El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para
justificar los enormes recortes de gasto público en España es la
necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la
frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de
austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática
averiguar cómo se define tal supuesta confianza de los mercados, y quién
tiene el poder de definición. Es sorprendente, en este sentido, la
escasa atención mediática sobre estos puntos.
El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de
los mercados son los intereses que el Estado debe pagar para poder
vender su deuda pública. A mayor desconfianza, mayores los intereses, y
viceversa. A mayor confianza, menores intereses. Pero, ¿quién define los
intereses? La respuesta conforme a la ortodoxia neoliberal es que son
los “mercados”. Pero, como toda ortodoxia, ésta se basa en fe más que en
evidencia. Ésta muestra que, en general, son las agencias de valoración
de bonos las que, con sus evaluaciones, guían el comportamiento de
tales mercados financieros. En realidad, uno de los instrumentos más
valiosos que tienen las instituciones financieras (tales como los
bancos, las compañías de seguros y los fondos de alto riesgo) que
intervienen en el supuesto mercado, son las agencias de evaluación de
los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) que, en
teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados-
y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en
ellos o no. Cuando una de tales agencias valora negativamente los bonos
públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales
bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones
financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los
mercados”.
En teoría, tales agencias podrían justificar su existencia si su
trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal
como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros
instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las
financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de
las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u
otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello
favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo,
la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el
vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que tras dejar la
compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar
las causas de la crisis financiera, que lo más importante para tal
agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos
financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales
estudios (citado en el artículo de John Ryan “Do we need Credit Rating
Agencies?” en Social Europe Journal. 16.03.12). Más claro imposible.
Para comprender y predecir sus valoraciones basta conocer quiénes les
financian. Así, en EEUU, ha habido una campaña promovida por Wall
Street, el centro financiero de EEUU, que tiene como objetivo
desacreditar la deuda pública del gobierno federal como manera de forzar
recortes en la Seguridad Social y privatizar las pensiones y los
programas sanitarios a las personas de la tercera edad. Con la ayuda de
los medios afines, Wall Street ha estado promoviendo tal mensaje a
través de sus agencias de valoración, devaluando su valoración de los
bonos públicos federales. (Antonio Caño en sus sesgados informes sobre
EEUU –ver El País de 18.03.12- también transmite este mensaje
sobre la deuda pública federal de EEUU). Tales bonos, sin embargo, no
tienen ningún problema. Prueba de su salud es que los bonos federales
tienen los intereses más bajos de la OCDE (el club de países más ricos
del mundo). Si tuvieran problemas, tendrían intereses elevados. La
desvaloración de los bonos del Estado federal por parte de tales
agencias no tuvo ningún impacto, excepto desacreditar en EEUU todavía
más a tales agencias, incluso más de lo que ya lo estaban. Un tanto
semejante ocurrió con la devaluación de los bonos públicos del Estado
francés, valoración que respondía a una campaña encaminada a penalizar
al gobierno francés por su petición de establecimiento de una agencia
pública europea que las sustituyera.
El gobierno español, sin embargo, raramente las criticó. Antes al
contrario, la ministra de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero,
Elena Salgado, las alabó, y se opuso al establecimiento de las agencias
públicas europeas. Su docilidad hacia tales agencias privadas era
sorprendente en una ministra de un gobierno socialista. Su temor
(algunos dirían pánico) a antagonizarlas llegó a niveles extremos. Un
tanto semejante ocurre con el actual ministro de Economía y
Competitividad Luis de Guindos, que fue el director en España del Banco
Lehman Brothers que, al colapsar debido a sus prácticas especulativas,
creó la crisis financiera. Su obediencia a los mandatos de tales
agencias es absoluta.
¿Por qué no se las ignora y se crea una agencia pública europea?
La evidencia de que tales agencias son
meros instrumentos de las instituciones financieras hace que se haya
estado explorando el desarrollo de agencias públicas de valoración que
sean más objetivas y más creíbles que las actuales. El Parlamento
Europeo ya ha recomendado el establecimiento de tal agencia.
Predeciblemente, la mayor fuerza opositora procede del capital
financiero que las financia y sostiene y, como no, del Banco Central
Europeo que, como he indicado muchas veces, no es un banco central, sino
un lobby de la banca. La avalancha de lobbies intentando que no se
constituya esta entidad pública es abrumadora, y es probable que no se
apruebe. Y así estamos.
En Estados Unidos, sin embargo, se ha aprobado una ley –The Dodd
Frank Act- que elimina la regla que instruía hasta ahora el deber de las
pensiones publicas, así como de los bonos públicos, de vender sus
activos valorados negativamente por tales agencias. Esta regla les dio
un enorme poder que ahora desaparecerá. Nada de esto está pasando en la
UE, cuyas instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo, continúan
considerando tal evaluación como criterio de valoración de la deuda
pública. Y ello ocurre a pesar de que la motivación política de tales
agencias es obvia si se mira cómo se creó el llamado “problema de la
deuda pública” que se inició en Grecia, cuando el Presidente socialista,
George Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la
anunciada por el gobierno conservador anterior. En teoría, tal
declaración del Sr. Papandreu parecería “haber descubierto” que las
cuentas del Estado no eran correctas. Pero, en realidad, la falta de
credibilidad de las cuentas griegas era bien conocida antes de que el
Presidente Papandreu lo indicara. Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas
de la UE –Eurostat-había indicado que las cuentas del Estado griego no
eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de
valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública
griega. Fue al anunciarlo el Presidente Socialista cuando se cambió la
evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de
valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde
España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente
la deuda publica de todos estos países y sólo hasta aquel momento se
cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver
si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital
financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación
ganó pingües beneficios.
Lo que pasó en Grecia había pasado antes en EEUU. Recordemos que en
EEUU tales agencias valoraron muy positivamente los productos de los
bancos estadounidenses (incluido el Lehman Brothers del Sr. Luis de
Guindos, actual Ministro de Economía), que colapsaron el día después de
que les dieran matrícula de honor. En ambos casos, en las dos vertientes
del Atlántico, su comportamiento fue el que respondió a los intereses
del capital financiero. El famoso “problema de la deuda pública” fue y
continúa siendo un problema artificial, creado, en parte, por las
agencias de valoración, para obtener los intereses de aquellas
instituciones que las financian. El hecho de que se haya creado este
problema (un problema que es falso) se debe a que a los bancos les ha
ido muy bien con la existencia de tal problema. Así de claro.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5037/%C2%BFquien-define-la-confianza-de-los-mercados-financieros/
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