sábado, 27 de octubre de 2012

El impresionante rastro del fraude fiscal

La caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades se explica por el aumento de la defraudación.

En 2007, previo al estallido de la crisis, las empresas obtuvieron, según la Central de Balances del Banco de España, beneficios récords. Aumentaron un 14,9% respecto al año anterior. Incluso en el primer trimestre de 2008 (ya instalada la crisis) los resultados de las empresas no financieras subieron un 8%, mientras que las financieras los disminuyeron, por primera vez, en un 1,5%. Con esos datos en la mano, Hacienda esperaba una recaudación en el impuesto de sociedades superior a la de 2006 o, como mínimo, similar. Pero no fue así: el impuesto sobre sociedades experimentó una brusca caída del 18%.

Son datos que hicieron públicos los inspectores de Hacienda ya en septiembre de 2008. La única explicación posible a ese fuerte descenso en la recaudación, aseguraron, era el incremento del fraude fiscal.
 
En solo dos años, 2008 y 2009, el impuesto de sociedades y el IVA cayeron más de 46.000 millones de euros. El IVA se recuperó, pero el impuesto de sociedades no, según ha asegurado esta misma semana Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE).
 
La primera explicación que se suele dar a la espectacular caída en la recaudación fiscal, insiste De la Torre, es que resulta inevitable porque en España se han destruido millones de empleos y porque la parte de la economía sumergida ha aumentado. Pero eso no explicaría lo sucedido en 2008. Además, la destrucción de empleo no disminuye los ingresos empresariales, sino los del IRPF y las cotizaciones sociales.

En definitiva, en España, el fraude fiscal ha aumentado y se concentra, según los expertos, en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales y en grandes fortunas personales. Las profesiones liberales o de servicios, en las que tan frecuentemente se centra la desconfianza de los ciudadanos, son responsables de entre un 20% y un 10% aproximado de ese fraude, lo que no es poco, pero que resulta menos relevante.

El por qué la legislación española en la lucha contra el fraude fiscal ha sido siempre tan tímida e ineficiente es una pregunta que deberían responder los sucesivos Gobiernos que han ocupado La Moncloa. ¿Por qué España dedica aún menos medios a la inspección tributaria que cualquier otro país de nuestro entorno? ¿Por qué se ha podido acumular una cantidad tan enorme (unos 50.000 millones de euros) de deuda tributaria pendiente de cobro sin que nadie reformara las leyes que lo permitían?

La respuesta a algunos de estos datos está en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, que fue aprobada el pasado miércoles en el Senado. Lamentablemente, la nueva normativa incluye reformas necesarias, solicitadas desde hace tiempo por los inspectores fiscales, pero deja sin resolver algunos problemas.

Por ejemplo, el cobro de deudas tributarias pendientes. Es cierto que corresponde a una reforma del Código Penal evitar la sorprendente situación actual, según la cual Hacienda cobra una deuda tributaria de 1.000 euros vía ejecutiva mientras que una deuda de cientos de miles pasa al limbo del “pendiente de cobro” durante años, mientras se resuelve todo el proceso.

Sucede que la reforma penal, que permitirá a Hacienda proseguir con el embargo ejecutivo sin esperar a la sentencia definitiva, está retrasada. Y, por supuesto, no afectará retroactivamente a esos famosos 50.000 millones que “duermen” ahora, empapelados, en los grandes despachos de abogados.

La ley tampoco va a resolver un problema que trae de cabeza a los inspectores: la obligación de cerrar, con carácter general, cualquier investigación fiscal en un plazo de 12 meses. Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un año, o deben cerrar el expediente. La investigación de la red china descubierta en Madrid llevó tres años, pero porque se inició como una investigación policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultados.

Soledad Gallego-Díaz
El País

Cómo poner fin al exilio fiscal

El deseo del magnate francés Bernard Arnaud de adquirir la nacionalidad belga reaviva el debate sobre el exilio fiscal y el rechazo de los grandes patrimonios a cumplir sus obligaciones tributarias. No obstante, existe una solución simple y eficaz para poner fin a la evasión fiscal legal.

Bernard Arnaud, primera fortuna europea y cuarta fortuna mundial con 40.000 millones de euros, cuyo salario anual se eleva a 10 millones de euros y cuyas inversiones generan cada año 200 millones de euros de ganancias, pidió su naturalización con el fin de conseguir la nacionalidad belga(1). Algunos sospechan que el hombre más rico de Francia quiere escapar de su deber de ciudadano, igual que varias decenas de miles de exilados fiscales que eligieron instalarse en otros países como Suiza, Bélgica, Reino Unido u otros que ofrecen sustanciales ventajas a los más adinerados(2).

Entre 1988 y 2006, el 0,01% de los franceses más ricos, alrededor de 3.500 familias, vieron sus ingresos reales aumentar un 42%. A guisa de comparación, en el mismo periodo, el 90% menos pudiente sólo se benefició de un alza de 4,6% (3). Así, la evasión fiscal legal e ilegal cuesta cada año 50.000 millones de euros al Estado francés. Con semejante suma, se podrían construir 500.000 viviendas sociales a 100.000 euros, o se podrían crear más de 1,5 millones de puestos en educación, salud, servicios sociales o cultura.

En Suiza, en algunos cantones, los residentes extranjeros no pagan impuestos sobre sus ingresos o su patrimonio sino únicamente sobre sus gastos, lo que vuelve muy atractivos esos territorios para los más acaudalados. En este país, donde residen cerca de 2.000 exilados fiscales franceses, las 43 familias más adineradas acumulan una fortuna de 36.500 millones de euros(4).

