Desde nuestra posición hemos defendido que esta crisis -y las medidas
aprobadas para intentar salir de ella- es una estafa porque está
suponiendo la transferencia de dinero público a manos privadas, todo lo
cual está incrementando la desigualdad económica y extendiendo la
pobreza y el desempleo. Uno de los canales fundamentales por los cuales
se produce esa transferencia de dinero público a manos privadas son los
rescates bancarios, que en realidad no son otra cosa que una clara
socialización de las pérdidas. Es decir, cuando hubo ganancias se
repartieron entre los accionistas y ahora que hay pérdidas se pagan con
cargo al erario público, esto es, a todos nosotros.
La justificación del salvamento a la banca (y cuando decimos banca
estamos diciendo sistema financiero, lo que incluye también a otras
entidades jurídicamente distintas de lo que es la banca) se realiza a
partir de la aceptación de que dejar quebrar a las entidades produce
efectos mucho más perjudiciales. La banca juega un papel primordial en
las economías modernas porque hace llegar el crédito a las empresas y
familias para que puedan continuar invirtiendo y consumiendo, todo lo
cual fomenta el crecimiento económico y permite entre otras cosas la
creación de empleo. No obstante, es importante anotar que este
endeudamiento está muy vinculado con el modelo de crecimiento de un país
y con los límites al crecimiento del sistema capitalista, como vimos aquí.
En cualquier caso, la interrupción del crédito lleva al estancamiento y
la recesión, por lo cual los Estados procuran tomar medidas que impidan
esa interrupción o permitan la recuperación del flujo de crédito.
Por ayuda debemos entender todo desembolso de dinero público que
tenga como objetivo que la banca aguante mejor el contexto económico y
las pérdidas. Pero no todas las ayudas a la banca son iguales. Podemos
distinguir cuatro grandes tipos de ayudas.
Las primeras, las llamadas recapitalizaciones o nacionalizaciones.
A veces se trata de la compra de la entidad (o de parte de ella) -lo
que es una nacionalización- y a veces se trata de un incremento de
capital. El resultado es que el Estado se hace propietario parcial o
total de la entidad. Esto significa que si la entidad tiene beneficios
el Estado recibirá su parte, y si la entidad tiene pérdidas se hará
responsable. Estos procesos pueden suponer que el Estado gana capacidad
de decisión sobre el futuro de la entidad -lo que se llaman derechos
políticos- pero también puede que el Estado decida renunciar a esa
capacidad. Lo normal durante esta crisis está siendo que los Estados se
hagan con el control parcial o total de entidades -en España normalmente
cajas de ahorro- pero con el compromiso de que se pongan a la venta en
menos de cinco años. Es decir, se inyecta dinero público para “sanear la
entidad” (pagar las pérdidas) y cuando se empiece a dar beneficios se
privatiza.
Las segundas ayudas son las garantías y avales. En
contexto de crisis como esta los bancos tienen problemas para
financiarse en los mercados financieros, es decir, les resulta más
difícil pedir prestado porque los prestamistas no se fían de que los
bancos puedan devolver el dinero. Y si los bancos consiguen pedir
prestado lo logran a un tipo de interés muy alto, por ejemplo el 9%.
Para dar facilidades a que los bancos puedan pedir prestado el Estado
avala los préstamos o garantiza los activos de los bancos con el fin de
que los prestamistas sepan que van a cobrar el dinero de todas formas y
así exijan tipos de interés mucho más reducidos. Estos avales o
garantías que proporciona el Estado tienen comisiones que son beneficios
para el Estado, pero también es un riesgo que adquiere el Estado porque
si el banco acaba no pagando entonces será el Estado quien se haga
cargo de toda la deuda.
