miércoles, 30 de mayo de 2012

Todo el dinero que haga falta

Entiendo que puede resultar algo repetitivo este comentario, pero ¿cómo permanecer en silencio cuando una vez más las autoridades públicas manifiestan que no hay problema ninguno para salvar a los banqueros mientras que recortan los recursos que salvan a las personas?

El ministro de Guindos ha dicho de nuevo que habrá todo el dinero que haga falta para capitalizar Bankia, esto es, para dejarlo limpio y en buenas condiciones para privatizarlo cuando llegue el momento, que es lo que harán sin ningún tipo de duda, porque si desearan mantener un banco público ya lo habrían creado y no precisamente a base de material de derribo.

Es normal que la gente se indigne cuando se entera de estas cosas. ¿Cómo se puede explicar que no haya límites impuestos por el déficit y la deuda a la hora de destinar dinero público a los bancos y que al mismo tiempo no haya ni un euro para los servicios públicos?

¿Cómo es posible que el gobierno se disponga a inyectar miles de millones de euros a Bankia sin depurar primero responsabilidades, sin poner sobre la mesa la gestión que han llevado a cabo sus directivos, el daño que ha hecho al erario público la injerencia constante de los gobernantes “liberales” de la Comunidad de Madrid que tan contrarios al intervencionismo se proclaman constantemente? ¿Cómo se puede aceptar que el Gobierno de Rajoy esté todos los días con el sambenito del cafelito de los funcionarios y del coste que suponen para el Estado y no se pare a plantear cuánto nos va a costar a los españoles la gestión de Rato y de sus estrategas?

¿Por qué dar por hecho que hay que poner dinero público en Bankia cuando se sabe que lo que ha ocurrido allí es el resultado de una serie de pasos estratégicamente dados para llegar a la situación en la que estamos?

¿Y cómo se puede aceptar la desfachatez de que el gobierno recurra a los auditores más tramposos del planeta para que pongan en claro las cuentas de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA)? ¿A quién quiere engañar el Gobierno contratando a los embusteros más grandes del sistema financiero mundial para que proporcionen ¡¡transparencia!!? ¿Cómo se puede consentir que el Ministro de Economía contrate a Goldman Sachs para aclarar la situación de la banca española cuando es el banco que más ha faltado a la verdad y que más estafas ha cometido en los últimos años cuando? ¿Quién ha impuesto que la auditoría la haga alguien que se sabe que va a mentir, que no ha dado nunca punta con hilo, que ha falseado las anteriores que ha hecho para justificar, en cada momento, lo que le interesaba a él mismo o a sus patrones y socios? ¿Cómo es que se hacen cuenta permanentemente sobre lo que vale una operación de nuestros hospitales, las clases que dan nuestros maestros o la atención de nuestros mayores y el Gobierno no cae en lo que nos va a costar que nos haga los números un par de auditores delincuentes?

El Gobierno de Rajoy sigue sin tomar ni una sola medida que garantice de verdad lo que es fundamental conseguir: la financiación de las empresas y de la economía en su conjunto. Simplemente se dedica a administrar los intereses de los dos o quizá tres grupos bancarios que van a terminar siendo los amos en solitario del sistema financiero español.

A quien hay que darle todo el dinero que haga falta no es a entidades financieras quebradas y a los banqueros que han provocado la situación en la que nos encontramos porque lo van a utilizar para volatilizarlo sobre la marcha en sus balances. Quien necesita ese dinero son las pequeñas y medianas empresas que han de pagar el escasísimo crédito que ahora reciben al 12 o 15%, o incluso al 30% si se da en circunstancias más extraordinarias o urgentes.

Los propios errores del gobierno (del actual y del anterior, todo hay que decirlo) o su complicidad y dependencia con el gran capital financiero, le restringe cada vez más el margen de maniobra. Cada día que pasa pierde posibilidades de actuación y se ve más obligado a discurrir por un camino que se estrecha continuamente, que ya casi es como el de una cuerda floja. Pero está a tiempo, a pesar de todo. Aunque no puede actuar de cualquier forma.

No basta con afirmar ahora que Bankia actuará como un buen banco público (y no solo nacionalizado) porque eso es insuficiente. A estas alturas se requiere algo más que un banco. Es necesario un sistema de financiación a la economía y, por ello, también un protocolo de actuación financiera que obligara no solo a otros más que se nacionalizaran, sino a todo el conjunto del sistema. La economía española está al borde del colapso por falta de aire financiero, de crédito. Si no se le proporciona pronto, se viene abajo.

El Estado está aún en condiciones de poner en marcha un motor financiero que la pusiera de nuevo en movimiento y en otro vía distinta a la insostenible que ha seguido años atrás.

No queda mucho tiempo pero quizá no sea la premura de tiempo lo más preocupante sino la anestesia que domina a la población en general, a los empresarios, que se encaminan a miles hacia el cierre y la ruina nublados por una visión ideologizada de la realidad impuesta desde la banca y la gran empresa que los ahoga; a los trabajadores, que han caído en la falacia de creer que lo que mejor les conviene es tratar de salvarse ellos mismos; a la mayoría de los jóvenes, que nada parece poder despertarles del sueño que ni siquiera es de Morfeo en el que los mantenemos.

¿Reaccionaremos o nos seguirá pareciendo lógico, natural y aceptable que se disponga de todo el dinero necesario para los banqueros mientras que nos quitan a los demás hasta el aire?

Juan Torres López
Rebelión

sábado, 26 de mayo de 2012

¿Por qué se ha creado la crisis?

El artículo señala que la manera como se diseñó la estructura de gobierno del euro tuvo como objetivo asegurar el poder del capital financiero a costa del bienestar de las clases populares de los países miembros de la Eurozona, posibilitando un ataque frontal a la Europa Social.

Todos los datos, muestran que las políticas de austeridad, que promueven recortes del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la reducción de los salarios –la llamada devaluación doméstica- han sido un fracaso, y han creado un enorme daño a la mayoría de las clases populares. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué, entonces, si la evidencia de su fracaso es tan robusta, continúan imponiéndose a las poblaciones de los países de la Eurozona? Una respuesta podría ser que los diseñadores de tales políticas son gente incompetente. Es cierto que hay gran número de expertos que asesoran a las autoridades que toman las decisiones conducentes a la aplicación de aquellas políticas de austeridad que son claramente incompetentes. Las predicciones de recuperación de las economías de la Eurozona son un ejemplo de ello. Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), ha documentado el cálculo erróneo de tales predicciones por parte del FMI, del BCE y de la Comisión Europea, alcanzando, en el caso de Grecia, predicciones irrisorias, que harían reír si no fuera por las trágicas consecuencias que conlleva su aplicación (los suicidios en Grecia crecieron un 40% en un año, según The Lancet).

Ahora bien, el problema es mucho mayor que la incompetencia. Es un problema de fe en un dogma, el dogma neoliberal, que imbuye tales instituciones y que se reproduce debido a que sirve intereses muy específicos, intereses de clase (sí, de clase social), tanto financiera como empresarial, que han diseñado un sistema de gobernanza de la Eurozona que lleva inevitablemente a estos resultados, resultados que coinciden con sus objetivos, que no son otros que cambiar Europa, convirtiendo la Europa social en la Europa liberal. Y para conseguirlo y vencer las resistencias populares, han creado una gran recesión, imponiendo tales políticas (imponiendo porque no hay ningún gobierno que las aplique que tuviera tales políticas en su programa electoral) con el argumento de que no hay alternativas. En realidad, tal objetivo aparece claramente en las declaraciones del Sr. Draghi al Wall Street Journal (24.02.12), donde afirma que la Europa social está desapareciendo, refiriéndose a España como un ejemplo de ello. Indica en su entrevista que en España, con una tasa de desempleo juvenil superior al 50%, ya no existe protección social universal (el gobierno PP ha anulado la universalidad del sistema nacional de salud, de manera que las personas de más de 26 años no tienen garantizada la cobertura sanitaria a no ser que hayan cotizado a la Seguridad Social). Esto es lo que intentan, y lo están consiguiendo. Es lo que Noam Chomsky ha llamado la guerra de clases unidireccional.

Los instrumentos para conseguirlo son dos. Uno es el Pacto de Estabilidad (al cual se añadió el término “Crecimiento”, a propuesta del gobierno socialista francés del Sr. Jospin, sin que se le dotara de instrumentos para facilitar tal crecimiento) que fuerza a los Estados a tener un déficit público por debajo de un 3% del PIB y que dificulta enormemente la recuperación económica en momentos de recesión, como está ocurriendo ahora. De ahí que cuando hay una recesión, el Estado recorta los gastos públicos, incluido el gasto público social, a fin de reducir el déficit público originado por la bajada de ingresos al Estado como consecuencia de la recesión. La recesión es, pues, una manera de forzar el desmantelamiento de la Europa social (a través de una reducción de la protección social y de los salarios). En realidad, la entrada de España al euro (que requería una reducción del déficit del Estado) se consiguió a base de aumentar el enorme déficit de gasto público social que España tiene en relación con el resto de países de la UE-15. Este Pacto de Estabilidad se quiere ahora sustituir por un Pacto fiscal incluso más restringido, en el que en lugar de un 3% del PIB, el déficit tendrá que ser prácticamente cero (sí, ha leído bien, cero). Esto es un ataque frontal a la Europa Social y a la posibilidad de salir de la recesión.

