Los bancos

Han pasado pocos días desde la aprobación de la reforma del sistema financiero y los movimientos ciudadanos han comenzado sus acciones de protesta contra la misma. El motivo, la percepción de que sólo beneficia a unas pocas entidades financieras en detrimento del conjunto de la sociedad.

El contenido de la reforma es un conjunto de medidas destinadas a sanear las cuentas de los bancos mediante la dotación de provisiones contra beneficios o a través de la captación de nuevos recursos en el mercado. En el caso de que las entidades no puedan cubrir las nuevas necesidades de capital pueden optar por la fusión con otras entidades y, de forma complementaria, por la obtención de ayudas públicas hasta un límite de 52.000 millones de euros.

Este punto, las ayudas públicas, es el que ha despertado más suspicacias. Aunque se ha insistido en que esas ayudas no van a suponer ningún coste para los ciudadanos, no es del todo cierto. Como tampoco son totalmente ciertas otras afirmaciones como que la reforma favorecerá la concesión de nuevos créditos a familias y empresas, que ayudará a que los precios de la vivienda bajen y que es la única alternativa posible.

Aunque es cierto que el dinero destinado a los bancos se materializará vía préstamos, éstos no resultan gratuitos, ya que el Estado deberá captar ese dinero asumiendo el correspondiente coste financiero. Además, existe el riesgo de que alguno de los préstamos resulte impagado y, no se puede dejar de considerar el coste de oportunidad que supone destinar esa ingente cantidad de dinero a las entidades financieras en lugar de a otras áreas de mayor interés social.

En cuanto a facilitar la fluidez del crédito, no existe ninguna evidencia que así lo respalde ya que, por un lado, tenemos el precedente de las ayudas que recibieron los bancos durante la legislatura anterior que no supusieron un aumento del crédito y, por otro, el destino que se le dará a las nuevas ayudas es la dotación de provisiones y no el aumento de los préstamos al sector privado.

Por lo que respecta a los precios de la vivienda es posible que se produzca un leve ajuste a la baja, aunque también es posible que suceda la contrario. Dado que las entidades financieras van a ajustar el valor de su cartera inmobiliaria en el balance vía provisiones, el interés por deshacerse rápidamente de los inmuebles con la consiguiente reducción de precios parece poco probable.

Finalmente, el argumento de que la reforma es la única posible, también carece de todo fundamento más allá de una concepción interesada. El Gobierno podría haber tomado al menos tres alternativas diferentes. La primera, crear un banco público que garantizará el acceso al crédito de familias y empresas. Otra alternativa sería la toma de participación en las entidades receptoras de fondos o, dicho de otra forma, la nacionalización total o parcial de las mismas. Por último, la más ´neoliberal´ de todas las opciones, sería no intervenir en el sector, dejando que las entidades se sanearan con sus propios recursos y, en el caso de que no pudiera ser así, que quebraran, una vez que se garantizara la recuperación de los depósitos.

Por tanto se puede afirmar que las reforma financiera aprobada es cara, injusta, socialmente inasumible e ineficaz que no favorecerá ni la recuperación económica, ni la reactivación del crédito y sólo lo hará a la concentración del sector en un número muy reducido de macroentidades con un mayor poder de negociación. Lo que viene a dar la razón a todos aquellos que comienzan a mostrar su indignación.

Luis A. Bermejo.

Economista y miembro de ATTAC Murcia.
La Opinión
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/02/25/bancos/387817.html