Las falacias que se escriben y/o se dicen sobre salarios y competitividad en España

Una postura característica de la sabiduría convencional dominante en las élites gobernantes de la Unión Europea, tal como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), así como del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, es que España debe salir de la crisis a base de disminuir sus salarios, hecho que le permita aumentar su competitividad, estimulando así la economía a base del crecimiento de sus exportaciones. De ahí que el gobierno Rajoy está siguiendo el mandato de aquellas instituciones, realizando la reforma laboral más radical que se haya hecho hasta ahora en España en el periodo democrático que tiene como principal objetivo la reducción salarial y el debilitamiento, cuando no la eliminación de la protección social. 

El punto débil de tal postura es que la evidencia empírica científica existente no la avala, es decir no muestra ni su veracidad, ni su certeza, ni su credibilidad. Veamos los datos (ver también mi artículo en Público “Salarios y competitividad”, 23.02.12). El argumento que asume que el estancamiento de la economía española se debe al elevado nivel de los salarios y al escaso crecimiento de la productividad, (lo cual lleva a una pérdida de competitividad, causa de la lenta recuperación económica) ignora varios hechos. Uno es que España fue uno de los países de la UE-15 con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de empleo durante los últimos diez años (antes de que se iniciara la crisis) y ello a pesar de tener un nivel salarial bastante parecido al actual. El salario medio (descontando inflación) de 1995 era casi el mismo que en 2008 y ello no fue obstáculo para que el crecimiento económico y la creación de empleo fueran mucho mayores que ahora, en el momento de recesión. Algo debería ocurrir, ajeno s los salarios, que explicara el estancamiento económico ahora y no entonces. Y este algo, es que la demanda doméstica y exterior fue mucho mayor que ahora, punto al que haré referencia más tarde. 

Otro dato que se ignora es que tal como ha señalado Marc Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research en Washington, EEUU, en su artículo “Spain’s troubles are Tied to Eurozone Policies” publicado en The Guardian (11.02.11), el nivel de productividad del sector manufacturero (el sector exportador más importante) en España ha sido alrededor del 64% del nivel de productividad del mismo sector en Alemania durante el periodo 1999 (cuando España ingresó en la Eurozona) a 2009.Y durante el mismo período el salario por hora del sector manufacturero creció en los mismos porcentajes en España y en Alemania. No ha habido, pues, un declive de la productividad en el sector manufacturero (un sector clave en la competitividad española) tal como se está indicando con excesiva frivolidad, siendo el último ejemplo de tal frivolidad, las últimas declaraciones sobre competitividad del gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez. 

El tercer hecho que se desconoce es que, en realidad, el crecimiento de la economía alemana en los últimos años no se debe a la moderación de los salarios de los trabajadores alemanes, ni tampoco al precio de los productos exportados. La propia Comisión Europea ha indicado que el crecimiento de las exportaciones el periodo 1999-2008 (un crecimiento del 7,3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores. Sólo un 0,3% se debió al cambio de los precios de los productos exportados. Estudios económicos realizados en Alemania muestran que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. Todos los datos disponibles muestran que la moderación salarial alemana no ha sido un factor en el crecimiento de las exportaciones. Sí, en cambio, ha sido un factor muy importante en determinar el enorme incremento de los beneficios empresariales. Y ahí está el punto que ni siquiera se considera. La distribución del producto creado a base de incrementar la productividad (véase mi artículo “Productividad y renta” en Público. 24.03.11). Una situación semejante ocurre en España. La variabilidad en los precios no es el mayor determinante en las exportaciones españolas. El punto clave es la demanda de los países importadores.

Los beneficios son también costes de producción

Otro supuesto también cuestionable es que los salarios de los trabajadores juegan un papel clave en determinar los precios y, por lo tanto, la competitividad de los productos. De nuevo, tal supuesto debe cuestionarse. Los costes laborales representan un porcentaje menor en los costes totales de la producción (siendo España el país donde tal porcentaje es uno de los menores), habiendo disminuido este porcentaje durante el periodo 2000-2008. La relación entre costes laborales e ingresos netos de explotación es de alrededor de un 20% en la mayoría de países de la UE, comparado con un 14% en España (ver Alvarez Peralta, I. y Luengo, F., Competitividad y Costes Laborales en la UE. ICEI Working Papers. 2011). 

Es significativo comparar esta gran atención mediática en los salarios con el silencio y/o ocultación del impacto de los beneficios empresariales en la competitividad, otro elemento de los costes de producción que apenas aparece en el debate de cómo reducir los costes de producción para aumentar la competitividad. En realidad, durante todos estos años hemos visto como el crecimiento de los beneficios ha sido mayor que el crecimiento de los salarios. Hoy las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo. A estos beneficios empresariales hay que añadir también los pagos a directivos y accionistas, cuya contribución al coste de producto no es menor. 

Es importante señalar que el crecimiento elevado de los beneficios se justifica con el argumento de que además de incentivar a los empresarios (argumento que se ignora frecuentemente en el impacto desmotivador que tiene la bajada de salarios) genera inversión, asumiendo que parte de los beneficios van a la inversión productiva. Pero ello no es siempre así. Antes al contrario, la tendencia en los últimos años no ha sido aumentar la inversión productiva, sino incrementar la inversión financiera especulativa, que es mucho más rentable que la productiva. Y ahí está parte del problema. Los súper ricos no invierten en producir coches porque hay una disminución de la demanda de coches. Pero sí que invierten, por ejemplo, en los sectores inmobiliarios, como hicieron los súper ricos alemanes (y los ricos españoles), depositando sus fondos en bancos de inversión que invirtieron en la burbuja inmobiliaria española. Esta burbuja dio grandes beneficios a los accionistas de los bancos alemanes donde se depositaba el dinero conseguido del aumento de los beneficios, consecuencia del aumento de la productividad de los trabajadores alemanes. Si en lugar de depositarlo en el sector inmobiliario español hubieran permitido una disminución de los beneficios a costa de un aumento de los salarios alemanes, el estímulo económico hubiera dependido más del consumo doméstico que de las exportaciones de capital financiero, lo cual hubiera beneficiado a toda la UE.

La desigualdad como problema en la competitividad

Y ello nos lleva al tema más silenciado de todos los temas. El impacto de las desigualdades en la competitividad. Bajos salarios quiere decir escasa demanda y baja productividad. Altos salarios quiere decir elevada demanda y elevada productividad. El dogma neoliberal asume que la baja productividad es la responsable de los bajos salarios, cuando la realidad sigue un orden inverso, pues mantener los salarios bajos es la mejor garantía de mantener la baja productividad. Si los salarios son altos, además de garantizar mayor demanda y estímulo económico, estimula a una mayor inversión, mayor incentivación y mayor productividad. De ahí el enorme error de las políticas públicas impuestas por el gobierno Rajoy. Bajar los salarios es mantener a España en el terreno de la baja productividad. La evidencia de ello es abrumadora. Rajoy y su gobierno transformarán España en un país del tercer mundo, con una enorme polarización de las rentas, donde la mayoría de la población, que deriva las rentas del trabajo, perderá todavía más su poder adquisitivo, su bienestar y la calidad de vida de sus miembros. 

Esto es lo que está haciendo el gobierno que se autodefine como popular. No tengo ninguna duda de que, como en Grecia, será muy pronto muy impopular. El problema es que la posible alternativa, el socialismo español, no ha hecho suficiente autocrítica, cambiando 180º la orientación de sus políticas. Esperemos que las movilizaciones populares vayan radicalizando sus posturas, a lo cual puede contribuir el crecimiento de los partidos y movimientos a su izquierda. Esta es la esperanza. En este aspecto es muy positiva la creciente agitación por el movimiento 15-M y el movimiento sindical a fin de protestar por aquellas políticas de austeridad y recortes salariales. Tales movilizaciones son necesarias y urgentes. 