Para responder a la problemática del exilio fiscal, el argumento dominante en Francia, que defienden el mundo económico, la derecha y una parte del centro-izquierda, consiste en promover una disminución de la tasa tributaria para las categorías más acaudaladas. Así, tras su elección en 2007, el antiguo presidente Nicolas Sarkozy adoptó el escudo fiscal, un dispositivo tributario según el cual no se pueden gravar los ingresos de un contribuyente más de un 50%(5).

No obstante, existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la evasión fiscal legal. Actualmente, la imposición está vinculada al lugar de residencia. Así, un exilado fiscal francés que elige vivir más de seis meses al año en Suiza se convierte automáticamente en contribuyente suizo y se beneficia de su legislación ventajosa. Sucede lo mismo para el francés que se instalase en Luxemburgo, Reino Unido o Bélgica.

Para poner fin a este abuso que priva de importantes recursos al Estado francés, y por consiguiente a los ciudadanos, bastaría simplemente con vincular la imposición a la nacionalidad, y no al lugar de residencia, y aplicar una tasación diferencial. Este dispositivo acabaría automáticamente con esta plaga. Así, un contribuyente francés refugiado en Suiza que sólo pagara un 35% de impuestos en su nuevo lugar de residencia, en vez de un 41% en Francia por ejemplo, se vería obligado legalmente a pagar la diferencia al Estado francés, es decir un 6%, lo que haría inútil toda expatriación por razones de orden fiscal.

Esta práctica existe en países como Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses instalados en el exterior pagan exactamente los mismos impuestos, conseguidos en cualquier parte del mundo, que sus compatriotas que viven en el territorio nacional. Desde un punto de vista técnico, todos los países del mundo entregan cada año al Departamento del Tesoro una lista de los estadounidenses que viven dentro de sus fronteras. Así, el exilio fiscal ya no resultaría posible y la única alternativa para escapar de los impuestos sería la evasión fiscal ilegal. 

Para contrarrestar este tipo de delito, el Congreso estadounidense adoptó una ley que permite a toda persona –en particular los empleados de los grandes bancos– que ofrezca información sobre los casos de fraude fiscal conseguir hasta el 30% de las sumas que recupera el Estado. Así, Bradley Birkenfeld, antiguo empleado del banco suizo UBS, obtuvo la suma de 104 millones de dólares por suministrar información, "excepcional a la vez por su tamaño y su alcance”, sobre los delitos de evasión fiscal que cometieron los clientes estadounidenses del Banco. Esta información permitió a los servicios tributarios estadounidenses recuperar la suma de 5.0000 millones de dólares y conseguir la lista de todos los delincuentes que tenían una cuenta en UBS(6).

Francia y las demás naciones, europeas y del mundo, deberían adoptar un modelo tributario que permitiera aplicar la tasación diferencial, vinculando la imposición a la nacionalidad y no al lugar de residencia. Del mismo modo, para luchar contra la evasión fiscal ilegal, que constituye una expoliación caracterizada de la riqueza nacional, los delincuentes de cuello blanco deberían recibir sanciones más severas, a la altura del daño causado. Entonces, los más adinerados tendrán que elegir entre su nacionalidad o su dinero.

[El último libro de Salim se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr - Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel].
Notas:
(1) Ivan Letessier, «Bernard Arnault, première fortune de France», Le Figaro, 9 de septiembre de 2012.
(2) France Info«Exilés fiscaux: de quoi parle-t-on?», 13 de marzo de 2012.
(3) L’Humanité, «C’est la loi qui autorise l’évasion fiscale, elle peut donc aussi l’empêcher», 9 de marzo de 2012.
(4) Bilan, «Les Français, réfugiés politiques en Suisse?», 14 de diciembre de 2011.
(5) Le Figaro, «Bouclier fiscal: 750 millions d’euros en 2012», 4 de julio de 2012.
(6) 20 minutes, «Récompense record de 104 millions de dollars pour le dénonciateur d’UBS», 11 de septiembre de 2012.

Salim Lamrani
Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV. Profesor en las Universidades Paris-Sorbonne-Paris IV y Paris-Est Marne-la-Vallée. Periodista, especialista sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
Adital
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=es&cod=71506

miércoles, 24 de octubre de 2012

Los intereses de los préstamos bancarios: ¿qué justificación tienen y por qué no deberíamos pagarlos?

Cualquier persona que haya tenido que devolver un préstamo sabe lo que significan los intereses a la hora de pagarlo. Uno recibido, por ejemplo, al 7% supondría tener que devolver casi el doble del capital recibido al cabo de diez años. 

Tanto es el peso de lo intereses que llevan consigo los préstamos que durante mucho tiempo se consideró que cobrarlos por encima de unos niveles determinados más o menos razonables se consideraba no solo un delito de usura sino una acción inmoral, o incluso un pecado grave que condenaría para siempre a quien lo cometiera. 

Hoy día, sin embargo, casi todos los gobiernos han eliminado esa figura delictiva y a todo el mundo le parece natural que se cobren intereses legales de hasta un 30% (esto es lo que cobran en estos momentos los bancos españoles a los clientes que sobrepasen su línea de crédito) o que haya naciones hundidas en la miseria no exactamente por lo que deben sino por la cuantía de los intereses que han de pagar. 

Los países de la Unión Europea renunciaron a tener un banco central que los financiara cuando necesitasen dinero y entonces tienen que recurrir a la banca privada en esas circunstancias. En consecuencia, en lugar de financiarse al 0%, o a un interés mínimo que simplemente cubra los gastos de administrar la política monetaria, tienen que hacerlo al 4, 5, 6 o incluso al 15% en algunas ocasiones. Y eso hace que cada año los bancos privados reciban entre 300.000 millones y 400.000 millones de euros en forma de intereses (¿tengo, entonces, que explicar quién estuvo y por qué detrás de la decisión de que el Banco Central Europeo no financiara a los gobiernos?). 

Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones de euros en intereses desde 1980 (cuando el banco central dejó de financiar al gobierno) a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año ( Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système?, Ed. Yves Michel, París, 2009). Es decir, que si Francia hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se habría ahorrado 914.000 millones de euros y su deuda pública sería hoy insignificante. 

En España ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos pagado ya, a cuenta de los intereses (227.000 millones en total desde entonces), tres veces la deuda que teníamos en 2000 y a pesar de ello ahora seguimos debiendo todavía el doble de lo que debíamos en ese año (Yves Julien y Jérôme Duval, España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra? ). Eduardo Garzón ha calculado que si un autentico banco central hubiese financiado los déficits de España desde 1989 a 2011 al 1%, la deuda ahora sería también insignificante, del 14% del PIB y no de casi el 90% ( Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública )

Y lo curioso es que estos intereses que cobran los bancos a las personas, a las empresas o a los gobiernos y que lastran continuamente su capacidad de crear riqueza no tienen justificación alguna. 

Se podría entender que alguien cobrase un determinado interés cuando concediese un préstamo a otro sujeto si al hacerlo renunciase a algo. Si yo le presto a Pepe 300 euros y eso me impide, por ejemplo, pasar un fin de semana de vacaciones con mi familia podría quizá justificarse que yo le cobrase un interés por la renuncia que hago a mi disfrute. Pero es que eso no es lo que sucede cuando un banco presta . 

Lo que la mayoría de la gente no sabe, porque los banqueros se encargan de disimularlo y de que no se hable de ello, es que cuando los bancos prestan no están renunciando a algo porque, como decía el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, el dinero que prestan no existe previamente sino que lo crean ex nihilo, es decir, desde la nada. 

El procedimiento es muy sencillo y lo explicamos Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los amos del mundo. las armas del terrorismo financiero (p. 57 y siguientes):
"Supongamos que Pedro se deja convencer por un banquero y deposita los 100 euros de los que dispone en un banco, a cambio de recibir un interés del 4% al año. En ese momento, el banco hace dos anotaciones en su balance, que es el libro en donde registra sus cuentas: 

- Por un lado, anota que tiene 100 euros como un activo (los activos son los bienes o los derechos sobre otros que tiene alguien), y más concretamente en concepto de dinero metálico entregado por Pedro. 

- Por otro, anota que tiene un pasivo (los pasivos son las obligaciones de alguien) de 100 euros, puesto que ese metálico es en realidad de Pedro y tendrá que devolvérselo en el momento en que lo reclame. 

Al hacerse este depósito tampoco ha cambiado la canti- dad de dinero en la economía. Sigue habiendo 100 euros, aunque ahora estén físicamente en otro lugar, en la caja del banco. 

Ahora supongamos que otra persona, Rebeca, necesita 20 euros y veamos qué ocurre en la economía si Pedro le presta esa cantidad o si es el banco quien lo hace. 

Si Pedro tiene 100 euros y le da 20 en préstamo a Rebeca la cantidad de dinero existente en la economía sigue siendo la misma: 100 euros, solo que ahora 20 están en el bolsillo de Rebeca y 80 siguen en el de Pedro. El préstamo entre particulares no ha alterado la cantidad de dinero total aunque sí produce un efecto importante: Pedro ha renunciado a poder gastar una parte de su dinero, los 20 euros que le presta a Rebeca. 

Pero ¿qué ocurre si no es Pedro quien le da un préstamo de 20 euros a Rebeca sino el banco?
Rebeca irá seguramente atemorizada a la sucursal banca- ria preguntándose si el señor banquero le hará el favor de concedérselo. Pero el banquero no tiene duda: desde que recibió el depósito de Pedro está pensando que este, con toda seguridad, no va a retirar la cantidad depositada de un golpe, de modo que si deja una parte de esos 100 euros depo sitados para atender a sus reembolsos y encuentra a otra per- sona que desee un crédito puede hacer un buen negocio siempre que le cobre más del 4%.
Cuando llega Rebeca a su banco, el banquero se frota las manos y, aunque seguramente le pondrá pegas para disimular quién hace el favor a quién, le concederá enseguida el présta- mo deseado de 20 euros a un tipo desde luego superior al 4%, pongamos que al 7%. 

Supongamos que le pone esa cantidad a su disposición en un depósito a su nombre y que le entrega unos cheques o una tarjeta con los que puede utilizarlo.
¿Cuánto dinero hay en la economía en el momento en que se concede dicho crédito? 

Como la inmensa mayoría de la gente piensa que el dinero es simplemente el dinero legal, contestará que sigue habiendo 100 euros. Pero si entendemos que el dinero es lo que es, es decir, medios de pago, veremos claramente que hay más: Pedro puede hacer pagos con su talonario de cheques por valor de 100 euros y Rebeca puede pagar hasta gastar los 20 euros que le han dado de préstamo. Por tanto, desde el mismo momento en que se hizo efectivo el préstamo, en la economía hay 120 euros en medios de pago. No se han crea- do ni monedas ni billetes (siguen existiendo por valor de 100 euros) pero sí medios de pago que llamamos dinero bancario por valor de esos 20 euros".  

Así es como los bancos crean dinero desde la nada cuando dan un préstamo. El banco crea el dinero en la medida en que crea deuda, pero lo cierto es que esta también se crea desde la nada: simplemente anotando el banco en el activo de su balance que los 100 euros que Pedro había depositado ahora se convierten en 80 mantenidos en la caja y 20 en un préstamo concedido a Rebeca y que esta se obliga a devolver. Si no fuese así, si el dinero que crean los bancos no naciese de la nada, la cantidad de dinero no podría aumentar, puesto que un billete o una moneda no pueden reproducirse materialmente a partir de sí mismos. 