El otro instrumento que se creó para eliminar la Europa social es el Banco Central Europeo que, en realidad, no es un banco central. Esta afirmación sorprenderá a mucha gente, pero los hechos así lo muestran. Un banco central imprime dinero, y con este dinero ayuda al Estado comprándole deuda pública, manteniendo los intereses de sus bonos relativamente bajos. Protege así a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros sobre su deuda pública. En ausencia de tal protección, los mercados financieros (sobre todo los bancos y las compañías de seguros) especulan con la deuda pública, creando la percepción de que los Estados tienen problemas para pagar su deuda, forzándole así a tener intereses altos en sus bonos. Si hubiera un banco central en cada país, este banco central imprimiría dinero y compraría deuda pública del Estado bajando así los intereses de los bonos e impidiendo la especulación por parte de la banca privada (los llamados mercados financieros).

Pues bien, el Banco Central Europeo no hace esto. Sí que imprime dinero, pero se lo da (a un interés bajísimo, de un 1%) a los bancos privados para que compren bonos públicos (a unos intereses mucho más elevados, un 6% en el caso de los bonos públicos españoles). Es un enorme negocio para la banca a costa de los Estados. Y ahí está el problema. Sin un Banco Central que les proteja, los Estados están totalmente expuestos a la especulación. No son los mercados financieros el problema, sino la ausencia de un Banco Central, hecho que está diseñado de esta manera para debilitar a los Estados a fin de que tengan que reducir su gasto público y su protección social y facilitar la disminución de los salarios.

Se dice que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda pública. Ello responde a la lógica que acabo de explicar. Pero hay que saber que el BCE lo hace en bases excepcionales cuando el Estado está a punto de quebrar y no puede pagar su deuda pública, como consecuencia de no estar protegido frente a los mercados financieros. Cuando está a punto de colapsar, interviene entonces, comprando deuda pública para que baje los intereses de la misma. Con ello evita que el Estado se colapse y los bancos pudieran estar colgados con gran cantidad de deuda pública que no pueden recuperar debido al colapso del Estado. Es como si hubiera una sanguijuela que chupa la sangre del cuerpo y que, como resultado de ello, la persona estuviera a punto de morir y le inyectaran sangre para que pudiera continuar viviendo y así la sanguijuela pudiera continuar chupándole la sangre.

Ahora bien, cuando el BCE compra deuda pública al Estado, le exige como condición que desmantele su Estado social, es decir, que recorte la protección social y baje los salarios. Ésta es la realidad que se oculta a la ciudadanía en los medios. El problema no son los mercados financieros, como constantemente acentúa gran parte de las izquierdas, sino el edificio construido para sostener el euro, que deja a los Estados totalmente vulnerables, lo cual era el objetivo de la avalancha neoliberal.

Vicenç Navarro  

viernes, 25 de mayo de 2012

CDS sobre Deuda Soberana: Que son y cómo funcionan? El Ejemplo Grecia

A finales de los noventas una división de JPMorgan desarrollo un mecanismo financiero diseñado especialmente para proteger a clientes de pérdidas derivadas del default de bonos u otros instrumentos financieros en su posesión. Dicho instrumento recibió el nombre de Credit Default Swap (CDS), y en poco menos de una década paso de ser una obscura invención de la ingeniería financiera a convertirse en una de las herramientas preferidas para llevar a cabo especulación financiera a gran escala que tiene lugar hoy en día. De ahí la importancia de entender como dicho instrumento funciona y el rol central que están jugando en las discusiones sobre la crisis de la deuda soberana en Europa.

En términos prácticos, un CDS cumple la función de un seguro sobre un instrumento financiero. Como en el caso de los seguros, la entidad que busca la protección sobre un activo (un crédito o bono) se compromete a hacer pagos regulares a cambio de protección por parte de la aseguradora en caso de default. Sin embargo existe una diferencia clave con los seguros tradicionales. Para obtener un seguro tradicional, es necesario ser el propietario del activo sobre el cual se adquiere la protección. Por ejemplo, una persona puede adquirir un seguro sobre un automóvil o vivienda que sean de su propiedad, pero no puede hacer lo mismo sobre el auto o vivienda de su vecino. La razón detrás de este impedimento tiene que ver con la creación de incentivos perversos para la destrucción de propiedad ajena. Si fuera posible para una persona adquirir seguros sobre la propiedad de otras personas, en este caso de su vecino, estaría en su interés incendiar el carro o vivienda de este para así obtener la compensación monetaria entregada por la compañía de seguros. Un resultado de este tipo seria claramente indeseable tanto desde el punto de vista individual como socia.

Tal impedimento no existe en el caso de los CDS. Un CDS puede ser adquirido y transado por cualquier persona o entidad sin que esta deba tener alguna relación de propiedad con el crédito o bono sobre el cual se origina dicha herramienta financiera. Esta característica especial de los CDS tuvo dos consecuencias. Primero, al diferenciarse de los seguros y derivados financieros tradicionales, permitió escapar a los CDS de la regulación que opera en ambos segmentos convirtiéndose así en una sección especialmente opaca de los mercados financieros internacionales. Segundo, al permitir comprar o vender posiciones referenciadas sobre un activo financiero al cual no se tiene acceso facilita la especulación por montos que algunas veces pueden ser múltiplos del valor del activo referenciado. Un ejemplo práctico de las profundas implicaciones de este segundo elemento pueden ser encontradas en el colapso de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Gracias a los CDS pudieron realizarse apuestas especulativas en el orden de miles de millones de dólares sobre hipotecas avaluadas en millones de dólares. Esto es, los CDS permitieron expandir de forma exponencial la especulación sobre dichas hipotecas y en última instancia las pérdidas que se derivaron de la caída en el valor de estas.

Ante el colapso de este segmento del mercado, y la lógica irrefrenable del capitalismo financiero de mantener el crecimiento a una tasa de interés compuesto, los CDS comenzaron a ser utilizados de forma masiva en otras aéreas de los mercados financieros. Uno de los segmentos más dinámicos posterior al 2008 ha sido el de CDS sobre deuda soberana europea, donde se estima que existen posiciones brutas por un valor superior a un millón de millones de dólares. De hecho, como referencia Michael Lewis en su último libro “Boomerang”, fueron precisamente aquellos individuos e instituciones que hicieron una fortuna comprando CDS en contra del sistema de hipotecas de los Estados Unidos, los primeros en acumular significativas posiciones a través de este mismo instrumento en contra de la deuda soberana de países de la zona euro. De la misma forma que la euforia especulativa que tuvo lugar en Estados Unidos se baso en la capacidad de hogares de asumir deudas muy por encima de sus capacidades financieras, la prosperidad reciente de países como España o Irlanda se baso en la capacidad del sector privado y financiero de dichos países de acumular deudas superiores al ingreso nacional. En ambos casos, los CDS se convirtieron en la herramienta de aquellos especuladores que identificaron la insostenibilidad de dichos patrones para hacer fortunas, con el equivalente en el mundo de los seguros, de beneficiarse de la destrucción de la vivienda del vecino.

Un caso útil para comprender como operan y cuáles son los problemas que crean los CDS en el mundo de la deuda soberana, es la evolución de dichos instrumentos referenciados a la deuda pública de Grecia. Tras la implosión de Wall Street en Septiembre del 2008, se produjo un inusitado crecimiento en las posiciones netas |1| de CDS sobre deuda pública griega, las cuales en el 2009 se incrementaron en más de 2 mil millones de dólares, o más de 35%. Es importante resaltar que en este periodo se mencionaba de forma recurrente la capacidad del euro de mantener protegidos a sus miembros más débiles de ataques especulativos. Por ende el costo de comprar protección en la forma de CDS sobre un default de Grecia era relativamente bajo con un precio de 10 puntos básicos. En lenguaje simple esto significa que para comprar protección sobre 100 millones de euros en deuda pública de Grecia era necesario pagar 10 millones de euros a lo largo de la duración del contrato. Debido a que la mayoría de los contratos de CDS tienen una duración de 5 años, esto implicaba un costo anual de 2 millones de euros para mantener el CDS. De esta forma las entidades que entraron al mercado en dicho momento realizaron una apuesta en la cual si Grecia mantenía los pagos sobre su deuda pública en el periodo 2009-2014 podían perder un máximo de 10 millones de dólares, equivalente al costo de aseguramiento. Si por el contrario Grecia caía en default o reestructuraba su deuda podían llegar a ganar un máximo de 100 millones de dólares, el pago de la póliza del CDS, para un beneficio de 1000% sobre el riesgo asumido.

Ante una perspectiva de ganancia de tal magnitud, no sorprende encontrar que la situación empezó a cambiar radicalmente a lo largo del 2010. Las tasas de interés sobre la deuda pública griega empezaron a elevarse de forma significativa y se hizo evidente que era solo una cuestión de tiempo antes que el país helénico tuviera que recurrir a ayuda externa o a una restructuración para mantener las finanzas publicas a flote. Es en este periodo, alrededor de Junio de 2010, que los costos de los CDS sobre deuda pública griega comienzan a elevarse de forma significativa pasando de 10 puntos básicos a cerca de 80 puntos básicos en Febrero del 2012. La realización que la probabilidad de un default de la deuda pública griega era mucho más alta de lo que la mayoría de los agentes en el mercado pensaba inicialmente afecto no solamente los costos de obtener protección sobre dicho evento, sino también la disposición por parte de entidades financieras de ofrecer tal protección en la forma de CDS. Así, de forma paralela al incremento de los precios de CDS sobre deuda pública griega, las posiciones netas empezaron a caer. De un pico máximo de más de 9000 millones de dólares en Noviembre del 2009, las posiciones netas se redujeron progresivamente hasta alcanzar 3.100 millones de dólares en Febrero del 2012. Ambos fenómenos están relacionados. En la medida en que se hizo evidente que el default era cuestión de tiempo, las instituciones que vendieron inicialmente sobre CDS buscaron formas de vender este riesgo a una tercera parte o directamente llegar a un acuerdo con el comprador inicial del CDS para terminar el contrato con un pago en efectivo, reduciendo así los montos máximos a ser pagados en caso de default.

