El gobierno ha subido recientemente el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) a instancias de la troika y siguiendo las directrices
clásicas de subir la tributación indirecta. Esta práctica, muy alabada
por los liberales, tiene enormes consecuencias negativas sobre la
capacidad adquisitiva de la población y sobre la redistribución de la
renta. Voy a intentar exponerlo de forma sencilla en este post.
La dinámica capitalista es, por definición, generadora de
desigualdad. Desde el punto de vista marxista esto es debido a la pauta
de explotación en la distribución de la renta y desde el punto de vista
más convencional porque la desigualdad es necesaria para avanzar
económicamente. La tesis neoclásica –teoría económica que justifica las
políticas neoliberales- entiende que esa desigualdad es necesaria y que
la economía generará un “trickle down” o efecto goteo que hará que todos
los ciudadanos se beneficien del proceso de crecimiento aunque exista
desigualdad. No obstante, el Estado dispone de mecanismos para corregir
la desigualdad creciente.
El principal mecanismo de este tipo es el sistema fiscal, que si está
bien diseñado permite que se realice una redistribución de la renta
desde las unidades económicas más ricas hacia las unidades económicas
más pobres, a través de canales como los servicios públicos o las
transferencias monetarias.
A partir del diseño del sistema fiscal el Estado obtiene ingresos con
los que financiar sus políticas de redistribución de la renta, y de
todos ellos los más importantes son los impuestos y las cotizaciones
sociales. En 2011 ambos conceptos sumaron el 88’3% de los ingresos
totales del Estado, pero en 2012 y como consecuencia de la caída en los
impuestos el total sumado es de 77’8%. La caída en los impuestos
prevista en los Presupuestos Generales de 2012 es del 17%, aunque
seguramente sea mucho mayor, lo cual es debido a la crisis económica y
el efecto que genera en los distintos impuestos.
Los impuestos también pueden diseñarse de diferentes formas, con
efectos fiscales y redistributivos muy distintos en función de dicho
diseño. Los impuestos pueden clasificarse en dos tipos, directos e
indirectos, y definirse por su efecto sobre la justicia fiscal a partir
de tres tipos: progresivos, proporcionales y regresivos.
Los impuestos directos son aquellos que se aplican
sobre la manifestación directa de la riqueza, es decir, sobre el ingreso
recibido por el individuo o empresa y sobre el patrimonio que cada uno
tiene (casas, viviendas, etc.). Los impuestos indirectos,
en cambio, se aplican sobre la manifestación indirecta de la riqueza,
como puede ser el consumo. Ejemplos de impuestos directos son el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de
Sociedades (IS), mientras que ejemplos de impuestos indirectos son el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En términos de justicia fiscal es más justo subir los impuestos
directos porque tienen en cuenta directamente la riqueza original y no
su manifestación indirecta. Es decir, los impuestos indirectos se
aplican a todas las personas por igual sin atender a que ganen más o
menos (por ejemplo paga lo mismo en IVA sobre compresas la mujer rica
que la mujer pobre).
Pero en la configuración y diseño de cada impuesto hay que tener en
cuenta cómo se hace para determinar cuánto se paga. Si todos pagan el
mismo porcentaje de impuestos se dice que es un tipo proporcional. Si
todos pagáramos el 20% de nuestro salario, los ricos pagarían más que
los pobres porque se les aplicaría el mismo porcentaje sobre una
cantidad mayor. Sin embargo, no es un modelo justo y por esa razón no es
el modelo vigente en España. No obstante, es el modelo preferido por
los liberales y en los últimos años ha sido defendido por sectores
importantes del PSOE (baste ver el artículo que escribió en 2006 el
entonces ministro Miguel Sebastián [1]).
