Este artículo critica el
argumento ampliamente promovido en los mayores fórums económicos y
financieros españoles de que el elevado desempleo en España se debe a
las rigideces del mercado de trabajo. El artículo documenta que el
elevado desempleo en España se debe a la escasa producción de empleo,
resultado, a su vez, del escaso desarrollo del sector público y muy en
particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar.
Una característica de la economía
española ha sido la existencia de un elevado desempleo. Tanto en
momentos de bonanza, con elevadas tasas de crecimiento económico, como
en momentos de recesión, el desempleo en España es mayor, y en ocasiones
mucho mayor, que el promedio de los países de la Unión Europea (UE-15),
el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de
desarrollo económico.
La interpretación que la sabiduría
convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo
español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de
mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado
protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya
tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen
trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo.
Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes
dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los
puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen
contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen
los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los
sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar
en el mercado de trabajo.
Este argumento ignora
deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo
existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos
sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los
empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los
jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres
serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor
coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del
gobierno PP: rebajas de salarios.
Algunos economistas argumentan que
los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos
veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará
blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite
menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de
mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una
cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido
tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del
boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la
UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más
tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de
trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se
crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo
tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de
despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países
de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la
recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden
despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos,
con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más
elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.
Los datos muestran que España tiene
una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de
desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las
reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la
creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello
sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa
creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que
España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000
habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y
donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España
sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El
promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España
tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia,
tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el
mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En
contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene
un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los
servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del
promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el
nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social
de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).
Este escaso desarrollo del empleo
público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja
en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se
facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante
el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de
infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de
trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una
mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos
puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las
amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea
trabajo.
La pregunta inmediata es ¿cómo se
pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque
no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al
Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el
promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.
Y ahí está la raíz del problema.
Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y
se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que
facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables
del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de
euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es
que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí
está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y
persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el
sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los
sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se
autodefine de ser democrático.
Vicenç Navarro
El Pural
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