Vicenç Navarro

El Plural

http://www.elplural.com/2012/02/26/las-falacias-que-se-escriben-yo-se-dicen-sobre-salarios-y-competitividad-en-espana/

El saqueo neoliberal

El jueves de la pasada semana se produjeron dos acontecimientos que pueden servir de resumen de los derroteros de la crisis que nos asola. Al tiempo que el Gobierno de España, por boca de su ministro de Economía, Luis de Guindos, flamante exLehman Brothers, anunciaba una inyección de dinero público a la banca por un montante de 52.000 millones de euros, la Comisión Europea recomendaba a los ciudadanos españoles que suscribieran planes de pensiones por si las arcas públicas no pueden hacerse cargo de las mismas. El condicional sobra, pues al paso que va el saqueo neoliberal --sí, sí, saqueo-- del dinero de todos, no cabe duda de que no habrá dinero. La duda es si las empresas encargadas de asumir esos planes de pensiones no se habrán ido al garete fruto de la eficaz gestión del Lehman Brother de turno. 

Como decía el otro día, la ideología supone una visión deformada de la realidad. El principio desde el que el gobierno español, --¡apoyado por el PSOE!-- inyecta dinero a la banca es, entre otras cosas, altamente ideológico. La teoría es: le damos dinero a la banca, que a su vez lo utiliza para dar créditos a los particulares y así reactivamos la economía. La práctica ya ha demostrado que las cosas no funcionan así, que cuando la banca recibe dinero público lo utiliza para comprar deuda pública a un alto interés y asegurarse unos retornos exponenciales, sin invertir ese dinero en economía productiva, sino en pura y simple especulación, consiguiendo, además, estrangular a los Estados que le prestan el dinero, debido a los altos intereses que deben pagar por colocar su deuda. Es decir, un suicidio como Estados. Siendo que la realidad desdice a la ideología, lo suyo hubiera sido que el Gobierno, o al menos el PSOE, hubieran buscado otra estrategia. Por ejemplo vehicular ese crédito a los particulares a través de una banca pública, lo que garantizaría que el dinero va a donde decide el gobierno y no a otros cometidos.

Al mismo tiempo que regalamos a los bancos miles de millones de euros y dólares en toda Europa y EEUU, se nos dice que los Estados no tendrán capacidad para hacer frente a sus obligaciones en el futuro y que hay que restringir sus prestaciones en el presente. ¿Cómo es que hay dinero para apuntalar negocios privados causantes de la crisis, los bancos, y no hay dinero para afianzar los servicios públicos? ¿O acaso de lo que se trata es de erosionar los servicios públicos --pensiones, sanidad, educación-- para favorecer al negocio privado? Un incierto negocio el privado, pues ya hemos visto como aseguradoras y bancos se han ido por el agujero del retrete llevándose con ellos esos fondos de pensiones tan seguros de los que ahora nos hablan.

El neoliberalismo no funciona. Lo dicen los hechos. Mientras los que nos gobiernan, y los que hacen como que se les oponen, continúen funcionando bajo parámetros neoliberales, los efectos de la crisis se continuarán profundizando. Estamos ante un proceso de saqueo del Estado por parte del interés privado, pues en el neoliberalismo, las empresas se embolsan las ganancias pero socializan las pérdidas. De las pérdidas nos tenemos que hacer cargo todos, de los beneficios, solo los privilegiados. ¿Es este el libre mercado del que se llenan la boca? ¿O estamos en aquel paréntesis que pidió ese otro gran empresario, Díaz Ferrán, para que el dinero público sacara del atolladero a la iniciativa privada?

En realidad, el neoliberalismo no es sino la teorización del saqueo de lo público por los intereses privados. Podríamos decir, parafraseando a Proudhon, que el neoliberalismo es un robo. Ahora ya sin ningún pudor, los centros de poder económico se encargan de poner sus piezas en la dirección de los Estados. Buena parte de las responsabilidades económicas del actual gobierno del PP son ejercidas por personas que proceden de agencias de calificación o grandes empresas internacionales, las mismas que están apostando por hundir países para aumentar sus beneficios. El caso más relevante, el del ministro De Guindos, quien, tras su exitosa gestión en Lehman Brothers, es recompensado con la máxima responsabilidad de la economía española. Es como si a un entrenador que ha hecho descender a su equipo a segunda división se le nombrara seleccionador nacional. En realidad, es mucho más grave: es colocar a la zorra a vigilar el corral. De ahí la extrema coherencia de los mensajes que se dan en Madrid y Bruselas, pues tanto la inyección de dinero a la banca como la sugerencia de suscribir planes de pensiones: ambas tienen un mismo beneficiario, la banca. Una banca que, en realidad, no es la solución, sino el problema.

Cuando se argumenta que no hay alternativas, simplemente se está faltando a la verdad. Les recomiendo el magnífico libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón titulado, precisamente, Hay alternativas, y que, saliéndose de la teología neoliberal de nuestros gobiernos, el actual sacando pecho y el anterior de manera vergonzante, propone encarar el futuro reactivando el papel del Estado y favoreciendo el control democrático sobre la economía. Porque una cosa es que nos quieran imponer sus políticas, otra que nos hagan comulgar con ruedas de molino. No nos caigamos del guindo. 

Juan Manuel Aragués , Profesor de Filosofía.Universidad de Zaragoza

El Periódico de Aragón.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/el-saqueo-neoliberal_737575.html

Cómo salir de la crisis sin destrozar a la ciudadanía

Hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer.

“Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”. Este puede ser el resumen de un reciente discurso de Mariano Rajoy, nuevo presidente del gobierno de España. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía. En la línea que sufre Europa.

Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la reducida población más rica se quedaba con la mitad del dinero del país y dejaba apenas una décima parte a los pobres, que eran la inmensa mayoría. Lula cambió esas cifras. Aumentó el salario mínimo un 62%, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Sacar de la pobreza a tantos millones hizo crecer siete veces el consumo. Y la economía funcionó mejor, Además logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando intermediarios en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.

En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue prioridad indiscutible del presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar a niños y jóvenes educación básica y formación universitaria a hijos de obreros... Con algunas políticas similares, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica.

Y en la crisis financiera de 2008, Brasil salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza que demandaban y usaban regularmente bienes y servicios. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía el Presidente Lula, porque la inclusión de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: es un hecho.

En 2001, Argentina sufría una larga recesión y estaba ahogada por una deuda pública enorme. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta ser los más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces se dejó de pagar la deuda, se devaluó la moneda y se desarrollaron diversos planes sociales desde 2007. El resultado fue una incesante recuperación del país. Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente pobreza y desempleo hasta valores inferiores al 10%.

Para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluación de la moneda y programas sociales es también la recomendación del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Pero que, en realidad, lo son por los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero lo que se acuerda, también se puede anular.

Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia expulsó a un gobierno corrupto e inútil y encarceló a los responsables de la crisis financiera y del retroceso del país. Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (triple que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. Porque la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron negociar el pago de la deuda y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre económico.

Hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y "reformas estructurales" están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna... En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

 Xavier Caño Tamayo, Periodista y escritor

Analítica.com

http://www.analitica.com/va/economia/opinion/5821807.asp

Política económica y renta básica

La realidad económica y las políticas puestas en funcionamiento por la mayor parte de gobernantes de la Unión Europea están abocando a millones personas a una situación desesperada. El gran economista Michael Hudson escribió ya en octubre de 2010 en la revista New Economic Perspectives que las políticas practicadas por los gobiernos se estaban sirviendo "de la crisis bancaria (generada por préstamos inmobiliarios de mala calidad y por la morosidad, no por unos costes laborales altos) como ocasión para cambiar las leyes y permitir que las empresas privadas y los entes públicos puedan despedir de barato y más discrecionalmente a los trabajadores, así como reducir las pensiones y el gasto social a fin de pagar más a los bancos." El gobierno actual del Reino de España ya ha puesto en marcha una medidas económicas y ha anunciado otras, incluida la reforma laboral, que siguen insistiendo en más de los mismo. Los 5,3 millones de parados según la última EPA sirven, aunque pueda parecer increíble, precisamente de pretexto para estas reformas. La decisión de contratar a trabajadores las empresas las toman teniendo en cuenta muchos factores, no solamente la legislación laboral del momento. Bien distinto es que se aproveche esta terrible situación de desempleo para atacar las condiciones de vida y de trabajo que la población trabajadora había conseguido en momentos más favorables. La reforma laboral juntamente con la política de "austeridad en el gasto público", son las guías de este gobierno, así como la de los otros gobiernos de la UE. Paul Krugman decía a principios de año (El País, 8-1-12): "Necesitamos más, no menos, gasto público para sacarnos de la trampa del desempleo." Y como Krugman son muchos los economistas que han llegado a esta conclusión, y algunos ya habían llegado a ella mucho antes que el Nobel de Economía de 2008. No los gobernantes de la UE.

