La crisis ha puesto de manifiesto la
naturaleza real del sistema político que tenemos. Más concretamente ha
puesto de manifiesto que el sistema político actual no sirve para nada
porque no es el espacio donde reside el poder. El poder, más al
contrario, se encuentra en las grandes empresas y particularmente en la
gran banca comercial privada y los multimillonarios fondos de
inversión que ésta gestiona. Este poder económico es el que controla
los mercados financieros y el que chantajea a los gobiernos
exigiéndoles la aplicación de duros planes de ajuste que nadie ha
votado.
La democracia ha quedado relegada a un
segundo lugar o, más correctamente, ha sido desenmascarada. Saramago
decía hace muchos años que vivíamos en una burbuja democrática donde el
poder residía realmente en las grandes instituciones financieras
internacionales, y la crisis no ha hecho sino darle absolutamente la
razón. La democracia política, nuestra democracia, se revela ahora
claramente como un elemento de marketing que disfraza y justifica una
horrible dictadura: la dictadura del capital, del dinero y del “tanto
tienes, tanto mandas”.
Pero no hemos llegado aquí ni por casualidad ni tampoco de una forma inevitable. Y por eso mismo tenemos alternativas.
Cuando un agente económico (Estado,
Empresa u Hogar) se endeuda lo que ocurre es que queda a merced del
prestamista, que le exige una serie de condiciones. La clave entonces
es entender por qué hemos llegado a endeudarnos tanto como para que
nuestros acreedores (prestamistas) nos exijan la aplicación de tantas
reformas. Para explicarlo debemos tener en cuenta dos aspectos. El
primero, que la deuda pública ha crecido a consecuencia de la crisis
y aún así se mantiene en niveles muy inferiores a los de otros países
como Alemania y Francia y sobre todo Italia y Grecia. Por lo tanto la
responsabilidad de que la deuda se haya disparado es de la crisis y de
sus causantes, esto es, la gran banca comercial privada que es también
la que se está beneficiando de los rescates bancarios y de los rescates a los países.
El segundo, que el endeudamiento es necesario cuando la relación
ingresos/gastos se vuelve deficitaria, y eso puede ocurrir bien porque
los gastos son demasiado altos o bien porque los ingresos son demasiado
bajos. Y España ha vivido varias legislaturas del Partido Socialista y
del Partido Popular en las que se ha apostado sistemáticamente por
rebajar la carga impositiva, es decir, por reducir los ingresos del
Estado y favorecer a las clases más adineradas. Si tuviéramos más
ingresos no recurriríamos tanto al endeudamiento que, por cierto, nos
ofrecen las mismas entidades y grandes fortunas que han dejado de pagar
esos impuestos.
Además, en los últimos treinta años de
hegemonía económica y cultural del neoliberalismo los Estados
nacionales han delegado parte de su soberanía a entidades
supranacionales que, como la Unión Europea, están configuradas de una
forma antidemocrática y donde la capacidad de decisión de los
ciudadanos está muy limitada y además tiene que enfrentarse ante el
poder más fuerte de los lobbys que pululan por Bruselas. Con ese estado
de las cosas al final la voz del ciudadano queda ahogada en el mar de
los intereses empresariales que hacen y deshacen sus leyes, directrices
y recomendaciones supranacionales.
Pero de forma más preocupante los
Estados se han deshecho de los instrumentos económicos que permiten a
una sociedad decidir cómo quiere organizarse colectivamente. En primer
lugar los Estados han regalado la gestión de la política monetaria a un
grupo de tecnócratas con unas ideología muy determinada, la
neoliberal. En efecto, el Banco Central Europeo es una entidad pública
pero independiente del poder político y que no tiene que rendir cuentas
ni siquiera ante el parlamento europeo. Sus técnicos se consideran a
sí mismos los científicos asépticos e imparciales de la economía,
cuando todas sus decisiones conllevan un sinfin de costes que están muy
desigualmente repartidos. Incluso su mera concepción estatutaria
implica una toma de partida por las clases dominantes. Y, en segundo
lugar, los Estados han vendido y malvendido prácticamente todas sus
empresas públicas justificándose en principios teóricos que luego no se
han demostrado válidos.
