La crisis sacude a la Unión Europea hasta sus cimientos. Para muchos
países la soga de la deuda pública se cierra en torno a sus cuellos,
presos de los mercados financieros. Con la complicidad activa de los
gobiernos, de la Comisión europea, del Banco Central Europeo y del FMI,
las instituciones financieras que originaron la crisis especulan con las
deudas de los Estados y exigen el reembolso al precio de una austeridad
salvaje. Se ha lanzado una ofensiva brutal contra una serie de derechos
económicos y sociales de la mayoría de la población.
La
reducción de los déficit públicos no debe hacerse reduciendo los gastos
públicos sociales, sino por medio del incremento de los ingresos
fiscales, la lucha contra el fraude fiscal y gravando más el capital,
las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los ricos.
Para reducir el déficit es necesario también reducir radicalmente los
gastos producidos por el reembolso de la deuda pública, cuya parte
ilegítima se debe anular. El recorte de los gastos debe aplicarse
también al presupuesto militar, así como a los gastos socialmente
inútiles y peligrosos para el medio ambiente. A cambio es fundamental
incrementar los gastos sociales, en particular para paliar los efectos
de la depresión económica. También se deben incrementar los gastos en
las energías renovables y en determinadas infraestructuras como los
transportes públicos, los centros educativos o los centros públicos de
salud. Una política de relanzamiento por la demanda pública y por la
demanda de la mayoría de los hogares también generará una mayor
recaudación de impuestos. Pero, más allá, la crisis debe ser la
oportunidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio
radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá dar la
espalda al productivismo, incluir el factor ecológico, erradicar las
diferentes formas de opresión (racismo, patriarcado…) y promover la
propiedad común.
Para eso es necesario construir un amplio
frente anticrisis, tanto a escala europea como local, con el fin de
agrupar las energías para crear una relación de fuerzas favorable a la
puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia
social y climática. La realización de una auditoría de la deuda pública
efectuada bajo control ciudadano, combinada con una suspensión
unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública, permitirá
llegar a la anulación o repudio de la parte ilegítima de la deuda
pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.
En
primer lugar no hay que mantener las lealtades a la deuda decididas por
los acreedores, en particular debido a las severas contrapartidas que
implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega que se ha
puesto en marcha en marzo de 2012 se condiciona a la aplicación de otra
dosis de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la
población griega y la soberanía del país (1). Según un estudio realizado
por la Troika, a pesar de la reducción de la deuda concedida por
los acreedores privados, el endeudamiento público de Grecia llegará ¡al
164% del PIB en 2013! (2). Por lo tanto hay que denunciar la operación
de reducción de la deuda griega tal como se está haciendo en la
actualidad y oponer una alternativa: la anulación de la deuda, es decir,
su repudio por parte del país deudor, es un acto soberano unilateral
muy fuerte.
¿Por qué el Estado endeudado debe reducir
radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas
ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, y además por
razones económicas que todos y cada uno pueden comprender y hacer
suyas. Para salir bien de la crisis no es suficiente el relanzamiento de
la actividad económica gracias a la demanda pública y de las familias.
Porque si nos conformamos con ese tipo de política del relanzamiento
unida a una reforma fiscal redistributiva, los ingresos fiscales
suplementarios serían absorbidos ampliamente por el reembolso de la
deuda pública. Las contribuciones que se impondrían a los más ricos y a
las grandes empresas privadas se compensarían con largueza con la renta
que sacan de las obligaciones del Estado de las cuales son, con mucho,
los principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren
oír hablar de anulación de la deuda).
Por lo tanto está claro
que es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud
de esa anulación dependerá del grado de conciencia de la población
víctima del sistema de la deuda (a ese nivel, la auditoría ciudadana
desempeña un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y
política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se
construyan en la calle, en las plazas públicas y en los centros de
trabajo a través de las movilizaciones actuales y futuras. En algunos
países como Grecia, Portugal, Irlanda y Hungría, la cuestión de la
anulación de la deuda es un asunto de plena actualidad. Para España e
Italia está a punto de serlo. Y pronto este tema será un punto central
del debate político en muchos países.