Ante una política guiada por estas directrices, ¿no parece cosa de locos proponer que toda la población tenga asegurada la existencia material mediante una asignación monetaria completamente incondicional? Esta propuesta, la de la renta básica, hace ya tres décadas que se está discutiendo académicamente y más de una que se ha discutido en algunos parlamentos. Para citar solamente los más cercanos, se ha discutido a lo largo de la última década en los parlamentos de varias comunidades autonómicas, y dos veces en el parlamento español. Se han hecho estudios económicos de su viabilidad y, ¡oh sorpresa!, mediante una reforma del IRPF y una racionalización de las asignaciones monetarias, ya se hubiera podido asignar en el año 2004 exactamente 5.400 euros anules a todos los adultos residentes en Catalunya y 2.700 a todos los menores. La renta básica no debe confundirse en ningún caso con las pirmis, rentas mínimas de inserción o lo que, con denominaciones parecidas, son rentas para pobres o de reinserción laboral. La crítica fácil de que la gente "no trabajaría con una renta básica" debe meditarse más a partir de estudios realizados que tienden a desmentir esta afirmación. Y quizás una de las razones más importantes de ello es que la renta básica es compatible con otras fuentes de renta, no como las asignaciones dirigidas a pobres que, por regla general, están condicionadas a no percibir otras fuentes de renta. Una importante conclusión al respecto: las críticas que puedan servir para las rentas condicionadas, precisamente son estériles como críticas a la renta básica por su característica de incondicional.

La propuesta de la renta básica puede ser vista (en todas las propuestas serias de financiación, los ricos pierden y los pobres ganan) como una gran redistribución de renta de los ricos hacia el resto de la población, exactamente lo contrario de lo que viene haciéndose a lo largo de los últimos 30 años.

Tan importante o más que todo lo anterior, es el hecho de que la renta básica no es solamente una medida contra la pobreza sino que se trata de una propuesta que, como muchos autores han insistido, incrementaría la libertad de buena parte de la población. La renta básica posibilitaría, por primera vez en la historia, que toda la población tuviera la existencia material garantizada. Y esta posibilidad, claro está, es de tal magnitud que no puede extrañar que amedrente a algunos y dé vértigo a otros.

El que fue uno de los economistas estadounidenses más respetados del siglo XX, J. K. Galbraith, dejó escrito que "la economía no existe al margen de la política". Sería deseable que no se olvidara por parte de la mayor parte de la población para no dejarse intimidar sobre los supuestos aspectos "exclusivamente técnicos" de la política económica. Primero es la política que se decide seguir y después se diseña la economía que a ello se adapta.

Daniel Raventós

Diario de Mallorca

 http://www.diariodemallorca.es/opinion/2012/02/22/politica-economica-renta-basica/746376.html

Las Reformas laborales en España: De trabajadores a mercancías

Hay que reformar el “mercado sanitario” y el “mercado educativo”. Igual que sentimos un escalofrío cuando la sanidad o la educación se equiparan a simples mercancías, si en estos días una persona despertara de un coma de 30 años se angustiaría al escuchar hablar sobre la reforma del “mercado de trabajo”, porque intuiría que bajo ese ropaje se querían reformar los derechos laborales (a la baja).

El derecho laboral nace de la desigual relación que existe entre el trabajador asalariado y el empleador, y es el poder público legislando quien protege a la parte más débil de esa relación: el trabajador. En España, la Ley de 1873 sobre niños obreros, la Ley de condiciones de trabajo de mujeres y menores, la Ley de Accidentes laborales -ambas de 1900-, junto con la creación de la inspección de trabajo en 1906 y, posteriormente, de los “tribunales industriales”, fueron los primeros pasos del derecho laboral y de su intento de aplicación. También por aquel tiempo los países firmantes del Tratado de Versalles recogían en 1919 que “el trabajo no debe ser considerado mercancía”.

Por el contrario, el “mercado de trabajo” borra toda relación desigual entre trabajadores asalariados y propietarios, poniendo de forma engañosa en pie de igualdad a oferentes y demandantes de trabajo; unos y otros acuden libremente –nos dirán-, al mercado de trabajo. Si asumimos impunemente, con esta terminología, que el trabajo es una mercancía (como las naranjas o los tornillos) nos veremos obligados a batallar en su terreno con sus reglas de juego, y nos bastará con abrir el más básico de los libros de introducción a la economía neoclásica para entender las reformas laborales que se vienen aplicando en España a lo largo de los últimos 30 años.

Veamos; el mercado idealizado que aparece en los libros neoclásicos sólo funciona si:

1. Los trabajadores y los propietarios carecen de poder para determinar el precio del trabajo, son precio aceptantes. Cualquier intervención coaligada de grupos o del mismo Estado acabaría con el modelo. El Derecho del trabajo es incompatible con esta premisa salvo que haciendo dejación de funciones se auto inmole en sucesivos pasos:

Primero, dejando de ser garante de determinados derechos y convirtiéndolos en motivo de acuerdo colectivo entre las partes. “Para ello, espacios hasta ahora reservados a la regulación estatal pasan al terreno de la negociación colectiva” (Exposición de motivos Ley 11/1994). Algunos de esos “espacios” fueron los complementos salariales, la estructura del salario, y la movilidad geográfica y funcional.

Segundo, (ultimada en estos días): transfiriendo asuntos que eran competencia de la negociación colectiva hacia la negociación individual entre trabajador y empresa.

Que nadie se lleve a engaño, si los ciudadanos y trabajadores no despertamos habrá un tercero y un cuarto paso. La protección al trabajador individual que quede tras esta reforma laboral, la flexibilidad que hoy se demanda, será entendida mañana como rigidez endiablada que provoca todos los males y que de nuevo hay que corregir. El ejemplo lo tenemos con la negociación colectiva que en la reforma de 1994 era un instrumento fundamental de flexibilidad frente a la rigidez del Estado como garante, “Respecto de la negociación colectiva, se parte de la idea de que debe ser un instrumento fundamental para la deseable adaptabilidad por su capacidad de acercamiento a las diversas y cambiantes situaciones de los sectores de actividad y de las empresas.” (Exposición de motivos Ley 11/1994) y en la reforma de estos días una rémora por su rigidez “Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa” (Exposición de motivos Real Decreto-ley 3/2012) ¿Y así, hasta dónde?: hasta que las personas nos convirtamos en naranjas que ni se las escucha, ni padecen.

1. En el mercado perfecto que aparece en los libros neoclásicos cualquier factor (también trabajo) se compra y se vende en cualquier cantidad, porque de lo contrario el mercado no funciona. En España, desde 1976 (Ley de Relaciones Laborales) el contrato se presupone indefinido, por lo que si el propietario quiere acabar con el contrato unilateralmente –dejando de comprar una determinada cantidad de trabajo- tiene que pagar por ello una indemnización, lo que proporciona estabilidad al trabajador en su puesto de trabajo (precisamente la barrera del despido hace que este se denomine indefinido). Esta defensa del eslabón más débil, la persona que trabaja, choca con el concepto de mercancía pues el que se compre una cantidad de mercancía hoy no exige ni penaliza (mediante una indemnización) el que no se compre mañana. En la deriva de convertir a los trabajadores en mercancía se entienden las reformas de las tres últimas décadas que intentan reducir el coste del despido por tres caminos que corren paralelos y se refuerzan mutuamente:

Primero: la ley 10/1984 abrió la puerta al contrato temporal (no causal) con una indemnización muy reducida, 12 días por año trabajado (y nula para contratos de formación y prácticas), frente a los 45 días en los indefinidos. Creada la dualidad, se presenta ésta como el mal endémico del mundo laboral y a continuación toda solución sólo pasa por reducir la indemnización del indefinido para acercarse al temporal y no al contrario. Así la Ley 63/1997 creó para colectivos muy especiales un contrato indefinido con 33 días de despido (y tope 24 meses y no 42 meses), el Real Decreto-ley 10/2010 universalizó los 33 días para todos los parados, y el Real Decreto-ley 3/2012 para todos sin la condición de estar parado, al tiempo que abre la puerta al despido libre, con el contrato a prueba de un año, en este primer momento para un colectivo muy específico, menores de 30 años y en PYMES de menos de 50 trabajadores, para que en sucesivas reformas puedan ir incorporándose otros colectivos y tipos de empresas.

