Cada año, los países empobrecidos pierden más dinero por evasión de
impuestos del que reciben en concepto de ayuda al desarrollo. Por cada
dólar de ayuda que se destina a estos países, se pierden siete debido a
la corrupción y la fuga de capitales por medio de paraísos fiscales, una
cantidad equivalente a 160.000 millones de dólares anuales.
En medio de la tempestad financiera y económica, no se han emprendido
las medidas que prometieron los líderes mundiales cuando estalló la
crisis. El G-20 tan sólo ha publicado numerosas listas que recogen los
territorios considerados paraísos fiscales. La última incluye a Islas
Seychelles, Liechtenstein, Uruguay, Botswana, entre otros territorios
que se niegan a colaborar en la lucha contra el fraude y la evasión
fiscal.
Los paraísos fiscales o lugares “offshore”, es decir, libres de
impuestos, se crearon en Estados Unidos y Europa para proteger los
grandes capitales y permitirles escapar del control de las diferentes
autoridades estatales. En un principio, esto se realizaba con secretismo
pero la globalización de los mercados mundiales por medio de las nuevas
tecnologías han hecho que los bancos offshore hagan publicidad incluso en Internet.
Las inversiones directas que proceden de los países miembros de la
Unión Europea a estos territorios se han multiplicado por once en el
último año. De los 5.300 millones registrados en el 2010 a 58.900 de
euros, según estadísticas de Eurostat. De manera global, ese flujo de
capital ha ascendido a 903.000 millones de dólares.
Estos territorios se sitúan como el segundo destino receptor de
flujos de capital, sólo por detrás de Estados Unidos. Esta fuga de
capitales es contraria a la justicia tributaria y contribuye a la
inestabilidad financiera. La mayor parte de esos fondos provienen de
Asia y África, más necesitados de esos recursos para garantizar
servicios públicos y de protección social.
De la evasión total de capitales al año, la mitad está relacionada
con la actividad de multinacionales. Sin embargo ponerle fin a la
actividad en estos territorios es un asunto complejo. Muchos de estos
países offshore dependen de este limbo tributario para
sobrevivir, y muchos países empobrecidos los consideran un mal menor a
la hora de atraer inversiones extranjeras, que alivian su falta de de
liquidez.
Las medidas para impedir la fuga de capitales no han dado resultado,
quizá porque carecían de ambición desde el principio. Las principales
acciones han ido dirigidas a ejercer presión sobre las autoridades de
los territorios con “ventajas fiscales”, especialmente que acaben con el
secreto bancario. No bastan las “concesiones” que se lograron tras las
amenazas de incluir estos territorios en “listas negras”. Sorprende la
falta de cooperación mundial para acabar con esta sangría en momentos de
empobrecimiento de clases medias y bajas y de amenaza para servicios
públicos esenciales como la educación, la sanidad y las pensiones.
A pesar de que estos territorios no han causado la situación
económica actual, sin duda han contribuido. Un número elevado de
entidades financieras han canalizado su compra de activos a través de
los paraísos fiscales, y son muchas las que incluso han abierto
sucursales en dichos territorios. Esto les permite llevar a cabo
actividades que de otra forma serían inviables, en numerosos casos de
dudosa legalidad, además de enfatizar el desequilibrio entre unos
territorios que acumulan patrimonios y capitales, y otros que no pueden
emprender acciones coordinadas para impedir la huida de capitales por
falta de cooperación en el plano internacional. Antes de recortar en
derechos básicos, los líderes tenían que aprobar medidas para acabar con
los paraísos fiscales, que agravan las injusticias con las que nos
invaden a diario los medios de comunicación.
María López Paniagua, Periodista
CSC (Centro de Colaboraciones Solidarias)
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