¿Usted opina que los
240.000 millones de euros prestados a Grecia, los 85.000 millones a Irlanda o
los 78.000 millones a Portugal son una pesada carga para los contribuyentes
europeos? ¿Sospecha que los 40.000 millones que quizá tenga que ahorrar España para
cumplir con el objetivo de déficit que le impone Bruselas supondrán una
hipoteca insoportable para que nuestro país pueda volver al crecimiento? ¿Se
sorprende de las gigantescas subastas de liquidez que el Banco Central Europeo
(BCE) facilita a los bancos por centenares de miles de millones de euros, a un
1% de tipo de interés? Pues bien: el conjunto de estas cantidades, si fuesen
homogéneas y se pudieran sumar, sería inferior a las ayudas directas que los
Gobiernos europeos han concedido hasta ahora a sus bancos para que puedan
sobrevivir.
Los
programas de apoyo a las entidades financieras europeas tienen que ser
aprobados por la Dirección General de la Competencia, de la Comisión Europea
(CE). El comisario de la materia, Joaquín Almunia, ha actualizado los datos de
las muletas —cantidades de dinero público para rescatar o reestructurar a las
entidades financieras en dificultades— autorizadas en el periodo 2008-2010
(faltan, por tanto, las del año 2011, con operaciones tan significativas como
las de las cajas de ahorros españolas o las del banco Dexia, auxiliado por
segunda vez). Según Almunia (al que cita Efe) los Gobiernos de la Unión Europea
(UE) han utilizado 1,6 billones de euros para rescatar a los bancos,
desagregados en 400.000 millones para recapitalizarlos y solucionar el problema
de la basura tóxica, y 1,2 billones en liquidez. La CE habría autorizado la
reestructuración de 42 bancos desde la caída de Lehman Brothers en otoño de
2008, y estaría negociando la de otras 23 entidades.
Un
estudio del servicio de estudios de La Caixa (Informe mensual, febrero de 2012)
aporta otros datos muy significativos (siempre sin tener en cuenta aún el año
2011). Las cuentas del Gran Capitán de la banca europea serían las siguientes:
en apoyos de capital y liquidez, 500.000 millones de euros, correspondientes a
inyecciones directas de capital (con y sin derechos políticos), recompra de
activos tóxicos para eliminar la incertidumbre de sus balances o concesión de
créditos para favorecer la liquidez; en emisiones de deuda con aval público,
1,1 billones de euros. A ello hay que sumar la política macroeconómica del BCE,
con sus masivas inyecciones de liquidez en créditos blandos y la compra de
cédulas hipotecarias.
El
estudio de La Caixa analiza los impactos de las ayudas en las cuentas públicas
de los países, en tres direcciones. La primera, el endeudamiento: las
inyecciones de capital, la compra de activos o las concesiones de créditos
requieren importantes desembolsos por parte de los Estados, que han tenido que
financiar con más deuda. Según datos de Eurostat, los pasivos de los Estados
han crecido en 643.625 millones de euros como consecuencia de las
intervenciones públicas en el sector financiero.
En
segundo lugar, en los balances no están recogidas todas las ayudas públicas.
Cuando estas se articulan a través de garantías o avales, el impacto en las
cuentas estatales es distinto. Los avales a la emisión de nueva deuda han
emergido como una muleta clave, pero no han exigido hasta ahora el desembolso
de dinero de los Estados: a diferencia de las medidas de nacionalización o de
las inyecciones de liquidez, no han aumentado el endeudamiento público, aunque
generan fuertes riesgos potenciales. Por último, los Estados podrán tener
ingresos o pérdidas derivados de todas estas ayudas que influirán en el déficit
público; entre los ingresos se consideran la remuneración por los avales, las
comisiones por préstamos,… y entre los gastos figura el coste de financiación
de los préstamos, el deterioro de los activos adquiridos y, en su caso, la
necesidad de ejecutar los avales. En el acumulado desde 2007 a 2010 los Estados
europeos han incrementado el déficit público en casi 70.000 millones.
Mientras
ello sucede, continúa la contracción del crédito a las familias y empresas y
las expectativas no son mejores para el futuro inmediato. Un ciudadano ingenuo,
el mismo que se hacía las preguntas iniciales, podría cuestionarse
legítimamente para qué sirven los bancos y preguntarse “¿qué hay de lo mío?”.
Joaquín Estefanía. El País
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