Segundo: pero que dada la carga de profundidad podía ser el primero, recortar los casos de despido improcedente (ampliando la definición del despido por causas objetivas) y su coste de indemnización. Las sucesivas reformas 94, 97… hasta la última de 2010 han redefinido las causas objetivas, y se ha reducido paulatinamente la indemnización de 32 a 20 días en el despido procedente. La actual modificación da un vuelco al artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores (ET) al considerar causa objetiva “la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos”. Estas y otras medidas conducen a igualar la indemnización del indefinido y del temporal, lo que nos conduce al tercer camino.

Tercero: redefinir el concepto de trabajo indefinido obviando lo que le hace indefinido, la indemnización. Se reduce su indemnización, vaciándolo de contenido, quedando sólo el nombre al equipar su protección al del contrato temporal “(…) la contratación temporal. Lo primordial es el objetivo final de que en 2015 sean 12 días de indemnización, que es exactamente lo que tendría que pagar un empresario que despida en ese momento por causas objetivas a un trabajador fijo, ya que de los 20 días reglados habría que deducir los ocho días de subsidio. De esa manera, se incentivará la contratación indefinida.” (Declaraciones del Ministro de trabajo el 17/06/2010).

La reforma que se anuncia en estos días continúa el camino de la mercantilización del trabajo. El que el contrato indefinido tenga finalmente una indemnización de 20 días por despido procedente (que también se aplica si el trabajador no acepta la imposición del propietario que modifica unilateralemte el horario, jornada, sueldo etc –explosionando el artículo 41 del ET) o de 33 días por el despido improcedente, es sólo otro escalón más hasta que no exista indemnización, la negociación sea simple imposición por la parte más fuerte, el empleador, y las personas seamos naranjas.

En definitiva, discutamos las “reformas laborales” pero rechacemos frontalmente la terminología “reformas del mercado laboral” porque debajo de las palabras esconde soluciones y una tendencia que deterioran el bienestar de la mayoría.

Llegados a este punto convendría recordar a los economistas neoliberales, y a los políticos que siguen sus consejos, que si todos tenemos como objetivo económico el bienestar de todos los ciudadanos, este se puede lograr: uno, mediante una adecuada distribución de la renta –que se consigue con reformas laborales que favorezcan a la posición más débil-, repartiendo con más justicia el valor añadido que genera la actividad económica. Dos, corrigiendo la distribución inicial a través de impuestos progresivos (para que los que obtuvieron más del primer reparto devuelvan una parte a la sociedad que les permitió conseguirlo). Si el mayor bienestar de todos no se logra por ninguno de estos dos medios, el (gasto en) bienestar del conjunto de los ciudadanos caerá. El emitir deuda y pagar el tipo de interés de mercado para pedir prestado un dinero que tendría que haber sido recaudado o repartido desde el inicio (de ahí la importancia de las reformas laborales) además de no resolver el problema del bienestar del conjunto, más allá del corto plazo, supone recompensar de nuevo a los que presionaron para que las leyes de la sociedad (laborales y tributarias) permitieran su situación ventajosa a costa del resto.

Los que desde la economía neoclásica, con su fe ciega en el mercado, alientan esta realidad tendrían que hacerse responsables de sus acciones -pues así sólo se alcanza el bienestar para algunos-, y recordar las palabras del maestro José Luis Sampedro: “Los economistas se dividen en dos: los que hacen más ricos a los ricos y los que hacen menos pobres a los pobres”.

Alejandro Mora. Ex profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de econoNuestra.
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:las-reformas-laborales-en-espana-de-trabajadores-a-mercancias&catid=51:actualidad&Itemid=75

Los bancos

Han pasado pocos días desde la aprobación de la reforma del sistema financiero y los movimientos ciudadanos han comenzado sus acciones de protesta contra la misma. El motivo, la percepción de que sólo beneficia a unas pocas entidades financieras en detrimento del conjunto de la sociedad.

El contenido de la reforma es un conjunto de medidas destinadas a sanear las cuentas de los bancos mediante la dotación de provisiones contra beneficios o a través de la captación de nuevos recursos en el mercado. En el caso de que las entidades no puedan cubrir las nuevas necesidades de capital pueden optar por la fusión con otras entidades y, de forma complementaria, por la obtención de ayudas públicas hasta un límite de 52.000 millones de euros.

Este punto, las ayudas públicas, es el que ha despertado más suspicacias. Aunque se ha insistido en que esas ayudas no van a suponer ningún coste para los ciudadanos, no es del todo cierto. Como tampoco son totalmente ciertas otras afirmaciones como que la reforma favorecerá la concesión de nuevos créditos a familias y empresas, que ayudará a que los precios de la vivienda bajen y que es la única alternativa posible.

Aunque es cierto que el dinero destinado a los bancos se materializará vía préstamos, éstos no resultan gratuitos, ya que el Estado deberá captar ese dinero asumiendo el correspondiente coste financiero. Además, existe el riesgo de que alguno de los préstamos resulte impagado y, no se puede dejar de considerar el coste de oportunidad que supone destinar esa ingente cantidad de dinero a las entidades financieras en lugar de a otras áreas de mayor interés social.

En cuanto a facilitar la fluidez del crédito, no existe ninguna evidencia que así lo respalde ya que, por un lado, tenemos el precedente de las ayudas que recibieron los bancos durante la legislatura anterior que no supusieron un aumento del crédito y, por otro, el destino que se le dará a las nuevas ayudas es la dotación de provisiones y no el aumento de los préstamos al sector privado.

Por lo que respecta a los precios de la vivienda es posible que se produzca un leve ajuste a la baja, aunque también es posible que suceda la contrario. Dado que las entidades financieras van a ajustar el valor de su cartera inmobiliaria en el balance vía provisiones, el interés por deshacerse rápidamente de los inmuebles con la consiguiente reducción de precios parece poco probable.

Finalmente, el argumento de que la reforma es la única posible, también carece de todo fundamento más allá de una concepción interesada. El Gobierno podría haber tomado al menos tres alternativas diferentes. La primera, crear un banco público que garantizará el acceso al crédito de familias y empresas. Otra alternativa sería la toma de participación en las entidades receptoras de fondos o, dicho de otra forma, la nacionalización total o parcial de las mismas. Por último, la más ´neoliberal´ de todas las opciones, sería no intervenir en el sector, dejando que las entidades se sanearan con sus propios recursos y, en el caso de que no pudiera ser así, que quebraran, una vez que se garantizara la recuperación de los depósitos.

Por tanto se puede afirmar que las reforma financiera aprobada es cara, injusta, socialmente inasumible e ineficaz que no favorecerá ni la recuperación económica, ni la reactivación del crédito y sólo lo hará a la concentración del sector en un número muy reducido de macroentidades con un mayor poder de negociación. Lo que viene a dar la razón a todos aquellos que comienzan a mostrar su indignación.

Luis A. Bermejo.

Economista y miembro de ATTAC Murcia.
La Opinión
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/02/25/bancos/387817.html

Lo que se dijo ayer y lo que se dice hoy sobre la tasa Tobin

El pasado 16 de febrero se cumplió el segundo aniversario de la votación de la "Proposición de ley sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas". Ocurrió en la anterior legislatura, la novena, del Reino de España, concretamente en la sesión 130 del pleno del Congreso de los diputados. Se discutió y votó una concreción de la tasa Tobin que tanto ha popularizado el ya veterano movimiento ATTAC. Esta proposición de ley [1] fue presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Le dio su apoyo el diputado representante del Grupo Vasco y la diputada del Bloque Nacionalista Gallego integrada en el Grupo Mixto. En contra votó la gran mayoría: los grupos parlamentarios Catalán, Popular y Socialista. Leídas hoy, cómicas parecen las declaraciones en aquella sesión del diputado del PP García-Legaz Ponce a la luz de las actuaciones del gobierno de su partido resultante de las últimas elecciones al parlamento español del pasado 20 de noviembre. Decía el hombre: "Esta proposición trata de crear un nuevo impuesto en la economía española, y por tanto les anuncio el voto contrario del Grupo Parlamentario Popular." Lo cómico no era el voto contrario, sino ese "por tanto".

Recordaba muy recientemente Serge Halimi [2] que Sarkozy declaró en 1999: "El asunto de la tasa Tobin es absurdo (…). Cada vez que penalizamos la creación de riqueza en nuestro territorio, favoreceremos la creación de riqueza de los demás". Palabras casi idénticas se han venido repitiendo por parte de muchos políticos gobernantes o en la oposición de los más diversos Estados. Por su cargo actual como directora general del FMI, merecen apuntarse las que emitió Christine Lagarde en 2007, cuando era ministra de Economía y Finanzas del gobierno francés, al suprimir un impuesto bursátil: "Es una medida que contribuirá a reforzar el atractivo de París como plaza financiera". El mismo tema de fondo es expresado de formas muy diversas, pero la idea fundamental puede resumirse así: "si solamente lo hacemos nosotros, los países que no lo hagan se verán favorecidos". Algo muy parecido a lo que más de 10 años después recitaba el citado parlamentario del PP: "Este impuesto además sería profundamente nocivo para la economía española. Sería un impuesto que provocaría deslocalización financiera, ya que al aplicarse exclusivamente en el territorio español es evidente que todas esas operaciones se producirían en el extranjero" [3]. El diputado del PP se había permitido en la misma intervención parlamentaria una buena dosis de indiscutible interés por los desfavorecidos del mundo actual al afirmar encendidamente: "Se trata de un impuesto contra el comercio mundial. Se trata de un impuesto contra el desarrollo porque grava todo tipo de operaciones de comercio exterior. Es un impuesto antisocial. Es un impuesto nocivo para los países en desarrollo; es la antiayuda al desarrollo." A lo cómico añadió el esperpento.

Obsérvese que esta misma cantinela del "yo no lo hago porque si otros no lo hacen nos veremos perjudicados (o ellos favorecidos)" es la misma que anima a la perniciosa carrera de la competición fiscal, es decir, la carrera en que nos encontramos desde hace algunas décadas (si bien el ritmo de la marcha se ha intensificado desde la crisis económica) y consiste en la presión, chantaje o coacción ejercida por las grandes empresas y la banca a los gobiernos para conseguir la rebaja y hasta la supresión de los impuestos. Una situación en la que unos poderes privados imponen su voluntad, sin el menor control democrático, a parlamentos que han sido al menos elegidos mediante el sufragio universal. Y los gobiernos no parecen muy predispuestos a resistirse a esta imposición. Hasta parece que les gusta. Sabido es.

A principios de enero del presente año, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy declaró que era favorable a "la tasa sobre las transacciones financieras". No se trata de un cambio de posición (sic) aislado, por supuesto. Rajoy no diría algo de esta envergadura por su cuenta y riesgo. Antes lo han manifestado, entre otros, el ya citado Sarkozy. Y el anterior presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, que en octubre de 2009 anunció que deberían gravarse las transacciones financieras especulativas.

Parece muy lejano el famoso editorial que Ignacio Ramonet escribió a finales de 1997, "Desarmar a los mercados". Finalizaba con estas palabras: "¿Por qué no crear (a escala planetaria) la Organización no Gubernamental Acción por una tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos (ATTAC)? En coordinación con sindicatos y asociaciones con finalidades culturales, sociales o ecológicas, podría funcionar como un formidable grupo de presión cívica ante los gobiernos para impulsarles a reclamar finalmente la puesta en marcha efectiva de este impuesto mundial por la solidaridad." Hace más de 14 años de la publicación de estas palabras. Se atribuye a Schopenhauer esta sentencia: "Toda nueva verdad pasa por tres etapas. Primero se la ridiculiza. Segundo, genera una violenta oposición. Tercero, resulta aceptada como si fuera algo evidente". Con la tasa Tobin podríamos pensar que algo así está ocurriendo. Creo que tal suposición sería un error. Si bien ahora la tasa Tobin ya no es ridiculizada, ni sufre una violenta oposición, nada invita a pensar razonablemente que se trata de una medida "evidente". Ni Rajoy, ni Sarkozy, ni Strauss-Kahn, ni Lagarde se han convertido en partidarios de un "impuesto mundial por la solidaridad". Sensato es suponer que los mismos que han dado todo tipo de ayudas, beneficios y prebendas a los que han causado la actual crisis económica, y mediante la cual siguen beneficiándose generosamente estos causantes, están lejos de pretender poner dificultades a la especulación. Los mismos que siguen atacando las conquistas que el movimiento obrero arrancó después de la Segunda Guerra Mundial principalmente en Europa (uno de los ataques más recientes en el Reino de España es la contrarreforma laboral realizada por el gobierno actual), difícilmente tendrán en la cabeza algo semejante a los objetivos que ha defendido, entre otros movimientos y sectores sociales, ATTAC. Lejos queda para ellos el "impuesto mundial por la solidaridad".

Joan Herrera, el diputado que defendió en el Parlamento español el 16 de febrero de 2010 la "Proposición de ley sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas" dijo: "Los bancos, las grandes entidades financieras a nivel internacional —ustedes lo saben— han sido los máximos receptores de la ayuda pública. No lo han sido los parados ni las paradas, no lo han sido los pensionistas, no lo han sido las personas que padecen un desahucio. Y la pregunta es: ¿Este Parlamento va a ser incapaz de aprobar una medida y un marco legal sobre el que transitar? ¿Vamos a continuar sonriendo de forma complaciente a las entidades financieras sin aprobar medida alguna?" Efectivamente, no solamente se ha sido complaciente con las entidades financieras sino que se ha facilitado el acceso al control directo de algunos gobiernos europeos a algunos dirigentes de la banca. Algo que en febrero de 2010, hace solamente dos años, cuando se realizó el mencionado debate parlamentario sobre la tasa Tobin, nadie podía llegar a imaginar que así ocurriría. Pero es que hay circunstancias en las que los acontecimientos suceden muy deprisa. Tres meses después de este debate parlamentario de la tasa Tobin, el anterior gobierno del PSOE [4] inició la contrarreforma [5] que el PP se está esforzando con evidente convicción en radicalizar para beneficio de los grandes ricos del Reino de España. Después de la reforma laboral [6] ya se han escuchado voces que animan al gobierno a atacar, limitar, regular (las palabras no deberían confundir a nadie) el derecho de huelga. Lucha de clases desde arriba clara, abierta y sin concesiones.
 

Notas:

[1] El contenido completo de esta proposición de ley puede leerse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_078-01.PDF

[2] "Después de Tobin", Le Monde Diplomatique en español, núm. 196, p. 28.

[3] Diario de sesiones del Congreso de los diputados, 16/02/2010, página 18.

[4] Cuando se lee lo que el representante del grupo parlamentario del PSOE, Lasarte Iribarren, dijo en la reiterada sesión parlamentaria del 16 de febrero de 2010, a la luz de las medidas posteriores puestas en práctica pocas semanas después por el gobierno de su partido, por otros gobiernos y por los organismos internacionales, se puede suponer que preferiría no haberlas dicho o que las hubiera dicho otro colega para evitar caer en el bochorno más espantoso: "existe una hoja de ruta de reformas del sistema financiero internacional desde el principio de cooperación entre los Estados y el liderazgo del G-20." Existe, sí, lo hemos visto.

[5] Véase para un análisis a fondo de las reformas iniciadas por el gobierno del PSOE en mayo de 2010: "La UE y Zapatero se superan, o cuando los locos son los lazarillos de los ciegos" que se publicó en Sin Permiso el 17 de mayo de aquel año firmado por A. Domènech, A. Nadal, G. Buster y D. Raventós.

