Una
superchería domina a menudo el discurso económico, la de la necesidad. Es
frecuente escuchar a los gobiernos que tal o cual medida es necesaria. “Ya nos
gustaría no tener que hacerlo, pero no queda otra alternativa”. Y esta letanía
es recogida y difundida por los altavoces mediáticos de los poderes económicos
que lo repiten una y otra vez, hasta que la población acaba aceptándola como
verdad indiscutible. Sin embargo, pocas realidades serán tan contrarias a la
ciencia económica como la necesidad. La economía comienza como disciplina allí
donde se da la posibilidad de elegir entre distintas opciones. En presencia del
determinismo, el problema económico desaparece.
Según la
famosa definición de Robbins, dos son los parámetros que enmarcan la actividad
económica: la escasez y la alternancia. Si falta cualquiera de estos elementos
no podemos hablar de problema económico. Escasez no se identifica con
necesidad, sino con limitación. Los recursos son limitados pero de usos alternativos.
Y ante cualquier medida económica siempre caben una o varias opciones. Bien es
verdad que la elección de una u otra nunca suele ser neutral. Se beneficia a
determinados grupos y se perjudica a otros.
Desde mayo
de 2010, los sucesivos gobiernos, primero el del PSOE y más
tarde el del PP, han ido adoptando
todo un abanico de medidas de tal calado que están modificando sustancialmente
la estructura social, el marco de relaciones laborales y hasta la misma
condición de nuestro Estado. El actual presidente del Gobierno ha pedido en
rueda de prensa “un pequeño esfuerzo” -¿pequeño?-, “unos pocos euros necesarios
para el sostenimiento de la educación o de la sanidad pública”. “Son cosas que
no nos gusta hacer”, ha dicho, “pero son totalmente necesarias para el
sostenimiento de la sanidad o la educación pública”. “En este momento no hay
dinero para atender el pago de los servicios públicos. No hay dinero porque
hemos gastado mucho”.
Esta
última aseveración, aplicada al Estado, carece totalmente de fundamento. Si
algún sector ha gastado mucho en la etapa anterior ha sido el privado. Se mida
como se mida, el sector público español se ha mantenido en un nivel de gasto
muy inferior al de otros países, como ahora se dice, de nuestro entorno, a los
que según se proclama se pretende imitar; y la comparación se hace mucho más
negativa para España si a lo que nos estamos refiriendo es a los gastos
sociales.
Los
problemas actuales de las finanzas públicas tienen su origen en la enorme caída
de los ingresos ocasionada por la recesión económica y por las tres reformas
fiscales extraordinariamente regresivas (dos del anterior gobierno del PP y una
del último gobierno del PSOE), instrumentadas principalmente en el IRPF y en el
impuesto de sociedades. En su momento, se vendía la peregrina idea de que no
iban a tener impacto en la recaudación y se propagaba el espejismo de que la
bajada impositiva se realizaba sin coste alguno, es decir, sin contrapartida,
sin aumento de otros impuestos o reducción y menoscabo de los servicios
públicos o de las prestaciones sociales. Ahora, sin embargo, se afirma que no
hay dinero y se opta por la peor solución posible que es la de hacer pagar al
usuario.
En esta
materia, como en cualquier otra de las áreas de la disciplina económica, las
alternativas existen. Los servicios públicos se pueden financiar mediante
impuestos o a través de un precio; cuando se mantiene que son insostenibles lo
único que se está diciendo es que no se desea sufragarlos mediante tributos.
Financiarlos total o parcialmente a través del precio no es más que una opción,
y una de las peores porque se hace depender la educación o la asistencia
sanitaria de la capacidad económica del usuario, destruyendo la igualdad de
oportunidades que, aunque escasa, el Estado social había generado.
La excusa
de aplicar la progresividad al copago carece totalmente de fundamento. Para eso
existen los impuestos que se pueden hacer tan progresivos como se desee.
Además, aumentarán enormemente la carga burocrática y el coste de tramitación,
tanto más si se lleva a cabo, como es lógico, por departamentos ministeriales
ajenos al de Hacienda desconocedores por completo de este tipo de
procedimientos. Volvemos a ser testigos de ocurrencias sin reflexión y estudio,
de modo que se cometerán de nuevo burdas equivocaciones como la de caer en el
error de salto, creando enojosos agravios comparativos.
Juan Francisco Martín Seco es un analista económico español.
Sin Permiso
No hay comentarios:
Publicar un comentario