Las naciones que ya están
sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros
organismos como la Comisión Europea, conviene que recurran a una
moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta
se hizo popular en los países más afectados por la crisis. A finales de
noviembre de 2010 en Dublín, una encuesta realizada a 500 personas
indicaba que el 57% de los irlandeses encuestados se pronunció a favor
de suspender el pago de la deuda (default, en inglés) antes que
por la ayuda de emergencia del FMI y de Bruselas. «Default!, say the
people» (¡Suspensión!, dice el pueblo) titulaba el Sunday Independent, principal
semanario de la isla. Una moratoria unilateral de ese tipo debe
combinarse con la realización de una auditoría ciudadana de las deudas
públicas que debe permitir que se suministren a la opinión pública las
pruebas y los argumentos necesarios para repudiar la parte de la deuda
identificada como ilegítima. Como ha mostrado en CADTM en varias
publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los
países ofrecen una base legal para una acción de ese tipo, soberana y
unilateral.
La auditoría también debe permitir que se
determinen las diversas responsabilidades en el proceso de endeudamiento
y que se exija que los responsables, tanto nacionales como
internacionales, rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos
particulares es legítimo que las instituciones privadas y las personas
de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas soporten la carga
de la anulación, porque tienen una amplia responsabilidad en la crisis,
de la que por añadidura se han beneficiado. El hecho de que deban
soportar esa carga solo es una vuelta justa hacia una mayor justicia
social. Por lo tanto es importante crear un registro de los poseedores
de títulos con el fin de indemnizar de entre ellos a las personas con
rentas bajas y medias.
Si la auditoría demuestra la existencia
de delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, sus autores
deberán ser condenados con severidad a pagar las reparaciones y no se
les debe permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la
gravedad de sus actos. Hay que llevar ante la justicia a las autoridades
que asumieron préstamos ilegítimos.
En cuanto a las deudas que
no estén afectadas de ilegitimidad según la auditoría, convendría
imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y
de las tasas de interés, así como una ampliación del período de
reembolso. También sería útil realizar una discriminación positiva a
favor de los pequeños poseedores de títulos de deuda pública que habría
que reembolsar de forma normal. Por otro lado, la parte del presupuesto
del Estado destinada al reembolso de la deuda deberá tener un tope en
función de la solvencia económica, la capacidad de los poderes públicos
de reembolsar y el carácter irreducible de los gastos sociales. Podemos
inspirarnos en lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra
Mundial: El acuerdo de Londres de 1953, que consistía en particular en
reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relación
entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no
debía sobrepasar el 5% (3). Se podría establecer una ratio de este tipo:
la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los
ingresos del Estado.
También es necesario crear un marco legal
para evitar que se repita la crisis que empezó en 2007-2008:
prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar
una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con
participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados
con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas,
adopción de la regla de oro de que los gastos públicos que permiten
garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y están
por encima de los gastos relativos al reembolso de la deuda…
Los caminos alternativos no faltan.
Notas
(3) Véase http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denon...
(2) Véase Les Echos, http://www.lesechos.fr/economie-pol... . Ver también Reuters, http://www.reuters.com/article/2012...
(3) Éric Toussaint, Banque mondiale…, op. cit., capítulo 4.
Damien Millet (profesor de Matemáticas, portavoz de CADTM France, www.cadtm.org
) y Eric Toussaint (doctor en Ciencias Políticas, presidente de CADTM
Bélgica, miembro del Consejo científico de ATTAC France) han escrito AAA , Audit, Annulation, Autre politique , Seuil, 2012. También dirigieron el libro colectivo La Dette ou la Vie, Aden-CADTM, 2011, que recibió el premio del Libro Político en la Feria del Libro Político de Liège en 2011.
Traducido para Rebelión por Caty R.
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