Desde el punto de vista de los compradores de CDS sobre deuda pública griega, la decisión de terminar los contratos a cambio de pagos en efectivo antes de esperar el default, y por ende maximizar las ganancias asociadas al CDS, se puede entender si se tiene en cuenta que dicho default era un evento probable pero no 100% seguro. Una vez comenzaron las negociaciones del gobierno de Grecia con la Troika para inicialmente recibir un paquete de ayuda, y posteriormente reestructurar la deuda del país, no existía claridad sobre si una reestructuración que incluyera a la mayoría de los acreedores podría ser denominada un evento de crédito y de esta forma activar los CDS. La International Swaps and Derivatives Association (ISDA), entidad encargada de decidir la activación y monto final de compensación de un CDS tomo una actitud ambivalente al respecto y creo un alto grado de incertidumbre. El debate se concentro sobre la posibilidad que las autoridades europeas lograran forzar la mano de la ISDA y la obligaran a declarar el proceso de restructuración como voluntario y de tal forma evitar la activación de los CDS con el objetivo de reducir la inestabilidad en los mercados. Ante la posibilidad de salir sin ninguna ganancia, un número importante de inversores con posiciones en CDS griegos actuaron como apostadores profesionales de casino y transformaron sus fichas en efectivo, llegando a acuerdos con las instituciones las cuales les vendieron inicialmente dichos instrumentos.

Por otra parte un grupo de inversores con posiciones en CDS griegos prefirió doblar sus apuestas adquiriendo bonos de deuda pública de Grecia. A primera vista esta decisión no tiene sentido, toda vez que los CDS representan una apuesta a que dichos contratos de deuda no serán cumplidos. Sin embargo el objetivo no era obtener beneficios financieros con los bonos per se. El objetivo real de la compra de bonos por parte de este grupo de inversores era lograr ser incluidos en las discusiones entre el gobierno de Grecia y los tenedores privados de bonos que tuvieron lugar previo a la reestructuración de la deuda griega de mediados de marzo del 2012. En dichas negociaciones, los tenedores de CDS pedían al gobierno de Grecia, que en contra de los intereses del resto de los tenedores de bonos, redujeran al mínimo los pagos derivados de la reestructuración. La explicación de esta paradójica situación es sencilla. Mayores pérdidas sufridas por parte de los tenedores de bonos implicarían mayores beneficios derivados de los CDS.

Así, inversores con CDS que participaron en las negociaciones de reestructuración se convirtieron en uno de los principales obstáculos para lograr un acuerdo en estas, eventualmente logrando que la reestructuración fuera denominada un evento de crédito. El anuncio oficial de un acuerdo para hacer un canje de deuda tuvo lugar el 9 de Marzo. Inicialmente, el 85% de los acreedores acepto canjear los bonos de deuda pública griega por nuevos bonos con un valor equivalente al 53% de los antiguos bonos. Esta cifra se elevo a 95% una vez fueron utilizadas clausulas de acción colectiva (CAC), que forzaron a otro grupo de inversores a aceptar el canje. El uso de CAC fue utilizado por el ISDA para declarar, el mismo 9 de marzo, el canje como un evento de crédito y por ende activar los CDS. Dicha declaración dio paso a la organización de la última etapa asociada a un contrato de CDS, el cálculo del monto final a pagar por parte de las entidades que venden protección.

Debido a que los CDS referencian precios de otros contratos financieros, como bonos de deuda pública, su valor depende del llamado valor de recuperación de dichos contratos tras la declaración del evento de crédito. Esto es, aun después del default, un contrato financiero conserva cierto valor que depende de la probabilidad que inversores, en la mayoría de los casos vulture funds, asignen de recuperar una pequeña porción del crédito original. En el caso de default corporativos, dicha probabilidad es relativamente alta por lo que el valor de recuperación normalmente se encuentra en el rango de 50 a 70 centavos sobre el dólar. En los casos de default de deuda pública este número es muy inferior y se encuentra regularmente en el rango de 10 a 30 centavos sobre el dólar. Debido a que un CDS referencia el valor del bono a par, es decir 100 centavos sobre el dólar, el pago final del CDS se calcula como la diferencia entre el valor a par y el valor de recuperación. Ello implica que desde la perspectiva de los tenedores de CDS, menores valores de recuperación que infringen mayores pérdidas sobre los tenedores de bonos, maximizan sus ganancias especulativas.

La forma como la ISDA determina los valores de recuperación, y por ende los pagos finales de los CDS, es la realización de una subasta sobre los bonos que han sido declarados en default. Tales subastas tienen un carácter especial toda vez que en la mayoría de los casos los tenedores de CDS sobrepasan en número a las entidades tenedoras de bonos. Al mismo tiempo toda vez los bonos en default tienen un carácter ilíquido, toda vez circulan muy poco en los mercados, las transacciones que tienen lugar en el marco de la subasta son relativamente pequeñas comparadas con el valor de los CDS. Para el caso de Grecia, la subasta fue realizada el 19 de Marzo en un proceso de 2 etapas. En la primera parte, los tenedores de bonos en default anuncian precios de compra y venta con los cuales están dispuestos a negociar tales instrumentos. En la segunda etapa, los participantes anuncian si están dispuestos a comprar o vender de acuerdo a los precios fijados en la primera etapa del proceso. En la subasta del 19 de Marzo se vendieron bonos por un valor total de 291 millones de euros y el valor de recuperación fue fijado en 21.5 centavos. De tal forma el valor de pago de los CDS fue fijado en 78.5 centavos, generando obligaciones de pago por un total de 2.5 millardos de dólares (cerca de 10 veces el valor de los bonos transados en la subasta) sobre 3.1 millardos de dólares de posiciones netas de CDS existentes. Es decir que en el caso de aquellos inversores que adquirieron CDS antes Junio del 2010, y mantuvieron sus posiciones hasta el final, estos instrumentos les reportaron una ganancia del 785%. Con este número en perspectiva, no sorprende entonces encontrar que los CDS se hayan convertido en la herramienta perfecta para la especulación financiera a gran escala.

Sin embargo en la misma escala que permiten crear el potencial para dicha magnitud de ganancias de carácter especulativo, representan un riesgo para la estabilidad de los mercados financieros. Primero, al permitir crear posiciones que representan un múltiplo del valor del activo real al cual referencian, los CDS incrementan de forma exponencial las perdidas asociadas a un pánico financiero. Segundo, los CDS crean la ilusión de disminuir dicho riesgo toda vez representan un mecanismo de aseguramiento. La realidad es que las pérdidas derivadas de un default son trasladadas a la entidad que vendió la protección en la forma de CDS. Es decir que las ganancias generadas de un CDS dependen directamente de la capacidad de las entidades que venden dicha protección de cumplir los contratos. Como demostró AIG en 2008, en el caso de pánicos financieros este no es el caso. Tercero, al depender de la declaración de eventos de crédito o default, los CDS incentivan comportamiento fraudulento que lleve al colapso de las entidades o países sobre los cuales están referenciados.

Teniendo estos elementos en cuenta los CDS deberían ser en el mejor de los casos completamente eliminados de los mercados financieros. En el peor, deberían ser regulados como mecanismos tradicionales de seguros que limiten las posiciones en CDS a las posiciones reales en activos financieros y que obligue a las entidades interesadas en vender tales instrumentos a incrementar de forma significativa sus reservas para perdidas. Mientras medidas de este tipo no sean tomadas, la inestabilidad financiera solo puede exacerbarse y la destrucción de países enteros en el nombre de las ganancias derivadas de los CDS un evento normal y recurrente en los mercados financieros.