Y si sabemos estas cosas tan simples ya podemos responder a la pregunta del título: ¿qué justificación tiene que los bancos cobren intereses cuando conceden préstamos y por qué hemos de pagarlos?
La respuesta es clara: no hay ninguna justificación y no deberíamos pagarlos porque proceden de dinero creado de la nada. Si los pagamos es solo porque los banqueros tienen un privilegio desorbitado que nos imponen gracias a su enorme poder. Una agencia pública podría crear esos medios de pago sin ánimo de lucro y sin apenas ningún coste, simplemente controlando que se mantenga la proporción adecuada entre actividad económica y medios de pago. 

Pero cuando la creación de dinero se convierte en el negocio de la banca, es lógico que esta lo cree sin cesar, promoviendo la mayor generación de deuda posible. La banca privada tiende a aumentar así la circulación monetaria sin necesidad, artificialmente, y sin que al mismo tiempo esté aumentando la circulación de activos reales (porque esto obviamente no está a su alcance). 

Esta es la razón de que aumente tanto la deuda y no el que vivamos por encima de nuestra posibilidades o porque se gaste mucho en educación o sanidad, como nos dicen siempre. 

Ya sabemos entonces lo que hay que hacer para que la economía funcione mucho mejor: acabar con el privilegio de la banca e impedir que pueda crear dinero desde la nada aumentando la deuda. 

Otro día explicaré la forma alternativa en que podría funcionar perfectamente el sistema bancario sin que los banqueros disfruten de este privilegio que nos arruina constantemente. 

Juan Torres López
Rebelión

lunes, 22 de octubre de 2012

¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público (para ver las diferentes formas de ayuda y su cuantía leer este artículo). Este traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.

Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.

¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.

 

Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de liquidación.

Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).

Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.

Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.

Eduardo Garzón
Saque de Esquina

sábado, 20 de octubre de 2012

Ricos y obcecados

Aleluya, el semanario The Economist, admite que la desigualdad alcanzó un nivel que puede entrabar el crecimiento (1), una conclusión a la que muchos llegaron hace largo tiempo, como señala la columnista canadiense Carol Goar (Venerable Economist sounds alarm over growing inequality, Toronto Star del 18 de octubre).
 
Pero esa Biblia del capitalismo desde 1843 afirma, sin sonrojarse, que la historia no provee respuestas a las actuales disparidades de riquezas entre ese 1.0 por ciento y el 99 por ciento de la población, una advertencia destinada a justificar “cambios” que permitan mantener el estatus quo.
 
Las “respuestas” que el informe de The Economist provee son una ensalada de medidas de sentido común -reclamadas sin ningún éxito por economistas que tienen algún sentido de la historia y saben cual fue el remedio a la Gran Depresión-, como reducir la talla de los grandes bancos de depósito e inversiones para evitar que tengan que ser rescatados a cualquier precio en caso de crisis financiera, pero en el contexto la continuación de las políticas de ajustes estructurales, o sea las políticas de austeridad que la oligarquía rentista hace aplicar en prácticamente todos los países del “capitalismo avanzado”.
 
Y también, por el instinto de clase que le lleva a querer destruir cualquier organización de los trabajadores, The Economist propone desmantelar los sindicatos de maestros para poder “diversificar” la educación, y de paso aumentar fuertemente la edad de retiro, lo que me recuerda al ex Secretario general de la OCDE Donald Johnston, quien a comienzos de este siglo y en un seminario en la Conferencia de Montreal proponía elevar a 70 años la edad de retiro de todos los trabajadores, incluyendo a los que trabajan en la construcción o la minería, algo que en ese instante parecía una exageración y que hoy está convirtiéndose en realidad en los países del capitalismo avanzado.
 
Cierto, The Economist reconoce que los gobiernos deberían hacer algo más por los jóvenes y los pobres, y también aumentar los programas de capacitación para los desempleados, así como eliminar algunas ventajas fiscales que benefician a los ricos, o sea “dar atole con el dedo” como dicen los mexicanos, ya que estas “recomendaciones” parten del supuesto de que los gobiernos actuales no tienen los recursos para una intervención económica masiva ni para desmantelar los monopolios globales que causan la situación actual, y que por lo tanto deben aparecer como que están haciendo algo, lo que no quiere decir que estén haciendo algo, y más importante, algo que valga realmente la pena para los pueblos.
 
Cambiar las cosas para que todo siga igual. Así va el mundo del capitalismo avanzado. Después de la reunión de los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea (UE), esta semana que termina, en la UE asistimos a una nueva ola de optimismo porque parecería que se decidió avanzar hacia la creación de la unión bancaria que permitirá controlar y recapitalizar los bancos, al menos los de la zona euro (ZE).
 
El problema de fondo, la implosión económica que está ocurriendo en varios países, desde Grecia a Portugal, pasando por España e Italia, que afecta a decenas de millones de personas que han perdido el empleo, a veces el alojamiento, que estudiaron y no tendrán empleo ni medios para vivir, y que están perdiendo las esperanzas de volver a tener una vida normal, ese problema sigue entero y de él no se discute en los grandes medios de comunicación. Como tampoco se le da importancia al rápido aumento del separatismo o independentismo en España, Bélgica e Italia, que en buena medida revela la profundidad de esta crisis económica, política y social.
 
En otros países, como Francia, Bélgica y hasta Alemania, el proceso de desmantelar todas las conquistas salariales y laborales, por ejemplo, es más lento pero sigue adelante, y se manifiesta en el crecimiento del desempleo, del subempleo, y en el empobrecimiento de amplios sectores de la población.
 
Lo que me lleva a un texto de Norman Pollack, escritor  y profesor de historia en la Universidad estatal de Michigan (2), quien afirma que en el caso de Estados Unidos ya se puede hablar de fascismo porque existe una interpenetración entre el gobierno y los grandes capitales, la cual ha creado un jerarquizado sistema de clases sociales, con enormes diferencias de riqueza y poder; porque este sistema militarizó los valores sociales y la estrategia geopolítica; porque pretexta la falsa ideología de una sociedad sin clases para inculcar la lealtad al orden social entre el pueblo trabajador..
 
