Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas
entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el
gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma
dinero público (para ver las diferentes formas de ayuda y su cuantía
leer este artículo). Este
traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas
entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso
contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha
esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a
las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que
terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto
este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.
Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.
Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000
millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700
millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y
que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe
hacerse cargo de esas pérdidas.
¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se
rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en
asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan
contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos
que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque
cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también
perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo
un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá
del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor
ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.
Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.
Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas.
Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que
genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado
bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser
los primeros en asumir pérdidas.
Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas
por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones
de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene
que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden
comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de
los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.
Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).
En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes.
Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han
depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido
riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se
entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de
liquidación.
Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados.
Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo)
que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han
ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben
ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).
Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante:
si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los
bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda
seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el
dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los
depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese
devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco
fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los
accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los
poseedores de bonos no garantizados.
Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos
españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos
bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única
forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado
a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas
cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles
nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en
caso de liquidación. La estimación más pesimista
calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más
optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y
por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una
cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más
arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos
subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors
este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000
millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista
(300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no
llegasen a afectar a los depositantes.
En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero
público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser
liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a
los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los
ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese
ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni
el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de
los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y
otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se
embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en
cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades
financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que
sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a
su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.
Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó
que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así
porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no
poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar
bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o
para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que
sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los
ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones
bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general
no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en
absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con
ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?
La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a
los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social;
fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que
saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el
poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados
españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea
una enorme estafa.
Eduardo Garzón
Saque de Esquina
No hay comentarios:
Publicar un comentario