Rajoy no tiene fondos “ni para pagar las prestaciones por desempleo
ni a los funcionarios, ni la sanidad, ni la educación”. Y el “no hay
dinero” lo repite como un mantra un amplio sector de la sociedad. Según
dicen, lo dilapidó Zapatero y no tuvo nada que ver ni la crisis
financiera mundial, ni la burbuja inmobiliaria inflada por el PP y no
pinchada por el socialista, ni el consecuente pufo de Bankia -que hunde
sus raíces en las comunidades madrileña y valenciana, desde hace años
comandadas por los populares-, ni el gasto de las autonomías, causantes
del incremento del déficit en el último año y que, casualmente, estaban
en manos del mismo partido en su mayoría.
El último recorte del Gobierno se lleva por delante subsidios de
parados, derechos de empleados del sector público -ése al que
Rajoy acusa, prácticamente, de ser el causante de la deuda- e incrementa
el IVA para todos los ciudadanos. Con éstas y algunas partidas más,
vamos a “ahorrar” 65.000 millones de euros… justo lo que necesita el
sector bancario y que ha motivado su rescate. Lo que “no tenía
contrapartidas”.
El tijeretazo llega después de drásticos recortes en sanidad,
educación, cultura, ciencia e investigación, lucha contra el desempleo,
la violencia de género o el SIDA, ayuda a la dependencia y al
Desarrollo, todo lo que cercenaron los presupuestos generales del
Estado. No fue suficiente: poco después el gobierno daba un golpe mortal
a la sanidad y la educación públicas de nuevo, con el recorte de 10.000
millones más. Además de aprobar una reforma laboral que consagra el
despido libre en la práctica, la bajada de sueldos o la movilidad
arbitraria de los trabajadores.
“No lloremos sobre la leche derramada” como gusta decir el ministro
De Guindos y busquemos el dinero que le falta ver a Rajoy, no vaya a ser
que se nos vierta encima toda la producción mamaria de los ganados
ovino y caprino.
Contamos en España con 143.000 personas (en datos de Merryl Linch), ricas de solemnidad, y
a un número indeterminado de casi tan grandes fortunas, que no pagan
los mismos impuestos que los demás. Y, entre ellas, a un selecto club de
poco más de tres mil personas que reúnen un capital cercano a los
25.000 millones euros. Con diversos accionistas que amplían el conjunto
hasta unos 400.000 millones de euros, atesoran ellos solos un capital
mobiliario similar al que disponen, juntos, los 17 millones de hogares
que existen en España. Agrupados en SICAV cotizan a un 1%. Una
equiparación de impuestos de este grupo con el resto de los ciudadanos
aportaría una gran inyección al fisco.
Se podría perseguir realmente el fraude fiscal y la economía
sumergida que nos roban al conjunto de los españoles 240.000 millones de
euros anuales, el 23,3% del PIB, según cálculos de GHESTA. El sindicato
de los Técnicos de Hacienda, con modesto realismo, propone medidas para
aflorar tan solo el 10% y recaudar 38.000 millones anuales.
Los paraísos fiscales son otro agujero negro de nuestra economía,
de la europea, de la mundial. A ellos evaden con total impunidad una
cantidad que ningún gobierno ha cifrado en un número concreto. Aquí, en
lugar de perseguir el fraude, el PP ha decretado una amnistía para que
estos delincuentes fiscales coticen entre un 8% y un 10%, sin intereses,
ni sanciones, ni la menor publicidad. Una medida condenada, por otro
lado, al fracaso recaudatorio como explica el economista Juan Fernández Vigueras.
El monto de la corrupción política y de sus beneficiarios es otra
cifra insondable, aunque repasando sumarios judiciales intuímos que nos
daría para “salir de pobres”. Cada partido debería reponer de forma
subsidiaria lo que nos han sustraído las personas a las que, por su
causa, entregamos la llave de la caja fuerte.
Tenemos esos 13.266.216,12 euros mensuales (casi
160 millones al año) que aprobó el primer consejo de ministros del
PP para –como hicieron todos sus antecesores- sustentar a la Iglesia
Católica en un país aconfesional, y que son solo una parte de las
subvenciones que por otros conceptos recibe. O lo que, al menos, podría
recaudarse por el pago del IBI del que está exonerada, cuya cuantía ha
sido evaluada en 3.000 millones de euros anuales.
Prácticamente el único Ministerio que ha aumentado alguna partida en
sus presupuestos ha sido el que dirige José Ignacio Wert. La inversión
global se ha reducido drásticamente pero se ha dispuesto más dinero para
el Consejo Superior de Deportes y para la promoción de los toros –ese
muerto al que se intenta revivir por ser tan “español”-. ¿Es prioritario
sobre las escuelas rurales o las becas universitarias?
Los clubes de fútbol deben a Hacienda 752 millones de euros. Aunque
parece que sin ese deporte no podemos vivir –provocaría un cataclismo
nacional superior a ningún otro- convendría que fueran saldando sus
deudas.
La Casa Real, los asesores de libre designación, los coches
oficiales, los viajes, la telefonía móvil, comidas y hasta los canapés
del poder también podrían ajustarse. Y nadie sabe qué pinta el Senado en
nuestro ordenamiento legislativo. Imprescindible tijera también aquí.
Sin ingresos directos pero como potente motor dinamizador de la
economía -y por tanto de la creación de empleo-, tenemos precisamente a
Bankia. Si está nacionalizada y va a recibir esa ingente cantidad de
dinero, que actúe como banca pública y facilite créditos y sin usura.
La imposición de la Tasa Tobin a las transacciones financieras que
otros gobiernos europeos empiezan a establecer sería otra importante
fuente de ingresos. ATTAC –que nació con ese objetivo- argumenta que
solo se refiere a la compra-venta de activos financieros utilizados
fundamentalmente para la especulación. Su cuantía es únicamente del 0,1% de esas operaciones.
Dinero sí hay por tanto, y podríamos buscarle más a Mariano
Rajoy (habremos de pensar también en resarcirnos de todo el inmenso
patrimonio público que los gobiernos de los últimos años nos han
enajenado sin expropiarnos como hacen con los propietarios privados).
Con él, no solo no sería necesario aniquilar el Estado del Bienestar ni
el derecho a una vida digna, sino que podríamos lograr mucho mayores
cotas de prosperidad.
Lo que falla es la intención de base: los políticos neoliberales no
buscan el bienestar de la sociedad a la que representan. Para ellos, los
países no son un proyecto social, han de funcionar como empresas
mercantiles y jerarquizadas. Las personas representan la variable
económica con la que maximizar ganancias, de ahí que se las exprima en
las pérdidas. Aunque seamos las que sustentamos todo el tinglado.
Lo asombroso es esa ciudadanía que hace dejación de serlo y a quien
le parece lógico entregar sanidad, educación, servicios públicos,
derechos, presente y futuro para que unos pocos incrementen sus
privilegios. Esa rueda de molino al cuello con la que cargamos en España
para intentar avanzar en el bien común.
Rosa Mª Artal
El Periscopio
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