Un Estado sin Banca Pública y sin
Empresas Públicas está a merced de los poderes económicos, ya que
carece del margen de maniobra suficiente para tomar las decisiones
correctas y necesarias. De hecho eso es lo que estamos viendo en esta
crisis, cuando los gobiernos tienen que limitarse a pedir por favor a
los bancos comerciales privados que proporcionen financiación a la
economía real. Pero estos bancos son conocedores de su poder y se
permiten el derecho de chantajear sistemáticamente a los gobiernos, sin
que éstos reaccionen. Lo mismo ocurre con las grandes empresas, ya
libres de los obstáculos que suponen las regulaciones públicas y sobre
todo las empresas competidoras públicas, que podrían ser referentes en
materia salarial, ambiental o de inversiones productivas.
En efecto, desde 1985 hasta el año 2000
en España se han privatizado un total de 117 empresas públicas. El
proceso lo comenzó el Partido Socialista, pero lo continuó de forma más
agresiva el Partido Popular. Se vendieron empresas altamente rentables
como Repsol, Gas Natural, Telefónica o Argentaria, y se mantuvieron
las empresas menos rentables y que no encontraban compradores. Además
en muchos casos se malvendieron a través de procesos discrecionales que
incluían una valoración de los activos públicos muy inferior a la que
deberían haber tenido, lo que suponía una transferencia automática de
dinero desde el sistema público hacia la empresa privada. Todos esos
procesos se justificaron haciendo alusión a la eficiencia, a la mejora
de las ventas, y a la mejora general del funcionamiento general. Más de
veinte años después del inicio de aquel proceso los estudios
económicos revelan que todo aquello era falso (véase este artículo académico).
La inmensa mayoría de las empresas no mejora ni en eficiencia, ni en
productividad ni en el funcionamiento general. Y sólo lo hacen aquellas
que han llevado a cabo procesos de reestructuración, lo que significa
que el funcionamiento no está ligado a la naturaleza de la propiedad
sino al tipo de gestión. O lo que es lo mismo, que si en vez de vender a
empresas privadas se hubieran acometido reestructuraciones en el tipo
de gestión, la organización productiva hubiera sido la misma que la de
ahora pero el Estado tendría más de cien empresas públicas (y sus
ingresos).
No obstante, la mayoría de las
privatizaciones se hicieron para reducir el déficit y para de esa forma
poder satisfacer los criterios de entrada a la Unión Europea. Los
gobiernos sacrificaron ingresos futuros a cambio de ingresos actuales, y
estos últimos de menor cuantía a la que se debería. Pero como digo
también sacrificaron herramientas de control de la economía.
Herramientas que permitirían ahora capear mucho mejor el temporal de la
crisis.
Basta imaginar si el inmenso poder que
tienen los mercados y los bancos sería el mismo en caso de que el
Estado dispusiese de una gran Banca Pública y de un entramado rentable
de Empresas Públicas. Es obvio que su fortaleza le haría mucho más
inaccesible a los ataques de los mercados, que ven en la debilidad del
Estado la oportunidad perfecta para explotar nuevas posibilidades de
negocio. De hecho, si especulan contra Grecia, Portugal y España no es
porque haya fuertes fundamentos económicos sino porque son elementos débiles en el espacio europeo.
Lo que podemos hacer es bien sencillo,
pero requiere voluntad política para llevarlo a cabo. En primer lugar
es urgente establecer una auditoría de la deuda pública. Liberar la
carga financiera que llevan asociados los contratos ilegítimos con la
gran banca y los fondos especulativos nos permite desactivar el
chantaje de los mercados, puesto que nos deja menos expuestos a sus
demandas. Y en segundo lugar hay que construir una verdadera banca
pública que nos permita no sólo dirigir el cambio del modelo productivo
sino también ejercer de contrapeso al enorme y excesivo poder de la
banca comercial. Y luego tenemos que ir recuperando todas las empresas
privatizadas, haciéndonos con el control del timón de nuestra propia
economía y posibilitando el carácter democrático del sistema político.
Alberto Garzón Espinosa
Consejo Científico de ATTAC España
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