Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de
blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión.
Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del
narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es
delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la
defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna
actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero
consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal
no es sólo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación
cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en
general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de
adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos
acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la
promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda
clase de delincuentes, no sólo de los defraudadores fiscales – lo que
indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan
solo trabajadores-, sino también de los narcotraficantes, políticos
corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada
amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que
se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible,
añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los
paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en
cualquiera de las filiales de los grandes bancos abiertas en todos los
paraísos fiscales del mundo. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y
los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a
indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es
decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.
Sin trascender del mundo de lo que se ve de cerca y se toca y, por
tanto, desde el lado de quienes soslayan la ética de lo que es justo
como principio de organización social, se podría argumentar en contra
que a los narcotraficantes, a los corruptos, a los que viven de la trata
de personas no les interesa esta amnistía, aunque se les haya ofrecido,
porque sólo les garantiza impunidad frente a sus defraudaciones
fiscales, algo que nunca les ha preocupado. Según esto, la amnistía
fiscal es atractiva tan solo para quienes han ganado limpiamente el
dinero, pero han tenido la “debilidad” de no cumplir con Hacienda. Los
otros delincuentes no se arriesgarán a aflorar bienes que pueden poner
sobre la pista de su origen y acabar con ellos en la cárcel. Frente a
este discurso hay que decir que el desinterés hacia la amnistía fiscal
de los delincuentes que no solo son defraudadores requeriría que la
Agencia Tributaria estuviera dispuesta a indagar sobre el posible origen
delictivo de los capitales aflorados. A la dificultad de estas
hipotéticas investigaciones con el único dato de la identificación de
los bienes aflorados, se une la que provoca la propia opacidad del color
negro de este dinero, que, cuando se trata de cantidades importantes,
suele estar a buen recaudo en cuentas no menos opacas en paraísos
fiscales, cuya titularidad corresponde a personas o sociedades
interpuestas sobre cuyos auténticos titulares nada se va a saber nunca
jamás, porque nunca jamás van a querer los Gobiernos, ni los
especuladores que desaparezcan estos paraísos, que prestan un buen
servicio de alcantarillado. Así que cualquiera podría aflorar en España
el dinero de no se sabe quién y de no se sabe qué lugar del mundo.
Quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el
mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche
demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia otro lado. Esto
es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la
mal llamada amnistía fiscal.
José Manuel Gómez Benítez es catedrático de Derecho Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El País
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