse para penalizar conductas
antisociales, como es el caso de la especulación con un bien básico como
la vivienda. La desgravación que se propone es absolutamente
ineficaz para resolver el grave problema social de la vivienda y
beneficia una vez más a los promotores de la burbuja inmobiliaria.
- Mantenimiento del sueldo de los funcionarios y tasa de
reposición cero de las plantillas. Mantenimiento del Salario Mínimo
Interprofesional en 641, 40 euros para 2012. Ambas medidas implican una pérdida de poder adquisitivo para el 10-15% del total de trabajadores/as. Esto tendrá su reflejo en una caída del consumo, y consecuentemente, en un mayor desempleo
tanto por la vía del empeoramiento de las expectativas empresariales
como por la no reposición de vacantes. También están avisando de la no
renovación de contratos a trabajadores del sector público, a los que
consideran funcionarios sólo para reducirles el sueldo o eliminarles las
pagas extras; ésos irán de cabeza a la calle y los Servicios Públicos
se entregarán directamente a los especuladores…
- Se crea un gravamen complementario, temporal (ejercicios 2012 y
2013) y progresivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para la reducción del déficit público. Los porcentajes
aplicables oscilan entre el 0’75 por 100 para el primer tramo de la
tarifa, el correspondiente a las rentas más bajas, hasta el 7 por 100
para las rentas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea nuevo para
este gravamen. Sin perjuicio de considerar positiva la progresividad fiscal de esta medida, el peso principal de la misma recaerá sobre las clases medias asalariadas.
En su lugar hubiera sido más conveniente haber incrementado sólo el
tipo impositivo de los tramos más altos de la base liquidable (digamos
por encima de los 53.000 euros), evitando el recargo sobre los
inferiores a esta cuantía. Con la actual modificación el tipo marginal
máximo del IRPF se sitúa en el 52%, muy por debajo todavía del tipo
marginal máximo del 56% que regía en los años 80 del siglo XX, y que
sucesivos gobiernos del PSOE y el PP rebajaron hasta el 43%.
- También se establece el gravamen complementario para las rentas
del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los
rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos
superiores a 24.000 euros. Se trata de un paso adelante, pero
escandalosamente corto, al aumentar la tributación de las rentas de
capital, las cuales tienen un tratamiento fiscal especialmente
favorable, a pesar de que dichas rentas se concentran en pocos
contribuyentes. Pero en este tema, más importante que lo que se
propone, es lo que se deja de hacer, ya que se sigue dando oxígeno a la
actividad financiera y especulativa del gran capital sin atacar
frontalmente el fraude fiscal ni perseguir la utilización de los
paraísos fiscales. Las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de
Capital Variable) no se verán afectadas por el aumento del tipo de
gravamen propuesto, pese a que la ciudadanía clama desde hace tiempo por
su eliminación.
- No hay una sola medida que ataque el mayor cáncer de la sociedad española: la evasión fiscal. Llama la atención que la mayor presión fiscal se aplica sobre todo a los salarios
(con una recaudación estimada de 4.111 millones de euros) y no a las
rentas de capital (que sólo aportarán 1.246 millones de euros), cuando
es en este segundo apartado donde se produce gran parte de la evasión
fiscal. Gravar las nóminas de los asalariados es el impuesto más fácil
de recaudar para un Gobierno. Es en el impuesto sobre capitales donde se
tienen que realizar mayores esfuerzos. El fraude fiscal no se elimina
sólo con buenas intenciones, sino que hay que tomar medidas concretas
para atajarlo. La limitación de los pagos en efectivo anunciada por el
gobierno la víspera de Reyes bien podría ser una de ellas pero habrá que
comprobar si se aplica realmente y si es seguida por otras más
contundentes. Incluso un gobierno tecnocrático como el del italiano
Mario Monti acaba de prohibir las transacciones comerciales con un valor
superior a 1.000 euros en metálico para reducir el fraude fiscal.
- Si se quiere aspirar a crear un modelo productivo que no se
base solamente en la construcción y el turismo y que apueste por uno de
mayor valor añadido, aumentar la inversión en I+D+I es absolutamente imprescindible,
lo que es justamente lo contrario de lo que el Gobierno propone:
reducir el presupuesto para I+D+I en un país como España, que tiene un
retraso considerable respecto a los países de la zona euro, va a suponer
el despido de centenares de investigadores del CSIC. Los ingresos
necesarios para mantener y ampliar el nivel de inversión en I+D+I
podrían venir de impuestos sobre los bienes de lujo y los coches de alta
gama.
- A pesar de que los organismos económicos internacionales
(UE, FMI) y los gobiernos títeres a los que manipulan nos aseguran que
éstas son las únicas políticas posibles, Attac sigue insistiendo en que
HAY ALTERNATIVAS para aumentar los ingresos públicos, que ni el actual
Gobierno, ni el anterior, se han planteado llevar a cabo. Entre otras
podemos citar:
a) Mantener indefinidamente el nuevo Impuesto de Patrimonio que el Gobierno del PSOE resucitó el año pasado sólo para 2011 y 2012, y que anteriormente había suprimido en 2008.
b) Eliminar las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
c) Prohibir totalmente las SICAV y obligar a sus titulares a tributar al 35% por los fondos actualmente acumulados
d) Fijar un impuesto con carácter disuasorio para gravar los movimientos de capital especulativos.
e) Crear un nuevo impuesto sobre los beneficios de
las entidades financieras, que se añada al que Attac ha venido exigiendo
desde hace mucho tiempo: el ITF o Impuesto a las Transacciones
Financieras
f) Aumentar el tipo del Impuesto de Sociedades que
en los últimos años se ha reducido, a pesar de que sólo las empresas con
beneficios tributan por el mismo. El tipo impositivo aplicado realmente
está muy lejos del 30% teórico. Así lo pusieron de manifiesto los
informes de auditoría del último ejercicio liquidado registrados en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las diez principales
empresas españolas por capitalización bursátil. Según los cálculos que
hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico, el que
tendrían que realizar al tipo nominal del 30%, roza los 15.300 millones
de euros. Pero la cantidad que llegó a Hacienda es mucho menor: 12.242
millones de euros. Ello supone un tipo impositivo del 23,9% sobre el
beneficio antes de impuestos, es decir, seis puntos menos que el
oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma. Todo ello,
tras aplicar deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras
para rebajar el pago de impuestos.
ATTAC ESPAÑA. 6 de enero de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario