“La deuda se paga o se paga”. Nos lo han grabado a sangre y fuego.
Una de esas máximas que a fuerza de ser repetidas una y otra vez se
convierten en verdades absolutas. Pero, ¿es eso cierto? ¿Y si la deuda
hipoteca nuestro futuro? ¿Y si la deuda no la hemos contraído nosotros?
Entonces, ¿por qué hay que pagarla?
Anteayer el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro presentaba el
proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Todo, o
prácticamente todo, baja. La sanidad encabeza la lista, con un 22,6% de
recortes; educación, pierde un 17,4%. Nos quieren enfermos y
analfabetos. También disminuyen las prestaciones por desempleo, los
fondos destinados a las políticas de igualdad, las subvenciones a la
cultura, la cooperación al desarrollo. Y ¿qué sube? De lo prácticamente
poquísimo que sube: los intereses de la deuda.
La deuda pública alcanzará en 2013 el 90,5% del PIB, cuando en 2012
cerró en un 70,2%. Sus mayores niveles en un siglo. ¿Por qué? El rescate
de la banca, la respuesta. Las aventuras y desmanes del sistema
bancario nos han salido caros. Se socializan las pérdidas, mientras que
los beneficios continúan siendo privados. Se nos recorta en sanidad,
educación, ayudas públicas…, mientras se invierte en salvar,
precisamente, a aquellos que nos han conducido a la actual situación de
bancarrota.
Salvar a la banca es un pozo sin fondo. Hasta el momento se han
invertido ya miles de millones de euros. ¿Sus destinatarios? Bankia,
Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa, Cajasur, la CAM, UNNIM, Banca Cívica,
Banco de Valencia… Y el propio Gobierno reconoce que, muy
probablemente, una suma importante de los mismos, 21 mil millones, ya no
se recuperará. La factura, al final, la pagamos nosotros. Los
beneficios se los quedan ellos, claro.
El gran problema de la deuda privada, muy superior a la pública, ha
acabado repercutiendo en las arcas públicas, en la medida en que una
parte de la deuda bancaria ha sido asumida por el Estado. Y la crisis de
la deuda soberana y el aumento de la deuda pública han servido de
excusa perfecta para justificar medidas de ajuste y recortes, mientras
que las grandes fortunas y las rentas altas cada vez pagan menos
impuestos. Conclusión: se transfiere el coste de la crisis creada por
unos pocos al grueso de los ciudadanos. Un negocio redondo.
Llegados aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿hay que pagar la
deuda? Una deuda que es resultado, principalmente, de salvar a unos
bancos que “han vivido por encima de sus posibilidades”. Unos bancos que
durante años regalaron crédito fácil a constructoras para edificar
pisos que han quedado vacíos, aeropuertos que aún están esperando
aviones e infraestructuras en desuso. Bancos que endeudaron a miles de
familias aún y a sabiendas que éstas no podrían devolver dichos
créditos. ¿Nosotros tenemos que pagar esta deuda? ¿Tenemos que pagar por
la avaricia y la codicia de unos pocos? Creo que no.
Las deudas no siempre se pagan. Y así deja constancia la historia. La
doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza
para exigir el no pago de una deuda tomada por un gobierno y utilizada
en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas
contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Incluso Estados
Unidos esgrimió dicha doctrina para no hacerse cargo de las deudas
adquiridas por el gobierno de Irak, cuando en 2003 este país pasó a
estar bajo su administración. Aunque finalmente Estados Unidos renunció
al argumento de la deuda odiosa, consciente del precedente que podría
sentar. Nota: el alivio de la deuda, de todos modos, se llevó a cabo
alegando razones de “sostenibilidad”. Cuando interesa, la deuda no se
asume y se perdona.
Si no debemos, no pagamos. Y es por lo tanto imprescindible auditar
las deudas para saber quién las contrajo, a quiénes han beneficiado,
para qué han servido. Así lo han hecho gobiernos como el de Ecuador,
cuando en el año 2007 pusieron en marcha una comisión para auditar la
deuda pública interna y externa y que culminó, en 2008, rechazando pagar
parte de la deuda al declararla ilegítima.
Ahora nos toca aquí. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
‘No debemos no pagamos’ indica el camino. Se trata de auditar las deudas
contraídas por las administraciones públicas, señalar aquellas que sean
ilegítimas, denunciar a sus responsables y exigir el no pago. En
definitiva, desmontar el mito de rembolsar la deuda “sí o sí”. Pagar la
deuda es pagar la crisis. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?
Esther Vivas
Público
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