Al terminar el año 2011, España tenía 5,3 millones de parados, el
equivalente al 23% de su población activa, y todas las previsiones para
2012 señalan que estas cifras seguirán empeorando, como consecuencia de
una nueva caída en la actividad económica. Ante semejante deriva, la
creación de empleo de calidad, a corto y a medio plazo, debe ser el
objetivo irrenunciable de la política económica, que exige una rotunda
movilización de todos los esfuerzos en esa dirección.
En este escenario, adverso y crítico, el gobierno ha impulsado una
nueva reforma laboral, insistiendo en un camino fracasado que se ha
transitado ya otras veces con los mismos resultados: retrocesos sociales
y aumento de la precariedad laboral, sin que ello evitara la
destrucción de empleo en las crisis económicas, e incluso haciéndolo más
vulnerable a los cambios de ciclo. El último ejemplo es, precisamente,
la reforma que el gobierno anterior aprobó en 2010, que no ha tenido
ningún efecto positivo en la creación de empleo ni en la reducción de la
temporalidad. ¿Por qué otra vuelta de tuerca más?
La reforma laboral que se ha aprobado pone de manifiesto tanto una
fuerte carga ideológica y una clara intención de incrementar el poder
unilateral de los empresarios, vaciando de contenido los principios
clásicos del derecho laboral, como un diagnóstico equivocado sobre las
causas del paro y sus posibles soluciones.
Las medidas aprobadas suponen un claro deterioro de derechos
esenciales de los trabajadores: el de la causalidad del despido y su
indemnización, el de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de
los convenios, el de tutela judicial efectiva o el de mantenimiento de
las condiciones laborales pactadas. Y en cierta medida afectan también a
la prestación por desempleo, que ahora podrá condicionarse a la
realización de determinadas tareas “en beneficio de la comunidad”,
desdibujando su carácter de “derecho de ciudadanía”.
No debemos resignarnos a perder sin más derechos que tanto ha costado
conquistar. Primero, porque la razón de ser del derecho laboral es
precisamente la relación desigual que existe entre el asalariado y el
empleador, la asimetría intrínseca entre trabajadores y empresas que
caracteriza el contrato individual de trabajo. Segundo, porque estos
derechos, recogidos en la Constitución, forman parte en sí mismos de la
democracia, que no puede quedarse a la puerta de las empresas. Esta
pérdida de derechos, por tanto, viene a sumarse a la pérdida de calidad
de nuestro sistema democrático que está produciéndose ya en otros
ámbitos, y de manera esencial en la pérdida de soberanía de la política
económica frente a los mercados e instituciones no responsables ante los
ciudadanos. Tercero, porque, introducido bajo la coartada de la
excepcionalidad de la crisis y la lucha contra el paro, este cambio en
las relaciones laborales tiene en realidad vocación de permanencia. Y
cuarto, porque es radicalmente falso que la causa de la crisis tenga un
origen laboral o que el desempleo de algunos trabajadores se origine en
los derechos laborales de otros.
Efectivamente, la reforma laboral se pretende justificar bajo la
premisa –errónea- de que la fuerte elevación del desempleo registrada en
España durante la crisis demuestra el mal comportamiento del
mercado de trabajo, cuya rigidez impide los ajustes necesarios para
volver a crear empleo. Pero el origen de la crisis y del desempleo
actual se encuentra más bien en las debilidades de un patrón de
crecimiento insostenible y en las políticas de recortes que se están
aplicando.
En la anterior fase expansiva España era –con el mismo marco de
relaciones laborales que ahora se reforma- el país europeo que más
empleo creaba. Sin embargo, la crisis ha puesto sobre la mesa lo que ya
era evidente mucho antes: que el empleo que se estaba creando era
precario, mal remunerado, poco cualificado, concentrado en sectores de
poco valor añadido y muy volátil ante los cambios en el ciclo económico.
Esto se explica por la propia composición sectorial de nuestra economía
y por una legislación muy permisiva con la utilización de la
contratación temporal, producto precisamente de reformas anteriores del
mercado de trabajo que ya pretendieron aumentar la flexibilidad de las
empresas. Los efectos negativos de esta desproporcionada tasa de
temporalidad son bien conocidos, pero esta reforma laboral no corrige
estos problemas, sino que al error inicial le suma otros, como una mayor
facilidad para despedir y empeorar los salarios y las condiciones
laborales.
Para lograr un cambio en la cantidad y en la calidad del empleo se
necesita, fundamentalmente, un modelo productivo en el que la fuerza de
trabajo sea un factor más importante –por la necesidad de contar con una
formación específica para la realización de tareas con mayor valor
añadido- y la confianza en un crecimiento económico sostenido que
permita mantener el empleo en la empresa. Lo primero exige tomar en
serio y adoptar medidas que posibiliten el cambio en el modelo
productivo (políticas industriales, formación profesional, investigación
y desarrollo) y lo segundo una política macroeconómica orientada hacia
el crecimiento sostenible y la garantía de una demanda agregada
suficiente. Es verdaderamente sorprendente que ni lo uno ni lo otro
formen parte de la estrategia actual de lucha contra el paro.