Daniel Munevar
CADTM

jueves, 24 de mayo de 2012

JP Morgan: El canario en la mina

Durante siglos, el canario sirvió de instrumento para la detección de gases venenosos en las minas de carbón, su canto era signo de vida para los mineros. Hoy es solo una metáfora aplicada a menudo en el mundo financiero como sinónimo de advertencia de peligro inminente.
Como el canario en la mina de carbón ha sido visto el escándalo de las pérdidas de 2300 millones de dólares del banco JP Morgan Chase – apenas comentado en los medios españoles - porque una vez más se ha puesto de manifiesto la amenaza destructiva de los trader o agentes-comisionistas con sus enormes operaciones especulativas de alto riesgo. Y los riesgos corridos por este banco global, han podido poner en peligro su misma estructura y el sistema mundial. Porque JP Morgan es un banco de 2,5 billones (trillion) de dólares, en torno a un 20 % de la economía de los EEUU (PIB). Y si cayera sería un shock para la economía mundial mayor que el colapso de Lehman Brothers; y por tanto tendría que ser protegido por la Reserva Federal. Es el típico ejemplo de banco “demasiado grande para dejarle quebrar” (too big to fail). Es la dimensión a que aspira alcanzar cualquier gran banco de modo que al representar un riesgo para todo el sistema tiene garantizado su rescate por el Estado norteamericano o por los Estados más afectados. Un problema serio que el G-20 renunció a resolver y que es una amenaza permanente.
A los irritados accionistas reunidos en Tampa (Florida),  Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan confesó que esas pérdidas eran el resultado de un “error mayúsculo” del banco. Otras informaciones señalan que uno de sus veteranos expertos en la Oficina principal de inversión en la City londinense habría “invertido” hasta 250,000 millones de euros con las apuestas conocidas como derivados de crédito, los CDS, siguiendo una “estrategia de protección”; es decir,  para “asegurarse” frente a los riesgos de pérdidas en sus operaciones especulativas con bonos soberanos europeos y con bonos corporativos. El típico producto financiero que está sirviendo a los especuladores para apostar por el rescate de la economía española.
A JP Morgan se le atribuye la invención de los CDS, crédit default swaps, aprovechando el hundimiento del Exxon Valdés, como  relatamos en el libro El Casino que nos gobierna. Que ante todo son un instrumento para diseminar el riesgo de las operaciones bancarias entre los demás operadores de los mercados financieros; el fin último de estos falsos seguros de crédito. El episodio citado, al parecer, muestra que la tarea encomendada a su oficina de la City es asegurar los riesgos que corre JP Morgan en los mercados de los bonos. Es decir, intervenir en un mercado parasitario en el que se vende o se compra la probabilidad de que un bono soberano o de empresa vaya a perder el rating o su valor actual en el mercado. Según se ha contado, dos hedge funds o fondos especulativos, dos tiburones, tuvieron noticia de las operaciones de JP Morgan y especularon a su vez en su contra obteniendo ganancias millonarias a costa del primer banco estadounidense.
Un aspecto destacado en la prensa estadounidense, es que Jamie Dimon, prototipo de la arrogancia de Wall Street, se ha venido destacando por su combate abierto contra la reforma financiera de Obama. Una labor ejercida con eficacia por los lobbys de Wall Street contra la pretensión de limitar la dimensión de la especulación bancaria en los mercados financieros, recogida de  modo aguado en la Ley Dodd -Frank del verano de 2010; y que hasta la fecha no ha logrado plasmarse en normas reglamentarias, precisamente por la presión de estos lobbys. A pesar de que esta propuesta tenía el patrocinio del veterano ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, que goza de un gran respeto y prestigio en los EEUU por sus veinte años al frente de este Banco central; y al que acudió Obama en busca de apoyo.
Para colmo, este escándalo ha sacado a la luz la imbricación de la gran banca con las autoridades estadounidenses, porque Dimon es miembro del consejo de la Reserva Federal de Nueva York, un organismo supervisor de las actividades bancarias. Y ha motivado que varias voces se hayan alzado para pedir su dimisión de tal cargo. Una petición reiterada en un largo comentario del periódico digital The Huffington Post, Simon Johnson, profesor del MIT y ex economista jefe del FMI, que días antes se refería los hechos reseñados con la metáfora del canario en la mina en una entrevista de Common Dreams.org del 17 de mayo; en la que insistía en que la gente tiene que entender el vínculo entre lo que hacen los bancos y los problemas de los déficit públicos, lamentándose de que muchos ciudadanos ilustrados se empeñen en ver todo esto como muy complicado y se desentiendan de los detalles, mientras juegan con nuestras vidas cotidianas un puñado de poderosos banqueros que logran privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, sometiendo a los gobernantes a los dictados de “los mercados”.-
 
Juan Hdez Vigueras
El Casino que nos gobierna

miércoles, 23 de mayo de 2012

España atrapada por las mentiras de la banca

Desde los primeros momentos de la crisis sorprendió que nuestras autoridades afirmaran que los bancos españoles eran los más solventes del mundo, que estaban, decía Zapatero, en Liga de Campeones. Era chocante que los nuestros tuviesen tan buena salud cuando la inmensa mayoría de la banca mundial estaba literalmente quebrada. Se decía que era debido al magnífico papel de supervisión desempeñado por el Banco de España, pero eso tampoco casaba con las denuncias de pasividad que habían hecho pocos años atrás sus inspectores ante el gobernador Caruana y el Ministro Solbes. Y, desde luego, con el hecho evidente que cualquiera conocía, por muy poco experto que fuese en temas financieros: la salvaje financiación que nuestra banca había realizado a una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia.

¿Cómo era posible que no les hubiera dejado créditos sin cobrar cuando todo se vino abajo? ¿Cómo se explicaba que no tuviese problemas un sistema bancario que en 2007 solo recibía 0,76 euros en depósitos por cada euro de crédito que concedía (casi la mitad de lo que recibía en 2000, 1,43 euros)? ¿Cómo podía creerse que estaba, o que podría mantenerse en Liga de Campeones un sistema bancario que en ese mismo periodo había multiplicado por nueve el crédito a una actividad inmobiliaria que se estaba volatilizando, y que había pasado de recibir 78.000 millones de euros de financiación interbancaria europea a 428.000 millones, también entre 2000 y 2007? ¿Cómo se podía creer que no tenía problemas o que no los tendría pronto un conjunto de bancos que había financiado miles de préstamos hipotecarios a más del 100% del valor de la vivienda (en época de subida artificial de precios) o de préstamos a empresas también a más del 100% del valor de la inversión?

Y, sobre todo, ¿cómo podía creerse que estaban en buena situación si a la hora de la verdad habían dejado de dar créditos a las empresas y consumidores, dejando así que se hundiera nuestra economía?

La respuesta a estas paradojas es esencial para comprender lo que ha ocurrido en España y lo que nos va a suceder muy pronto.

Los banqueros tienen un poder extraordinario en Europa, en donde hacen y deshacen normas a su antojo, pero los españoles tienen en nuestro país una influencia política, mediática y social incluso mucho mayor que en otros lugares. Perdonan desde hace años los créditos a los partidos políticos, dominan la política editorial de los medios, influyen en las universidades y mantienen contratados a docenas de investigadores que difunden las tesis que les convienen. Así, no les debió resultar difícil convencer a los principales líderes políticos y de opinión de que su situación era buena. Sobre todo, cuando podían disimularla gracias a los cambios contables aprobados por la Comisión Europea, precisamente a instancias de la patronal bancaria. En particular, la “mentira piadosa”, como la califica el catedrático de Contabilidad Oriol Amat, que les permitía seguir valorando los activos dañados a su precio de adquisición y no al mucho menor del mercado en el momento de la valoración.

Esos trucos contables, las inyecciones de liquidez que los grandes bancos españoles recibieron en otros países y las demás ayudas que les dio el Estado permitieron manipular y disimular su situación patrimonial hasta el punto de aparecer como los más rentables del mundo. Lo dicho: Liga de Campeones.

Pero la realidad era otra y mucha gente lo sabía. Los bancos, todos, y no solo las cajas, estaban tocados del ala y en el fondo de sus balances había un deterioro estructural gravísimo como consecuencia de la crisis del ladrillo que ellos mismos habían provocado facilitando el endeudamiento explosivo de toda la economía. Un deterioro que tenía dos caras: la acumulación de activos (títulos de préstamos y créditos y propiedades inmobiliarias) que no ya no tenían ni mucho menos el valor que se les asignaba, y unas deudas con otros bancos extranjeros que sí seguían valiendo lo que inicialmente se había registrado: muchos cientos de miles de millones.

Si se hubiese puesto en claro esta circunstancia a medida que iban apareciendo activos con pérdida de valor, los bancos españoles se tendrían que haber ido declarando en quiebra porque las provisiones de las que tan orgullosos estaban los reguladores del Banco de España eran totalmente insuficientes. Y para evitar esa situación (que los banqueros sabían -o debían saber- ya en 2007 que antes o después se iba a producir) lo que trataron de hacer fue ganar tiempo para ir creando las condiciones que les permitieran finalmente quedarse con todo el mercado. Gracias a su gran poder político consiguieron que el PP y el PSOE asumieran una estrategia de reforma que poco a poco iba a permitirles que recobrasen el dominio de la situación y el equilibrio patrimonial. Se trataría de ir quitando de en medio a las cajas de ahorros, a quienes era mucho más fácil hacerlas culpables de todo lo que había ocurrido, en gran parte con razón, por la lamentable gestión de los políticos responsables de sus órganos rectores (aunque en realidad se debía a que habían dejado de ser auténticas cajas de ahorros para convertirse en clones de los bancos privados).

Si casi la mitad de los operadores del mercado que competían con los grandes bancos privados desaparecían o eran poco a poco absorbidos, los dos, tres o cuatro mayores de estos últimos quedarían reforzados sin necesidad de mostrar su insolvencia ni de pagar por sus irresponsabilidades. De este modo y a base de recibir ayudas del Estado, como ahora, es como ha ido evolucionando siempre el sector bancario español, cada vez más concentrado.

Pero la intranquilidad y los problemas han empezado a agravarse por lo que era previsible que sucediera: el proceso de fagocitación del mercado como estrategia para salvar a la gran banca privada sin que se le vean sus vergüenzas es muy lento, inseguro y a veces, como ha ocurrido con Bankia, incluso escandaloso.