[6] Reforma que ha sido considerada por Juan Rosell el presidente de la patronal española, la CEOE, como "positiva, bien orientada y en la buena dirección" (El Economista, 16-2-12). Quizás sea útil recordar que hasta ahora ha habido 53 modificaciones del Estatuto de los Trabajadores que pronto cumplirá 32 años de existencia. En las anteriores 52, la patronal española siempre consideró que tales modificaciones eran muy insuficientes. Interesantemente, la 53 le resulta satisfactoria.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4736

La deuda del Estado español o, como los mercados financieros controlan el presupuesto del Estado

Según las estadísticas oficiales, la deuda del Estado español no parece ser un gran problema. No obstante, la especulación en contra de la deuda española no para. Si bien es verdad que el contexto europeo facilita esta especulación, también es importante determinar cuál es la carga de su deuda para el Estado español. Este artículo pretende sacar a la luz esta carga, en un contexto europeo de campañas para auditar las deudas públicas de varios estados.

Contexto europeo

La figura 1 presenta el volumen de deuda pública para cada estado de la Unión Europea en función de su PIB (Producto Interior Bruto), extraído de datos proporcionados por Eurostat respecto al año 2010, el cual es el dato más reciente proporcionado. En este gráfica, España (en naranja) aparece con una deuda pública ligeramente por encima de los 60%, límite fijado por el tratado de Maastricht, cuando este límite esta alegremente sobrepasado por el conjunto de la Unión Europea y, de la zona euro. Según datos más recientes del Banco de España, el endeudamiento del Estado español estaría en torno al 70% de su PIB a finales de 2011. No obstante, este nivel de endeudamiento está muy por debajo de los niveles alcanzados por los pesos pesados de la Unión Europea que son Alemania, Francia, Bélgica o Gran Bretaña, a pesar de que la especulación en contra la deuda de estos países sea mucho menor que en el caso del Estado español.

Figura 1. Deuda Pública 2010 en porcentaje del PIB. En rojo los Estados que sobrepasan el límite impuesto por Maastricht, en verde los que lo respetan. Fuente: Eurostat.

Mecanismos de endeudamiento

Para identificar la carga de la deuda en el presupuesto del Estado español, es necesario entender primero los mecanismos de endeudamiento. Si miramos el presupuesto general del Estado para 2011 (figura 2), vemos que los gastos previstos para este año están en torno a los 150 mil millones de euros, cuando los ingresos previstos apenas superan los 100 mil millones de euros. La diferencia entre ambos es el déficit del Estado, el cual se financia por emisión de deuda.

Figura 2. Presupuestos generales del Estado español para 2011. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La emisión de deuda se puede hacer bajo forma de Letras del Tesoro (con vencimiento a 3, 8, 12 o 18 meses), de Bonos del Estado (a 3 o 5 años) o de Obligaciones del Estado (a 10, 15 o 30 años). Según datos proporcionados por el Tesoro Público, el total de deuda en circulación a finales de 2011 era de 90 mil millones de euros en Letras del Tesoro (corto plazo), casi 150 mil millones de euros en Bonos del Estado (medio plazo), y más de 340 mil millones de euros en Obligaciones del Estado (largo plazo).

Para poder entender bien la deuda, resulta imprescindible diferenciar lo que es la emisión de deuda por parte de un estado, de lo que es contraer un préstamo por parte de un particular o una empresa. Cuando un particular o una empresa contraen un préstamo por un cierto periodo de tiempo, esta entidad recibe a la firma del préstamo el dinero acordado, y durante todo el periodo de tiempo elegido, pagará los intereses generados por el préstamo además del reembolso de la suma de dinero acordado (capital). Es decir, cuando acaba el plazo no queda nada para pagar ya que todo (intereses mas capital) ha sido reembolsado. En el caso de emisión de deuda por parte de un Estado, solo se pagan los intereses durante el periodo acordado, mientras que el capital se reembolsa a final del periodo (vencimiento). En este caso, el Estado emisor de deuda tiene que encontrar una suma equivalente al capital a la fecha del vencimiento. Lo que suelen hacer los estados en este momento es volver a emitir deuda, lo que les permite recibir nuevamente el capital necesario, y aplazar el reembolso en el tiempo. Y puesto que la emisión de deuda corresponde al vencimiento de las deudas antiguas, este mecanismo permite hacer desaparecer estas cantidades de los presupuestos del Estado, ya que el dinero recibido por la nueva emisión de deuda es igual al dinero pagado por vencimiento de la anterior. Por lo tanto, el capital de la deuda del Estado reembolsado cada año no figura en los presupuestos del Estado, y la cantidad correspondiente al apartado “Deuda Pública” en estos presupuestos solo se refiere al pago de intereses (27400 millones de euros para 2011, o sea un 18% del presupuesto total). Tampoco aparece la emisión de deuda como una fuente de financiación.

Reembolso de capital

Si estudiamos los presupuestos generales del Estado español a partir de los “libros amarillos”, accesibles desde la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es posible identificar los reembolsos de capital asociados a la deuda del Estado español (ver tabla 1). Si sumamos intereses y capital reembolsados (o sea lo que constituye el servicio de la deuda) últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble.

Tabla 1. Características de la deuda del Estado español en miles de millones de euros. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Si consideramos los presupuestos del año 2011, podemos ver la repartición de gastos por sección según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (figura 3). En este presupuesto, la carga de la deuda (en este caso constituida solo por el pago de intereses) corresponde a 18% del presupuesto, mientras se dedica tan solo un 2% del presupuesto a sanidad o educación.

Pero si integramos el reembolso de capital a este presupuesto (ver figura 4), vemos como este corresponde a la mitad (50%) del presupuesto total, al cual cabe añadir el pago de intereses (9%), mientras sanidad y educación se quedan con casi nada (1% para cada ministerio). Por lo tanto, la carga de la deuda del estado español corresponde al 59% del presupuesto total! 

También se puede integrar la emisión de deuda dentro de los ingresos del Estado (ver figura 5). En este caso, nos damos cuenta que entre la financiación del déficit y el reembolso de los vencimientos de capital, la emisión de deuda corresponde al 62% de la financiación del Estado! En comparación, impuestos (directos e indirectos) y cotizaciones sociales solo corresponden al tercio de los ingresos (30%).

Estas cifras permiten ver la importancia que tiene la deuda pública en los presupuestos del Estado. La figura 6 opone el reembolso de capital de la deuda a los presupuestos para los años 1995 a 2011. Esta comparación permite evidenciar el aumento drástico de los reembolsos desde el principio de la crisis financiera, aunque los reembolsos de capital hayan sido del orden de o mayores a la mitad del presupuesto de gastos desde 1997 (primeras cifras disponibles).

Figura 3. Presupuestos generales de gastos del Estado español por sección para 2011. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Figura 4. Presupuestos generales de gastos del Estado español por sección para 2011, una vez integrado el reembolso del capital de la deuda. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Figura 5. Presupuestos generales de ingresos del Estado español por sección para 2011, una vez integrada la emisión de deuda. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Figura 6. Presupuestos generales de gastos del Estado español homogeneizado por sección entre 1995 y 2011 y reembolso de capital. Pago de intereses y reembolso de capital aparecen en rojo. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El futuro previsible

Si miramos hacia 2012, los reembolsos de capital ascienden a más de 130 mil millones de euros (figura 7), es decir, una cantidad de dinero del orden de los que será el presupuesto total de gastos (una vez aprobado). Además, los dos tercios de estos vencimientos corresponden a la deuda a corto plazo, por lo que es muy probable que estos vencimientos se repercutan para 2013 a través de la emisión de nueva deuda a corto plazo para hacer frente a los vencimientos de 2012.

 

Figura 7. Perfil de vencimientos de deuda del Estado español entre 2012 y 2041. Fuente: Tesoro Público.