Los ricos se ofuscan mucho y no quieren escuchar ninguna razón cuando se trata de que el gobierno se inmiscuya en los negocios, aunque esa intervención para crear el pleno empleo favorezca a la clase capitalista, como bien decía en 1942 el economista polaco Michal Kalecki (3).
 
Al señalar las contradicciones y las verdaderas razones de clase por las cuales los capitalistas, industriales y financieros, se niegan a que los gobiernos intervengan en situaciones de crisis, en esa conferencia sobre “Aspectos políticos del pleno empleo”, Kalecki se refiere al fascismo: Una de las importantes funciones del fascismo, como tipifica el sistema nazi, fue la de eliminar las objeciones capitalistas al pleno empleo. En tanto que tal, bajo el fascismo el rechazo a las políticas del gasto de gobierno son superadas por el hecho de que la maquinaria del Estado está bajo el control directo de una asociación de las grandes empresas con los negocios de los fascistas. Así se elimina la necesidad del mito de la “finanza responsable”, que sirvió para prevenir que los gobiernos combatan las crisis de confianza mediante el gasto. En la democracia uno no puede saber de que tipo será el próximo gobierno. Bajo el fascismo no hay próximo gobierno (4).
 
En Estados Unidos, según Pollack, no importa quien salga electo de los comicios del 6 de noviembre, Romney u Obama, porque en el fondo nada cambiará, porque la oligarquía seguirá en el gobierno.
 
El titulo del último libro del economista Michael Hudson define muy bien la evolución del capitalismo y la situación actual: “The Road from Industrial Capitalism to Finance Capitalism and Debt Peonage “. O sea “el camino desde el capitalismo industrial al capitalismo financiero y a la esclavitud por la deuda” (5).
 
No solo hay mucho para pensar, sino cantidades industriales de motivos para actuar, como diría Mafalda.
 
La Vèrdiere, Francia.
 
Alberto Rabilotta es periodista argentino - canadiense.
ALAI
 
 
2.- Norman Pollock, es autor de “The Populist Response to Industrial America” y “The Just Polity”. Ver “Under the Cloak of Liberalism America on the Cusp of Fascism”: http://www.counterpunch.org/2012/10/12/america-on-the-cusp-of-fascism/
 
 
4.- Michal Kalecki, Political Aspects of Full Employment (1942)
 
5.- Michael Hudson, http://michael-hudson.com
 

Desplome del crédito y récord en morosidad marcan el fin de una era financiera

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La morosidad de la banca española sigue batiendo nuevos récords, tal como anticipó ayer JM, con una fuerte desaceleración del crédito que a nivel anual sufre una contracción del -4,99 por ciento. La evolución del crédito continúa en picada batiendo récords absolutos de los últimos 50 años, como da cuenta el total de datos de la memoria disponible en el Banco de España

Este fenómeno es lo que hemos dado en llamar el fin de una era financiera y está gatillado principalmente por el desapalancamiento del sector privado que, unido al desapalancamiento del sector público y el propio desapalancamiento de la banca, está llevando a la economía a una contracción más brutal de lo que estiman las autoridades. La advertencia dada ayer por la caída de las empresas tecnológicas fue la primera señal de que este mes de octubre pueden derrumbarse las optimistas expectativas creadas en torno a la bolsa y el futuro de la economía. En este análisis gráfico ofrecemos la evolución de los últimos 50 años del sistema financiero español, dando cuenta de por qué hablamos del fin de una era financiera.

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Como apuntábamos en el apalancamiento y el desapalancamiento financiero no son simétricos, el período del auge que implicó la aceleración del empleo y el crecimiento tuvo la total complicidad de la banca que aprovechó las ventajas de la introducción del euro y las bajas tasas de interés que llegaron al sistema financiero, para hacer fluir el crédito hacia las empresas y las familias creando dinero desde la nada. La idea del Consenso de Washington en conjunto con la del final de la historia, el libre flujo de capitales y el predominio del mercado creó la confianza ciega en el sistema de que éste era capaz de autorregularse a sí mismo. 

Gracias a ese enorme flujo de crédito que corrió en un torrente continuo en las últimas décadas y que se potenció con la instauración del euro, se generaron todas las versiones optimistas de un modelo económico que parecía imbatible. En esos momentos a nadie le importó el endeudamiento privado, o el apalancamiento financiero, y a nadie inquietó que la banca se sobreapalancara en exceso abusando de la confianza del resto de las instituciones al crear dinero de la nada más allá de lo considerado prudente. Sobre cómo creó dinero la banca desde la nada se puede ver en este post sobre el desapalancamiento financiero.

Pulverizando todos los récords

La creación de dinero desde la nada quedó al descubierto y demostró la total falta de regulación del sistema financiero que se excede sin límite de riesgos. Eso es lo que tiene a la economía en total asfixia, como lo demuestra la reacción de las bolsas hoy tras el temblor provocado ayer por los datos de Google que, pese a dar cuenta de ingresos récords, “no fueron suficiente para los mercados”

Créditos hipotecarios y total de créditos banca española

Esta gráfica nos muestra el volumen de créditos del sistema financiero español y el importante porcentaje que implican los créditos hipotecarios. La relación créditos hipotecarios versus créditos totales alcanzó su punto máximo en mayo de 2006 cuando llegó al 59,7 por ciento. Para agosto de este año (últimos datos del Banco de España) la relación había caído a 54,82 por ciento, en linea con la desaceleración del crédito del -4,99 por ciento que ha sufrido el sistema.

Evolución de la tasa de Morosidad 1962-2012

Aquí tenemos la evolución de la tasa de morosidad y su récord absoluto del 10,51 por ciento alcanzado en agosto y que amenaza con seguir una tendencia expansiva. A medida que el desempleo sigue su tendencia alcista se acelera la tasa de impagos tal como se ha confirmado durante este año. Nótese que el récord histórico de morosidad (9,15 por ciento en febrero de 1994) fue pulverizado a gran velocidad pasando del 8,96 por ciento de mayo, al 9,65 por ciento en junio, el 10,09 % en julio y el 10,51% de agosto. La linea casi vertical que muestra este incremento habla por si sola y da cuenta de que esta tendencia seguirá en los próximos meses y parte importante de 2013. 

Morosidad a Agosto de 2012

Una situación similar corre para el volumen de la morosidad que ha llegado a los 178.579 millones de euros y que seguirá en ascenso dado que de los 931.264 millones de euros en créditos hipotecarios se estima que a lo menos un 25 por ciento será incobrable producto del sostenido aumento del desempleo que no ha tenido una marcha atrás. Los 178,579 millones de euros de morosidad indican un incremento de 39,7 por ciento respecto al nivel de morosidad que existía a agosto del año pasado y que llegaba a 127.785 millones de euros.

En todos estos indicadores la variable crucial es la relacionada con el empleo. Si no se establecen políticas para revertir fuertemente el desempleo en los próximos meses las finanzas seguirán haciendo agua y todas las alzas del Ibex35 y los descensos de la prima de riesgo se revertirán con fuerza haciendo colapsar a la economía española. Lo de hoy fue solo un tibio aviso de lo que viene. 

Marco Antonio Moreno
El Blog Salmón

jueves, 18 de octubre de 2012

La Campaña ITF muestra su preocupación por la actitud del Gobierno del PP. Comunicado




La Campaña ITF muestra su preocupación por la actitud del Gobierno del PP
El apoyo español a un ITF no aparece en el Presupuesto de 2013

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA ITF YA!

La Campaña ITF observa con preocupación que no hay reflejo en los PGE 2013 del acuerdo de aplicación el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), dado que no se ha presentado ningún proyecto de ley que regule el mismo. Por otro lado, ya hay declaraciones ministeriales que dicen que no va a haber modificaciones impositivas a corto plazo. Esto supone, desde el punto de vista de la Campaña ITFya, que también trabaja contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, una dejación de responsabilidades del Gobierno español y que su posición a favor del ITF parece ser sólo estética, sin voluntad política y presupuestaria de ejercer su potestad legislativa. 

La Campaña a favor del Impuesto de Transacciones Financieras (www.itfya.org) considera satisfactorio el acuerdo alcanzado por 11 estados de la UE para aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) por el procedimiento de Cooperación Reforzada al que se ha unido el Gobierno español.

Hasta ahora, las peticiones para que en España se implantase este Impuesto con el fin de reducir la especulación financiera y ayudase el sector financiero a la mejora de los ingresos públicos, habían sido rechazadas por el Gobierno, incluso inmediatamente antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

Francia, por contra, ya lo tiene implantado y sus ingresos sirven para socorrer las finanzas públicas, y su norma ya establece su provisionalidad hasta la implantación del que concertadamente se redactase por parte de los países interesados.

En otro comunicado la Campaña ITFya saludaba positivamente el Dictamen Podimata, del Parlamento Europeo que corregía el Informe de la Comisión Europea, ampliando el tipo de transacciones sujetas, no todas las que inciden en la especulación como quiere la Campaña, y explicitando que la recaudación se hiciera a partir del país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen.

La Campaña ITF YA considera que el destino de la recaudación de este IVA de las finanzas tiene que ser decidido en un amplio debate ciudadano y no hacia la banca en quiebra.

17 de octubre de 2012
Día Internacional contra la Pobreza

Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras: ITF ¡YA! – Paraísos Fiscales ¡No!

PLATAFORMA ¡ITF YA!, PARAÍSOS FISCALES NO
DIRECCIÓN: Calle Príncipe 10, 2º D - 28012. Madrid
Teléfonos de contacto: 914029286 y 915214097                                     

(*) Asociaciones que forman parte de la Campaña ITFya contra los paraísos fiscales

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


FMI: austeridad y multiplicadores fiscales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su reunión anual en Tokio sin la fastuosidad y protocolo que le gusta cultivar. Quizás le invadió algo de modestia. Tiene razón. La verdad es que el FMI no parece tener idea de lo que sucede en la economía mundial.
 
El organismo reconoció en Tokio que sus proyecciones sobre la evolución futura de la economía mundial estaban equivocadas. Su anuncio fue contundente: la recuperación pierde velocidad. Las nuevas estimaciones revisan a la baja el ritmo de crecimiento esperado de la economía mundial para el presente año a 3.3 por ciento (en julio pasado la proyección de los modelos del FMI era de 3.5 por ciento). La revisión puede parecer insignificante, pero esos mismos modelos indican hoy que la probabilidad de que el crecimiento de la economía mundial sea inferior a 2 por ciento es my alta. Según el FMI la economía mundial entra en su peor año desde 2009.

¿Por qué está revisando a la baja el FMI sus proyecciones? El análisis que presenta el FMI es superficial: la economía de Estados Unidos crece más lentamente, la Unión Europea sigue envuelta en su crisis monetaria y, finalmente, las economías emergentes ya han sido afectadas por la recesión mundial. Eso no es un análisis: es como el médico que informa al paciente que está mal porque tiene una enfermedad. El FMI ni explica por qué la crisis ha entrado en la fase actual, ni por qué de pronto se ha frenado la recuperación. Para Olivier Blanchard, economista en jefe del FMI, la interrupción de la recuperación se debe a la incertidumbre. Quizás podía haber señalado que más bien se trata de la ignorancia, la suya y la de los economistas que en coro claman por una mayor austeridad fiscal.

En su análisis de las Perspectivas de la Economía Mundial 2012 el FMI ha confesado haberse equivocado en un aspecto fundamental de política económica (el informe se encuentra disponible en imf.org). En un recuadro del documento, el Fondo se pregunta ¿Estamos subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo? Su respuesta es que, en efecto, los analistas del instituto subestimaron brutalmente el impacto de la política de austeridad fiscal sobre la actividad económica. En el pasado reciente, los modelos del instituto partían del supuesto de que un recorte fiscal equivalente al uno por ciento del PIB provocaría una reducción en la actividad económica de 0.5 por ciento (esto quiere decir que el multiplicador fiscal era equivalente a 0.5).

Pero ahora el FMI ha descubierto, con estudios sobre 28 economías, que la austeridad fiscal tiene repercusiones mucho más serias y que el multiplicador es más importante: eso quiere decir que un recorte de uno por ciento reduce la actividad económica hasta en 1.7 por ciento. Es decir, con los nuevos datos es posible concluir que el multiplicador fiscal es tres veces más grande que lo que pensaba el FMI. En realidad, hay numerosos estudios que encuentran que el impacto del recorte fiscal puede ser hasta diez veces mayor a lo que aceptaba el FMI hace unos meses.

Las implicaciones de estos errores son graves. Como parte de la troika, el FMI ha presionado durante los últimos tres años a los gobiernos europeos para que apliquen medidas de austeridad fiscal Es lo mismo que hizo con docenas de países subdesarrollados en las últimas décadas. En especial, el FMI, al igual que el Banco central europeo (BCE) y la Unión Europea, ha exhortado a los gobiernos de Grecia, España, Italia, Portugal e Irlanda a adoptar programas de restricción fiscal con el objeto de recuperar la confianza de los mercados financieros, pero esas medidas sólo han profundizado la recesión.

La consolidación fiscal ha tenido crueles repercusiones sobre la vida y la salud de millones de personas, así como sobre el medio ambiente. Ni siquiera ha tenido como efecto la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que se supone deberían subsanar. La razón es que el ajuste fiscal (a través de recortes en el gasto) tiene un efecto recesivo en la economía mayor de lo estimado por el FMI, lo que termina por frenar la recaudación, incrementar el déficit fiscal y por agravar el coeficiente deuda/PIB. El resultado final es una mayor vulnerabilidad en los dichosos mercados financieros.

Hace unas semanas el castigo sobre los bonos españoles e italianos se redujo momentáneamente después de que el BCE anunciara una nueva fase en su programa de compra de bonos en los mercados secundarios. Ahora el economista en jefe Blanchard advierte que ese pequeño logro podría revertirse si España e Italia no se someten a un plan de rescate que, dicho sea de paso, conllevaría un castigo fiscal aún más severo. A pesar de los informes y estudios del FMI, Blanchard sigue creyendo que la austeridad fiscal es el camino a seguir.

Quizás al FMI le gusta pensar que ahora tiene una mayor pericia en el manejo de la política económica. Pero como decía Oscar Wilde, experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores.

Alejandro Nadal 
La Jornada

miércoles, 17 de octubre de 2012

Alternativas a la crisis: resumiendo las opciones

Ante la situación de crisis que vivimos en los últimos años, repetitivamente nos ofrecen, como única y posible salida, los programas de austeridad, que incluyen el objetivo de reducción a cualquier precio del déficit y el pago de la deuda que crece día a día. Machaconamente, los gobernantes de turno, nos dicen que no hay más opciones. Sin embargo, nos mienten con cierta y descarada alevosía. Hagamos un somero repaso de algunas alternativas posibles; no quiméricas, ni tan siquiera utópicas, sino plenamente factibles hasta el punto de que se están aplicando desde hace años en la mayoría de los casos. 

En diferentes, aunque minoritarios espacios, se habla en los últimos tiempos, de la que podríamos denominar como “salida islandesa” a la crisis. La situación que se produce en Islandia, en los momentos más álgidos de ésta, se caracteriza básicamente por el desplome de la moneda, la suspensión de la actividad bursátil y la quiebra de los bancos. Todo esto lleva al país a declararse prácticamente en bancarrota y a la caída vertiginosa de uno de los niveles de desarrollo humano más alto del mundo hasta esas fechas. La respuesta de la población no se hace esperar y se fuerza la dimisión del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Otras medidas tomadas, pasan por la exigencia de responsabilidades a las élites financieras y políticas del país (incluyendo detenciones y encarcelamientos); la negativa a asumir la enorme deuda contraída por esas élites gobernantes; y la investigación profunda sobre las causas y responsables de la crisis. La banca es nacionalizada y se establece el referéndum como mecanismo para decisiones económicas cruciales, como ejercicio real de la democracia participativa. Por último, y también en línea con lo anterior, se redactará una nueva constitución política del estado bajo control ciudadano. Con este protagonismo de la población, como sujeto político que toma decisiones (democracia participativa) y en contra de la clase política y económica tradicional que abocó al país a la bancarrota, hoy Islandia está saliendo de la crisis política, institucional, social y económica. Subrayamos el enorme interés de las clases políticas y económicas tradicionales europeas, así como de los grandes medios de comunicación, por ocultar esta vía islandesa.