Además, hay que tener en cuenta que el partido no solo se juega en campo nacional. ¿Se iban a conformar los acreedores europeos de la banca española con esta estrategia? ¿Estarían dispuestos a esperar? ¿Se van a arriesgar sabiendo que la política de austeridad va a deprimir por largo tiempo a nuestra economía y que eso va a acelerar el deterioro patrimonial de los bancos españoles y a dificultar el pago de su propia deuda?
Hasta ahora, los banqueros españoles han conseguido que todos nos creamos su gran mentira. O, al menos, que actuemos como si nos la creyésemos (porque basta hablar con responsables políticos y directivos económicos de cualquier ideología o tendencia política para oír a muchos de ellos decir que el rescate es inevitable por el gran agujero de los bancos). El gobierno de Zapatero se limitó a seguir el protocolo marcado por la gran banca incluso en los detalles más pequeños, desde el indulto final al decreto de vergonzosos nuevos privilegios aprobado también estando su gobierno ya en funciones. Pero el de Rajoy ha querido mover ficha jugando a mostrar la verdadera situación de la banca y está precipitando las cosas, porque su estrategia de reformas en unidosis y muy improvisadas solo ha servido para mostrar que la del sector financiero es mucho peor que la que se venía diciendo, y para hacerla quizá ya indisimulable.

Ahora solo queda saber lo que ocurrirá tras la auditoría solicitada y que, como todas, proporcionará resultados “por encargo”. Solicitar una evaluación objetiva a Oliver Wyman (que se “equivocó” cuando auditó a los bancos irlandeses considerándolos ejemplares poco antes de que tuvieran que ser nacionalizados, o que fue una de las garantes de los derivados de las hipotecas sub prime como productos muy seguros) es como es como pedir auxilio en el naufragio a quien no sabe nadar.

Así que para qué nos vamos a engañar: aunque la gente normal y corriente no sepamos el final, las autoridades ya lo han negociado porque en cuestión de banca nadie da puntada sin hilo. Pueden ocurrir dos cosas. O bien que hayan acordado ya que se siga mareando la perdiz porque las autoridades europeas (que posiblemente sepan la magnitud real del agujero) admiten que el rescate sería impagable para España y que quizá levantaría una auténtica polvareda social. O bien que se concluya que hasta aquí hemos llegado y que hay que tirar por fin de la manta que cubre las miserias de los bancos españoles.

Me parece a mí que esto último va a ser lo más probable porque, al fin y al cabo, los bancos españoles y extranjeros serían los beneficiados. Los auditores, como tantas veces, serán los que se encarguen de hacer la representación necesaria para que todo se nos presente de la forma más fácil de asumir.

Y aquí es donde estamos. Botín y compañía han dejado atrapada a España a base de irresponsabilidades y de mentiras. Van a terminar obligando a que España, como le ocurriera a Irlanda, tenga que asumir su rescate; haciendo que éste -que en realidad es la recapitalización de lo que los banqueros irresponsables han perdido jugando en el casino- se presente como la salvación de España; y obligando a que los españoles tengamos que sufrir nuevos recortes en derechos sociales y bienestar para que los ellos nos sigan gobernando y obteniendo beneficios a nuestra costa.

Espero y deseo, sin embargo, que las cosas no terminen ahí y que los banqueros no puedan respirar tranquilos en ese momento, como si se hubieran acabado entonces sus problemas. Lo espero y deseo en la confianza de que un buen número de españoles, ojalá su gran mayoría, sean dignos y patriotas y que no perdonen a quienes han arrastrado a España a la ruina a base de mentiras para salvar sus privilegios políticos y económicos.

Juan Torres López
Ganas de Escribir

martes, 22 de mayo de 2012

Pulso entre la "primacracia" y la democracia en España

La periferia europea, denominada como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) por los medios financieros dominantes, sigue siendo objeto de la actualización del Consenso de Washington. Este consenso del neoliberalismo del siglo XXI, que bien podría llamarse Consenso de Frankfurt, apuesta por viejas recetas con resultados muy conocidos, sobretodo en América Latina. Más planes de (des)ajuste y (des)estabilización para la periferia europea dejando cada vez más nítido el rol de ésta para la nutrición de las transnacionales con sede en los países centrales de Europa. La (des)integración europea continúa por el camino fijado velando por la tasa de ganancia de unas cuantas empresas, caiga quien caiga. Las transeuropeas siguen obteniendo muchos beneficios a costa del nuevo mercado común, del ajuste laboral y del ajuste fiscal-financiero que permite reportar grandes dividendos a las empresas financieras acreedoras de la burbuja de la deuda. 

Durante este periplo, en España, el neoliberalismo del siglo XXI se cristalizó en una suerte de boomerang inmobiliario, acompañado de una política económica sin atención a la economía real. El sistema financiero se centró en obtener ganancias de un casino sin reglas definidas. La política financiera, de hecho, perseguía a ultranza objetivos de máxima rentabilidad sin hacer ningún esfuerzo por contribuir a objetivos de la desaparecida economía real. La política financiera no estaba dirigida al terreno productivo; no cumplía función social alguna ni tampoco económica. En medio de esta reorientación neoliberal de la política financiera, se rediseñó el sistema de caja de ahorros en España que ayudó a disponer de un sistema financiero más privatizado, menos social y económico, y mucho más oligopólico. 

La semana pasada aparecía un escándalo más dentro de un marco de crisis sistémica del capitalismo. Esta vez era la hora de Bankia, quien había sido fruto del proceso concentrador de fusiones de las cajas de ahorro en el estado español. Una auditoría interna pone de manifiesto la verdadera situación económico-financiera de la entidad con un agujero de 15.000 millones de euros. El sistema financiero español había engordado la cuenta de dividendos en base a una política de poseer activos inmobiliarios. Estos inmuebles se convirtieron en activos tóxicos porque ni se pueden vender, y mucho menos, a precios del boom. Siguen sobrevalorados contablemente, sin correspondencia aproximada a su valor real actual. El intervencionismo regresivo neoliberal, en los primeros años de los efectos de la crisis, se caracterizó por un salvataje bancario basado en préstamos a la banca con fondos públicos (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a un tipo de interés muy bajo, y que después, éstos eran usados para prestar a interés alto, fundamentalmente para seguir incentivando un consumo eterno sin base productiva interna, provocando así mayor desequilibrio en la balanza comercial. El sistema financiero optó por ese callejón sin salida en aras de seguir incrementado beneficios y permitiendo remuneraciones millonarias a ejecutivos de bancos, como el vicepresidente del gobierno en la era Aznar, y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato que llegó a ser presidente de Bankia. De esta manera, la banca privada española dispone de un balance desequilibrado, con importantes activos tóxicos sobrevalorados y con pasivos a pagar. Dicho en palabras sencilla, quiebra técnica. 

Ante el riesgo de la quiebra real de Bankia, el presidente español Mariano Rajoy decide, contradiciéndose a sí mismo, que intervendrá inyectando dinero público a Bankia, convirtiendo el préstamo en activo, y “nacionalizándola” parcialmente. En un principio, desde fuentes del propio Gobierno se habla sobre que la intervención ascenderá a una cuantía cercana a los 10.000 millones de euros. Esto ocurría cuando hacía justo un mes que el Gobierno español anunciaba un recorte con carácter “extraordinario” para la educación y la sanidad, curiosamente, de 10.000 millones de euros, alegando que era imposible sostener los niveles de endeudamiento del Estado español que satisficiera las exigencias de “Europa” (cabría preguntarse quién es Europa) en cuanto a los requerimientos sobre el déficit. 

Este suceso trajo consigo el clásico efecto dominó que seguimos empeñados en esconder con lenguaje eufemístico, y con instituciones anónimas que suelen tener dueños con nombres y apellidos. El efecto en cadena no se hizo esperar; Bankia ha perdido en 10 días 2.400 millones en Bolsa, ha habido arrastre sobre resto de valores bursátiles, luego caída de la Bolsa española, y por último, tendencias negativas en el resto de bolsa europeas. Un día después, significativa subida de las acciones de Bankia, con subida del índice bursátil español (IBEX 35). Economía de la fortuna con ruleta trucada. Y como ya viene siendo habitual, no podía faltar la prima de riesgo, que bien se podría denominar tasa de ganancia para unos pocos bolsillos. Esta prima de riesgo se transforma en ganancia inmediata después de especular en la compra de deuda pública al cobrar más intereses. Paradójicamente, esta prima de riesgo no tiene riesgo alguno para esos pocos bolsillo porque el establishment dominante económico y financiero se asegura que la tasa de ganancia sea cada vez más alta y se pague cómo sea. El famoso “rescate” es ese; te presto dinero para que pagues a los acreedores de la bolsa a cambio de hundir a la mayoría de la población en desempleo, recesión económica, vulneración de derechos laborales y desposesión de derechos sociales mediante privatizaciones encubiertas en educación y sanidad. 

La periferia europea sigue sometiéndose a una suerte de primacracia que aboga por el desmontaje progresivo del sistema democrático. Dicho de otra manera, la economía real se prostituye al valor de la prima de riesgo, provocando así un encarecimiento de los intereses que el Estado español tiene que pagar por la deuda pública. En la subasta de deuda pública del día 17 de mayo, el Gobierno español logró colocar los 2.490 millones de euros en bonos a tres y cuatro años que se había propuesto, pero claro, a unos tipos de interés mucho más altos que en las anteriores subastas. Concretamente en dos de los tres tipos de títulos subastados, el repunte de los tipos de interés fue superior a un punto porcentual. Y ¿quién paga estos mayores intereses de la deuda? ¿Son los accionistas de la banca privada? Claro que no. Se pagan con los impuestos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. 