Las terceras ayudas son las medidas de alivio en
favor de algunos bancos concretos. Estas medidas, conocidas como “asset
relief measure” suponen un apoyo del gobierno para liberar al banco de
activos que son considerado tóxicos. Pueden ser ayudas de tipo compra de
activos, que se traduce en que el gobierno compra los activos que
contablemente están valorados en 10 millones pero que en realidad valen
en el mercado solo 5 millones; lo que supone una pérdida real de 5
millones. Estas ayudas se traducen en pérdidas mucho más tarde -en el
momento de asumir que esos activos no valen exactamente lo que dicen
valer los libros de contabilidad. También pueden suponer que el Estado
garantice que si un activo resulta ser tóxico y valer menos entonces el
Estado se haga cargo de la pérdida consecuente. En ambos casos se trata
de enviar una “señal” al mercado: aunque existan activos tóxicos, el
Estado los hará desaparecer asumiendo él las pérdidas.
Las cuartas ayudas son las facilidades de financiación o inyecciones de liquidez.
El Estado puede prestar directamente a las entidades financieras a
tipos de interés más razonables o el Banco Central puede bajar las tasas
de interés, ampliar los activos considerados como garantías o
flexibilizar las condiciones de préstamo. Es decir, se trata de
garantizar que llegue el dinero a los bancos de una forma fácil y
asequible, asumiendo que de otra forma los bancos no obtendrían el
dinero necesario a las condiciones adecuadas.
En definitiva, y aunque pueda considerarse que los mecanismos de
ayuda son múltiples y complejos -lo que es verdad-, debe quedar claro
que el objetivo de las ayudas es facilitar que los bancos puedan
seguir prestando para que la economía siga creciendo y creando empleo.
Y esas ayudas buscan facilitar que los bancos reciben dinero de forma
fácil y barata, para lo cual el fundamento principal es asegurar que el
“mercado” (los que prestan el dinero a los bancos) confían en que si
prestan el dinero lo volverán a ver de vuelta. Es decir, se trata de dar confianza al sistema financiero a partir de la asunción de pérdidas o riesgos por parte del Estado.
España ha gastado ya al menos un 8’4% de su Producto Interior Bruto en las ayudas al sistema financiero, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea.
Esto supone un total de 88.800 millones de euros. El dato es hasta el
año 2010, lo que significa que actualmente será notablemente más alto (algunas fuentes lo suben hasta los 110.000 millones de euros).
El siguiente gráfico que he elaborado distingue entre los diferentes
tipos de ayudas según la clasificación de la Comisión Europea.
Como se puede comprobar las cantidades comprometidas son mucho
mayores, y eso quiere decir que está previsto que las ayudas efectivas
sean mucho mayores. Hay que pensar que de la misma forma que no todas
las ayudas son iguales, tampoco el Estado las soporta de la misma forma.
Algunas ayudas sólo se anotan como pérdidas cuando se producen,
mientras que otras van con cargo a Presupuestos y otras con cargo a
Deuda Pública (así no computa en déficit, por ejemplo). Este es un mundo
apasionante donde el Estado trata de disimular el verdadero alcance de
sus ayudas a la banca.
En cualquier caso, España ha comprometido hasta septiembre de 2011 un
total de 336.960 millones de euros en ayudas al sistema financiero. Y
no es de los países que más han comprometido, ya que Alemania ha
aprobado un total de 620.000 millones de euros.
Dos apuntes finales que merece la pena resaltar. El primero, que es obvio el contraste entre las ayudas al sistema financiero y las ayudas a la llamada economía real (empresas y hogares).
La línea oficial europea y que han seguido al pie de la letra tanto
Partido Popular como Partido Socialista es ayudar al sistema financiero,
asumiendo que una vez corregido los problemas de éste se resolverán por
arte de magia los problemas en la economía real. Por esa razón una de
las primeras reformas del Partido Popular ha sido la reforma del sistema
financiero (que aprobaron con el apoyo del PSOE). El segundo apunte,
que a la luz de los datos está claro que ninguna de estas medidas está siendo eficaz.
Más al contrario, cada mes que pasa la economía real se hunde un poco
más y arrastra de esa forma la rentabilidad y salud del sistema
financiero, todo lo cual conlleva la necesidad de nuevas ayudas a la
banca. Es un círculo vicioso que nace como resultado de no comprender
que son los problemas en la economía real los que verdaderamente
importan. Claro que hablar de esos problemas implica hablar de
desigualdad y de inversión pública en la economía, algo que la consigna
oficial desea ignorar.
Alberto Garzón Espinosa
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