De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países
europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de
estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la
función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los
funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y
de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El
coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte,
agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos
indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las
empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas.
Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás
visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así
multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger
los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava
claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola
de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública
crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el
tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad
presupuestaria da su fórmula de triple A.
Pero los pueblos soportan
cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una
regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los
asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están
obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los
acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la
primera fila, pues la organización actual de la economía y de la
sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de
la precariedad, del trabajo parcial y subpagado [2] .
Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos
sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica
diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los
derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que
planteamos para esta lógica diferente.
La reducción del déficit
público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el
déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y
realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas
de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de
los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales
públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando
contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las
transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias
ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los
gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte
ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también
afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente
inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental
aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de
la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las
energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes
públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud
pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la
demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor
entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad
de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de
sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al
productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes
formas de opresión (racial, patriarcal...) y promover los bienes
comunes.
Para esto, hay que construir un amplio frente
anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las
energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en
práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y
climática.
1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis
Poner
fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad
absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas,
mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay
que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a
derogar los planes de austeridad.
2.- Anular la deuda pública ilegítima
La
realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control
ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y
soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una
anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir
fuertemente el resto de la deuda.
En primer lugar, no se trata de
apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores,
particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El
plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a
partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis
suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales
de la población griega y la soberanía del país [3] .
Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de
deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público
de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013! [4] Hay
pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal
como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de
deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano
unilateral muy fuerte.
¿Porqué el estado endeudado debe reducir
radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas
ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por
razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para
salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la
actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias.
Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada
con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos
fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda
pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más
ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida
compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de
las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón
por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues,
claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La
amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la
población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría
ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis
económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas
que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares
de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan.
En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y
Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la
mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y,
pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de
Europa.
Para las naciones ya sometidas al chantaje de los
especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea,
conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la
deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más
afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a
la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos,
que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los
argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda
identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas
publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los
países ofrecen una base legal para tal acción soberana unilateral [5] .
La
auditoría debe también permitir determinar las diferentes
responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los
responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante
la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones
privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas
deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas
pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que
además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no
es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues
importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de
indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o
medias.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos
ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente
condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel
en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la
justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.
En
lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad
según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en
términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como un
alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar
una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de
títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por
otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la
devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud
económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del
carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo
que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el
acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un
62% el stock de la deuda alemana estipulaba que la relación entre
servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. [6] Se
podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución
de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay
también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la
crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas
privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la
política de endeudamiento público con participación ciudadana,
imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo,
nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que
consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los
derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los
gastos relativos a la devolución de la deuda... Las pistas alternativas
no faltan.
3.- Por una justa redistribución de la riqueza
Desde
1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más
elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de
euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la
especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.
Hay
que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un
objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio
de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con
su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal. [7] El
objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el
impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas
(la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por
entero hasta el 90%) [8] ,
el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el
impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir
parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y
servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad,
calefacción, trasportes públicos, material escolar...), particularmente
por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y
servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que
favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma
disuasiva a las industrias contaminantes.
Varios países pueden
asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras,
particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los
ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de
favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.
4.- Luchar contra los paraísos fiscales
Las
diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus declaraciones
de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una
medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen
perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur,
recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un
Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las
empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de
transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un
montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros
negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de
delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan
desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo.
El
gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y
juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados
a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma
prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las
familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los
culpables fuertemente sancionados.
5.- Meter en cintura a los mercados financieros
La
especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas
producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente
incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía
real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para
tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La
dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la
especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas,
sobre los alimentos. [9] Las ventas a descubierto [10] y los Credit Default Swaps
deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de
productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a
toda reglamentación y a toda vigilancia.
El sector de las
agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y
encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los
estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica
objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la
mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones
catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país
puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe
pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a
esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El
comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las
dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La
fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros
hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya
responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no
está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad
económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin
protección, sin medios de control serio por parte de los poderes
públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño.
A
fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados,
hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales.
6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público
A
causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos
hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera
de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un
acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del
juego agrava el problema.
Hay que volver a lo fundamental. Los
bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido,
precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala
gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es
demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza
dinero público, goza de garantías por parte del estado y hace un
servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en
un servicio público.