El círculo es más vicioso cuando se observa detenidamente el caso concreto previamente citado: el saneamiento de la banca privada con ayuda pública. Esta desintoxicación de activos tóxicos de la banca privada se transforma en una intoxicación generalizada que afecta a la mayoría de los ciudadanos, los mismos que seguirán pagando impuestos para satisfacer la insaciable prima de riesgo que cubra la próxima emisión de deuda pública proveniente de estos fondos inyectados a la banca privada. Parece un trabalenguas pero no lo es. Léase con calma porque es así como la prima de riesgo no tiene riesgo para unos pocos, pero sí que lo tiene para la gran mayoría de la población. La primacracia actúa con subterfugios capaces de inocular a cualquier aparente sistema democrático. 

Alfredo Serrano Mancilla ( @alfreserramanci) es Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS (España); Sergio Martín Carrillo  (@Sergio_MartinC) es Doctorando Español, Master Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El Telégrafo

domingo, 20 de mayo de 2012

Apuntes sobre BANKIA: un rescate llamado nacionalización

“Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a si mismas con efectividad”, se afirma en las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis de Wall Street; subrayando claramente el trasfondo ideológico neoliberal como principal causa de la crisis financiera global, que podemos aplicar también a la de Bankia. Pero en el caso de las Cajas de Ahorro hay que subrayar que el dinero en juego era y es público. Por eso, tenemos que destacar ante todo la responsabilidad de los gestores políticos o allegados a los partidos mayoritarios.

Primero. Había que “salvar a los nuestros”, piensan nuestros gobernantes. Para empezar, digamos que Bankia representa el fracaso de las reformas financieras del gobierno actual (la de febrero 2012 era la “definitiva”) y de las anteriores, que no han logrado que la banca sirva el crédito que necesita una economía que languidece y genera paro. Y es que han tenido como objetivo básico ocultar la corrupción sistémica y las responsabilidades de gestión de las oligarquías políticas regionales, soporte de la élite política, que impulsaron Cajas “engrandecidas” con la especulación inmobiliaria alimentada por el dinero barato del exterior y los mecanismos bancarios financieros. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos que pusieron las bases del desmadre financiero- inmobiliario.

Entre junio y diciembre de 2010 surgía el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) resultado de la suma de Caja Madrid y Bancaja, primero, y de Caja Canarias, Rioja, Ávila, Segovia y Layetana bajo la fórmula jurídica ad hoc del SIP, un esquema legal que integra activos y pasivos de estas Cajas; consensuado por los dos partidos mayoritarios para tapar el desastre de la especulación inmobiliaria y de paso las responsabilidades de la gestión bancaria nefasta, a costa de los contribuyentes. En marzo de 2011, hace poco más de un año, se lanzaba Bankia como filial de BFA, un nuevo banco privado con la aportación de 4,465 millones de euros del FROB, el fondo estatal de rescate bancario. De este modo se pretendía resolver los problemas de insolvencia de Bancaja y otras, en particular de Caja Madrid, “la más dañada por la crisis del ladrillo”.

Surgió así un monstruoso banco “demasiado grande para dejarlo caer”, de un elevado riesgo para el sistema financiero español por sus 10 millones de clientes-depositantes, sus 22.000 empleados y 400.000 accionistas además del volumen millonario de la cartera de participaciones empresariales, un tinglado bancario madrileño montado con dinero público del contribuyente bajo un ilustre político fracasado como director gerente del FMI y uno de los patrocinadores de la legislación que liberó el suelo patrio para la especulación inmobiliaria. Era el cuarto banco español; la joya del PP desde hace años.

El fracaso inicial de la salida de Bankia a Bolsa en junio de 2011 demostró su fragilidad financiera de origen. Aunque, con la fe neoliberal en las bondades de los mercados financieros, nuestros gobernantes, incluido el gobernador del Banco de España, creyeron que sería superada con la influencia en “los mercados” del ex Director Gerente del FMI. Eso sí: atraídos por la imagen histórica de las Cajas una gran parte pequeños ahorradores, jubilados en su mayoría, compraron acciones del nuevo banco, ahora depreciadas en un 40%; o compraron participaciones preferentes engañados por la creencia de que hacían un depósito.

Como ha sucedido en las restantes Cajas de Ahorro bancarizadas, el Presidente de Bankia y todos los demás gestores bancarios allegados al partido gobernante y sus baronías regionales, se aseguraron retribuciones desmesuradas mediante contratos blindados que contaron con el beneplácito de las autoridades incluido el supervisor, el Banco de España. Unos hechos denunciados por una parte de la opinión pública sin mayores consecuencias hasta la fecha.

Segundo. Había que ocultar la cruda realidad. En la formación del nuevo proyecto bancario madrileño, la ingeniería financiera asignó los llamados activos “tóxicos” (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado previsible) al “banco malo”, el BFA; y los activos buenos y de dudosa validez se asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación contable esperando que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de la banca matriz que tiene ahora un capital cero, se asegura. El resto lo aportó la contabilidad financiera y sus expertos; con la expresión “valores tóxicos” puesta en circulación en Wall Street para denominar aquellos activos subprime cuando ya carecían de mercado y nadie sabía lo que valían, en España se ha aplicado interesadamente para evitar mencionar los inmuebles que tienen existencia física real, pero cuyo valor contable resulta imaginario porque el valor razonable del mercado (mark to market) nadie lo sabe, son activos que ni se venden ni se compran ni ahora ni en mucho tiempo.

¿Qué criterios contables precisos sirvieron de base para deslindar en las cuentas los activos buenos y malos y su reparto entre BFA y Bankia?

Tercero. El financiarizado contexto europeo actual contribuyó a la supervivencia de Bankia. Más aún, Bankia ejemplifica el fracaso de la política del BCE frente a la crisis de la deuda soberana del euro, que incentiva el negocio especulativo financiero de los bancos en lugar de generar crédito; fue uno de los primeros bancos europeos en solicitar liquidez (15.000 millones de euros en Diciembre de 2011 y 25.000 millones en febrero 2012, al 1%. Como muestra, digamos que aportaba al BCE como garantía los bonos de renta fija del Fondo de Activos Corporativos V, que están respaldados por préstamos diversos, como los concedidos al Real Madrid para los fichajes de Ronaldo y Kaká. Y que obviamente han servido para adquirir deuda pública de elevada rentabilidad, además de cubrir sus vergüenzas contables derivadas de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid como tantas otras Cajas hace tiempo que dejó de ser banca tradicional de depósito para convertirse en banca financiera, nutrida por la especulación en “los mercados”. Y si los gobiernos de la UE quisieran acabar con esta especulación bancaria, justificada con la falacia de que los estatutos del BCE no le autorizan a prestar dinero a los gobiernos del Eurogrupo, ¿por qué no se ha modificado ese tratado en tres meses como se ha logrado concluir el aberrante pacto fiscal?

Cuarto. Los reguladores privados en la sombra del casino financiero se imponen sobre los supervisores públicos. La auditora Deloitte, una de las cuatro grandes del mundo y necesitada de recuperar prestigio, destapó la cruda inviabilidad del proyecto bancario privado, advirtiendo ya en febrero pasado el desajuste patrimonial de BFA, originado por la pérdida de valor de su filial Bankia. La crisis de Bankia, con la dimisión de su Presidente, no fue decisión de los accionistas ni del supervisor sino que la desencadenó la negativa de la auditora Deloitte a avalar unas cuentas considerando que el valor real de BFA asciende a 8.500 millones euros frente a los 12.000 registrados en sus libros. Por tanto, la actuación del Banco de España ha quedado en entredicho porque en febrero último afirmaba la capacidad de todas las entidades financieras para hacer frente a las provisiones requeridas por la reforma financiera aprobada por el gobierno en ese mes. Asimismo, el Banco de España no puso ninguna objeción al plan de saneamiento presentado por Bankia el 31 de marzo y el 17 abril como queda claro en su comunicado, aunque se cubría advirtiendo de que si se diese el caso de que alguna entidad no lograse alcanza el nivel de capital requerido siempre podría acudir al FROB.

Quinto. El rescate de Bankia, cuya cuantía todavía está por determinar en función de la valoración de sus activos y que el gobierno ha querido denominar “nacionalización transitoria”, no resuelve todos los problemas porque los daños colaterales de esta crisis son ya cuantiosos. Por el momento está clara la pérdida de confianza exterior en este país, sus bancos y en las políticas gubernamentales que nos hunden en una profunda recesión económica; como prueba la exigencia de la UE de una valoración independiente de todos activos bancarios. A lo que se añaden las negras perspectivas para las actividades culturales, asistenciales y sociales de la Obra social de Caja Madrid y de las restantes Cajas. Y por un largo momento, la pérdida de confianza inversora se traduce en depreciación de las acciones de las empresas participadas por BFA-Bankia, cuya cartera abarca, entre otras empresas importantes, Indra (20%), Mapfre (15%), NH Hoteles (15,74%), IAG (Iberia-British Airways) (12%) o Iberdrola (5%), con la dificultad añadida de que la liquidación de esas participaciones no resulte oportuna en una Bolsa bajista (Expansión, 11/5/2012).

Y, como ha ocurrido en las economías fallidas de algunos países en desarrollo, ahora “los fondos buitres vuelan en círculo sobre Irlanda y España” nos decía el titular de un reportaje del Financial Times del miércoles 9 de mayo. Pero, mientras parece que estos fondos especulativos, que se aprovechan de los países hundidos por las crisis financieras, no han encontrado las gangas que esperaban en Irlanda, su actividad creciente en España se encamina más que hacia el agobiado mercado de los préstamos hipotecarios y al consumo, al acecho de oportunidades en participaciones de empresas punteras, en las “corporate oportunities”.

