Este artículo señala las razones
por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la
Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder
que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que
tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas
que no deberían aceptarse.
La deuda pública acumulada por los
países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los
Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países,
pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal,
Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En
todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos
en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los
países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.
Frente a esta
situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la
consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería
pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda,
incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada
y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para
poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos
públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral
porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa
en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central
Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados
no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses
exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del
BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona
robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero
robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la
persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos
veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha
eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la
especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos
altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural,
29.11.12)
Por otra parte, es
importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden
conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse.
La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y
los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social.
Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando.
Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos
Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la
deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir,
los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a
ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen
donde apoyarse en el futuro.
Existe, sin embargo,
una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando
durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y
propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así,
en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE
calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en
propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en
inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan
Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards
Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula
que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada
podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que
contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda
pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable
que las cantidades fueran muy semejantes.
Otra área de ingresos
son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades
especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída
de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los
depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara
orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada
deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos
países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda
pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review
Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).
España, uno de los
países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir
fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza.
Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las
grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una
cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que
el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las
grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse,
beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses
elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
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