Afortunadamente la constitución española exige que los impuestos sean
progresivos, es decir, que pague más quien más tiene pero no sólo en
cantidades absolutas (como ocurre con el tipo proporcional) sino también
en el porcentaje de gravamen aplicado. Para hacerlo se estructuran
tramos de renta, de modo que por ejemplo de 0 a 20.000 euros en ingresos
no se pagan impuestos, de 20.000 a 30.000 euros se paga un 15%, de
30.000 a 40.000 un 20%, etc. Eso hace que en teoría los más ricos tienen
que pagar un porcentaje de impuesto mayor (llamado tipo efectivo).
Si el sistema está bien diseñado y la cantidad de impuestos directos
es mayor a la de indirectos y además son lo más proporcionales posibles,
los mecanismos de redistribución de la renta del Estado pueden
funcionar con éxito. Esto es así porque el Estado obtiene ingresos
fundamentalmente debidos a los más ricos, y sin embargo utiliza esos
ingresos para pagar servicios públicos de los que se benefician sobre
todo los más pobres. Es una forma de hacer justicia a través de un
sistema fiscal solidario.
Sin embargo y desgraciadamente en la práctica esto no funciona así.
En las últimas décadas tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista han bajado los impuestos directos, reduciendo la fuerza
solidaria del sistema e introduciendo debilidades graves que han hecho
que el Estado esté subfinanciado. A los más ricos les interesa acabar
con el sistema fiscal actual porque si lo consiguen no se verán
obligados a pagar los servicios públicos a los más pobres, de modo que
los partidos que han representado a los ricos han facilitado las
llamadas rebajas fiscales (bajadas de impuestos a los más ricos, tanto
individuos como empresas). El PSOE llegó a retirar el Impuesto de
Patrimonio, asegurar que bajar impuestos era de izquierdas e incluso a
pedir, como hemos señalado, que se instaurara un tipo proporcional en
vez de mantener tipos progresivos.
Todo ello debilitó la eficacia del sistema fiscal, lo que se sumó a
las enormes fallas que existían debido a los paraísos fiscales y el
fraude fiscal. España es, de hecho, la décima potencia mundial en fraude
fiscal, con una estimación de un 22’5% de economía sumergida[2].
Se pierden, por la vía de la evasión fiscal, más de 100.000 millones de
dólares en ingresos potenciales. Una cantidad muy superior a la que se
exige como recortes en sanidad y educación. Además, según los técnicos
de Hacienda las grandes empresas y las grandes fortunas son responsables
de más del 70% del fraude fiscal, el cual cuantifican en 40.000
millones de euros[3].
A todo ello hay que sumarle las prácticas de elusión fiscal, es decir,
de aquellas estrategias legales de planificación fiscal que se
aprovechan de las diferencias en las legislaciones entre países para no
pagar apenas impuestos[4]. Todo ello significa que, en la práctica, nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo.
Es decir, que en la práctica y tanto por la acción como por la
pasividad de los gobiernos españoles, nuestro sistema fiscal no corrige
la desigualdad sino que de hecho la aumenta. Y desgraciadamente además
de empobrecer a la mayoría de la población y deteriorar el crecimiento
económico por la disminución de la demanda agregada, las últimas medidas
del gobierno no hacen sino agudizar la desigualdad, con el agravante de
que sigue vigente la amnistía fiscal a los grandes evasores.
[1]M.
Sebastian (2007): “El tipo único es más justo y eficiente”, publicado en
Diario El País, 3 de noviembre de 2007 y disponible en: http://elpais.com/diario/2007/11/03/opinion/1194044411_850215.html
[2]Tax Justice Network (2011): “The cost of tax abuse”, disponible en: http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
[3] La
Vanguardia (2011): “Técnicos de Hacienda calculan que las grandes
empresas defraudan más de 42.700 millones al año”, disponible en http://www.lavanguardia.com/20110809/54198249312/tecnicos-de-hacienda-calculan-que-las-grandes-empresas-defraudan-mas-de-42-700-millones-al-ano.html
[4] Garzón, A. (2011): “Paraísos fiscales en la globalización financiera”, disponible en http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/622/516
Alberto Garzón Espinosa
agarzon.net
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