Ronald Reagan y Margaret Thatcher
iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los
más ricos, tanto personas como empresas. Desde entonces no ha cesado
esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos
impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un
político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les
cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser
exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes
que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta
años. Por lo visto, no hay que molestar a los ricos.
La crisis de la deuda en Europa y sus
feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento
progresivo de la fiscalidad y con el fraude fiscal. Mucho más que con
excesos o irresponsabilidad en el gasto público.
Como recuerda Sam Pizzigati, según el
IRS (agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en
Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno
federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo
que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes
ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares
de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los
ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de
hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones
de dólares pagan un tipo del 35%.
En España, por ejemplo, según la
legislación tributaria, las grandes empresas han de pagar un 30% por sus
beneficios y un 25% las pequeñas y medianas. Pero apenas pagan un 10%.
Una notable diferencia por la condescendencia de los gobiernos que
permiten deducciones y escapatorias legales que rebajan
considerablemente lo que las empresas pagan al erario público. Las
cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas
eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les
corresponden. Hay complacencia y complicidad gubernamentales con quienes
más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de
pagar con triquiñuelas legales varias. De hecho, las empresas pagan por
beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.
El resultado final es que el Estado dispone de muchos menos ingresos. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.
Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en
2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de
euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la
Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de
ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del
capital…). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran
los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino
Unido y superior al de Italia. Y no tendría déficit público.
Rajoy, nuevo presidente de gobierno de
España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con
recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura
que, si se redujera 10 puntos el volumen de la economía sumergida
española, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales más. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.
Pero es que quienes más ganan y poseen
son los mimados por los gobiernos que comulgan con las ruedas de molino
neoliberales. Como recuerda Ana Flores, “en lugar de ponerse de
acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más
desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer
dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando
impuestos”.
Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la
exigencia de una austeridad cada vez más radical (para poder pagar la
deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del
paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más
probable cada día”.
Hay que exigir y hacer auditorías de la
deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear
para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las
falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit
de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo
solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.
Xavier Caño Tamayo.
ATTAC Acordem
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