Los estados deben encontrar su capacidad de
control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben
igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y
financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al
empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin
indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al
sector público bajo control ciudadano.
En ciertos casos, la
expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el
estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos
tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado
sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las
sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han
llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen
una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues
que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se
trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés
es emblemático, la forma en que la nacionalización del Irish Allied
Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la
población.
La opción que defendemos implica la eliminación del
sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de
depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de
inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos:
bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control
ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada.
Incluso si su
estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está
también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros
han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados
con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran
parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana y
de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio inmediato,
han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los
asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de
cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La
expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y
protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros
debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por
reparto.
7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980
Una
característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización
de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector
industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y
los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores
enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación
de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo,
deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas
públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la
población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio
climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las
viviendas.
8.- Reducir radicalmente el tiempo de
trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas
para realizar la justicia social
Repartir de otra forma las
riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los
asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace
varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han
aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando
los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente,
sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación
de la protección social y de los regímenes de jubilación.
Disminuyendo
el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se
mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a
quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de
trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de
vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del
consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el
aumento de la participación activa de las personas en la vida política,
en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la
creación cultural.
Hay igualmente que subir significativamente el
montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las
asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto
para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas
o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente
inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options,
las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas
derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada.
Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba
Platón hace ya 2400 años) con una globalización del conjunto de las
rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto.
9.
Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida,
a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la
destrucción medioambiental.
Un estado debe poder pedir
prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones,
por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las
energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados
por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas,
pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor
envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo
masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las
centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o
reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando
por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o
construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo
de energía y poniéndoles comodidades de calidad.
Hay que
definir con toda urgencia una política transparente de empréstito
público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del
empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de
vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el
recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad
redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que
proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas
privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar,
por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas,
obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la
inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria
obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por
ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se
eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para
el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación
positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión
racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades
hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un
reparto menos desigualitario de las riquezas.
10. Cuestionar el Euro
El
debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es
completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza
para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la
misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el
debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los
partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre
el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos
divide.
11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad
Numerosas
disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y
el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos
63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los
movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay
también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE
(Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que
reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un
verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto
de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente.
Hay
que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y
la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle
crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de
los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una
opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a
la inversa.
Cuando numerosos movimientos sociales
denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el
BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte
de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido.
Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los
intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de
los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las
cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de
los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por
alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren
perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.
Hoy,
actividades económicas muy diversas, como la inversión en la
construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente
especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe
imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben
ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente
sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la
situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es
igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos.
Una
Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir
dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia
abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su
fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos
protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de
quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los
derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las
víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos
fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa
diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad
entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para
ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no
uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes
disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución
“hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan
inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en
terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables,
lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben
imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los
pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa
diferente.
Esta Europa diferente democratizada debe
trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia
fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la
calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los
gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo
nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe
también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada
hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio
equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del
planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la
deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda
es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente
llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.
Traducido por Alberto Nadal
[1] Damien Millet (profesor de matemáticas y portavoz del CADTM France www.cadtm.org
) y Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM
Belgique, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien
Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida,
publicado en Icaria-Antrazyt, que recibió el Premio del libro político
en la Feria del Libro Político de Lieja en 2011. Último libro publicado:
Damien Millet et Éric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.
[2] Christiane Marty, « Impact de la crise et de l’austérité sur les femmes : des raisons de s’indigner et se mobiliser », www.cadtm.org/Impact-de-la-
[4] Ver Reuters, http://www.reuters.com/
Ver tambien Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, capitulos XXI y XXII
[6] Éric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, Viejo Topo, Barcelona, 2006, capitulo 4
[7] Pensemos
en Irlanda que practica una tasa de solo el 12,5% sobre los beneficios
de las sociedades. En Francia, la tasa real de imposición de las
empresas del CAC 40 no es más que del 8%...
[8] Señalemos
que esa tasa del 90% había sido impuesta a los ricos a partir de la
presidencia de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos en los años
1930.
[9] Éric Toussaint, La Cris is Global , Viejo Topo, Bercelona, capitulo 4 .
[10] Las
ventas a descubierto permiten especular sobre la bajada de un título
vendiendo a plazo ese título cuando ni siquiera se dispone de él. Las
autoridades alemanas han prohibido las ventas a descubierto mientras que
las autoridades francesas y las de otros países se han opuesto a esta
medida.
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