Así podremos contemplar cómo la derecha española, de tan delicada sensibilidad nacionalista frente a los guiñoles de la TV francesa y a las decisiones soberanas de Argentina, tras haberse desprendido clubes de fútbol populares, irá vendiendo parcelas significativas de las antiguas empresas españolas.

Juan Hdez. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España
Sin Permiso
 

sábado, 19 de mayo de 2012

Socialización de pérdidas

El Gobierno acaba de aprobar por decreto ley (lo de gobernar por decreto ley se ha convertido en una costumbre desde hace bastantes años en España) la cuarta reforma financiera. La ha aprobado el Gobierno, pero al igual que con la nacionalización de Bankia, no es fácil saber quién o quiénes han sido sus artífices. ¿En Europa o en España? Y si en España, ¿el Gobierno o más bien los titulares de los tres grandes bancos?

La última reforma consiste, entre otras medidas, en la creación de múltiples bancos malos con la denominación de “sociedades para la gestión de activos”. El quid de la cuestión radica sin duda en el precio al que las entidades financieras van a transferir los activos tóxicos a dichas sociedades. El decreto ley establece el valor razonable (que es tanto como no decir nada), pero en su ausencia o ante la imposibilidad de determinarlo, que es lo que ocurrirá a menudo, por el valor en libros, lo que en último término remite a la corrección o no de las provisiones realizadas. Al final, importa poco dónde se sitúe el agujero, lo relevante es fijar su cuantía y, sobre todo, quién es el que tiene que poner el dinero, y ahí me temo que todas las respuestas apuntan al sector público, es decir, a los contribuyentes, bien sea directamente prestando a los bancos para que cubran las provisiones, bien sea participando en las sociedades de gestión de activos.

El que la transferencia de los recursos se instrumente mediante créditos no cambia sustancialmente el tema, ya que, como hemos visto en el caso de Bankia, los préstamos terminan siendo aportaciones cuando no se pueden devolver. Estamos una vez más en un proceso de socialización de pérdidas, lo que viene siendo frecuente en el sector financiero. Con el argumento de que no se puede dejar quebrar a los bancos porque se pondría en peligro toda la economía nacional, ese Tesoro Público, tan exhausto, que malpaga a sus empleados y que acomete continuos recortes en pensiones, sanidad o educación, se ve en la necesidad de destinar cada cierto tiempo una cantidad ingente de dinero a las entidades financieras.

La pregunta surge de forma espontánea. Si el riesgo en la actividad bancaria recae siempre sobre los contribuyentes y no sobre los banqueros, ¿están justificados los cuantiosos beneficios y las retribuciones escandalosas de los ejecutivos bancarios? ¿No deberían limitarse? ¿Se puede afirmar que se trata de un asunto privado? El interrogante no se dirige exclusivamente a las entidades que van a necesitar ayuda pública, sino también al resto, que de todas formas actúan y obtienen beneficios libres de todo riesgo porque saben que, en última instancia, el Estado responde. Es más, antes de socializar las pérdidas entre todos los españoles ¿no deberían socializarse entre el sector bancario, haciendo que fuese el Fondo de garantía de depósitos el que asumiese el quebranto y, en caso de insuficiencia de este, obligar a las entidades financieras con beneficios a dotarlo en la cuantía precisa? En cualquier caso, lo que sería inaceptable es que después de haber socializado las pérdidas se privatizasen las ganancias, esto es, que los bancos o cajas nacionalizadas retornasen una vez saneados al sector privado.

Desde el momento en que la buena o mala marcha de la economía depende del sistema financiero y desde que el sector público debe socorrerlos en tiempos de crisis, no se puede hablar de asunto privado. El Estado no puede permanecer al margen; en primer lugar, para controlar su actividad y, en segundo lugar, mediante una banca pública que sirva de contrapeso. CiU y el PNV se han quejado de la nacionalización de Bankia, preguntándose qué habría ocurrido en el caso de que hubiera estado La Caixa en la misma situación. Tienen razón. Para que nadie tenga celos se deberían nacionalizar todas las cajas.

Juan Fco Martín Seco
República.com

El gran despilfarro: La crisis bancaria en España

La nacionalización parcial de Bankia, intervención de hecho de la entidad, llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular, es un hito importante, y no el último, en el desarrollo de la grave crisis en la que está instalado el sistema bancario.

La forma en la que se ha realizado la intervención es tanto un reflejo de las contradicciones que recorren al PP, como de la falta de profesionalidad de sus dirigentes, en un tema en el que deberían tener interés en aparecer como gente capaz. Un suceso tan relevante como la nacionalización de una entidad sistémica, señalada públicamente como tal por el FMI, ha sido ejecutado con improvisación, filtraciones y titubeos. Fácilmente se podría haber disparado el pánico de los depositantes, con lo que alguna modalidad de “corralito” habría sido una realidad en nuestras tierras.

Las contradicciones del PP se pueden resumir en lo siguiente: “No salen las cuentas”. Los  rescates, éste y los próximos, se llevan por delante las más optimistas previsiones sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Las cifras que están en juego superan, en orden de magnitud, los bestiales recortes anunciados y aprobados. Por mucho que se empeñen en repetir que esto no va a costar nada, las cuentas no salen. La economía española está inmersa en un bucle contractivo de tal magnitud, que hace perecederas al instante cualquier cifra estimada sobre el  volumen de las pérdidas de las entidades financieras. El volumen de los activos que en los bancos no generan rendimientos, total o parcialmente, va a seguir creciendo, porque el efecto contractivo de los recortes solo se ha manifestado de forma incipiente. Es decir, la necesidad de provisiones y el reconocimiento de pérdidas van a continuar.

La crisis bancaria surgió de la mezcla de los errores de gestión de los directivos bancarios, junto con los intereses mutuos de enriquecimiento no sostenible de dichos directivos y de los empresarios tóxicos (no son los activos los tóxicos, sino los empresarios y los banqueros), pero, posteriormente, las denominadas políticas de austeridad agravaron la crisis bancaria inicial y la convierten en irresoluble. La crisis de las subprime en Estados Unidos aceleró la explosión de la burbuja financiera en España, porque los bancos y las cajas de ahorro se financiaban mediante las titulizaciones de los préstamos hipotecarios, titulizaciones que colocaban en Europa y la financiación interbancaria de bancos no españoles. Ambas vías de financiación colapsaron en agosto de 2007, por lo que  bancos y cajas adoptaron duras restricciones a la concesión de créditos, y la actividad económica se paralizó bruscamente con la inmediata subida del paro. En esos momentos algunas cajas de ahorro ya exhibían una situación patrimonial cercana a la necesidad de intervención. Era el caso especialmente, de Caja Madrid, Bancaja y CAM. Pero la falta de una política de fuerte estímulo de la economía, por parte de los gobiernos europeos y, posteriormente, las políticas neoliberales de brutales recortes, han exacerbado la crisis económica, convirtiéndola en gran recesión, lo que ha amplificado y extendido la crisis bancaria al conjunto del sector. Por otra parte, la denominada crisis de la deuda soberana ha sido la consecuencia de la crisis económica, provocando la enorme caída de los ingresos fiscales, y el deterioro de los bancos y cajas, dado que, como ha ocurrido, el gobierno terminaría rescatando a las entidades con problemas.

1.- La formación de la burbuja

Desde el inicio del euro el crédito concedido, en España,  por los bancos y cajas de ahorro, pasó de representar el 88% del PIB, en el año 2000, al 171% en el año 2008. Además, la cartera que más creció fue la de construcción y vivienda. El parque de viviendas nuevas, en el año 2000, ascendió a 334.000 unidades, mientras que en 2007 alcanzó las 734.000 unidades. El precio medio de la vivienda se duplicó en el mismo período. Además, el inicio del crecimiento de la construcción de viviendas se inició unos años antes de la creación del euro como divisa.

El resultado de estas cifras es que en 2007 la exposición al riesgo de impago de promotores y compradores de vivienda era descomunal. El crédito también se dirigió a grandes y medianas empresas industriales y de servicios. Pero existen diferencias significativas con el riesgo inmobiliario.

La mayoría de los promotores inmobiliarios arriesgan muy poco capital en sus negocios. La práctica habitual, consentida por los bancos y cajas de ahorro, es la concesión de un alto porcentaje de  financiación sobre el total del proyecto, con el argumento de que habitualmente los préstamos serán subrogados a los compradores finales de las viviendas. Pero hay otras razones, especialmente en las cajas de ahorro, y son los vínculos políticos y económicos que se establecen entre el núcleo directivo, el consejo de administración, formado por políticos, y los empresarios, promotores inmobiliarios.

En el caso de que la promoción fracase, total o parcialmente, es prácticamente imposible recuperar la inversión, o en cualquier caso, las pérdidas serán cuantiosas. Además, las entidades financieras financiaron la compra de suelo, incluso no urbanizado, basándose en precios determinados por los precios de los inmuebles que en muchos casos no se llegaron a construir.

Los productos no vendidos no son exportables y solo pueden deteriorarse. El parque actual de viviendas en manos de las cajas de ahorro y bancos los han convertido en las mayores inmobiliarias. Pero con la particularidad de que son activos que solo generan costes.

