Declaración de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública
La Audiencia Nacional ha
admitido la querella contra los integrantes de los consejos de
administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros
(BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la
razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en
Bankia (y en todo el sector financiero). Deben depurarse las
responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las
entidades financieras, y Bankia sólo debería ser el principio. Además,
el juicio es una ocasión para plantear una alternativa que resuelva el
problema de raíz y evitar que vayamos de crisis en crisis para que, al
final,”paguen el pato” los de siempre.
La Plataforma denunció hace
ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia era una operación
desastrosa, que sólo perseguía la privatización y bancarización
definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.
También pusimos en evidencia
que su salida a Bolsa se hacía con una información contable que trataba
de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces estaba en una
situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado que
teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe,
Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su
salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido
producir.
Igualmente, hace meses
denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por importe
de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por
importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán
los 19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de
Administración.
Las intenciones del gobierno
actual, y del anterior, del Banco de España, y de las sucesivas
directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una entidad
que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000
millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta
operación saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables
acumuladas durante años de especulación e inversión en proyectos
ruinosos para la sociedad (aunque muy rentables para unos pocos), se
“saneasen” con dinero público.
Sin embargo, el agujero en
las cuentas de la entidad es de tal calado que no han encontrado la
forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar
parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir
inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla
definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de
ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la
educación y los servicios públicos se recortan drásticamente pero hay
miles de millones para los bancos.
Y, como ha denunciado
nuestra plataforma desde el primer día, la situación de BFA-Bankia es,
en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene más
deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si
no está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes
sumas de dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De
hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del conjunto del sector
financiero. Todos los directivos y grandes accionistas de los bancos y
cajas deberían sentarse en el banquillo de los acusados y asumir sus
responsabilidades.
En consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:
- Que
la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la
actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades
responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del
Mercado de Valores).
- Que
se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la
privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta
desastrosa situación.
- Que
se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de
las cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la
nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe
tener en cuenta tanto el valor de mercado de la entidad como las deudas
que acumula, para proteger los intereses de los contribuyentes y de los
impositores de la entidad. Los primeros que deben hacer frente a las
deudas de la entidad son sus accionistas. No obstante, deben apoyarse
todas las reclamaciones ante la justicia de aquellos ciudadanos que han
sido engañados para que adquirieran participaciones preferentes y otros
productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar su dinero.
- Que
se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y
del Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de
administración de las entidades financieras, para que emitan un informe
público y redactado de forma entendible por toda la ciudadanía, que nos
permita saber cuál es la situación real de la entidad. La auditoría
debería alcanzar a todas las empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y
a las grandes empresas beneficiarias de créditos de la entidad. A
partir de ahí, se puede establecer qué deudas hay que pagar y que deuda
debe ser considerada ilegítima, así como la cuantía.
- Que
se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con
dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda,
integrando sus viviendas en un parque público y que sigan viviendo en
ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus posibilidades.
- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.
- Que
todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un
parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios
realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda
para todos.
- Que
todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en
participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas
públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de
actuar como accionista en empresas.
- Que
se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo
BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior
cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.
- Que
la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a
estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de
sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los
ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con
criterios de eficiencia económica y social. El desarrollo del sector
público en todos los terrenos, desde los servicios sociales a la
industria, pasando por la sanidad y la educación, debe ser constituirse
en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de calidad, y
para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos
naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.
- Que
la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore
mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes
administraciones.
- Que
se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y
trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.
- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y medianas empresas.
- Que
cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte
financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender
los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan
medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.
- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:
- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.
- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.
-
Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya
formado parte de los consejos de administración de otras entidades
financieras durante los últimos 10 años.
-
Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de
administración de la entidades más de 4 años consecutivos.
-
Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de
las diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para
todos los ciudadanos.
Finalmente, la situación de
Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del sector
financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del
sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y
dejar de tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas
reales.
El conjunto de las antiguas
cajas, que suponen la mitad del sistema financiero estatal, deben ser
nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían las cajas y
aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos privados,
sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada
democráticamente y con una finalidad social.
La banca privada no está
mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo miles de millones
de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a la
entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.
Las medidas antes expuestas
deben generalizarse al conjunto del sector financiero puesto que, al fin
y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la sociedad.
Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la sanidad o
la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de nuestros
ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del
“máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre
social”.
Finalmente, el caso de
Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda sindical
y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la
privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es
necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de
política. Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y
al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan estas
propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de una
política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública
6 de julio de 2012
http://bancapublica.info/
Notas
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