Además, si consideramos la tendencia actual a la socialización de las deudas privadas, puesta en práctica por el antiguo gobierno y avaladas por el actual, a través de garantías, avales, préstamos y ayudas a los bancos, es muy probable que la deuda total del Estado español vaya a aumentar en un futuro próximo, con un aumento paralelo de los reembolsos de capital correspondientes. Y estas decisiones no tienen nada de extraño, si nos fijamos en que los mercados financieros proporcionan cerca de la mitad de los ingresos del Estado (casi dos tercios en 2011), muy por delante de los ingresos proporcionados por la ciudadanía (menos de un tercio en 2011). Y por lo tanto, tienen todo el poder de negar al Estado una financiación si sus deseos no se ven cumplidos.

Un futuro alternativo

Ante esta situación de confiscación de las decisiones del gobierno de turno por los mercados financieros a través de una deuda que nunca se acaba de reembolsar, la ciudadanía puede reaccionar. Porque existen instrumentos jurídicos para calificar si la deuda del Estado español es legítima o no, y el derecho internacional permite, y aconseja, no pagar deudas reconocidas como ilegítimas. Para ello, no hace falta más que auditar la deuda del Estado, mirando las condiciones en las que se emitió la deuda desde el Estado y a que sirvieron las sumas obtenidas. Desde Patas Arriba, consideramos que tal auditoria debería ser ciudadana, es decir, compuesta por ciudadanas y ciudadanos, y no solamente personas expertas, por tres razones:

• Primero, permite a la ciudadanía empoderarse en cuestiones del Estado, en las que no suele participar, y como tal, contribuye al avance de una democracia participativa.
• Segundo, permite acostumbrar a las administraciones públicas a estar bajo la mirada de la ciudadanía, lo cual también ahonda en la cultura de la participación ciudadana.
• Tercero, permite recuperar parcelas enteras de la democracia que se han dejado en mano de las finanzas, aunque para conseguirlo de manera duradera, harían falta otras medidas económicas como impuestos a las transacciones financieras, la supresión de los paraísos fiscales, y la creación de banca pública (lista no exhaustiva).

Por otra parte, también es necesario valorar el carácter ético de pagar una deuda cuando este pago se hace en detrimento de la población, a través de recortes en servicios públicos por ejemplo (educación, sanidad, etc.), ya que según el derecho internacional el bienestar de la población de un Estado es prioritario a cualquier otra necesidad, incluso el pago de deuda.

Para poder conseguir todo esto, no hace falta más (ni menos) que un apoyo contundente de la ciudadanía a la auditoria de la deuda del Estado español. Desde varios colectivos, están naciendo en todo el Estado iniciativas para llevarla a cabo, complementadas por las voluntades de auditar las administraciones locales y autónomas. Juntas, podemos!

Yves Julien

PATAS ARRIBA – Valencia

http://patasarribavlc.blogspot.com/

La austeridad: predadora e inútil

Decía Bertolt Brecht que hay muchas maneras de matar. Clavar un cuchillo en el vientre, condenar al hambre, negar auxilio en la enfermedad, empujar al suicidio, llevar a la guerra… Pocas están penalizadas. Hoy, en Grecia, hay mucha más ciudadanía con mayor riesgo de morir que hace dos años. Por la austeridad.

Salarios y pensiones se han rebajado entre un 50 y un 70%. Más de 60.000 negocios han cerrado y otros tantos lo harán este 2012. La quinta parte de asalariados trabaja jornadas reducidas y cobra por debajo del salario mínimo. Se han destruido más de medio millón de empleos y los parados son casi un millón (20%). Medio millón de familias carece de cualquier ingreso y seis de cada diez hogares no pueden pagar sus facturas. Los servicios públicos, liquidados o privatizados. Las ollas populares se multiplican y las ONG reparten 20.000 comidas diarias en Atenas, por ejemplo. La malnutrición hace estragos en los niños y el hambre aparece en las ciudades.

Si un griego pierde el empleo, pierde el seguro médico y ha de pagar para ser atendido. Decenas de miles de ciudadanos inválidos, enfermos o con patologías infrecuentes están condenados a muerte segura a corto plazo por la supresión de subsidios a medicamentos.

Sobre tales cosas, Naciones Unidas ha dictaminado que “es inadmisible que un Estado cierre las escuelas, universidades, desmantele servicios públicos y abandone la población al caos para disponer de fondos y pagar a acreedores extranjeros o nacionales. El Estado no puede sobrepasar determinados límites”.

Pero además, las medidas draconianas impuestas por la Unión Europea y el FMI no ayudan a Grecia a recuperarse. Al revés. Más recesión, más desempleo, más pobreza.

Al otro lado del Mediterráneo, en España, con 5 millones de desempleados en aumento, cambian hábitos de consumo. En millones de hogares hay economía de guerra, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 60% reduce gasto en alimentación, ropa, electricidad, agua, gas, vacaciones e incluso cuidado de la salud. Y según Eurostat (estadística de la Unión Europea), España es el país europeo donde más aumentó el riesgo de pobreza hasta afectar casi al 21% de la población.

Por obra y gracia de la “austeridad”

Sonia Mitralia, de CADTM de Grecia, denunció en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que la austeridad es un peligro para la democracia y los derechos sociales. “A los dos años de la terapia de choque impuesta a Grecia por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, el balance es catastrófico, indignante e inhumano. Incluso los impulsores de esas políticas reconocen su fracaso. Si la austeridad draconiana hubiera sido eficaz, la deuda pública griega sería el 120% del PIB en 2020: igual que en 2009, cuando empezó todo. Han diezmado un país para nada”.

Sin embargo, BCE, Comisión y FMI imponen la misma austeridad que saben fracasada. En Portugal, España, Irlanda, Italia, en toda Europa, la austeridad draconiana impuesta hunde la economía. Vicenç Navarro recuerda que “en España, los recortes del gasto público no han producido una bajada de intereses de deuda pública del Estado, al contrario, los intereses han aumentado a nivel insostenible. Y lo mismo ocurre en Irlanda, Portugal e Italia.”

Las políticas de austeridad no solo son fracaso y desastre. Un manifiesto del movimiento 15 M denuncia que “asistimos a un golpe de Estado cuando nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas democráticamente, como Comisión Europea, Banco Central Europeo o FMI, que atienden solo a los intereses de grandes fortunas y corporaciones. Eso no es austeridad. La pretendida austeridad no es más que una despiadada transferencia de riqueza del 99% que estamos abajo al 1% que nos pisa. Es un saqueo y una estafa”.

Y los juristas Jaume Asens y Gerardo Pisarello nos recuerdan que “cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de ser criminalizados sino como el primero de los derechos para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia”.

Habrá que estar preparado para esas respuestas ciudadanas.

Xavier Caño Tamaño – ATTAC Acordem

Artículo publicado en Vanguardia (México).

Fuente: Attac España

http://www.attac.es/2012/02/21/la-austeridad-predadora-e-inutil/

Crisis global: ¿de dónde salió el dinero?

La economía mundial atraviesa por lo que será la peor crisis en la historia del capitalismo. Las respuestas de política macroeconómica para enfrentar esta crisis están equivocadas y lo único que van a lograr es la intensificación del colapso y el dolor de millones de personas.

 

Por el lado de la política fiscal, la idea de que la austeridad permitirá sanear las finanzas, resolver el problema de la deuda y activar el crecimiento no tiene sentido. Eso sólo contribuye a castigar a una población. Pero ¿qué hay por el lado monetario? Se ha hablado mucho sobre el papel del Banco Central Europeo, en particular sobre la posibilidad de intervenciones directas en los mercados de deuda soberana. Pero esa discusión oculta un tema medular: ¿de dónde salió el dinero que contribuyó a la gestación de la crisis? Ésta es una pregunta que es necesario discutir.

En Europa la narrativa vulgar es que durante años los pueblos virtuosos del norte europeo trabajaron y ahorraron. Mientras tanto, los pueblos del sur vivieron por encima de sus medios. Los pueblos del norte estuvieron prestando sus ahorros a los pueblos del sur. Y ahora que éstos no pueden pagar sus deudas, les ha llegado el momento de la austeridad y no quieren aceptarlo.

En la teoría macroeconómica convencional existe un relato similar. En una economía hay agentes que ahorran, y hay agentes que necesitan pedir prestado, por ejemplo para invertir en una nueva empresa. Estos distintos agentes se encuentran en un mercado de fondos prestables. Los bancos son instituciones que actúan de intermediarios en ese mercado, recibiendo los depósitos de esos fondos y ofreciéndolos en préstamo a través de sus operaciones de crédito. En esa teoría la tasa de interés es el precio que permite equilibrar la demanda y la oferta de fondos prestables.