Antes al contrario, un elemento central de la política económica
actual es el recorte drástico y generalizado del gasto público -la mal
llamada austeridad fiscal- cuyos efectos sobre la demanda agregada y la
tasa de crecimiento se están haciendo más que evidentes. Mientras no se
abandonen –y no nos referimos con esto a retrasar algunos meses, algunas
décimas, los objetivos de consolidación presupuestaria- será imposible
la creación de empleo en Europa.
Entonces, ¿cuál puede ser la lógica económica que subyace en la
decisión de impulsar la reforma laboral como el instrumento central de
la lucha contra el desempleo? Todo parece indicar que lo que se pretende
es una “devaluación interna” que, mediante una bajada generalizada de
las remuneraciones de los trabajadores, compense la imposibilidad de
devaluar la moneda dentro de una unión monetaria. De esta forma, se
obtendrían ganancias de competitividad en los mercados internacionales
que impulsarían nuestra demanda de exportaciones, compensando las caídas
previstas en las demanda de consumo de los hogares, en la demanda de
inversión de las empresas y en la demanda pública, y favoreciendo el
ajuste de nuestra deficitaria balanza de pagos. Sin embargo, esta
estrategia nos parece equivocada y muy arriesgada, además de
profundamente costosa desde el punto de vista social:
- Tiende a responsabilizar de forma implícita al comportamiento de
los salarios de los desequilibrios acumulados en el pasado y del aumento
actual del paro: habrían provocado una pérdida de competitividad que
ahora hay que compensar. Sin embargo, esta explicación olvida que los
salarios reales permanecieron prácticamente estables durante todo el
periodo expansivo anterior; que los aumentos en los salarios nominales,
por tanto, compensaban en realidad los mayores aumentos de precios y
márgenes empresariales en relación con otros países; o que los costes
laborales unitarios nominales ya se han moderado sustancialmente en
España desde el comienzo de la crisis.
- Dado que estas políticas se están aplicando de forma generalizada
en Europa, es muy improbable que la demanda de exportaciones crezca
sustancialmente. Primero, porque la recesión afectará a la mayoría de
los países de la UE, y por tanto el volumen global de comercio se
reducirá. Segundo, porque nada asegura que las bajadas salariales en
algunas partes de la unión monetaria no sean neutralizadas por
reducciones similares en otros países, iniciándose una “competencia a la
baja” por obtener un porcentaje mayor de un mercado cada vez más
pequeño, y con menos y peor empleo.
- Lo que sí es muy probable, en cambio, es que la estrategia de
reducción salarial y abaratamiento del despido agrave el estancamiento
de la demanda interna. Esto se producirá por el efecto negativo sobre el
consumo -¡el salario no es sólo un coste, sino también la fuente
principal de las ventas de las empresas!- que en la coyuntura actual
será aún mayor por el alto nivel de endeudamiento de las familias, por
la elevada tasa de desempleo y por la inseguridad que se deriva del
abaratamiento del despido. Y, sin un cambio en las expectativas sobre la
demanda, ni siquiera cabe esperar que la inversión de las empresas se
incremente por la mejora de su rentabilidad que se derivaría de las
bajadas salariales: sobra capacidad instalada sin utilizar.
- Por último, no hay que olvidar que uno de los factores que más ha
contribuido a la gestación de la crisis actual es el empeoramiento
secular en la distribución de la renta, que tiene mucho que ver con las
políticas de restricción salarial, y nada con la legislación laboral. La
peor distribución de los ingresos generaba una insuficiencia global de
demanda que se pudo compensar durante algunos años con el aumento de las
deudas –fundamentalmente privadas- en algunos países como España. La
experiencia, sin embargo, ha mostrado que esta aparente solución es
insostenible a medio plazo. Y una política que se encuentra en el origen
de la crisis no puede ser ahora la vía de salida. Persistir en ella, al
contrario, la agravará.
Más allá de estas consideraciones, la reforma laboral aumenta la
capacidad de intervención y de presión del empresariado, al tiempo que
debilita la incidencia de las organizaciones sindicales y la capacidad
de resistencia de los trabajadores. Se abre –o, para ser más precisos,
se consolida- un escenario crecientemente desnivelado que, lejos de
promover el cambio estructural que precisa nuestra economía, alimenta
una cultura económica sustentada en la obtención de ventajas
competitivas espurias (reduciendo costes salariales y derechos
laborales) y, por ello, de corto recorrido. Eso sí, esta reforma laboral
y las políticas de ajuste presupuestario, acrecientan las
desigualdades, lo que, en un contexto de estancamiento económico, agrava
las fracturas sociales y sitúa a algunos grupos sociales en posición
apropiarse de una parte creciente de la riqueza, en el contexto de una
estrategia que muy bien podríamos denominar “redistribución sin
crecimiento”.
En definitiva, nuestro rechazo a la devaluación de los derechos
laborales y nuestra convicción de que se trata de una estrategia
profundamente injusta y equivocada para resolver los problemas
económicos y sociales que se derivan del elevado desempleo que sufre
España, nos lleva a manifestar el rechazo a la reforma laboral aprobada
recientemente por el gobierno español y a pedir el abandono de la actual
orientación de la política económica.
EconoNuestra Marzo 2012
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