La formación de la burbuja era ya bastante evidente en 2002. El Banco de España, con Caruana nombrado por el PP, como gobernador,  no acometió ninguna labor preventiva, y la supervisión prudencial brilló por su ausencia, Miguel Angel Fernández Ordoñez (MAFO), nombrado por el PSOE también se abstuvo de intervenir, y la burbuja explotó.

¿Se podía haber abortado la burbuja inmobiliaria? Greenspan declaró que no era posible utilizando los tipos de interés, y ese argumento se ha repetido por nuestros lares, teniendo en cuenta además, que el Banco de España no tenía ya el control de los tipos de interés. Sin embargo, la forma de impedir la formación de la burbuja, o frenarla en sus comienzos, habría sido mediante la exigencia de provisiones específicas adicionales, tanto por incremento de la cartera de promotores, como por exceso de concentración del crédito promotor. Dictar esas medidas sí estaba al alcance del Banco de España, pero no lo hizo. La provisión estadística o anticíclica, algo tenía en cuenta el crecimiento del crédito, pero era muy favorable al crédito hipotecario, por el efecto de las garantías. En definitiva, el Banco de España falló en la regulación prudencial, sea por razones de falta de voluntad política y responsabilizarse de abortar el crecimiento, o bien sea por incomprensión de la situación, o por ambas cosas.

2.- La crisis de Bankia

En la crisis de Bankia confluyen dos cajas de ahorro, Caja Madrid y Bancaja, pero en el análisis también podemos incluir a la CAM, cuya crisis estalló antes. Entre las tres han acumulado un terrorífico volumen de créditos ligados al negocio inmobiliario. Comparten ciertas características comunes, que les confiere cierta singularidad dentro del sistema bancario español. Estas tres cajas han estado gobernadas por el Partido Popular en el período en el que se incuba la burbuja inmobiliaria. La cartera de préstamos de las tres entidades ha acumulado una gran concentración de préstamos a promotores inmobiliarios, con los que los miembros de los consejos de administración tenían fuertes vínculos, o incluso se llegaban a sentar en los consejos como empresarios independientes. En el caso de la Comunidad Valenciana, Bancaja y CAM financiaron todo tipo de proyectos faraónicos, que resultaron, en gran parte, inversiones fallidas. Las tres cajas tomaron grandes participaciones industriales, con el fin de sentar en los consejos de administración de las grandes empresas españolas a los presidentes y otros destacados miembros de las cajas. El principal mérito de Miguel Blesa, catorce años presidente de Caja Madrid, fue el ser amigo de Aznar, y en el caso de José Luis Oliva, el haber sido presidente de la Generalitat Valenciana, le convertía en un reputado banquero. Los sueldos conocidos de los presidentes de las cajas se igualaron con los de los bancos privados, al mismo tiempo que las

Fuente: Ministeriodevivienda.info

remuneraciones de los consejeros también alcanzaban cifras escandalosas. Así se conseguía el gobierno corporativo “perfecto”, en el que los intereses de los consejeros estaban adecuadamente alineados con los intereses de los presidentes: enriquecerse todos. El núcleo directivo no podía estar al margen de la bonanza y, además de retribuciones y fondos de pensiones millonarias, se les premiaba con puestos en consejos de administración de empresas participadas, muchas de ellas compartidas con promotores inmobiliarios. Así se cocinaron las condiciones ideales para la tormenta perfecta. Todos los implicados tenían intereses en el negocio, y éste estaba basado en aumentar el balance, generar beneficios a corto plazo, porque si la situación cambiaba, ya tenían sus cláusulas de protección, en forma de fondos de pensiones y salida de la entidad con indemnizaciones millonarias.

3.- El Banco de España

El Banco de España no tuvo voluntad en poner fin a la burbuja inmobiliaria, y una vez desatada la crisis financiera, actuó con criterios nacionalistas y corporativistas, defendiendo las maravillas de la regulación anticíclica y la solvencia de las entidades españolas.  Es cierto que en Europa los bancos centrales actuaron con criterios similares al Banco de España, lo que dio lugar a una serie de pruebas de estrés condicionadas por los intereses de cada ente regulador, y consiguiendo más desconfianza que otra cosa, cuando una vez pasadas la pruebas seguían manifestándose graves problemas de liquidez y solvencia, sin necesidad de que se dieran las condiciones extremas planteadas en las pruebas de estrés. También es cierto que la regulación anticíclica era una medida positiva, pero muy parcial e incompleta, y no la medicina adecuada ante una crisis sistémica.

Con la llegada de MAFO el gobernador intentó paliar sus carencias de conocimiento de los problemas de los bancos, con los ataques cotidianos contra los intereses de los trabajadores. Mientras tanto, el Banco de España dedicó grandes recursos a validar, y a convalidar,  modelos de riesgo de crédito construidos por las entidades, en el marco de Basilea II, para cumplir con los requerimientos de recursos propios, modelos que han sido barridos por la eclosión de la crisis bancaria. Es difícil encontrar una prueba empírica más contundente, para testificar el fracaso. Mientras los técnicos del Banco de España, han dedicado ingentes recursos públicos para comprobar la supuesta validez de las bases de datos, los sistemas de rating y las estimaciones de probabilidades de default , la solvencia de las entidades se disolvía como un azucarillo en el café para todos de Basilea II.  Sin embargo, todavía no hemos visto ninguna reflexión crítica, emanada desde el Banco de España, sobre las causas de la crisis bancaria y el fracaso de la regulación tecnocrática y favorable a las entidades que son las reglas de Basilea.

4.- EL Banco Central Europeo (BCE)

El BCE es uno de lo grandes problemas de la crisis. El poder político y económico, favorable a los intereses de los empresarios y banqueros, han dotado al BCE de un estatuto de independencia de los gobiernos, mientras que los gobiernos resultan dependientes del BCE. Esta situación insólita, que invalida los más elementales principios de la democracia formal, ha convertido al BCE en el tirano  de Europa. Derribar esta tiranía es uno de los principales objetivos para poder avanzar en una salida de la crisis. Draghi, igual que Trichet, impone condiciones a los gobiernos. Modula las inyecciones de liquidez, para que el sistema no se hunda, pero utiliza su inmenso poder como arma de chantaje.  Las dos últimas inyecciones de más de un billón de euros, no han sido gratis. Sin esas inyecciones muchos bancos no podían hacer frente a sus necesidades de liquidez ante los vencimientos de deuda emitida, ni tampoco podrán haber seguido acudiendo a las subastas de deuda pública en España e Italia. Pero el BCE impone condiciones de forma autoritaria y exige más sacrificios, más recortes y más austeridad. Su ideología fundamentalista, y su estatuto de independencia, en línea con las fuerzas conservadoras, es uno de los principales obstáculos para una salida de la crisis.


5.- Las nacionalizaciones para socializar pérdidas y privatizar beneficios

Los gobiernos de derecha son enemigos de lo público salvo cuando tienen que utilizar los recursos públicos a favor de los intereses privados. Esto se vuelve a repetir con la nacionalización de Bankia y los apoyos públicos ya concedidos, más los próximos que están por venir. Por más que el ministro Luis de Guindos repita que lo que está haciendo es un magnífico negocio para los contribuyentes, las terribles consecuencias de la crisis y de las políticas de recortes son irreversibles (Los costes de la reforma financiera).

Con la creación de los  “bancos malos” el gobierno ha abierto otra vía de necesidad de apoyos de recursos públicos. Después de tanto “esquema de protección de activos”, FROB, cocos, el problema elemental es que las cajas y los bancos han sufrido, y van a sufrir, enormes pérdidas, y “alguien” tiene que hacerse cargo de ellas. Hay que reponer capital a las entidades o dejarlas caer y, en ambos casos, las pérdidas se socializan, porque el capital solo procede de los recursos públicos, sea en forma de emisiones de deuda pública, emisiones del FROB, o futuros rescates procedentes de Bruselas, que también habrá que pagar. Pero esto son los costes directos, porque los costes indirectos del estancamiento y retroceso económico, por muchos años, es inconmensurable.

6.- Perspectivas

Con la intervención de Bankia se ha producido una escalada en la evolución de la crisis bancaria, que se acelera por momentos. Desde todos los ámbitos se reclama saber cual es el “verdadero valor de los activos tóxicos”, para lo cuál el gobierno ha exigido la actuación de expertos independientes que valorarán no solo las carteras dañadas, sino todos los activos bancarios. La petición de expertos independientes deja por los suelos al Banco de España que es el responsable directo de evaluar la salud de las entidades bancarias. Pero, en cualquier caso, se trata de un esfuerzo inútil. El resultado del trabajo de los evaluadores independientes será más zozobra. Es una muestra de que los más elementales principios económicos se desconocen. Realizarán estimaciones que a los pocos meses quedarán obsoletas, porque en un escenario tan abierto como el actual las variables fundamentales están en la política. Solo un cambio de rumbo profundo en las políticas de recortes puede salvar la situación. El efecto de los recortes anunciados por el gobierno sobre la morosidad, debido al aumento del paro y el deterioro del tejido empresarial, elevará las cifras de morosidad a niveles insostenibles. La posible salida del Grecia del euro tendrá consecuencias y los costes de la deuda pública pueden alcanzar niveles imposibles de financiar. Valorar los activos bancarios en estas circunstancias es un ejercicio inútil.  Los bancos solo tienen solución si se crea un escenario en el que los créditos solventes crezcan más deprisa que la morosidad, porque además, en ese escenario, muchos deudores recuperarían la capacidad de pago. Todo lo que no sea eso, es avanzar hacia el desastre.

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