Una segunda opción sería la “salida americana”. Pero no nos referimos, como algunos puedan suponer, a los EE.UU. (al famoso “american way of life” donde el individualismo y los intereses del mercado están por encima de todo y de todas/os), sino a la encarnada por un número importante de países latinoamericanos. Históricamente, se ha despreciado desde un convencimiento de superioridad y mucha prepotencia a este continente, considerándolo como patio trasero de las antiguas y nuevas metrópolis, ya hablemos del estado español o de los EE.UU. Desde esa actitud, claramente reflejada por ejemplo en la mayoría de los medios de comunicación españoles, se consideraba hace unos años que estos países, presa del populismo y la demagogia e irresponsabilidad de los nuevos caudillos, se hundirían rápidamente llevándose consigo la economía del continente. Igual ocurriría con lo que denominaban como jóvenes transiciones democráticas (según el modelo español) después de años de dictaduras. Sin embargo, en los años posteriores y hasta el día de hoy, precisamente las pruebas evidentes indican justo lo contrario. Los índices de crecimiento económico se disparan en América Latina, mientras se atrofian definitivamente en Europa. Pero lo mismo pasa con otros índices que podríamos definir como políticos, sociales y culturales; la ventaja de América aumenta ostensiblemente. En lo político se teorizan y se ponen en práctica nuevas estructuras político-institucionales como el estado plurinacional, avanzando en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos; se profundiza desde las nuevas constituciones en mecanismos que avanzan en la democracia participativa, donde la población tenga más poder que el otorgado por la simple papeleta electoral cada cuatro años. En lo social se revisan, en autocrítica continua, los postulados racistas y patriarcales para alcanzar sociedades más justas y equitativas y eliminar, entre otras, la discriminación y violencias contra las mujeres u otros sectores. En lo cultural se abren espacios para el reconocimiento de la diversidad (con incidencia directa también en lo político y social), para nuevos caminos en la expresión personal y artística. 

En el campo económico, los cambios en estos últimos años son radicales en su profundidad y radicales igualmente en su diferencia con respecto a las medidas que se toman en Europa frente a la crisis. El refortalecimiento del papel del estado en la planificación es evidente y permite un mayor control sobre las élites económico-financieras y sus actuaciones especulativas, además de planes cuyos beneficios alcancen a mayor número de población. Se han producido importantes nacionalizaciones de sectores estratégicos que estaban en manos de capitales extranjeros y privados y que sus beneficios no repercutían sobre la población. Este proceso ha permitido aumentar los presupuestos del estado, eliminando el déficit y, sobre todo, orientando y aumentando la inversión hacia los sectores sociales, especialmente, la educación y sanidad. Esto está permitiendo avances que no se habían producido nunca bajo las políticas neoliberales; al contrario, con éstas es ahora en Europa donde estamos asistiendo a recortes brutales que niegan ya el carácter universal de la educación y salud que se había alcanzado en el viejo continente. En definitiva, en América Latina los recortes se centran en los privilegios y no en los derechos; en Europa las élites toman el camino contrario. 

Por otra parte, y sintiéndola más cercana, está la “salida griega y portuguesa” a la crisis, impuesta por los poderes económico-financieros europeos a estos países. Conocemos sus consecuencias inmediatas: empobrecimiento acelerado de la población, precarización absoluta de la vida, pérdida de derechos laborales, sociales y políticos y, proceso de desaparición de la clase media que, mayoritariamente, va engrosando ya la clase baja. Sociedades del bienestar que se habían creído alejadas de las situaciones que este trasvase implica (aunque la clase baja nunca desapareció), despiertan en la nueva pesadilla que empuja a cada vez más capas sociales hacia condiciones de pobreza. Mientras, unos pocos siguen aumentando exponencialmente sus ingresos y privilegios, y la brecha con los anteriores es cada vez más parecida a un insaciable precipicio. El estado, al servicio de bancos y grandes intereses económico-financieros, se atrinchera en medidas de austeridad y de más y más recortes con la disculpa de disminuir el déficit, pero con el objetivo de acabar con todo lo que fue el llamado estado del bienestar y los derechos en él conseguidos, aunque éste nunca supusiera un verdadero estado de justicia e igualdad para todas las personas. Es decir, lo descrito anteriormente, se traduce en medidas de ajuste estructural, liberalización y privatización de los sectores estratégicos, limitación y reducción de derechos laborales y sociales, mayor desigualdad en el reparto de la riqueza, pérdida de capacidad de decisión política como personas y como pueblo; todo ello, afectando a la mayoría de la población y abocando a una parte, cada vez más grande de ésta, a la precariedad, la pobreza y la miseria. 

Entonces, si de una parte, se conocen las causas, los responsables y los efectos y consecuencias de la crisis y, de otra parte, se conocen otras alternativas posibles, por qué la clase política tradicional sigue optando por asumir la salida griega y portuguesa con sus graves consecuencias para la mayoría de la población. Esa es la pregunta. La respuesta, seguramente, tiene que ver con que no es la clase política la que en realidad manda y su capacidad está supeditada (cordialmente sumisa, con su acuerdo) a la élite económico-empresarial y financiera, a los mercados (consejos de dirección y de administración de las grandes empresas y de la banca). Articulan medidas que saben agravan la crisis para que con la disculpa de ésta se puedan seguir eliminando derechos adquiridos por la lucha de décadas. El recientemente fallecido historiador británico Eric Hobsbawm definió en pocas palabras los objetivos últimos que pretenden con “las salidas” a la crisis que están articulando estas élites económicas y políticas. En sus palabras: “Detrás de los distintos recortes que se sugieren en este momento, y que tienen la justificación de librarse del déficit, claramente parece haber una demanda ideológica sistemática de deconstruir, semiprivatizar, los viejos acuerdos, ya se trate del sistema de pensiones, la asistencia social, el sistema escolar o incluso el de la salud”.

Dicho con otras palabras, también ya escuchadas en muchos espacios de protesta, se pretende mantener la economía y la política al servicio de los mercados y no al de las personas y pueblos. Por lo tanto, la otra pregunta importante entonces es: ¿ante las salidas y alternativas descritas para la crisis, cerraremos los ojos y permitiremos que nos sigan imponiendo la “griega y portuguesa” o, por el contrario, tomaremos consciencia de nuestras capacidades, derechos y poder, y articularemos otras opciones, otros caminos propios, tal y como están haciendo distintos pueblos en Islandia o en América Latina?

Jesus González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe
Rebelión