Esa visión de las cosas es aceptada por la mayor parte de la gente (y de los economistas). Pero está profundamente equivocada. La realidad es que los bancos comerciales privados realizan una operación de creación monetaria que nada tiene que ver con la noción de los depósitos de fondos que han sido ahorrados con anterioridad y que ahora son prestables.

Hoy los bancos otorgan préstamos cuando hay una demanda de crédito que les ofrece suficientes garantías para recuperar principal y obtener ganancias. Al realizar un préstamo, los bancos abren una cuenta para el nuevo deudor, como sucedería si hubiera realizado un depósito. En síntesis, los préstamos no necesitan un depósito anterior. Como dice una fórmula de autores postkeynesianos, los préstamos crean los depósitos.

Nótese que en la teoría de los fondos prestables, los fondos depositados en un banco son la condición necesaria para que el banco pueda hacer préstamos. La creación monetaria por los bancos (cuando otorgan un crédito) no requiere de depósitos (ni de ahorros). Aunque parezca increíble, los bancos crean dinero de la nada y la cantidad que pueden crear ex nihilo depende de los requerimientos legales de reservas que les impone la regulación bancaria. Entre menos reservas legales, mayor apalancamiento y mayor creación monetaria por parte de los bancos. Y también mayor inestabilidad para el sistema bancario.

Desde esta perspectiva, es correcto afirmar que los bancos no son intermediarios entre ahorro e inversión. Surge ipso facto una pregunta: ¿por qué una función tan importante como es la creación monetaria está en manos privadas? Esa interrogante es crucial. La mayor parte de la población de cualquier país probablemente se opondría a dejar una función tan importante en manos de empresas que persiguen un lucro privado.

¿Cuál es la relación entre la función de creación monetaria de los bancos y la crisis económica y financiera global? La desregulación bancaria abrió nuevas puertas para que los bancos entraran en operaciones cada vez más arriesgadas y especulativas. La capacidad de creación monetaria y la eliminación de reglas para operar en sectores especulativas fue una combinación explosiva. En Estados Unidos y en Europa, las operaciones de los bancos contribuyeron a incrementar artificialmente el precio de distintos activos, en especial de los bienes raíces. Debido a la bursatilización y otras formas de interdependencias en el sector financiero mundial, el colapso del mercado de hipotecas chatarra en Estados Unidos desencadenó la crisis en Europa. Se presentaron diversos mecanismos de transmisión, pero en todos ellos la función de creación monetaria por parte de los bancos comerciales desempeña un papel importante.

Mientras las raíces del colapso se mantienen intocables, en Europa la crisis se fue transformando en un problema de deuda soberana de varios países a los que ahora se imponen planes de austeridad fiscal que los hundirán todavía más. Es claro que el rechazo a ese castigo es justificado. Desde una perspectiva de política, lo que urge es recuperar el control público y democrático de la función de creación monetaria.

Alejandro Nadal

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/15/opinion/033a1eco

La destrucción del derecho laboral

Este título no es una metáfora, es la expresión de una realidad. Las medidas que acaba de aprobar el Gobierno y que vienen a modificar los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores, en realidad tan solo suprimen o recortan derechos de los trabajadores. Se habrá perdido por ello el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho. De hecho, eso es lo que se pretendía, porque  ¿qué significa sino "flexibilizar" y "desregular" las relaciones laborales? El Derecho del Trabajo era, hasta ahora, un conjunto de normas que disciplinaban aquellas relaciones, que ahora quedan sin regular o que pierden su valor. Por consiguiente, se está transfiriendo la fuerza del Derecho desde el código jurídico a las manos del más poderoso, que será siempre la empresa.

Entre las medidas adoptadas ocupa un lugar preferente la del "abaratamiento del despido". Los trabajadores, a partir de ahora, han de temer que les puedan despedir más fácilmente, y tendrán aún menos fuerza para oponerse a posibles decisiones de la empresa contrarias a la ley. De hecho, ni se atreverán a denunciar las arbitrariedades ante los tribunales, porque se encontrarán con que, incluso en el caso de que estos les den la razón, tal decisión no comportará el restablecimiento de sus derechos. La empresa se librará pagando un precio módico. Es decir, la empresa podrá comprar con dinero el silencio de la justicia.

Todo ello justifica la reacción indignada no solo de los sindicatos, como representantes de los trabajadores, sino de todos aquellos que saben que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que el código jurídico es un instrumento civilizador de las relaciones humanas. Es lamentable la miopía de muchos que no saben ver el daño que estas medidas harán al proceso que la Humanidad quiere recorrer hacia la justicia social. Lo veremos claramente cuando el panorama de las relaciones de trabajo de muchas empresas vuelva a parecerse más a un sistema feudal que a una democracia moderna.

La verdad es, no obstante, que de todo esto estábamos advertidos. La política neoliberal que se ha ido imponiendo en los últimos años en el terreno económico lo hacía presagiar. A mediados de los años ochenta ya había quien, entre los sabios laboralistas, nos pronosticaba, con complacencia, que muy pronto veríamos "el desmoronamiento del derecho laboral". El Derecho del Trabajo, juntamente con la Seguridad Social, se había convertido lentamente, con el tiempo, en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas, y vino a conquistar pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia social. Esta rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del empresario y las exigencias de justicia y participación de los trabajadores en la empresa. El Derecho del Trabajo trataba de canalizar la confrontación que comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y proporcionaba amparo al trabajador que se proponía establecer una relación laboral desde una posición solitaria, aislada y por lo tanto, débil. El Derecho disciplinaba, además, la acción colectiva de los trabajadores a través de la dinámica sindical.

Todo ello parecía indicar que la vieja lucha de clases estaba encontrando vías de superación y que la barricada se había convertido en código o en convenio colectivo. Parecía que los derechos fundamentales de carácter social y económico que el consenso universal estaba aceptando, iban penetrando, también, en el reducto de la empresa por la vía de la extensión de la cultura democrática. Daba la impresión de que lo justo y conveniente era seguir progresando por este camino, hasta convertir la empresa en un territorio de colaboración constructiva. Pero la llegada de una nueva crisis del sistema capitalista ha sido suficiente para que resonara machaconamente esa consigna de salvación: "Hay que flexibilizar el mercado de trabajo", "hay que desregular el Derecho del Trabajo". Pues bien, con las nuevas normas se ha dado satisfacción a estas pretensiones. Cuantas menos normas, mejor…

Este es, pues, el auténtico fondo de la cuestión. Si el Derecho son normas, lo que está haciendo el Gobierno es destruir con esta reforma una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificios y de luchas sociales. Y en cambio, lo que nos acercaría a una democracia avanzada –utilizando palabras del preámbulo de nuestra Constitución– sería un sistema cada vez más participativo en las decisiones que afectan a los ciudadanos a todos los niveles, también a nivel laboral. Y todo ello, ordenado de la manera más perfectamente posible por la regla del Derecho.

Por lo tanto, nadie puede negar que la reforma que ha de aplicarse a partir de ahora camina en sentido opuesto a estos horizontes de civilización y progreso. Es un intento de retorno a las fórmulas liberales más puras del laissez faire.

Una vez llegados a este punto, habrá que entrar en polémica con aquellos sectores que justifican la reforma como un mal menor necesario para reactivar la economía, crear nuevos puestos de trabajo y aligerar esa lacra social persistente que es el paro. Pero estos, seguramente, no se atreverían a poner la mano en el fuego y asegurar que esta reforma laboral pueda ser determinante para conseguir aquellos objetivos, y que no existen otras alternativas. En cualquier caso, el daño que se habrá hecho al equilibrio humano dentro de las empresas y al proceso histórico de la justicia social, será difícilmente reparable; habremos perdido así casi un siglo en el camino del progreso.

Francesc Casares i Potau, Andrés Pérez Subirana, Judith Barceló Cisquella y Jessica Bolancel Ferrer son abogados

El País

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